«De un momento para otro, pasamos a vivir en país casi irreconocible, saturado de miedo e incertidumbre, y en el caso de mucha gente mayor, poblado de fantasmas. Nos hemos asomado a la pesadilla del lugar sin límites». Con estas palabras Sergio Muñoz, quien militó en el Partido Comunista hasta mediados de los 80 y fue prisionero político y exiliado en Holanda, relata lo que implicó escribir el libro «La democracia necesita defensores: Chile después del 18 de octubre» (Ediciones El Líbero).

Su intervención, la que tuvo lugar el Salón de Honor en la sede del ex Congreso en Santiago, con sus más de 140 años hicieron sentir al autor, según sus palabras, «intimidado». La instancia congregó a cerca de 100 personas, entre las que asistieron sus más cercanos, amigos, y destacadas personalidades políticas , como ex ministros y altos dirigentes como José Antonio Viera-Gallo, Jorge Burgos, Mariana Aylwin, Ernesto Ottone, Óscar Guillermo Garretón, Juan Carlos Latorre, Ignacio Walker, entre otros.

El texto fue presentado por el ex ministro de Justicia del primer gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet, Isidro Solís, y el ex ministro de Educación durante el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera, Harald Beyer.

El primero en intervenir fue el ex titular de Justicia, quien explicó su procedencia de  la generación de los setenta. «Una generación que sin haber militado en el Partido Comunista todos, de una u otra manera éramos comunistas», causando risas en Ernesto Ottone, ubicado en la primera fila.

Solís explicó que aquello se debió a la relación de este pensamiento con distintas artes y experiencias internacionales que eran parte de la vida cotidiana como la música, la poesía y la pintura. Y recordó un chiste que dice: «El comité central del Partido Comunista de la Unión Soviética, tomando nota de que el pueblo no comparte sus decisiones, ha decidido, disolver al pueblo y nombrar a otro en su reemplazo». Y subrayó: «Es una forma imposible de mirar el mundo». «No podemos disolver el pueblo y nombrar a otro en su reemplazo. Por lo tanto, buscar las claves de por qué esto sucedió está mucho más allá de mirar las pulsiones de un pueblo que expresa, en su movilización y en sus vivencias, toda la rabia, toda la desesperación o toda molestia que puede tener respecto de un sistema».

Asimismo, señala que «el libro hace una crítica efectivamente de estas nuevas formas políticas emergentes, violentas, destructivas, inútiles por sobre todo, porque solo tienen capacidad de destrucción, pero no tienen capacidad de gobierno». Y agregó: «Lo que nos pasó el 18 de octubre es que fracasó integralmente el Estado en su forma de control de las amenazas (…). El Estado falló en sus deberes básicos que era haber previsto y provisto el bien de la seguridad, y que no fue capaz de hacerlo simplemente porque ni siquiera lo advirtió».

En cuanto a la labor policial y el despliegue en las calles, el ex secretario de Estado y ex director de Gendarmería y de la Dirección de Seguridad Pública en los 90, remarcó que «¿Cómo un Estado, que es capaz de parar 140.00 hombres en armas, se rinde ante 2.000? ¿No será que eso demuestra una cierta ineptitud en el manejo de la fuerza que debería ser por sobre todas las cosas uno de los elementos centrales, no solo simbólicos, que deben ejercer el poder?»

En el libro, Sergio Muñoz explica por qué está convencido de que Chile fue agredido, mediante un ataque organizado y directo a las bases de la convivencia democrática. El rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, Harald Beyer, que intervino luego de Solís, dijo coincidir en este pensamiento con Muñoz. «Es difícil no estar de acuerdo con Sergio. Desde mediados de los 90 hay un resurgimiento de un anarquismo radical en el mundo que se ha acelerado en la última década con el debilitamiento de las ‘nuevas izquierdas’», señaló Beyer.

Asimismo, el ex secretario de Estado, relacionó el tema con lo ocurrido en los liceos emblemáticos en el último tiempo: «Es evidente que en Chile estaban operando grupos anarquistas. La experiencia que observamos en varios liceos emblemáticos -los overoles blancos son la mejor prueba- es una clara demostración de aquello. Es interesante, como profesores, directivos y autoridades, reclamaban que era imposible atender las demandas porque no había petitorio. Pero claro, si hubiesen seguido las tendencias del anarquismo deberían haber tenido claro que esos petitorios no iban a aparecer».

Al finalizar su ponencia, Beyer señaló: «Aquí, como ha sido habitual en nuestra historia, son las élites las que se han polarizado. Esto es lo que está en la base de la crítica que el autor les hace a los líderes políticos. Su reemplazo no puede ocurrir de la noche a la mañana y, por lo tanto, tienen una enorme responsabilidad en promover la gobernabilidad y estabilidad».

«ES IMPERATIVO DEFENDER LA GOBERNABILIDAD»

En su intervención, el autor del libro recalcó como punto fundamental y central la protección de la democracia. En ese sentido, aseguró que «ningún ideal es más exigente que el ideal democrático, porque implica reconocer la complejidad del tejido social y tratar de conciliar intereses divergentes, para lo cual es imprescindible proteger el pluralismo y oponerse a cualquier principio simplificador». Y añadió: «Pero la democracia demanda un trabajo permanente de perfeccionamiento, el cual nunca estará terminado. Para sostener ese ideal, tenemos que articular la voluntad y la racionalidad, y luchar contra cualquier tipo de complacencia, contra todas las formas de desidia que impiden corregir los errores y superar las insuficiencias».

Mientras sus palabras eran seguidas con atención por el público, Muñoz dijo: «Después de todo lo ocurrido, es deseable que la mayoría de los partidos tengan hoy mayor conciencia de que cualquier expresión de aventurerismo puede ser catastrófica. No puede haber ambigüedades respecto del rechazo a la violencia. El Estado democrático debe tener el monopolio de la fuerza», agrega.

Además, el analista y columnista planteó que «frente a la crisis actual, nadie puede cruzarse de brazos. Es imperativo defender la estabilidad y la gobernabilidad. El gobierno tiene el deber de restablecer el orden público y el respeto a la ley en todo el territorio. Será crucial garantizar que el plebiscito del 26 de abril se realice con plenas garantías para el voto libre de los ciudadanos. Las opciones Apruebo o Rechazo son igualmente legítimas, y los resultados deben ser respetados por todos».

Al terminar su alocución, dejó un mensaje afirmando que «Chile puede superar las actuales dificultades y retomar la senda del crecimiento económico y de la inclusión social. Pero ello exige revitalizar el espíritu de entendimiento y de cooperación por encima de las diferencias. Hay que alentar el diálogo democrático y la amistad cívica. La base de todo tiene que ser, por supuesto, el firme compromiso con la paz, la libertad y el derecho».

SERGIO MUÑOZ

A continuación, la declaración completa del autor de «La democracia necesita defensores: Chile después del 18 de octubre»: 

Qué lejano se ve septiembre de 2019. Y han pasado solo 4 meses. Los chilenos hemos vivido la experiencia del tiempo concentrado. De un momento para otro, pasamos a vivir en país casi irreconocible, saturado de miedo e incertidumbre, y en el caso de mucha gente mayor, poblado de fantasmas. Nos hemos asomado a la pesadilla del lugar sin límites.

En diciembre, la edición chilena de Le Monde Diplomatique proclamó en su portada con tono de triunfo: “Otro Chile es posible”. Tenía razón. De octubre en adelante, la actividad económica experimentó un agudo retroceso. Más de 15 mil pymes fueron saqueadas e incendiadas, y unas 40 mil están en riesgo este año. Más de 170 mil personas perdieron sus puestos de trabajo en este período. Cambió dramáticamente la vida de las familias de las zonas más golpeadas por el vandalismo en Santiago, Valparaíso, Antofagasta, Concepción y otras ciudades. En estos meses, ocurrieron cosas que eran inimaginables, como el ataque a hospitales y consultorios, el saqueo e incendio de iglesias, el asedio y ataque a cuarteles policiales. Era cierto. Otro Chile era posible. Un Chile al que los turistas descartan hoy como destino, y respecto del cual los inversionistas pierden la confianza. En las semanas previas al 18 de octubre, algunos grupos anarquistas llamaban a la “guerra social” en los muros cercanos a la USACH y otras universidades. Ahora sabemos en qué consistía eso.

Por desgracia, hay quienes pusieron música de epopeya a lo ocurrido. Se han esmerado en la TV, en el Congreso, en las universidades, por describir una gesta de resonancia histórica que incluso intentan asociar con palabras nobles como ‘dignidad’. La supuesta gesta dejó a Chile como lo dejó, es decir muy malherido, y ello no se debió a los desfiles o a los bailes en las plazas. Quedó así porque fue víctima de una agresión políticamente motivada, una ofensiva de violencia y destrucción cuyas características nunca habíamos visto en Chile. Nunca. Y no hubo espontaneísmo, desde luego. Se requirieron planificación, coordinación y recursos. No olvidemos, además, que primero fue el ataque al Metro y los saqueos, después vino la algarabía; primero fue el fuego, después el relato que intentó explicarlo y hasta ennoblecerlo.

Mucha gente bien intencionada se manifestó pacíficamente contra los abusos y la desigualdad, y creyó que se abría una oportunidad para mejorar su situación, pero sus reclamos, legítimos en muchos casos, sirvieron en los hechos como escudo humano a los grupos anarquistas y ultraizquierdistas, al lumpen y las bandas del narcotráfico, que hicieron su propio negocio. Es muy lamentable que muchos jóvenes hayan sido arrastrados a actuar contra los bienes de la comunidad. Se dice que hay que escuchar a esos jóvenes. Por supuesto que hay que escucharlos, pero también explicarles lo que no saben, ayudarles a pensar y a distinguir lo recto de lo torcido. Halagarlos, como hacen algunos diputados, no contribuye a que se conviertan en adultos responsables.

No poca gente ha dicho en este período que lo ocurrido tenía un buen fin -la justicia social-, y que la violencia era la reacción natural de una sociedad exasperada. Ello se conecta con cierta exaltación de la rabia y la indignación, como si las pasiones fuertes se convirtieran en argumento definitivo. Se trata de una visión tributaria de la idea de que el fin justifica los medios, síntesis de un tipo de relativismo moral y político que tiene historia: para conquistar el radiante porvenir se requiere imponer sacrificios al presente, o sea el paraíso exige pasar por el purgatorio. Nada nuevo. Es la vieja superstición revolucionaria que ha provocado inmensas tragedias en América Latina. “No son 30 pesos, son 30 años”, han repetido actores y cantantes que van de revolucionarios por la vida. Es el desprecio por la democracia que empezamos a construir en 1990, y cuyos logros, paradójicamente, han hecho prosperar a muchos de ellos.

Tras la proclama del combate contra los abusos, hemos visto cometer terribles abusos, tras la consigna de la lucha por la justicia, se han consumado abominables actos de injusticia. El resultado ha sido un país dañado moralmente, en el que se han extendido la intolerancia, la agresividad, el integrismo y ese nuevo ritual de castigo a los herejes que son las funas. La nueva diosa, La Calle, impone su ley. Hay quienes tratan de sugestionarnos con la idea de que La Calle anuncia una mejor sociedad. En realidad, no anuncia ninguna cosa. Puede cambiar de rostro fácilmente. Los grupos más activos de este tiempo pueden ser reemplazados por otros grupos, con otros lemas absolutos, con otras furias y otros fundamentalismos. Se trata entonces de que no nos dejemos intimidar por los desfiles, por masivos que sean, y aunque su participantes griten que ellos SON el pueblo. La experiencia de los totalitarismos debería ser aleccionadora.

Parte del peor balance de este período son las violaciones de los DD.HH. Están documentados, incluso por misiones internacionales, los casos de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía al enfrentar los disturbios, y también los tratos crueles, inhumanos y degradantes a muchos detenidos, todo lo cual es inaceptable y debe ser sancionado. La crisis dejó en evidencia las falencias estructurales de Carabineros que requieren corrección
profunda. No hay duda de que es la institución más afectada por todo lo ocurrido.

Son muchos los funcionarios heridos en los enfrentamientos callejeros. Hay que decir además que la campaña de odio contra Carabineros está calcada de las campañas desarrolladas por las mafias del narcotráfico contra la policía en otros países. En este contexto, parece necesario decir que la cultura de los DD.HH. no puede entenderse como la protección de algunas personas y el abandono de otras. Sería monstruoso que se extendiera la creencia de que los carabineros y los militares carecen de tales derechos, que se definen como universales. Digamos también que enarbolar la causa de los DD.HH. no autoriza a cometer tropelías, y que es un contrasentido decir que se defienden los DD.HH. y, al mismo tiempo, actuar contra el régimen de libertades, que consagra las garantías individuales.

A estas alturas, no hace falta demostrar que el régimen democrático estuvo al borde del barranco. Algunos partidos opositores se mantuvieron a la expectativa, sacando cuentas respecto de la posibilidad de volver al poder antes de 4 años. Recién el 12 de noviembre se dieron cuenta de que las llamas podían quemarlos también, cuando en el marco del paro al que llamaron los gremios de empleados públicos agrupados en la CUT, el país fue estremecido por múltiples actos de violencia, incluidos los ataques a algunas unidades militares. Vino luego el Acuerdo por la paz y la nueva Constitución, que dio un respiro al país, pero luego vino también el intento parlamentario de llevar adelante una acusación constitucional que buscaba la destitución del Presidente. Tal intento estuvo muy cerca de prosperar en la Cámara. Solo el coraje de 8 diputados opositores consiguió evitarlo.

Un comentarista radial dijo el Año Nuevo: “Chile necesita paz, pero con justicia social”. La palabra importante allí era “pero”. En la práctica, era una especie de anuncio de que no habría paz si no se aceptaba lo que un determinado sector entiende por justicia social. Pero sucede que sin paz interna,no hay perspectivas de justicia. Digámoslo claro: si aceptamos vivir bajo amenaza, si la violencia se convierte en una forma de chantaje político y si el Estado se vuelve impotente, la democracia no será viable.

A veces, parece que la historia tiende a repetirse para peor. Otras veces, da la impresión de que algo hemos aprendido en el camino. Nada está asegurado. La vida en libertad incluye todas las posibilidades, incluida aquella que puede conducir a la pérdida de la libertad.

Ningún ideal es más exigente que el ideal democrático, porque implica reconocer la complejidad del tejido social y tratar de conciliar intereses divergentes, para lo cual es imprescindible proteger el pluralismo y oponerse a cualquier principio simplificador. Pero la democracia demanda un trabajo permanente de perfeccionamiento, el cual nunca estará terminado. Para sostener ese ideal, tenemos que articular la voluntad y la racionalidad, y luchar contra cualquier tipo de complacencia, contra todas las formas de desidia que impiden corregir los errores y superar las insuficiencias. No sabemos cómo será el futuro. Está visto que las predicciones fallan en alta proporción. Lo que parece firme en un momento puede resquebrajarse mañana. Eso está más claro hoy.

La democracia necesita indispensablemente la lealtad de los ciudadanos, lo que implica respetar los procedimientos establecidos que permiten el funcionamiento de las instituciones, incluido por supuesto el respeto a la duración del mandato del Presidente de la República. Después de todo lo ocurrido, es deseable que la mayoría de los partidos tengan hoy mayor conciencia de que cualquier expresión de aventurerismo puede ser catastrófica. No puede haber ambigüedades respecto del rechazo a la violencia. El Estado democrático debe tener el monopolio de la fuerza.

Necesitamos abrirle paso a una sociedad más humana, verdaderamente más justa, y eso plantea grandes exigencias en todos los terrenos. Tenemos que cambiar muchas cosas, pero hay que precisar el rumbo y ciertamente el horizonte. Junto con cambiar lo que necesita ser cambiado, debemos proteger lo que merece ser conservado. En otras palabras, podemos soñar con un mundo mejor, pero no debemos dejarnos llevar por la ensoñación. Necesitamos ir más lejos, pero no a cualquier lado. Los países no parten de cero: existen la herencia y la acumulación. Los mayores tenemos el deber de explicárselo a los jóvenes.

Frente a la crisis actual, nadie puede cruzarse de brazos. Es imperativo defender la estabilidad y la gobernabilidad. El gobierno tiene el deber de restablecer el orden público y el respeto a la ley en todo el territorio. Será crucial garantizar que el plebiscito del 26 de abril se realice con plenas garantías para el voto libre de los ciudadanos. Las opciones Apruebo o Rechazo son igualmente legítimas, y los resultados deben ser respetados por todos.

Chile puede superar las actuales dificultades y retomar la senda del crecimiento económico y de la inclusión social. Pero ello exige revitalizar el espíritu de entendimiento y de cooperación por encima de las diferencias. Hay que alentar el diálogo democrático y la amistad cívica. La base de todo tiene que ser, por supuesto, el firme compromiso con la paz, la libertad y el derecho. (El Líbero)