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Por qué crecerá el Rechazo

Que la opción Rechazo sigue ganando adeptos es indudable. Lo saben —y tiemblan— los dirigentes de las izquierdas; lo saben —y se animan a buscar la victoria— los diversos comandos por el No.

Si el 26 de abril “el alto mando” que dirige la “primera línea” nos deja votar, se expresará la definición que habrá tomado ese 40% de personas que hoy constituyen el voto disputable. Entre ellos, un 25% apoya por ahora el Apruebo, así como un 15% está claramente indeciso.

La campaña, por lo tanto, está absolutamente abierta, a 90 días del plebiscito.

¿Qué va a ser decisivo para que ese 40% se incline mayoritariamente por el Rechazo y le dé el triunfo a esta opción?

Ante todo, una cuestión de piel, de ritmo vital, de mentalidad: la primacía que la inmensa mayoría de las personas damos a la seguridad por sobre la incerteza, a la serena tranquilidad por sobre el riesgo extremo. Y no se trata solo de la tremenda inseguridad económica que generarían esos dos años de proceso constituyente, sino de la duda que surge respecto de cuestiones muy básicas, como el derecho de los padres en la educación de sus hijos o la seguridad ciudadana.

¿Eso convierte a los partidarios del Rechazo en unos carcamales intransigentes atornillados a su comodidad? No; simplemente, a través de esa mentalidad se expresa el profundo anhelo de resguardar el fruto de los esfuerzos y la base de los proyectos. Más humano, imposible.

Pero, a continuación, ayudará también a la opción Rechazo la persistencia de la violencia.

¿Alguien duda de que “el alto mando” va a mantener activas las agresiones sectoriales en marzo y abril y que, gane quien gane, esa misma violencia se prolongará más allá del resultado del plebiscito?

Bueno, pero entonces, si es así, ¿por qué esa expectativa de violencia podría inclinar a un porcentaje importante de ese 40% a votar Rechazo? Primero, porque es evidente la relación entre quienes usan la violencia y algunos de los políticos que quieren cambiar la Constitución (no se sabe de bombas molotov a favor del Rechazo) y, segundo, y más importante, porque la supuesta “legitimidad” de la violencia, si ganase el Apruebo, sería mucho más difícil de reprimir, por su aparente conexión con la mayoría, que si la violencia se desatase con furia intensa contra una votación que dé la victoria al Rechazo. ¿Qué prefieren, señores indecisos? ¿Una autoridad que desde mayo próximo siga rendida ante una violencia en apoyo del Apruebo, si fuese mayoritario, o una que por fin respaldase a sus policías para que pusiesen término a una violencia especialmente injusta si ganase el Rechazo? ¿Prefieren una violencia de dos años amparada por una autoridad complaciente, u otra por un mes, a la que se pondría término mediante enérgico control del orden público?

Pero hay una dimensión final de por qué cientos de miles de chilenos, hoy indecisos, se terminarán inclinando por el Rechazo.

Y esa razón es que el alivio que esas personas experimentaron el 15 de noviembre pasado ha ido transformándose en la comprobación de que, una vez más, la clase política intenta seguir controlándolo todo. Se instala la sospecha de que, de ganar el Apruebo, sea cual sea la conformación del órgano deliberante, los partidos tradicionales manejarán la composición de la asamblea, igual a como vienen haciéndolo hasta ahora. Saben los ciudadanos que, si el órgano deliberante llegase a ser enteramente elegido, solo los partidos consolidados cuentan con estructuras regionales y locales para hacer triunfar a sus candidatos; y que, si solo fuese elegible la mitad, la situación sería aún peor: el partidismo tradicional, las oligarquías locales, la clase política vigente consolidarían su poder. (El Mercurio)

Gonzalo Rojas

Allende en la tumba-Vanessa Kaiser

Imposible dejar de comentar el análisis de Camilo Escalona y su convocatoria a una movilización de los miembros del PS por la opción “Apruebo”. El punto cúlmine de la épica de su mensaje se encuentra en la imagen del ex Presidente Salvador Allende revolcándose en su tumba en caso que una mayoría de chilenos legitime la Constitución del 80. Lo que Escalona no ha pensado es que, quizás, si como él mismo plantea, el alma de Allende tuviese hoy alguna conciencia sobre los acontecimientos que suceden en nuestro país, sería un converso. Y ello no debiera extrañar a quienes creen en que el ex Presidente soñaba con un Chile próspero y pueden imaginarlo viendo cómo bajo la Constitución del 80 millones de chilenos salieron de la pobreza o analizando presupuestos fiscales -impensables en sus tiempos- dedicados íntegramente a salud, vivienda y educación, y/o compadeciéndose por los ciudadanos esclavos de Estados socialistas como el cubano o el venezolano. Quizás Escalona piense, a la antigua usanza, que las almas son como átomos que no experimentan cambio alguno a lo largo de la vida, ni tampoco una vez muerto el cuerpo. No extraña esta forma de pensar dado el carácter petrificador del prisma socialista que, por ejemplo, ve la riqueza como un todo fijo que no cambia. De ahí que toda distribución desigual sea injusta, puesto que lo que gana uno necesariamente lo pierde otro y que el mercado sea una red de abusos y no de intercambios voluntarios.

Hablo del prisma y no de los socialistas, porque al interior de dicha colectividad hay una variopinta diversidad de individuos, desde los más corruptos y deleznables, hasta los inocentes idealistas, pasando por algunos personeros reconocidos por su inteligencia y capacidades. Estos últimos suelen matizar los dogmas en que se funda su ideología y tener profundas convicciones democráticas. Sin embargo, son pocos los que alcanzan a escapar de los efectos petrificadores de un prisma que, al igual que todo otro acervo de ideas dogmáticas, no integra ni comprende el dinamismo de la vida. De ahí su incapacidad para transformar la experiencia en aprendizaje. Prueba fehaciente de esto último es que no exista ningún ejemplo de un Estado socialista exitoso, donde la dictadura del proletariado haya conducido los destinos ciudadanos hacia un mundo de plena abundancia, igualdad y, como decía Lenin, en que el aparato coercitivo se haya transformado en una “oficina de correos”. Al contrario, la dictadura del proletariado sólo ha dejado hambre, destrucción y muerte. Cabe preguntar: ¿de dónde viene entonces la fuerza de una ideología absolutamente fracasada al punto que incluso China, para no autoaniquilarse bajo sus preceptos, tuvo que abrazar el capitalismo?

La fuerza del socialismo tiene dos fuentes, una real y otra psicológica. La real puede resumirse en las fallas que presenta un capitalismo corporativista, nacido del maridaje entre el poder político y ciertos sectores de empresarios en contra de los cuales Adam Smith, mucho antes que Marx, ya lanzaba sus dardos. En este contexto, partero de los abusos que agotaron a la ciudadanía y que nos tiene sumidos en una profunda crisis de legitimidad, el PS no ha sido capaz de avanzar respecto de sus propios dogmas. Con avances me refiero, por ejemplo, a dejar de participar en el maridaje político-económico. Recordemos que el primer presidente socialista tras el quiebre institucional del 73 fue apodado “Presidente de los empresarios”, lo que no sería un problema en el marco de un mercado libre, con altos niveles de transparencia en las relaciones público-privadas. También podríamos considerar un avance sustancial que el PS hubiese luchado junto al pueblo en contra de la corrupción de los privilegiados. Desde el prisma socialista este debiera ser uno de los temas clave, puesto que los corruptos extraen recursos del bolsillo de los más débiles que el socialismo afirma defender. Dicha extracción sirve para sostener a una casta de privilegiados, sentados en tronos laborales que el Estado les asegura con independencia del beneficio que aporten a la sociedad. Pero, en lugar de arremeter en su contra, tenemos a su ex Presidenta incrementando la casta de privilegiados a niveles históricos con un aumento de 25,6% del gasto público en funcionarios que, claramente, no aportaron en nada a la mejora de la calidad de vida de los chilenos.

A estas alturas, es obvio que el PS no ha avanzado en las direcciones propuestas, porque el capitalismo corporativista que tanto critican les sirve de piso sólido en dos sentidos: por una parte, sus fallas estructurales les permiten desarrollar una crítica al sistema que convoca a sus votantes y, por otra, los mantiene en posiciones de privilegio que sirven para ganar lealtades, mientras disfrutan de beneficios producidos por el sistema que critican. Lo genial del asunto es que una vez que el capitalismo corporativista hace agua, son ellos mismos quienes ofrecen la solución promoviendo un Estado de dimensiones gigantescas que los encumbra hasta la cúspide del poder. Y ya sabemos cómo termina la historia… con revoluciones, levantamientos, guerras civiles, millones de personas muertas de hambre o militares a cargo.

La otra fuente que da fuerza al prisma socialista es la psicológica. Ella anida en la necesidad del ser humano de sentirse bien consigo mismo para afirmar la vida. Desde Nietzsche, el humano es aquel animal que da valor a las cosas; una vez perdida esta facultad, degenera, preso de un nihilismo que lo enferma. Dicho en simple: si usted se siente mal consigo mismo, se odia, si piensa que es mala persona, tiene una culpa horrorosa por cualquier motivo y es incapaz de valorar o afirmar algo bueno de su existencia, entonces lo más probable es que caiga en una depresión y enferme gravemente. En esta dimensión de nuestra psicología el prisma socialista se levanta invencible, sobre todo ahora que sus competidores naturales -las religiones en general y la Iglesia Católica en particular- se han retirado parcial o completamente de la esfera pública. En suma, entre los placebos psicológicos que ofrece el prisma socialista se cuentan: el apoyo a los explotados -aunque deje a millones cesantes y muertos de hambre-, la compasión con los débiles -aunque de ella nazcan los peores tiranos bajo el pretexto de cuidarlos y protegerlos- y la promoción del ideal colectivo que termina destruyendo todo rasgo de singularidad, transformando al humano en un mero miembro de la especie al servicio del Estado, sin dignidad ni derecho alguno. Su poder de seducción es casi irresistible para una parte mayoritaria de los miembros de la izquierda y, por qué no confesarlo, ejerce igual fascinación en aquellos sectores de la derecha que sienten culpa por no ser de izquierda.

Volviendo a nuestra teoría de las almas y suponiendo que un alma incorpórea no tiene las necesidades psíquicas descritas, no debería causar extrañeza imaginar que Allende en su tumba sería un converso. ¿Por qué? Porque si usted, como Escalona, cree en sus buenas intenciones, lo que Allende quería era instalar el sistema socialista para acabar con la pobreza y no para beneficiarse del poder total al estilo de los demás líderes socialistas. También creería que él pensó que una vida mejor para las grandes mayorías sería posible a través de la expropiación de la propiedad privada y la emisión excesiva de dinero. Así, en caso de que Allende tuviese un alma consciente, como afirma Escalona, hoy sabría que con esas medidas se equivocaba a tal punto que tres años de su aplicación dejaron la huella indeleble del hambre, la angustia por la sobrevivencia y la desesperación en la memoria colectiva. De ahí que me parezca plausible pensar que, para quienes creen que Allende era un hombre de ideales elevados, le sucedería como a Mauricio Rojas, Roberto Ampuero, Ricardo Lagos (en la época que puso su firma en nuestra actual Constitución) o, sin ir más lejos, Fernando Flores (su ministro de Hacienda y Economía): todos conversos.

En suma, para quienes lo admiran por sus convicciones democráticas, Allende sería, inevitablemente, un converso que no apoyaría a los de la Primera Línea, como tampoco apoyaba al MIR. De hecho, en el marco del discurso que ensalza los rasgos democráticos de su figura (aunque haya hecho la vista gorda con los grupos guerrilleros), su opción nunca fue la de la vía armada al revés de los socialistas duros de la época. Por el contrario, los defensores de su legado político han dicho que su vocación democrática fue atacada sistemáticamente por la gente de su propio sector, al punto de verse en la necesidad de transformar a militares en ministros.

Imaginando al ex Presidente con esa experiencia a su haber, fiel a sus principios democráticos y ya libre del prisma petrificador en que se fundan los dogmas del socialismo cabe preguntar: ¿tiene razón Escalona cuando afirma que se revolcaría en la tumba si en abril el pueblo apoya la institucionalidad que cumplió con el sueño de un Chile próspero y en paz que hasta la crisis de octubre avanzaba hacia la erradicación total de la pobreza y la disminución sostenible de la desigualdad? De ser así, Escalona tendría que aceptar que su impresión de la figura del ex Presidente no es tan elevada o que existe una contradicción entre un Allende del que se dice tenía convicciones democráticas y le preocupaba el bienestar del pueblo y otro Allende, atrapado en los deseos del poder capaz de exponer al país a la debacle total de su régimen democrático por mezquinos intereses políticos y atávicos afanes de venganza. En resumen, el prisma petrificador característico del socialismo nos muestra a un Allende que, aún desde la tumba, optaría por tropezar dos veces con la misma piedra. (El Líbero)

Vanessa Kaiser

Destituir a un Presidente-Felipe Álvarez

La encuesta CEP trajo un conjunto de malas noticias para el gobierno del Presidente Piñera. Una de ellas fue su bajo nivel de aprobación ciudadana, que alcanzaría sólo un 6%. Algo mejor le fue con la encuesta CADEM, donde registra un 12% de apoyo. Como era esperable, desde el mundo político y social surgieron voces exigiendo su renuncia o proponiendo mecanismos para su destitución. Entre dichos mecanismos, los que más resuenan son el referéndum revocatorio, la declaración de inhabilidad por parte del Senado, una nueva acusación constitucional o su renuncia al cargo. Por ello, parece interesante analizar la viabilidad de cada uno de ellos.

Partamos por la primera. En sencillo, un referéndum revocatorio es un procedimiento mediante el cual los ciudadanos pueden expresar su voluntad (mediante el voto, recolección de firmas o mecanismos análogos) en el sentido de gatillar la cesación en el cargo de un funcionario electo democráticamente antes del término de su mandato. Esta no es una institución contemplada por nuestra legislación, por lo que, no es una opción útil para destituir al presidente Piñera, hoy. Entonces, para que el presidente fuera destituido por este medio, nuestra constitución tendría que ser reformada con el objetivo de incluir el mecanismo. Para ello parece ineludible reformar su capítulo I (Bases de la Institucionalidad), para lo cual se requiere la conformidad de al menos 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio, entre otras reformas necesarias. Vistos estos porcentajes, la reforma constitucional que tendría que impulsarse tiene pocas posibilidades de éxito, pues Chile Vamos y sus afines reúnen más de 1/3 de los diputados y senadores en ejercicio. A modo de “dato rosa”, un proyecto de reforma constitucional para incluir la figura de referendo revocatorio duerme en los laureles de la Cámara desde el año 2009.

Por su parte, la posibilidad de que el Senado declarare inhábil al presidente es simplemente un sinsentido. El artículo 53 de la Constitución, en su numeral 7, efectivamente le otorga a los Senadores dicha facultad, pero exclusivamente cuando un impedimento físico o mental inhabilite al presidente para el ejercicio de sus funciones. Por mucho que a algunos no les guste el presidente, resulta inverosímil afirmar que actualmente esté impedido de desempeñar sus funciones por impedimentos físicos o mentales.

La posibilidad que nuevamente se acuse constitucionalmente al presidente parece más factible. Nuestra Constitución le otorga a la acusación constitucional un carácter esencialmente jurídico, al establecer causales específicas que deben probarse para que esta sea exitosa, pero nadie puede negar que la institución recientemente se ha transformado, en los hechos, en una herramienta esencialmente política para destituir funcionarios de gobierno -lo que es más propio de un régimen parlamentario que de uno presidencial, como el nuestro-.

Dicho lo anterior, de configurarse nuevas acciones u omisiones del presidente que hicieran razonablemente verosímil el fundamento de una acusación, el presidente no sólo podría ser acusado por nuevas causales, sino que también por la que ya fue acusado, respecto de hechos distintos. Entonces, para lograr destituirlo bastaría el voto favorable de la mayoría de los diputados en ejercicio y que uno o más díscolos de Chile Vamos o sus afines hiciera lo suyo en el Senado, lo que ya ocurrió respecto del exministro Chadwick.

Por último, en lo referente a una potencial renuncia de Piñera, el Presidente ha sido claro en señalar que su intención es terminar su mandato. Aun cuando cambiara de opinión, el Senado tendría que admitirla, previo análisis de si los motivos de ésta resultan fundados o no, volviendo a ponerse en el juego el peso de quórums vistas las mayorías relativas ya descritas.

Una potencial destitución del presidente Piñera -o su renuncia- parece improbable, dados los escollos políticos y regulatorios que deben sortearse para lograr activar los mecanismos que lo permitirían. Pero, ante un escenario político como el actual, en que los cambios acontecen día a día, no debemos descartarlo del todo, sobre todo mediante una acusación constitucional. Así, por ejemplo, no deberíamos extrañarnos si quienes evitaron que la acusación constitucional en contra de Piñera siguiera adelante cambien de opinión ante una futura acusación. Sí parece razonable afirmar que los sectores más extremos de la izquierda parlamentaria no le acusarán constitucionalmente nuevamente si no deslumbran los apoyos necesarios, temiendo un nuevo fracaso. Lamentablemente, una aprobación de la acusación constitucional al Intendente Guevara por parte del Senado puede ser el trompetazo que les indique que es hora de liberar a su jinete del apocalipsis. (El Líbero)

Felipe Álvarez

De la Plaza a la ciudad digna

Uno de los lugares más emblemáticos del estallido social ha sido la Plaza Italia, hoy denominada por muchos como Plaza de la Dignidad. Lugar de las celebraciones más importantes de nuestra historia reciente (triunfos deportivos, celebraciones religiosas y la ya famosa marcha del millón doscientos mil chilenos), este lugar de nuestra capital hoy sigue siendo, semana a semana, lugar de manifestaciones, tanto pacíficas como violentas.

Es cierto que está en un estado lamentable; sin semáforos, veredas rotas, estación del metro completamente cerrada y vandalizada, comercio cerrado, grafitis y propaganda pegada por doquier. Y qué decir del mal estado del monumento al general Baquedano, patrimonio cultural, ilustre chileno que le dio grandes glorias a nuestra patria.

Si bien esta situación puede generar tristeza en muchos (y me incluyo), también debiera interpelarnos sobre su significado. El estado de este emblemático espacio público no dista tanto de la realidad de muchos espacios públicos en nuestra ciudad, con la diferencia de que ellos están así hace años, desde antes del 18 de octubre.

Y es que gran cantidad de santiaguinos ven y se espantan con el estado actual de la Plaza Italia, pero no conocen otros lugares iguales o peores a pocos kilómetros de ahí. Y es que Santiago son varias ciudades en una. Algunos sectores no tienen nada que envidiarles a las principales ciudades del mundo. Los parques, las autopistas, el equipamiento, las veredas y la vegetación del sector oriente bien podrían confundirse con los de Londres, Copenhague o París. Sin embargo, si uno se aventura al sector sur o poniente de la capital, puede encontrarse con lugares cuyo estándar urbano podría perfectamente asimilarse al de algunos países pobres de África o de Centroamérica.

¿No será que la Plaza Italia actual nos quiere mostrar ese Santiago que muchos simplemente no conocen o no quieren conocer? ¿Cómo hacer que ese anhelo transversal de dignidad se traduzca también en una ciudad digna para todos y todas?

Uno de los temas menos debatidos durante estos casi tres meses de crisis social ha sido la desigualdad urbana. Tanto hemos hablado de la disparidad de los ingresos (medidos con el índice Gini) o de la inequidad de la educación (ambas tareas de mediano y largo plazo), que no hemos reparado en lo más obvio: la desigualdad e injusticia de nuestras ciudades. Esa que hace que comunas tengan 1 m{+2} de área verde por habitante, mientras otras disfrutan de 18. O que algunos municipios tengan 50 o 60 farmacias o bancos, mientras otros tengan menos de cinco, o incluso ninguna.

Por Dios que sería distinta nuestra noción de la justicia y equidad si asumiéramos que todos tenemos derecho a la misma ciudad, al mismo tipo de ciudad.

Una ciudad digna debiera partir por definir ciertos estándares mínimos de calidad de vida urbana, a la cual cada chileno tiene derecho simplemente por nacer en Chile, sin perjuicio de su origen social o del barrio en que nació. Eso supone asumir que el derecho a la ciudad está por sobre el derecho privado de cada uno a poder pagar por el barrio en que quiere vivir.

Esta es una responsabilidad colectiva que no puede estar sujeta a los escuálidos recursos que se les asignan a los municipios y regiones (especialmente, las más pobres). Luego de más de 200 años de independencia, hoy sigue siendo una deuda pendiente de nuestra democracia el repartir mejor los recursos y poder del gobierno nacional a los gobiernos subnacionales.

Un dato muy elocuente es que en los países de la OCDE, con los cuales tanto nos gusta compararnos en materia económica, más del 50% de los recursos públicos son administrados y definidos a nivel local y/o regional, mientras que en Chile es solo el 16%. Sin recursos y poderes reales, la promesa de una verdadera descentralización que nos permita construir ciudades dignas no dejará de ser un anhelo o, aún peor, simplemente una consigna.

La experiencia de innovación y empuje de nuestros alcaldes y alcaldesas debiera ser una señal clara de hacia dónde debemos transitar. A eso tenemos que sumarle una exigencia para que el nuevo pacto social incluya un “plan de emergencia” de inversión, para nivelar hacia arriba la situación paupérrima de muchas de nuestras comunas y barrios.

Alguien me dirá, y con razón, que con lindas plazas y parques, mejores veredas, infraestructura pública para el transporte y las bicicletas, servicios privados bien distribuidos y una buen aire que respirar, no resolveríamos todos los problemas y desigualdades económico-sociales. Es verdad. Pero por lo menos estaríamos diciendo inequívoca y categóricamente a todos los habitantes de nuestras ciudades (90% de los chilenos) que el grito de dignidad de la Plaza Italia ha empezado a transformarse en un proyecto de ciudad digna y justa para todos.

Claudio Orrego

Pensiones en primera línea

El Presidente Piñera presentó los primeros lineamientos de lo que será la reforma al sistema de pensiones, ya discutida en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. La reforma viene a responder directamente una sentida demanda de la ciudadanía, ya que, según la encuesta CEP, el tema de pensiones se posiciona como la principal problemática a la que el gobierno debería dedicarle esfuerzos.

Previo al proyecto en sí, celebramos el aumento del pilar solidario para aquellos mayores de 80 años en cerca de 55 mil pesos, junto con el incremento paulatino para el resto de los pensionados hasta alcanzar el 50% en 2022. Si bien la medida dista de ser la solución final para quienes reciben pensiones solidarias, sí es una ayuda que involucra un esfuerzo fiscal significativo.

Analizando la propuesta, destacamos el incremento paulatino de la cotización con cargo del empleador, que llegará a un 6%, del cual un 3% se destinará a las cuentas de capitalización individual. Como se ha mencionado en reiteradas oportunidades, la mayor tasa de cotización es un factor vital para mejorar las pensiones futuras. De todas maneras, debido a la situación económica por la que atraviesa el país actualmente, es importante considerar el efecto que esta medida pueda tener en la formalidad del empleo. La gradualidad en que se propone aumentar la tasa es un atenuante, pero los riesgos mencionados no desaparecen por completo.

Otro aspecto que rescatamos es la incorporación de sociedades sin fines de lucro al sistema, lo cual lo dotará no sólo de mayor competencia, sino también dará nuevos aires de legitimidad. No obstante, consideramos contraproducente la separación de los fondos individuales en dos administraciones diferentes, lo que puede burocratizar la experiencia de las personas con el sistema previsional. Una opción razonable es que cualquiera de las instituciones del sistema pueda administrar el 13% que será destinado a las cuentas individuales.

Por otra parte, hay dos aspectos que nos preocupan. Primero, la propuesta que define que las AFP deben devolver parte de las comisiones en caso de que los fondos (exceptuando el A) tengan un rendimiento inferior a un benchmark. En la regulación actual ya existe un mecanismo que alinea los intereses de la administradora con los de los afiliados (el encaje) y también existen requisitos de devolución en caso de que una AFP se aleje considerablemente del resto. Además, este tipo de política incentiva a que las AFP inviertan en activos de retornos conservadores a fin de evitar pérdidas puntuales, lo que, a fin de cuentas, podría generar menores pensiones. La magnitud del efecto dependerá sustancialmente del benchmark aplicado y del tiempo considerado para estimar si el fondo tuvo o no una rentabilidad menor a este. Segundo, la ausencia – hasta el momento – de algunos elementos críticos, como aumentar el porcentaje de la fuerza laboral que cotiza, generar mecanismos que eviten las lagunas previsionales, e incentivar el retraso de la edad de jubilación.

Sin duda que se abre una oportunidad de hacer grandes avances en pensiones que no pueden seguir esperando. Pero esto debe ir acompañado de evitar acciones que sean políticamente atractivas, pero que luego generen efectos adversos en las personas. (DF)

Álvaro Cordero

Chile en el Pacífico Sur

Se dice que Chile tiene mucho de isleño. Desierto por el norte, la Antártica por el sur y ese gran murallón que es la Cordillera de los Andes. Además, si miramos al Oeste está la inmensidad del Océano Pacífico. Es decir, un país aislado del mundo. Sin embargo, ha sido ese mismo mar que nos abrió las puertas y conectó con los más remotos lugares de la tierra. La misma naturaleza nos dio un aviso de lo conectados que estamos. El horror de los incendios forestales masivos en Australia trajo una estela de la destrucción que cruzó los mares y surcó los vientos. Es una señal que nos recuerda que no estamos tan lejos, que tenemos vecinos hacia el oeste que son fundamentales para nuestro futuro desarrollo. Somos de América Latina. Siempre los seremos. Eso jamás cambiará. Sin embargo, también somos una nación del Pacífico Sur.

Con países como Nueva Zelanda compartimos una responsabilidad marítima enorme que involucra una frontera de 26 millones de kilómetros aproximados. Son nuestros vecinos al oeste. Juntos como Pacífico Sur somos una de las principales puertas de entrada a la Antártica, continente de futuras relevancias que son aún insospechadas. Tenemos relaciones fundamentales y muy cordiales con todos los países de la región. Al otro lado del Pacífico tenemos importantes comunidades de chilenos viviendo en Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, el nivel de institucionalización de las relaciones y los niveles de intercambio estratégico-político son aún muy bajos. Es un capital estratégico, político y de voz frente a la comunidad internacional que estamos dilapidando sin ningún sentido. Esa falta de visión nos impide ver que tal vez algunas de las respuestas a nuestras crisis sociales están justamente en el diálogo con esta zona del mundo a la que pertenecemos.

Mucho se habla de la APEC. La cumbre del sistema sería en Chile, y como todos saben se canceló en medio de las movilizaciones sociales. Sin duda es un foro fundamental. Debemos mantener el diálogo con toda Asia y con el Pacífico Norte. Sin embargo, la fuerza de nuestra voz es muy disminuida si solamente estamos como un actor individual. Es por eso que reconocer en Australia, Nueva Zelanda y la Polinesia a nuestros vecinos es fundamental para interactuar en el Asia-Pacífico.

El Océano Pacífico es un puente con muchas posibilidades. También es una gran fuente de riesgo, con amenazas emergentes que van desde un virus hasta la piratería. Es por esto que debemos pensar que el Pacífico Sur es una gran identidad donde podamos compartir las labores de la seguridad y defensa con todos los países de la región. Que tengamos una mirada estratégica común.

Que compartamos en nuestras economías complementarias, que armonicemos nuestros sistemas educacionales, y pensemos una gran macrozona con identidad frente al nuevo orden global. Quizás si partir por una organización común en seguridad y defensa sea un primer paso. Lo dejamos sobre la mesa. (La Tercera)

Soledad Alvear

La violencia no ayuda

Se equivocaron quienes rindieron homenaje en el ex Congreso a los encapuchados, pensando que con esa acción se pueden granjear apoyos o potenciar mejores resultados o soluciones para las demandas sociales. Estamos frente a un estallido de origen social cuya matriz es esencialmente pacífica y masiva, pero con componentes de violencia que complican y enredan el escenario político. Las complejidades que enfrenta la institucionalidad democrática provienen de lo inédito y distinto de esta dinámica frente a otras experiencias de nuestra propia historia. Es, en resumen, un movimiento sin liderazgos claros y que, no obstante, cuenta con el apoyo mayoritario de una ciudadanía que venía acumulando por décadas una gran rabia por abusos, inequidades e injusticias, y por sentirse olvidados e ignorados por el sistema.

Eso es tan claro como que esa inmensa mayoría de chilenos quieren cambios, pero sin violencia. La principal complejidad es que, paralelamente, se ha instalado una dinámica de vandalismo, saqueos e incendios que han afectado gravemente la calidad de vida de las personas, con destrucción de infraestructura pública y privada, de centenas de pequeños negocios y, por ende, dañando la fuente laboral de trabajo de miles de ciudadanos. Todo indica que, en la ocurrencia de estos hechos, han convergido distintos tipos de sectores, muchos de los cuales desde la marginalidad, han sido protagónicos de actos de violencia y delictuales en los últimos años. Entre ellos sectores anarquistas y antisistémicos que han operado en la última década, como encapuchados y que solían aparecer en el medio de las manifestaciones. Así se explican los ataques a símbolos del mercado, del poder gubernamental, a las grandes cadenas económicas y también al comercio minorista.

Cuesta entender que los objetivos tan nobles detrás de las demandas ciudadanas se vean mezclados con una violencia que se entroncó con el enojo ciudadano en curso y que rompió con la supuesta apatía de la gente, demostrando de paso que la abstención electoral no fue nunca indiferencia, sino más bien hastío y desencanto con los partidos y liderazgos.

El orden democrático que costó construir requiere defensa y fortalecimiento. La violencia no ayuda a ninguno de los dos objetivos y se le debe combatir principalmente en términos ideológicos y políticos. Quienes en la historia han tratado de usar sólo la fuerza y la represión, han tenido malos resultados. De esta forma, debiera estar claro para el Gobierno que con la sola represión no se arregla el problema y nítido para la oposición que con la apología a la violencia, tampoco.

Afortunadamente las encuestas han logrado mostrar que las personas hacen la diferencia, apoyando mayoritariamente las demandas pero condenando drásticamente los hechos de violencia. Falta una clara distinción por parte de todos los actores de la política entre la legitimidad del movimiento social por los cambios y la furia destructiva de la violencia. Los tiempos se acortan dramáticamente, y de ello dependerá el país mejor o peor que salga de esta crisis. (La Tercera)

Juan Carvajal

Definiciones de la DC y PPD sobre agenda climática y la sequía

El cambio climático y, en particular, la sequía que está afectando a gran parte del planeta, también a nuestro país, comenzó a tomarse la agenda política con mayor fuerza durante 2019; sin embargo, los partidos no han avanzado a la misma velocidad que estos fenómenos de la naturaleza, ya que la mayoría, con la excepción de la Democracia Cristiana y el PPD, no ha diseñado una fórmula o mecanismo para avanzar en propuestas y medidas para enfrentar el tema en el corto, mediano y largo plazo. El falangismo, en cambio, lo viene haciendo desde 2018.

Cuando sus pares descansan especialmente en el proceso legislativo y en sus parlamentarios para abordar este tipo de materias, el actual presidente de la DC, Fuad Chahín, puso manos a la obra en esta materia apenas asumió el cargo en mayo de 2018. El timonel opositor creó una serie de comisiones abocadas a diagnosticar una serie de problemas que estimaba acuciosos para la ciudadanía, pero con sus respectivas propuestas. Ello con el objeto de elaborar una agenda de mediano y largo plazo en materias estructurales.

Fue así como nació la Comisión la Comisión de Desarrollo Sostenible, integrada por una veintena de profesionales del partido, más tarde se amplió a una mesa de trabajo en la que fueron invitados representantes del mundo social, que no milita en la colectividad.

La comisión del partido fue encabezada por la senadora Ximena Rincón y se dedicó al trabajar con prisa, tanto que ya en agosto de 2019 había elaborado una serie de propuestas en materia ambiental, y en ese contexto una serie de iniciativas enfocadas especialmente en la crisis hídrica que afecta al país y, por ahora, con mayor énfasis en el área agrícola.

En tal sentido, el secretario ejecutivo de la instancia, el abogado experto en medio ambiente Jorge Cash, explica que la instancia, que por estos días está en receso lleva un año y medio funcionando y retomará sus funciones a partir de marzo, con la senadora Rincón a la cabeza. Durante el primer año esta comisión que apunta a generar iniciativa para un desarrollo sustentable, le da a la crisis hídrica un importante espacio de debate y propuestas.

Tanto es así, argumenta Cash, que en agosto del año pasado, la propia senadora Rincón, junto al timonel de la DC, le entregó al gobierno un documento con propuestas concretas para enfrentar la crisis hídrica. Tema que, según el abogado –quien también fue jefe de la División Jurídica del Ministerio de Medio Ambiente entre los años 2014 y 2016-, “ha copado gran parte de la agenda del partido”.

No obstante, lamenta que hasta el día de hoy no han recibido respuesta de parte del Ejecutivo. “Del gobierno, en general, no hemos tenido respuesta acerca de la agenda ambiental que le hemos planteado y no hemos visto de su parte genuina atención al tema”.

Algunas de las propuestas que contenía el documento entregado al gobierno en agosto de 2019 apuntan a «chilenizar las empresas sanitarias»; crear una subsecretaría de Recursos Hídricos; y, entregar al Estado la potestad de regular el procedimiento de constitución, reconocimiento, ejercicio y extinción de los derechos que se reconozca a particulares sobre el agua, atendiendo las características de cada territorio;

Y en materia de infraestructura, el documento plantea que «desde el punto de vista institucional, resulta imprescindible que Chile realice una evaluación sistemática de los recursos hídricos, con el objeto de conocer verazmente su disponibilidad en cantidad, calidad y oportunidad».

También propone crear «un gran fondo de inversión en infraestructura hídrica que logre recaudar, a través de diversos mecanismos la suma de US$ 800 millones de dólares».

ENFOQUE DEL PPD

Desde su fundación, el Partido por la Democracia se ha destacado por ir a la vanguardia en temas medioambientales. Pero en su Congreso Ideológico y Estratégico de fines de mayo de 2019, la colectividad, encabezada por el excanciller Heraldo Muñoz se declaró como “partido progresista de izquierda democrática y liberal” y “verde, feminista y de futuro”.

En este contexto, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del partido, Pablo Santander, explica que su partido ya el 22 de marzo de 2019 –en el marco del Día Mundial del Agua- convocó al Partido Socialista y al Partido Radical (en lo que constituye la Convergencia Progresista) a una declaración pública conjunta en la que expresaban su preocupación por la crisis hídrica. En el texto, además del crudo diagnóstico que comparte todo el espectro político, los tres partidos firmantes se comprometen a trabajar para que se establezca en la Constitución que “el agua es un bien nacional de uso público, junto con el “derecho humano al agua”.

Adicionalmente, Santander explica que en lo que resta de este año, considerando que vienen elecciones y la posibilidad de elaborar una nueva Constitución, “el tema del agua va a ser una bandera de lucha del partido”. Por lo pronto, la comisión interna que preside, se sumó a la organización Sociedad Civil por la Acción Climática, en la que participarán en la instancia abocada a generar políticas públicas en este ámbito.

Y recalca que “como Comisión de Medio Ambiente del PPD nuestro enfoque este año va a ser el tema del agua, respecto del cual haremos propuestas de políticas públicas y de gestión”.

Los demás partidos políticos, tanto del centro a la izquierda como del centro a la derecha, descansan en la labor de sus parlamentarios y en las propuestas que surjan desde sus equipos para transformarlas en proyectos de ley. Resulta llamativa la falta instancias partidarias enfocadas en un tema que no sólo se ha tomado la contingencia, sino que el tratamiento del agua es un tema que, ya han anunciado algunos dirigentes, será abordado en el debate por una nueva Constitución, si en abril se impone el “apruebo”. (DF)

Coronavirus ahora amenaza Fase 1 de acuerdo entre China y EE.UU.

El tan anhelado acuerdo comercial entre China y Estados Unidos podría sufrir «daños colaterales» si la propagación del coronavirus causa una interrupción prolongada de la demanda, según un informe reciente de Panjiva Research reseñado este miércoles por CNBC.

«China se ha comprometido a un aumento del 88,3% en las importaciones de productos manufacturados de EEUU en 2021 frente a lo adquirido 2017», escribieron analistas de la firma, refiriéndose al acuerdo comercial parcial firmado entre las dos potencias económicas a mediados de enero. «Una interrupción prolongada de la demanda podría dificultar la entrega de esos objetivos», agregó.

Esos comentarios se producen mientras China lucha por contener un brote de virus que ha infectado al menos a 5.900 personas y ha matado a más de 130 en el país, contagiando a los mercados de nerviosismo por su potencial impacto económico.

La ciudad china de Wuhan, la capital de la provincia de Hubei, es el epicentro del brote, y las autoridades han puesto a varias ciudades en la provincia bajo un bloqueo parcial o total. Wuhan y la región circundante de Hefei y Jiangsu, que también se han cerrado debido al virus, son los principales centros de fabricación que trabajan con empresas estadounidenses.

«Un análisis de los datos de envío de Panjiva muestra que más de 450 importadores estadounidenses fueron suministrados por compañías ubicadas en la provincia de Hubei», dijo el informe.

Aun cuando los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) dijeron que actualmente no hay evidencia de que el virus pueda transmitirse a través de productos importados de China, la alerta está sobre la suspensión de actividad de las empresas.

Este miércoles, varias aerolíneas empezaron a cancelar sus vuelos para evitar mayor propagación del virus. Ayer, por lo menos Apple indicó que una de sus plantas en el país había sido cerrada.

En el caso específico de la manufactura del gigante asiático, la mirada está puesta en firmas como Foxconn, principal ensamblador de los iPhone, el mayor fabricante de productos electrónicos por contrato del mundo y, además, es una de las cinco compañías que envían sus productos desde la región de Hubei, según Panjiva Research.

En general, gestionar la propagación del virus será una «gran distracción» del acuerdo comercial, dijo Scott Kennedy, asesor principal y presidente del directorio de negocios y economía china en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.(DF)

Reorganización de sociedad civil: nuevo escenario con más de 30 partidos

Los recientes, han sido días movidos en las oficinas del Servicio Electoral, que han recibido la visita de distintos grupos de ciudadanos que buscan inscribir sus nuevos partidos políticos.

Se trata de un trámite de rutina en el Servel, pero esta vez tiene un matiz particular. «Antes de que se anunciara el plebiscito, antes incluso de que se firmara el acuerdo, ya existía un número de partidos que estaban en formación. Hoy hay 20 partidos constituidos legalmente y había cerca de diez partidos que estaban en formación, cumpliendo los plazos que establece la ley», explica a Emol el presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría.

«Pero con posterioridad al acuerdo y la convocatoria al plebiscito, se ha dado una situación distinta, que tiene que ver con aquellas personas —fundamentalmente independientes— que se dieron cuenta de que, para los efectos de poder competir con los partidos políticos, requieren de alguna institucionalidad que les permita agruparse, sumar los votos y participar en el sistema proporcional que hoy día existe«, añade.

Desde entonces, el interés que han percibido es distinto. «Además lo declaran: que quieren constituirse como partido instrumental, para efectos de poder participar en igualdad de condiciones en el plebiscito», dice.

En el Congreso todavía se debate una fórmula para garantizar su participación, y el CNTV ya anunció que no podrán participar directamente de la franja televisiva, a no ser que los partidos les cedan de su tiempo. Así comenzaron a surgir las organizaciones y a reunirse las firmas.

Desde el estallido social, son ocho los partidos que han iniciado su proceso de constitución legal ante el Servel y hay al menos dos movimientos que buscan transformarse en una plataforma de participación ciudadana.

¿Cómo se están organizando los ciudadanos, a dos meses del plebiscito?

PARTIDOS EN BUSCA DE FIRMAS

El primer grupo de ciudadanos que llegó hasta el Servel para constituirse fue el Partido de los Trabajadores y la Ecología, que inició su proceso de formación el pasado 20 de noviembre. Aunque la fecha coincide con el primer mes del estallido, su secretario político —el ex candidato presidencial Marcel Claude— llamaba a su fundación ya a comienzos de octubre.

Luego fue el turno del Movimiento por una Constituyente Democrática, que inscribió sus primeras firmas el pasado 31 de diciembre. Su objetivo fue directo: constituirse como una plataforma para independientes y pueblos originarios, de cara a una constituyente, y disolverse cuando esta terminara. «Estamos en proceso», afirmó su presidente, el profesor de la U. Academia de Humanismo Cristiano, Raúl Zarzuri.

Después vino, quizás, el más mediático: el Partido por la Dignidad de James Hamilton, María Olivia Monckeberg y Claudio Narea el pasado 20 de enero. La agrupación dice tener «fines instrumentales y en función únicamente a una nueva Constitución, de cara al plebiscito, que pueda llamar a los independientes a participar». Algunos analistas los llamaron populistas. Sin embargo, en las últimas horas, ya dos de sus fundadores renunciaron al partido por cuestiones «éticas»: Hamilton y Narea.

Este martes 28 fue el turno de las mujeres. La directiva del Partido Alternativa Feminista llegó hasta el Servel a presentar sus primeras cien firmas y los lineamientos del conglomerado, que surgió en el contexto de la intervención feminista de LasTesis entre mujeres mayores de 40 años.

«En estas pocas semanas hemos sumado a más de mil a esta voluntad de hacer partido», dijo una de sus fundadora, la ex directora de Greenpeace Rosa Moreno, a La Tercera.

Además, se encuentran en trámite el Partido de la Gente, Chile Más Justo, Partido por la Representación Ciudadana y el Partido Conservador Cristiano, todos inscritos después del estallido.

Los otros tres que figuran en el Servel —Movimiento por la Tierra, el Trabajo y la Libertad; Partido Orden Republicano por mi Patria y Convergencia Nacional de Chile— tienen antecedentes de existencia previa a la crisis.

«No podemos tener una mirada negativa, porque lo que están haciendo es el ejercicio de un derecho», dice Santamaría, quien espera que las agrupaciones sean capaces de cumplir con los plazos.

También propone otra alternativa: «Podría superarse si se rebajaran los quórum de entrada para la presentación de las listas de candidaturas de independientes«.

En el proyecto que delibera el Congreso se estipula que para presentar una candidatura independiente se exigirá un respaldo en firmas correspondiente al 0,4% del total de votantes que hubo en el distrito correspondiente en 2017. Por otra parte, para inscribir un partido, se requiere un 0,25% del total de votantes en ocho regiones o tres contiguas.

MOVIMIENTOS Y PLATAFORMAS

Pero el partido político no ha sido el único instrumento que han elegido las agrupaciones para participar. Por ejemplo, son más de 30 los movimientos que se organizaron el la Coordinadora Puentes de Participación Civil Pública, que se lanzó esta semana. Entre ellos se cuenta la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados de Chile (Confepa), Unidos por Chile, No+Abusos del Estado, Colectivo Calle Ciudadana y Mujeres en Terreno.

Uno de sus convocantes, el abogado Rafael Fontecilla de Con Trato Social, explicó que buscan «estimular a los políticos a conectarse de nuevo con nosotros, la ciudadanía, y de paso alcanzar un mayor respeto a nuestras instituciones, mejores condiciones de vida para los más vulnerables y mejor trato entre nosotros».

En tanto, este martes se presentó el movimiento Ciudadanos por Chile, una organización descrita por sus integrantes como «transversal«, que cree en «una tercera vía para priorizar las soluciones a las demandas sociales» distinta al inicio de un proceso constituyente. Uno de sus impulsores es el presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre (CNTC), Sergio Pérez.

Otros actores que se han manifestado son conglomerados cuyo inicio es anterior a la crisis, pero han tomado entre sus banderas la del plebiscito, ya sea a favor o en contra de una nueva Constitución. Es el caso de Convergencia Nacional de Chile, que nació en abril de 2019 pero resolvió que votará Rechazo el próximo 26 de abril.

También ocurre algo similar con el Partido Fuerza Nacional, en formación en el Servel desde junio de 2019, cuyo presidente Raúl Meza interpuso una reclamación ante el Tribunal Calificador de Elecciones por la decisión del CNTV de excluir a los independientes de la franja televisiva del plebiscito.(Emol)

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