Desaliento y frustración embargan a la mayoría ciudadana que es opositora a este Gobierno de derecha y desea una alternativa para el futuro de Chile. La situación derivada del fracaso de la negociación para ir a primarias legales del conjunto de la oposición en la elección de gobernadores regionales es muy preocupante para el desafío que tenemos por delante.

Solo la unidad del conjunto de la oposición en los sucesivos eventos electorales podrá cambiar la situación del país. Afortunadamente, con respecto al plebiscito del 25 de octubre próximo como así mismo de la elección organizacional para redactar la nueva Constitución, existe unidad total. A diferencia de la derecha, toda la oposición votará Apruebo y Convención Constituyente, pero ese primer paso no es suficiente para las tareas próximas de mayor envergadura. El fracaso parcial de la primaria para gobernadores es un llamado de atención, la disputa en cuatro regiones entre candidaturas del Frente Amplio y del nuevo bloque opositor, denominado Unidad Constituyente, es una señal de alerta.

El 29 de noviembre, fecha de las primarias legales para gobernadores regionales, en esas cuatro regiones tendremos cuatro candidatos electos pero solo por una parte de la oposición, en consecuencia es imprescindible generar un mecanismo de diálogo político entre el Frente Amplio y la Unidad Constituyente para enfrentar unidos en esas cuatro regiones al candidato de la derecha. De no ser así y que la oposición vaya dividida en esas regiones, le entrega una gran ventaja a la derecha. Siguiendo con el calendario electoral, es imprescindible hacer el mayor esfuerzo político para que en la elección de constituyentes la oposición logre construir una sola lista, hecho que garantiza que la mayoría en votos se exprese de igual manera en los asientos y bancas de los constituyentes. Si no logramos ese objetivo y finalmente la oposición se presenta en dos, tres o más listas, se repetirá en esta asamblea, fundamental para el futuro de Chile, lo que ya nos ocurrió en la última elección parlamentaria de diputados, en donde obteniendo la oposición en su conjunto el 62% de los votos, obtuvo sólo el 54% de las bancas de diputados. Mientras que, por otra parte, la derecha en una sola lista y solo con el 38% de los votos obtuvo el 46% de los asientos. La unidad en torno a la Convención Constituyente es aún más importante que cualquier elección parlamentaria o municipal, considerando que estamos hablando de la redacción de una nueva Carta Fundamental que regirá los destinos de Chile por las próximas décadas.

Es comprensible la búsqueda por parte de los partidos y movimientos de preservar la identidad y la fuerza relativa de los diversos partidos, pero por sobre esa legítima aspiración está el desafío de obtener una mayoría sustantiva para que la nueva Constitución exprese los cambios que Chile necesita hacia el futuro. Finalmente, está el desafío de la elección de 345 alcaldes y alcaldesas donde nuevamente es imprescindible lograr la máxima unidad posible de la oposición en cada una de las comunas mencionadas. El triunfo del plebiscito del 25 de octubre, el triunfo en la Asamblea Constituyente, el triunfo en las gobernaciones regionales, el triunfo en la elección de concejales y el triunfo en la elección de alcaldes y alcaldesas solo es posible si todos los partidos de la oposición colocan, por sobre toda otra consideración, a la mayoría ciudadana opositora que lo único que anhela es la unidad del conjunto de la oposición. (El Mercurio)

Francisco Vidal

Estando por primera vez en Noruega -viaje presidencial con Michelle Bachelet- pregunté, de curioso, cómo en Noruega, con un Estado tan grande y extenso, se manejaban con la corrupción, tan presente en las burocracias de estos barrios. Me miraron como si viniera de otro planeta: por esos lados era impensable. Un fraude al Estado sería la muerte empresarial, política y familiar del transgresor. Conversando con más gente, uno puede apreciar no el cariño, pero sí el respeto al Estado de Bienestar de los noruegos: buena salud pública, buena educación, excelentes sistemas de transporte público. El Estado no desconfía de sus ciudadanos, y estos respetan al Estado, no lo engañan ni le roban.

Noruega es un país chico en población: como Santiago. Algo más de cinco millones de habitantes, fuerza laboral de 2,7 millones. Sus principales industrias y exportaciones son petróleo, gas, madera, papel, generación hidroeléctrica, pesca y minería: una matriz exportadora no tan diferente de la chilena. El sector público emplea al 10% de la fuerza laboral, mientras que a educación y salud destinan el 20% de su gasto público. Tienen pocas leyes, pero esas pocas se cumplen.

Qué diferencia con Chile, donde los ciudadanos no quieren ni respetan al Estado. Burlarlo es casi un deporte nacional, que va desde los impuestos, las luces rojas, los toque de queda y las cuarentenas. Apenas se puede, se abandona la salud y la educación pública. Y donde se puede se le hace el quite al Fisco y sus funcionarios. Y no sin razón. La educación pública es deficiente. La salud pública también. El Transantiago, un chiste.

Para colmo, el 72% de los programas sociales del gobierno no fue bien calificado. Un gran número de ellos no cumplieron con los criterios básicos con que se los mide: focalización y cobertura. Los programas deficientes abarcan la linda suma de US$ 8.650 millones. Si esos miles de millones se repartieran directo al bolsillo, como el 10% de las AFP, el efecto sería sin duda más beneficioso que entregarlo a través de una burocracia espesa. Como el Estado desconfía de sus ciudadanos, les pide tal cantidad de papeles, permisos e inscripciones, que poco les llega a quienes lo necesitan. Es un odio y desconfianza compartida: del Estado al ciudadano, y del ciudadano al Estado.

Los que pagan impuestos adivinan que buena parte se destinará a malos servicios públicos y a una burocracia desatada. Y los ciudadanos se vengan haciéndole el quite a Impuestos Internos, a los carabineros y al Poder Judicial. Así se entiende que 438 mil ciudadanos tomaran el bono clase media sin merecerlo. Y el chileno califica aún con más desprecio a parlamentarios y ministros: es cosa de mirar las encuestas.

Lo malo es que ninguno de los poderes del Estado parece darse cuenta de su grave situación, que ahora último se muestra en la destrucción de bienes públicos, en violencia armada sin pudor en poblaciones colonizadas por los narcos y en el sur por terroristas armados, ante la indefensión total del resto de los chilenos. Los políticos, en vez de ir a la raíz del problema, siguen creando nuevos ministerios y nuevas leyes, como si fueran una pomada mágica contra el mal servicio del Estado a los ciudadanos. (La Tercera)

César Barros

En pocas semanas cambiaron negativamente las posibilidades de reelección de Donald Trump. El grueso de las encuestas lo aleja del margen de error y favorecen al exvicepresidente Joe Biden. Es cierto que en 2016 los sondeos de opinión fallaron: Trump fue electo, desvirtuando los pronósticos de una victoria de Hillary Clinton. También es posible que el Presidente cuente nuevamente con votos por ahora ocultos, indetectables para los encuestadores, que finalmente le permitan triunfar. Por su provocadora, conflictiva y polarizadora gestión, muchos de sus electores podrían abstenerse de reconocer públicamente su apoyo al mandatario.

Dejando de lado esas salvedades, hay múltiples otros factores nuevos a considerar a favor del repunte de la candidatura del exvicepresidente.

Desde luego, se han consolidado encuestas que favorecen a los demócratas en las elecciones parlamentarias. En ambas Cámaras del Congreso se anticipa el control de los demócratas.

Afectan especialmente a Trump las repercusiones de la pandemia y la pausa en la recuperación de la economía norteamericana. Ante el registro de sobre 7 millones de contagiados y más de 212 mil muertos, como ningún otro país, los opositores le atribuyen responsabilidad por sus políticas sanitarias que menospreciarían las medidas preventivas del covid-19. A ello se suma su imprudencia, confirmada por el descuido personal por precaver su propio contagio y el de su entorno. De paso, la energía, determinación y liderazgo característicos de Trump —contrastados con las manifiestas debilidades físicas y de expresión que, por el peso de los años, exhibe Biden— se podrían ver comprometidos por su sorpresivo contagio y, ciertamente, por la demora de la reactivación de la economía y el empleo, los mayores e indiscutidos logros de su mandato. Tampoco parecería que ha beneficiado a Trump su agresividad en el debate presidencial. Revelador es que haya descartado como “pérdida de tiempo” participar en un segundo debate, ahora virtual, y que este fuera cancelado.

Más importante, tanto Trump como el vicepresidente Pence parecen prepararse para la derrota. Ambos son ambiguos en declarar que reconocerán el resultado electoral si son vencidos. Los dos insisten en que los votos provisionales y por correo permiten fraudes, serán masivos debido al covid-19 y aprovechados por la “maquinaria demócrata para sabotear las elecciones”. Los demócratas niegan tal propósito, aunque se reconoce que la votación por correo será determinante si los resultados son ajustados, causantes de complicaciones, demoras y judicialización de los recuentos, por varios días, que podrían cambiar a favor de uno y otro candidato antes de conocerse la suma oficial y final de la votación en los diversos estados.

Hay buenas razones para sostener que el suspenso por el desenlace de la campaña presidencial norteamericana trascenderá al próximo 3 de noviembre, fecha fijada para la elección presencial. En el intertanto podrían surgir cambios inesperados que modifiquen el curso de los acontecimientos. (El Mercurio)

Hernán Felipe Errázuriz

En el editorial con este mismo título, “El Mercurio” plantea la cuestionable situación que deberá enfrentar la población en general y en especial los adultos mayores, si se lleva adelante el plebiscito en las condiciones actuales de evolución de la pandemia que afecta al país.

En efecto, las cifras son claras: la situación sanitaria actual y la que se prevé para las próximas semanas es muchísimo más mala que la que existía al momento en que el Presidente de la República con el acuerdo de los partidos políticos resolvieron la postergación en marzo. De hecho, hubiese sido mucho más seguro, en términos de riesgo para la población, realizar el plebiscito en su fecha original que ahora.

Adicionalmente, la necesidad de postergar el plebiscito se hace evidente al analizar la discrepancia que ha surgido respecto del mecanismo de aprobación de los nuevos textos constitucionales en caso de que resulte ganadora la opción Apruebo. Las opciones en discusión son que bastaría la aprobación por 2/3 de los constituyentes de cada artículo o, para garantizar su coherencia, que se debe aprobar por ese mismo quórum todo el texto en su conjunto.

Mientras este tema no se resuelva, la tendencia natural de los grupos legisladores antagonistas será la de postergar o rechazar las aprobaciones parciales hasta que no estén de acuerdo con el texto en su conjunto. Esta situación hará muy probable que se agoten los plazos establecidos para legislar y no haya una nueva Constitución. Por lo que urge su aclaración previa al plebiscito.

En consecuencia, el mantener la fecha actual con las trágicas consecuencias de numerosas muertes que se podrían evitar solo responde a un voluntarismo de los actores políticos en figurar como autores de una nueva Constitución, ambición que se verá igualmente frustrada si no se resuelven antes las incertidumbres que rodean a su proceso de aprobación.

Marcos Zylberberg Klos