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Chile 2020, desacuerdo con unidad

Pasado el receso veraniego, se abrirá la campaña ciudadana para el plebiscito constituyente del 26 de abril. Y como toda decisión de esta especie, la disyuntiva es inevitable: sí o no. Por lo tanto, la amenaza de la polarización está al acecho.

Hay que desactivar tal eventual escenario

Precisamente porque se trata de una decisión tan importante para todos y todas, este plebiscito debe enfrentarse con lo mejor de nuestra calidad personal y colectiva. Porque al día siguiente del plebiscito, todo el país deberá seguir su diario bregar hacia una mejor vida y lo debe hacer en libertad, paz y optimismo. Y sea cual sea el resultado, hay que adaptarse para que a Chile le vaya bien.

No se trata de expresar buenas intenciones en frases hechas. Se trata de algo bien concreto. Frente al plebiscito de abril, debe practicarse el desacuerdo con unidad. Es lícito y sano tener puntos de vista opuestos sobre el proceso constituyente. Incluso puede ser atendible moverse por impulsos más bien emocionales que racionales. Temor en vez de ganas, por ejemplo. Pero lo correcto sería que las diferencias, aun las más profundas, sean vividas en un marco de respeto y en una atmósfera constructiva.

El fundamento de esta exigencia para nuestro comportamiento cívico no reside en un manual de buenas costumbres, sino en algo mucho más serio: Chile no es solo un Estado y una sociedad. Es, por sobre todo, una comunidad humana, en la que coexiste armónicamente la libertad de las personas con el bien común. Por lo tanto no solo es procedente, sino deseable, que cada persona despliegue su libertad intrínseca. Pero, simultáneamente, el bien común exige solidaridad, desprendimiento de los propios intereses individuales en favor del progreso común, así como participación constructiva en el orden político.

En consecuencia, en el seno de una comunidad como Chile, el desacuerdo al responder en el plebiscito debiera resultar natural, especialmente tratándose de un asunto tan global como el destino constitucional. Pero igualmente debiera ser natural la unidad entre todos los chilenos y chilenas en ese común empeño colectivo. Porque ambas dimensiones se potencian mutuamente. Mientras mayor y más informado sea el despliegue de la libertad de las personas, como expresión de su dignidad inherente, más genuina resultará ser la unidad esencial entre ellas.

Por otra parte, es conveniente tener presente que el plebiscito del 26 de abril tiene un carácter procedimental bien delimitado. Se trata de expresar la conformidad o disconformidad con elaborar una nueva Constitución y establecer el tipo de órgano encargado de tal tarea. Hasta ahí llega el mandato que originará su resultado. Las decisiones sustantivas recién se empezarían a producir si la decisión fuera la aprobación del proceso constituyente, pues la elección de convencionales de octubre traería consigo el que los candidatos para dicha calidad debieran pronunciarse sobre el contenido del futuro texto constitucional.

Por lo tanto, el debate para el plebiscito del 26 de abril reviste un carácter inevitablemente hipotético, con el consecuente ingrediente infundado de sus términos. La expresión “¿y qué pasaría si…?” será (ya es) un inicio reiterado en la exposición de los argumentos desde una y otra posición. Ambas por igual ya pronostican futuros apocalípticos en el evento de que triunfara la opción opuesta. Y no faltan argumentos construidos de forma atractiva, convenientemente acompañados de imágenes situadas en las brumosas profundidades del pasado nacional o en ejemplos externos lejanos tanto en el tiempo como en el espacio.

Estos inevitables estilos del debate, que ya se han iniciado en todos los ámbitos, deben aceptarse como propios de la libertad, pero sí deben ser obligados a situarse en la seriedad argumentativa, elevando los términos de la discusión tanto en las formas como en el fondo. Solo así se podrá evitar la funesta polarización y fomentar el desacuerdo con unidad.

Tomado en serio, un proceso constituyente es un desafío de la mayor envergadura para cualquier país. Es un ejercicio soberano del pueblo, como ciudadanía, para decidir sus propias reglas de convivencia, en un marco de libertad y solidaridad. El pueblo chileno está llamado a pronunciarse democráticamente sobre sí mismo, lo cual ha ocurrido en contadas ocasiones de su historia.

A la envergadura trascendental de este acontecimiento estamos obligados a responder. Hagamos honor a esta ocasión dentro de un marco idóneo: desacuerdo con unidad.

Mario Fernández Baeza
Profesor de Derecho Constitucional
Universidad de Chile

No sin los independientes

Un centenar de premios nacionales, intelectuales y dirigentes sociales han hecho un llamado público: “No sin los independientes”, exigiendo al Parlamento leyes a favor de la participación en el proceso constituyente.

El proyecto aprobado hasta ahora establece que los independientes pueden postular a constituyentes en listas por distritos, pero con altas exigencias para presentar candidaturas e impidiendo pactos nacionales y acceso a franja de TV. Las barreras de entrada son altísimas para el 95% de los chilenos y chilenas que no militan. Mientras, los partidos mantienen su financiamiento.

Junto con los senadores Bianchi y Navarro, presentamos indicaciones para emparejar la cancha. Nadie en el Senado habló cuando se ofreció la palabra para oponerse a ellas. Pero cuando llegó la hora de votar, la derecha lo hizo en contra y la izquierda (salvo honrosas excepciones) se abstuvo. Se mantuvieron así los privilegios para los candidatos a constituyentes militantes de partido.

Una comisión mixta deberá revisar mecanismos de paridad, pueblos originarios, independientes y chilenos en el exterior. Espero que mis colegas parlamentarios escuchen el certero llamado que hacen José Maza, Jorge Baradit, Ernesto Garratt, Sebastián Lelio, Patricio Guzmán, Claudio Nash, Ruth Olate, Sonia Montecino, Lina Meruane, Paula Walker, Denisse Malebrán, Fabiola Aliante, y tantos más.

Todos ellos y muchos otros serían estupendos constituyentes. No merecen que los obliguen a ir en listas de partidos. (El Mercurio Cartas)

Alejandro Guillier
Senador por Antofagasta

Pensiones-Rolf Lüders

En Chile las pensiones son relativamente bajas. En efecto, las encuestas sitúan al mejoramiento de las mismas en el primer lugar de las demandas sociales. El gobierno, consciente de lo anterior, le ha dado al tema la mayor prioridad. Hay sobre la mesa varias propuestas de reforma: una oficial, al menos dos de la oposición, y estos días se agregará otra más de Salvador Valdés, de Clapes UC.

El contexto en que hay que realizar la reforma es complejo. La magnitud en que habría que aumentar las pensiones para cumplir con las aspiraciones es alta y el cambio demográfico es brutal (en los próximos 30 años se duplicarían los adultos mayores, pero la población activa permanecería estancada). Tenemos un fisco con poco o nada de espacio para mayores gastos, dado que -considerando lo ya comprometido- probablemente tenga un déficit superior al cuatro por ciento del PIB anual. Y además poseemos una nefasta cultura de evasión de las cotizaciones para seguridad social.

Hay quienes propician financiar las mayores pensiones mediante una cotización del seis por ciento sobre los ingresos laborales, destinada a reparto. Esta propuesta no puede ser más regresiva. El problema no es si los responsables del pago de la cotización son las empresas o los trabajadores, o si el seis por ciento se establece de inmediato o paulatinamente, sino que se trata del equivalente de un impuesto al trabajo (lo que sucede en mucho menor grado con las cotizaciones que ingresan a nuestras cuentas de ahorro previsional). Y ese impuesto tiene un significativo impacto negativo sobre el empleo formal, compensado en gran parte por un aumento del empleo informal. Pero los empleos en este último mercado tienen remuneraciones mucho más bajas que aquellas en el mercado formal (algunos las estiman en hasta un 50 por ciento menores) y además su tasa de aumento es más baja. Para colmo, estos trabajadores informales no perciben en general los beneficios de la seguridad social.

Dado que existe una evidente demanda social por mejorar sustancialmente el nivel de las pensiones, probablemente convenga, primero, legislar un aumento de las tasas de ahorro en cuenta individual, que en parte podría ser administrada por un ente autónomo. Este mayor ahorro mejorará el monto de las pensiones a mediano y largo plazo, sin afectar mayormente el mercado laboral. Segundo, para minimizar el aumento de tasa, habría que ir ajustando -dado el incremento en las expectativas de vida- la edad en que se inicia el pago de las pensiones y hacer, simultáneamente, un serio esfuerzo para mejorar la fiscalización del pago de cotizaciones. Finalmente, para financiar el aumento de las pensiones en el corto plazo, dada la actual situación fiscal, se debiera estudiar un incremento en la base del impuesto global complementario. (La Tercera)

Rolf Lüders

Y la nave va

El país, que hasta hace tres meses navegaba con mar calma, no fue consciente, en la mayor parte de sus élites políticas, económicas e intelectuales, de que bajo la superficie se venían agitando unas fuerzas que iban a cambiar el estado del mar, la marcha de la nave y el ánimo de los pasajeros. Súbitamente, el país empezó a navegar con mar gruesa, muy gruesa, y enormes olas comenzaron a azotar la nave por sus costados. La hasta entonces complacencia de muchos de los pasajeros, incluida la tripulación y hasta el capitán de la nave, mutó en perplejidad ante el cambio de condiciones, y no faltaron quienes creyeron que lo brusco, agudo y prolongado del cambio era cosa de otro mundo, o de otro país, como si una mano negra hubiera de pronto agitado las aguas bajo el casco de la embarcación que antes se desplazaba con aparente tranquilidad y ofreciéndose incluso como ejemplo para navíos próximos que se veían todos en problemas.

No supimos ver, o no quisimos ver, o vimos y nos hicimos los desentendidos, y cuando alguno de los pasajeros advirtió acerca de que las corrientes submarinas no tardarían en agitarse, fue objeto de escarnio o de acusaciones de tener algún interés ideológico en que nuestra embarcación empezara a tener problemas en su travesía. “Los problemas de Chile son solo de expectativas” —declaraban—, problemas de gula, no de hambre, puesto que todo se reducía a la inquietud de sectores medios que veían dificultado su ascenso económico y social, desconociendo que, además de eso, los problemas eran también de carencias, o sea, de hambre, no de gula, de una prolongada falta de acceso de muchos compatriotas a bienes básicos de atención sanitaria oportuna y de calidad, educación pública, vivienda digna y pensiones justas, todo ello complicado, como si fuera poco, por una seguidilla de graves, prolongados y cuantiosos casos de corrupción entre los poderosos de la política, de los negocios, de dos ramas de las fuerzas armadas, de las iglesias, y hasta del fútbol.

Tales fueron las tres fuerzas principales que se agitaron en el fondo del océano, abriendo finalmente los ojos a quienes no tenían problemas de ascenso social ni de acceso a bienes básicos, y que en cuanto a la corrupción habían carecido de otra respuesta que la muy ramplona de que otros barcos de nuestra misma zona de navegación atravesaban en tal sentido por dificultades mucho mayores. Anestesiados también por indicadores macroeconómicos auspiciosos, dejamos de acercarnos a los camarotes y a las bodegas en que viajaba la mayoría de las familias, para constatar en terreno cómo estaban viviendo o sobreviviendo realmente.

La nave no va a hundirse, pero está en graves problemas y en algún momento pudo hasta zozobrar. Empezaron las discusiones, las acusaciones, las descalificaciones, y asomó también el feo rostro de la violencia, por un lado, y el no menos feo del uso de la fuerza pública desmedida, por el otro, mientras la mayoría demoraba en condenar parejamente tanto aquella como esta, tomando partido por la violencia de algunos manifestantes o por la fuerza de la policía.

No es ético emplear la violencia con objetivos políticos, al menos allí donde exista una democracia, y tampoco lo es apoyarla o no rechazarla claramente. No es ético, asimismo, usar o pretextar la violencia (y en algún sentido hasta desearla) para oponerse al cambio constitucional en marcha. Tres faltas éticas de distinta gravedad, por cierto, pero que tienen algo en común: ni quienes emplean la violencia en las calles, ni quienes la apoyan desde sus casas, ni quienes la pretextan desde sus trincheras políticas quieren una nueva Constitución, y estos últimos, o sea, aquellos que hoy la utilizan como pretexto para atemorizar acerca del proceso constituyente, podrían acabar poniendo los laureles de la victoria en la cabeza de quienes con su violencia en las calles se oponen a mucho más que a una nueva Constitución: se oponen a las instituciones democráticas que el país necesita con urgencia para mejorar su democracia y no para destruirla.

Hacer política desde el temor, desde el ya majadero anuncio del fin de los tiempos, es todo lo contrario de lo que se necesita hoy: una política oportuna, inteligente, imaginativa y generosa. (El Mercurio)

Agustín Squella

Los nuevos desafíos que evidenció la «guerra comercial»-Rodolfo Vilches

Después de casi un año y medio de una de las más profundas “guerras comerciales” de las últimas décadas, el 2020 comienza con una esperanzadora noticia y señal para el futuro de la política comercial internacional: las dos principales potencias mundiales —EE.UU. y China—, firmaron el pasado 15 de enero el acuerdo Fase 1 para dar fin a la contienda comercial actual entre ambas naciones.

Haciendo un símil con la organización dispuesta en un acuerdo comercial tradicional, diríamos que se acordaron algunos de los capítulos de un texto mucho más amplio que deberá incluir varios de ellos. En lo inmediato, identificamos una serie de compromisos en materias que trajeron aparejada una reacción positiva de los mercados bursátiles, como fueron las compras de bienes estadounidenses agrícolas, manufactureros, energéticos, servicios —entre otros—, por cerca de US$200.000 millones en 2 años, menores plazos para prescindir de los límites en materia de propiedad extranjera y manipulación de monedas. Sin embargo, también existe certeza que aún quedan flancos abiertos en disciplinas como la transferencia tecnológica y los subsidios del Estado.

Pero, la firma del pacto permite reformular otras preguntas, no siempre evidentes, y comienza a dejar en evidencia, por ejemplo, que el sistema multilateral de comercio, particularmente, en lo que respecta a resolución de conflictos, no está siendo capaz de dar soluciones a los desafíos económicos y comerciales actuales. Entre otros, podemos mencionar el proteccionismo y la imposición unilateral de aranceles. En efecto, el acuerdo alcanzado nos entrega señales tan o más importantes que el propio acuerdo y que dan luces sobre la relación y resolución futura que tendrá la actual administración de Donald Trump ante conflictos de esta naturaleza.

Es en aquello que el tratado establece la resolución “bilateral” en caso de disputas comerciales. Dicho de otra forma, no recurre a terceros tribunales arbitrales para su resolución y faculta a EE.UU. a tomar medidas en caso que el país asiático no cumpla con al obligaciones pactadas. De esta manera, se evidencia la desestimación de mecanismos internaciones establecidos y reconocidos por estos mismos países, lo que implicaría la desaprobación a los organismos o convenios que los administran y consagran, así como, da cuenta de una nueva aplicación de aranceles, si los compromisos adquiridos no avanzan según la trayectoria trazada por EE.UU.

No obstante, lo anterior tampoco es de extrañar. Con todo, la mayor economía del mundo, desde que comenzara a poner en marcha sus promesas de campaña en materia de política comercial (como la salida del CPTPP, la renegociación del TLC con Nafta o la aplicación de la Sección 232 -aranceles a China-) ha cuestionado al sistema multilateral de comercio, entre otros, a la Organización Mundial de Comercio (OMC) y su Órgano de Apelación, así como sus resultados y su incapacidad de controlar y fiscalizar a China y sus prácticas comerciales. De hecho, desde mediados del 2017 a la fecha, ha bloqueando el proceso de elección de jueces, haciendo inoficioso el mecanismo.

Tal es el reproche a esta entidad, que -junto a UE y Japón- recientemente declararon como insuficiente para contrarrestar las distorsiones de mercado «la lista actual de subvenciones prohibidas por la Organización Mundial de Comercio (OMC) -a la exportación y al contenido nacional-”.  Tema que estará en la mesa de la próxima cumbre ministerial del organismo a realizarse en junio de 2020 en Nur-Sultán (Kazajistán) y donde se buscará ampliar dichas categorías.

Es cierto, EE.UU. tiene, en buena medida, razones para reclamar un trato justo a sus inversiones respecto a propiedad intelectual y exponer argumentos críticos sobre ayuda del estado y estándares laborales chinos. Sumado a  ello, la regulación sobre la resolución de este tipo de pugnas —particularmente de la OMC—, debe modernizarse de manera que pueda realmente resguardar el multilateralismo acorde a la economía actual y responder a las exigencias que tiene el comercio internacional. Pero no puede ser la imposición unilateral e inconsulta de aranceles la que resuelva por si sola alguna de estas quejas mencionadas.

La rúbrica del Acuerdo Fase 1 es una valiosa noticia para el mundo y, en especial, para nuestro país. Pero, recordando lo expresado por el propio secretario del Tesoro americano, Steven Mnuchin (“el alivio de las tarifas adicionales depende de la finalización del acuerdo de Fase 2”), también nos da cuenta que el escenario comercial beligerante abrió las puertas a una reestructuración de las relaciones comerciales y la forma cómo algunos resolverán éstas. En este marco, Chile, el país con más acuerdos comerciales en el mundo y que ha levantado la bandera del libre comercio, ejemplificando el bienestar de éste, no puede sino tener un rol fundamental en este proceso de reconsolidamiento y búsqueda del multilateralismos —y sus órganos—, como el escenario propicio, imparcial y dinámico para la resolución de este tipo de disputas. (El Líbero)

Rodolfo Vilches

Argentina apuesta por litio y cobre para aumentar sus exportaciones

Argentina quiere estimular la minería incluso si su nuevo presidente, Alberto Fernández, retira las reformas orientadas al mercado de su predecesor y se prepara para renegociar decenas de miles de millones de dólares de deuda soberana.

Fernández, quien asumió el cargo el mes pasado, dice que necesita dólares de exportación para hacer crecer la economía y cumplir con los pagos de bonos. Hasta ahora, ha fijado sus esperanzas en los sectores agrícola y petrolero. Ahora, la minería y la naciente industria argentina del litio se están haciendo notar.

Alberto Hensel, secretario de Minería, dijo en un evento en Washington que había desafíos pero que los superarían. Hensel supervisó anteriormente la política minera para la provincia de San Juan, hogar de la gran mina Veladero, propiedad de Barrick Gold Corp. y Shandong Gold Mining Co.

El Gobierno está decidido a impulsar la producción de litio y cobre en un momento en que Argentina necesita impulsar las exportaciones más que nunca, comentó Hensel.

Para los oficiales, es desafiante atraer más inversión al entorno del litio. Los precios del metal utilizado en baterías recargables han caído drásticamente desde los niveles récord de mediados de 2018 después de que una ola de nueva producción ingresó al mercado en un momento en que las ventas globales de vehículos electrificados se enfriaron.

Si bien Argentina tiene las terceras reservas de litio recuperable más grandes del mundo, solo dos compañías producen en las salinas andinas de la nación suramericana. Un tercer proyecto está a un año de unirse a ellos.

Hensel dijo que si los planes de los exploradores en las salinas salen bien, la producción de carbonato de litio de Argentina podría ascender a 139.000 toneladas métricas al año. Actualmente, la producción anual se acerca a las 30.000 toneladas.

El secretario pronuncia sus comentarios días después de que Guillermo Nielsen, presidente de la petrolera estatal YPF SA y asesor del presidente, dijera que el sector minero es una posibilidad que realmente quieren explorar a medida que el Gobierno busca impulsar las exportaciones.

Fernández se reunió con mineras durante su campaña presidencial el año pasado. En un claro gesto a inversionistas petroleros y mineros, mitigará aumentos en los impuestos a la exportación para esas industrias. Por su parte, los agricultores —a quienes los Gobiernos han recurrido tradicionalmente para impulsar la recaudación de impuestos— se enfrentarán a mayores aumentos. (DF)

Servicio Civil arremete contra rebaja de sueldos de altos funcionarios

Como una señal “negativa” que podría generar una “fuga” de talento y “enormes dificultades” para atraer profesionales competentes al sector público, catalogó el director del Servicio Civil y presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, Alejandro Weber, la eventual aprobación de la reforma que reduce las remuneraciones de autoridades del Estado.

Weber expuso ante la comisión de Constitución del Senado, donde se discute la reforma al artículo 62 de la Constitución para determinar por Ley la dieta parlamentaria. Este proyecto establece una disminución transitoria de las remuneraciones del Estado (incluye a la Contraloría General de la República, los tribunales de Justicia, la administración pública, empresas y universidades del Estado), hasta que una comisión -compuesta por miembros del Banco Central y del Consejo de Alta Dirección Pública- defina las rentas permanentes. Dicha reforma afecta en forma sustantiva las remuneraciones de los altos directivos públicos, dijo Weber.

Durante su exposición, el ejecutivo recordó que el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) se creó en 2003 con el objetivo de dotar al país de una dirección pública profesional para elevar los estándares de gestión de las instituciones.

“Debemos resguardar y proteger una política pública que surgió como respuesta a una demanda por mayor transparencia y mérito en el Estado (post caso Mop Gate). Gracias a ella hoy seleccionamos con procesos objetivos e imparciales a los 135 jefes de servicio, quienes implementan las políticas públicas en nuestro país, administran el 52% del Presupuesto de la nación (37 mil millones de dólares) y son esenciales para ofrecer mejores servicios públicos a la ciudadanía”, manifestó.

El psicólogo añadió que las demandas de la ciudadanía hoy apuntan a un mejor Estado que responda en forma oportuna a las necesidades sociales. Para ello, dijo se requiere un aparato público con mayor capacidad de gestión, más eficaz y eficiente. “Es fundamental seguir avanzando en la profesionalización de la función pública y el proyecto que rebaja a la mitad las remuneraciones de los altos directivos públicos apunta en sentido contrario. Es volver a fojas cero, antes de la existencia del SADP”, criticó.

El directivo manifestó que en la crisis actual del país una respuesta “urgente” es un Estado más moderno, con un empleo público a la altura de las circunstancias.

“Sin una política de remuneraciones adecuada el Estado puede quedar anquilosado o derechamente involucionar. No cometamos un error que le puede costar caro al país”, cerró. (DF)

PSU: reconocimiento de sala es descartado por motivos de seguridad

Las autoridades a cargo de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) descartaron, por motivos de seguridad, llevar a cabo el proceso de reconocimiento de sala para el test que se rendirá el próximo lunes y martes en distintos puntos del país.

Asimismo, dentro de las medidas tomadas a modo de resguardo, se encuentran la vigilancia previa de las sedes desde hoy, seguimiento y custodia de los facsímiles y un doble anillo de seguridad para la realización esta.

Revisa todos los detalles en la edición de hoy de El Mercurio.(Emol)

Soros donará US$ 1.000 mills. para U. global contra gobiernos autoritarios

Bloomberg reveló que durante la participación en el Foro Económico Mundial en Davos del multimillonario inversionista húngaro, George Soros, éste anunció que donará US$ 1.000 millones para desarrollar la «Open Society University Network», universidad global que apunta a luchar contra los gobiernos autoritarios y el cambio climático.

La universidad, que enfrentará estas temáticas que son «desafíos gemelos que amenazan la supervivencia de nuestra civilización», se lanzará a través de una alianza con la Universidad de Europa Central y Bard College, instituciones respaldadas por Soros. En concreto, la iniciativa plantea la creación de una plataforma internacional que busca enseñar e investigar sobre estos temas.

«Como estrategia a largo plazo, nuestra mejor esperanza reside en el acceso a una educación de calidad, específicamente una educación que refuerce la autonomía del individuo al cultivar el pensamiento crítico y enfatizar la libertad académica», planteó Soros.

FACEBOOK CONSPIRANDO EN REELECCIÓN DE TRUMP

Además de anunciar su iniciativa, el multimillonario se refirió a la política mundial, señalando entre varias cosas, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es un «estafador y narcisista supremo» y que el político es responsable de sobrecalentar la economía, «una economía sobrecalentada no puede mantenerse hirviendo por mucho tiempo», afirmó Soros.

«Teniendo en cuenta la emergencia climática y los disturbios mundiales, no es una exageración decir que 2020 y los próximos años determinarán no solo el destino de Xi y Trump, sino también el destino del mundo«, dijo.

En ese contexto, apuntó a Facebook, señalando que «no hay nada que los detenga, y creo que hay una especie de operación o acuerdo informal de asistencia mutua entre Trump y Facebook«, dijo Soros. «Facebook trabajará en conjunto para reelegir a Trump y Trump trabajará para proteger a Facebook«.

Además, arremetió diciendo que los gigantes de las redes sociales como Facebook y Google, necesitan ser regulados. Idea que repitió el año pasado, cuando los comparó con compañías de juegos de azar que fomentan la adicción entre los usuarios y dijo que explotan los datos que controlan. (DF-Bloomberg)

Chile, China, UE y 14 países se unen para resolver disputas comerciales

Chile, China, la Unión Europea y un grupo de 14 naciones -que incluyen a Brasil, Colombia y Uruguay- están formando una alianza para resolver sus disputas comerciales utilizando un sistema de apelaciones y arbitraje en la Organización Mundial del Comercio para reemplazar temporalmente un proceso bloqueado por Estados Unidos.

«Trabajaremos para establecer medidas de contingencia que permitan apelar a los informes de los paneles de la OMC que emiten en las disputas entre nosotros», según la declaración conjunta publicada por la Comisión Europea.

El desarrollo marca un avance del plan de respaldo de la UE para resolver disputas comerciales internacionales ahora que el organismo de apelación de la OMC está paralizado. El acuerdo se alcanzó entre los delegados de la OMC que se reunieron al margen del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

«Creemos que un sistema efectivo de solución de disputas de la OMC es de suma importancia para el sistema de comercio basado en normas, y que una etapa de apelación independiente e imparcial debe continuar siendo una de sus características esenciales», según el comunicado.

PARÁLISIS DE DISPUTAS

El año pasado, la administración Trump precipitó la parálisis del órgano de apelación de la OMC, que actuó como una especie de corte suprema para el comercio, al bloquear a todos los nominados para el panel de siete miembros.

Desde el 11 de diciembre sólo queda un miembro activo, que es menos que los tres miembros que deben firmar las resoluciones. El efecto práctico es que, si bien los miembros de la OMC aún pueden presentar conflictos, la parte perdedora puede apelar la decisión inicial de la OMC al vacío legal, que efectivamente actúa como un veto.

La nueva alianza buscará ampliar los acuerdos de tratados que la UE hizo con Noruega y Canadá el año pasado para resolver sus disputas de acuerdo con un modelo de apelación y arbitraje.

Este modelo se basa en una norma existente de la OMC, el artículo 25 del Entendimiento sobre Solución de Controversias, que permite a las naciones acordar una forma voluntaria de arbitraje para resolver sus disputas.

Bajo este enfoque, el director general de la OMC puede seleccionar un panel de exmiembros del cuerpo de apelaciones previamente examinados que aplican los mismos procedimientos del cuerpo de apelaciones para llegar a un juicio final. Como cuestión práctica, los miembros de la OMC que se registren en dicho sistema se someterán, básicamente, al mismo proceso que tendrían a través del órgano de apelación.

PODER DE VETO

Los detalles sobre cómo se aplicaría el modelo al grupo más amplio de países aún se están negociando.

Además de la UE, los participantes en la alianza incluyen: Australia, Brasil, Canadá, China, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Corea del Sur, México, Nueva Zelanda, Noruega, Panamá, Singapur, Suiza y Uruguay.

EEUU, que no es miembro de la alianza, todavía tiene el poder de vetar cualquier caso pendiente en su contra al apelarlos. El país enfrenta varias disputas potenciales, incluidos desafíos a los aranceles de seguridad nacional del presidente Donald Trump sobre los productos de acero y aluminio.

El mandatario a principios de esta semana en Davos renovó su llamado a la reforma de la OMC. La declaración conjunta del viernes dijo que tomó «nota adecuada» de los comentarios del presidente de EEUU.

«El acuerdo de arbitraje de apelación multipartidista garantizará que los miembros participantes de la OMC continúen teniendo acceso a un sistema de solución de controversias vinculante, imparcial y de alta calidad entre ellos», dijo el jefe comercial de la UE, Phil Hogan, en un comunicado. «Continuaremos nuestros esfuerzos para buscar una solución duradera al impase del cuerpo de apelación». (DF)

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