Finalmente y a cinco días de que el presidente de la República, Sebastián Piñera, anunciara en cadena nacional una serie de ajustes al proyecto de reforma previsional, ayer el Ejecutivo ingresó a la Comisión de Trabajo de la Cámara el detalle de los cambios, en medio de altas expectativas de sectores políticos y técnicos.
En un documento de 70 páginas de extensión, firmado por Piñera y los ministros de Hacienda, Ignacio Briones; del Trabajo, María José Zaldívar; y de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, el Gobierno detalló los principales ajustes a la propuesta ingresada a fines del 2018, como el alza de 6% de la cotización con cargo al empleador, la incorporación de una suerte de pilar de reparto y las modificaciones a la industria de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), entre otras.
Por otra parte, el informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres) tiene 32 páginas de extensión y detalla la cantidad de recursos que el Estado deberá destinar para pagar los beneficios y echar a andar el sistema.
Acorde al texto, el nuevo esquema estará en régimen a partir del año 2032, que es el ejercicio posterior a cuando se termine la gradualidad y se alcance la tasa de cotización de 6%. En dicho año, el costo del sistema será de US$ 1.800 millones.
El director de Presupuestos, Matías Acevedo, enfatiza que al considerar el costo de la iniciativa y complementarlo con la ley corta que aumenta en 50% de forma gradual las pensiones más bajas, la agenda previsional de la actual administración implicará un esfuerzo fiscal de US$ 3.200 millones en régimen.
«Lo importante es que el esfuerzo fiscal es relevante y responsable. En un contexto en que estamos con estrechez fiscal, esta será la reforma con mayor impacto fiscal de los últimos 30 años», asegura la autoridad.
En el detalle, más de US$ 800 millones provendrán de mayor gasto público el año en el que el sistema entra en régimen, mientras que la diferencia implica menores ingresos debido al rol del Estado como empleador y los efectos tributarios de la mayor cotización previsional.
La proyección de Dipres incluye perspectivas hasta el año 2050, en el que al tipo de cambio actual los desembolsos que requerirá hacer el Fisco totalizarán casi US$ 2.000 millones.
ESTADO EMPLEADOR
El documento establece el escenario fiscal derivado de tres efectos: el mayor gasto del Estado como empleador al aumentarse la cotización previsional, el impacto de dicha medida en los ingresos de las empresas del Estado y, en consecuencia, en los ingresos tributarios.
En primer término, una vez en régimen el Fisco deberá desembolsar US$ 706 millones por año por la cotización adicional para el pago de pensiones, lo que derivará en US$ 58 millones de menores ingresos en las compañías estatales. Todo esto restará US$ 859 millones en ingresos tributarios para el Estado. En su conjunto, según Dipres, solo el aumento en la tasa de cotización le costará US$ 1.624 millones por año al considerar los tres factores.
USO DE FONDOS SOBERANOS
Otro de los temas que despejaron las indicaciones ingresadas ayer fue el mecanismo a través del cual se financiará el nuevo Fondo de Ahorro Colectivo Solidario (FACS). Dicho vehículo, al considerarse un 3% de cotización adicional con cargo al empleador, no podrá solventar en su totalidad el pago de beneficios en sus primeros años, por lo que requerirá de un inicial aporte del Estado.
Este se realizará a través de un préstamo de US$ 650 millones con cargo a retiros del Fondo de Reserva de Pensiones (FRP), previa autorización de la Dipres. Los recursos serán ingresados a la contabilidad del FACS.
Las indicaciones especifican que los retiros podrán realizarse en cuatro años contados desde la publicación de la ley y serán devueltos al FRP en un plazo que no podrá exceder los diez años, con un período de gracia de cinco años.
Dichos montos serán enterados al FRP aplicando una tasa de interés equivalente a la tasa de endeudamiento del Fisco a igual plazo. Fuentes del mercado explican que el interés del bono soberano a diez años asciende a entre 1,5% y 2%.
Otro gasto que revelaron las indicaciones es el costo de implementar el Consejo Administrador de los Seguros Sociales (CASS), encargado de licitar la gestión de la cotización adicional. Entre personal, arriendo de oficinas y otros gastos operacionales, se requerirán US$ 1,6 millones en régimen. (DF)
