Es difícil saber desde cuándo surge el concepto de la plaza como centro social y punto neurálgico de las ciudades, es probable que los más primitivos asentamientos humanos hayan dejado un espacio central como zona franca de peligros externos y desde ahí pasó a convertirse, en las distintas civilizaciones, en el lugar de debate de las decisiones comunes, de comercio y de culto. Probablemente por ello, en lenguaje militar, se define la captura de una ciudad como la conquista de una “plaza” y en el de los abogados también se usan expresiones que le dan idéntico significado.

Entonces, no es extraño que el grupo de anarquistas, violentistas y delincuentes que, desde hace un año, amenazan la paz social, la seguridad y posibilidades de progreso de nuestro país, hayan elegido una de las plazas más importantes de nuestra capital para hacer ostentación de fuerza y dominio. Al final de cuentas, incluso en su primitivismo, esos encapuchados, que múltiples videos muestran saltando y celebrando cada destrucción que realizan, intuyen el valor de los símbolos; saben que tomarse la plaza es una manera de tomarse la ciudad y a través de esa ocupación intentan redefinir los términos de la vida común.

El problema es que hace un año, cuando esto comenzó, la inmensa mayoría del liderazgo de nuestra sociedad en sus distintos ámbitos, políticos, periodistas, comunicadores e intelectuales, lo vieron con una simpatía que, en algunos casos, fue frívola y en otros derechamente oportunista. Estuvieron los que, capturados por el sesgo de confirmación, vieron en esta violencia una prueba que ratificaba sus posiciones políticas, nos inundamos de noteros y conductores de matinal que, carentes del mínimo rigor, elaboraban entusiastas tesis para justificar la violencia diaria, atribuyéndosela a las supuestas injusticias del modelo.

También estuvieron los que se comportaban como si vieran en “la calle” un atajo para alcanzar objetivos que no habían podido conseguir electoralmente. La violencia se convirtió así en la coartada para destruir una Constitución que establece derechos individuales fuertes e importantes contrapesos técnicos a la deliberación política. Cuando cayó la plaza, cayó también el orden jurídico, con su sistema de distribución del poder.

Ahora, un año después y a dos semanas del plebiscito, la violencia ya no se ve ni tan glamorosa, ni tan útil. La “primera línea” está perdiendo el encanto, para unos su prolongación empieza a ser amenazante; para otros se vuelve molesta, en la medida que puede producir efectos electorales. Surge una duda que corroe la confianza: ¿volverán a justificarla si vuelve a serles útil?

Es mucho más que una plaza y por eso recuperarla es mucho más que un problema policial. (La Tercera)

Gonzalo Cordero

La estatua del general Baquedano fue nuevamente vandalizada y volvieron a arrasar con semáforos y luminarias. El verde del pasto que alcanzó a crecer en estos meses de confinamiento ya no existe y el olor a gases tóxicos reina, otra vez, por todas partes. Si los vecinos y trabajadores del sector alcanzaron a soñar con la posibilidad de retomar sus vidas y sus labores, esa ilusión se esfumó. Hoy quedan pocas dudas: la Plaza Italia no retornará a la normalidad por mucho tiempo y los alcaldes de la zona harían bien en no reponer infraestructura pública que será de nuevo destruida la próxima semana o el próximo mes.

Ya ni siquiera es un fenómeno destacado en los noticieros y muchos parecen observarlo con indiferencia. Si alguno de los que aplaudió en silencio durante el último año llega a elevar ahora alguna crítica no será porque le importe el inmobiliario, los habitantes o trabajadores del entorno, sino solo por sus eventuales efectos en el resultado del plebiscito. Su corazón siempre los ha acompañado. Imposible olvidar que la “primera línea” fue ovacionada de pie en el ex Congreso Nacional.

El drama de la Plaza Italia y de su gente terminará siendo un monumento a nosotros mismos, a nuestra indiferencia ante la angustia y el dolor ajenos, al desprecio por lo que hemos construido como sociedad. Un homenaje a la convicción de que nada ni nadie merece respeto o cuidado, y que lo único importante es poder hacer siempre lo que quiero. En realidad, es un privilegio que todos los viernes nos recuerden y confirmen que Chile cambió; y ser testigos de que este nuevo Chile ritualmente se transforma en una zona de guerra donde las víctimas son apenas un daño colateral.

En Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos lugares y edificios públicos no fueron reconstruidos. Se decidió dejarlos en ruinas para la posteridad, para no olvidar nunca lo que había ocurrido con ellos. Quizá no sea una mala idea: dejar la Plaza Italia y su entorno como un testimonio de nuestra voluntad de autodestrucción. Con la estatua del general Baquedano denigrada, con los semáforos y luminarias destruidos. Como un monumento a este tiempo, a lo que en esencia hemos decidido ser. Nada, nunca, reflejará mejor lo que fue el estallido social: la Plaza Italia vandalizada, su entorno convertido en una zona de sacrificio, con una sede universitaria y el Museo Violeta Parra consumidos por el fuego.

Así, dentro de muchos años, cuando las futuras generaciones pasen por ahí y pregunten por los motivos de esas ruinas, la gente podrá evocar este tiempo, mirarse para adentro y decirle a esos niños y jóvenes del mañana que un día estuvimos dispuestos a aplaudir, a justificar o guardar silencio frente a esa destrucción; que hubo un tiempo en que esa barbarie, ese dolor y esa indolencia merecieron el nombre de plaza de la dignidad. (La Tercera)

Max Colodro

Es difícil exagerar la gravedad de lo ocurrido el viernes 2 de octubre en Pío Nono, y lo que ha sucedido después, a días del primer año desde el 18/O y del plebiscito por una nueva Constitución.

Primero, un menor de edad es empujado al río, según la fiscalía, por un carabinero, que lo niega. La institución policial primero cierra filas y lo defiende, para luego terminar expulsándolo de la institución.

Por último, la fiscal a cargo del caso es amenazada de manera reiterada.

En efecto, la fiscal jefa de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, ha sido amenazada desde que formalizó, el domingo pasado, al carabinero Sebastián Zamora, de 22 años, por el delito de homicidio frustrado del joven de 16 años. En esa audiencia, la fiscal reveló, además, que habría indicios de encubrimiento, obstrucción a la investigación y falsificación de documento público.

Ese día, Ximena Chong recibió en redes sociales todo tipo de groserías de parte de anónimos y cobardes trolls. Del insulto se pasó a las amenazas, y luego a la difusión de algunos datos personales de la fiscal. Pero, como pasa con la violencia, de la vida virtual se pasó a la real. Dos individuos en moto rondaron la calle en que vive ella y su familia, haciéndose notar. Golpearon la puerta. Su hijo los recibió y los sujetos, sin sacarse los cascos, le pasaron una carta “para su mamá”. “Asegúrate de que la fiscal la lea”, le dijeron al adolescente. “Si usted considera que esta carta constituye una amenaza seria hacia su integridad sicológica y física, entonces está en lo correcto”, decía la misiva, invitándola a “corregir su actuar a la brevedad”.

El episodio hizo que el fiscal Francisco Jacir ordenara las primeras diligencias investigativas por las amenazas contra la fiscal, y que personal de la PDI permaneciera en la casa de Chong.

Y la historia ha seguido agravándose: a las 8 am del miércoles, otro hombre en moto se dio dos vueltas por la casa de la investigadora y luego se paró frente a su puerta. Fue entonces cuando la PDI le hizo un control de identidad, al que el individuo se opuso en más de una ocasión. “Soy funcionario público”, decía. Pero era un teniente coronel de Carabineros, Freddy Vergara. Él mismo publicó luego un video mostrando la grabación del incidente, diciendo que era un malentendido y ofreciendo una extraña explicación acerca de un desperfecto de su moto.

Todo estos episodios han causado revuelo en el Ministerio Público. El fiscal Abbott se comunicó con el ministro del Interior, y la Asociación de Fiscales salió en apoyo a la fiscal: “Rechazamos del modo más enérgico que se pretenda atemorizarnos, por parte de cualquier persona o medio”.

Una situación ya muy álgida, que un senador de la República logró tensar aún más.

El senador UDI Iván Moreira, en entrevista con 24 Horas, catalogó a la fiscal Chong como “una activista política (…). Ella es una persona de izquierda y tiene un doble estándar en la forma cómo enfrenta los casos judiciales”. Luego, dijo que “cuando uno provoca políticamente se expone a este tipo permanente de amenazas, y no vengamos a hacernos las víctimas (…). Cuando uno hace política como fiscal, es sin llorar la política, y se expone a este tipo de cosas”, agregó.

Lo que se lee es una pretensión de bajarle el perfil a la gravedad de que una fiscal sea amenazada reiteradamente mientras investiga nada menos que a la policía, pues él no compartiría sus ideas. ¿Solo los fiscales o autoridades afines a él y su partido ameritan resguardos para ejercer su labor?

Y, ¿qué quiso decir con eso de “sin llorar”? ¿Será la descalificación machista cavernaria de que las mujeres no pueden aguantar situaciones difíciles sin desbordarse emocionalmente?

¿Moreira cree o no en las instituciones de la República y en la necesidad de protegerlas de amenazas de cualquier tipo?

La Fiscal Chong, en todo caso, lejos de “llorar” o “venir a hacerse la víctima”, ha guardado riguroso silencio, continuado las indagatorias de lo sucedido en Pío Nono, cumpliendo su labor profesional.

Al descalificar en esos términos a la Fiscal, Moreira no la daña a ella, sino al Estado de derecho, a la justicia, y peor aún, a la posibilidad de reconstruir en Chile las instituciones con la legitimidad y credibilidad necesarias para poder vivir en paz.

Las palabras del senador Moreira reflejan una nula comprensión de la responsabilidad y altura de miras mínima que se requiere para ser Senador de la República, especialmente en momentos cruciales de la historia de Chile, como éste. El desborde y la violencia se producen, justamente, al no haber confianza en que las instituciones sí funcionan en cuanto a proveer justicia, transparencia y reparación, con eficacia y urgencia.

Que un Senador no entienda eso… eso sí que es para llorar. ¿Qué piensa de eso su partido, y su coalición? (La Tercera)

Paula Escobar