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Boric: ¿Richter o Mercalli?

Un viejo asesor comunicacional, de amplia fama en cierta parte del empresariado del Chile de los 90 y los 2000, tenía una pregunta de cabecera cada vez que recibía un nuevo encargo para gestionar una crisis comunicacional o reputacional de una compañía: el daño provocado hasta ese momento, inquiría, ¿es Richter o Mercalli?

La frase, que durante un tiempo lo revistió con un aura casi de gurú, tenía un trasfondo práctico y ordenador. Tomando las dos escalas más famosas para medir los terremotos, una crisis Mercalli significaba que había una percepción pública de caos, pero detrás de la batahola no necesariamente se percibían daños estructurales. Una crisis Richter, por el contrario, podía ser más silenciosa o incluso igualmente caótica, pero comprometía cimientos importantes de la organización, lo que significaba una probable amenaza de nuevos daños colaterales.

Las gestiones de los gobiernos también pueden evaluarse por estos mismos índices de medición telúrica. El segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet es, a todas luces, la administración que ha generado mayor daño estructural a nivel económico desde 1990 en adelante y, por lo mismo, es un ejemplo perfecto de Richter.

Es difícil pensar en otra santísima trinidad de políticas públicas más mal inspiradas, más mal ejecutadas y con efectos más negativos que las tres grandes reformas impulsadas durante su administración.

La primera fue la tributaria, aprobada con generosos votos de parlamentarios de derecha, que además de subir impuestos incluyó la desintegración del sistema. Quizás el resultado más elocuente es que terminó recaudando menos que antes, pese a subir en siete puntos porcentuales los tributos a las empresas.

La segunda fue la educacional, con el fin de la selección y el consecuente desfonde de la educación pública. Y la tercera fue la del sistema político. Con el gentil auspicio de la izquierda en su conjunto (y el apoyo invaluable de Amplitud, con Pérez, Browne, Godoy y compañía), pasamos de un sistema binominal a uno derechamente proporcional, que si bien ha entregado mayores niveles de diversidad y pluralismo en el Congreso, multiplicó las aventuras partidarias y perpetuó el discolaje; y, en los hechos, hizo ingobernable el país, llevando las negociaciones entre el Ejecutivo y el Congreso al pandemonio.

Y el gobierno de Boric, ¿es Richter o Mercalli? La pregunta es pertinente ahora que el Presidente ha intensificado sus apariciones, defendiendo su legado económico. Y es probable que la respuesta haya que darla por lo que realmente fue, pero sin olvidar lo que quería ser (y no pudo).

Por de pronto, en este balance hay varios aspectos positivos. La reforma previsional tiene la gran virtud que elevó progresivamente la cotización individual, lo que inyectará valiosos recursos al mercado de capitales, al tiempo que incluyó un seguro de lagunas previsionales.

El Ejecutivo también impulsó un proyecto para reducir la permisología, que si bien es acotado e insuficiente, apunta en la dirección correcta. Y en materia macroeconómica, al menos nominalmente, se institucionalizó la regla fiscal dual.

La lista de aspectos al debe es extensa. En crecimiento, el gobierno promedia hasta octubre de este año un 1,8% anual en su período, pese a tener condiciones externas favorables y un precio del cobre que desde marzo de 2024 se encumbra sobre los US$ 4 la libra. En paralelo, la ley de 40 horas más el aumento de 54% nominal del sueldo mínimo, sin un ápice de aumento de la productividad, han causado que el desempleo sobrepase el 8% de manera permanente. Las estimaciones de ingresos fiscales nunca se cumplieron y la deuda pública como porcentaje del PIB solo creció.

Pero más allá de los datos, existe una sensación extendida y fundada de que la gestión económica de este gobierno tuvo mucho de improvisada, con un estándar más escolar que profesional y que, en muchos momentos, fue derechamente chapucera (el caso de la toma de San Antonio es el mejor ejemplo). Como si el que Chile no se caiga a pedazos fuera la vara autocomplaciente con la que se le debe medir.

Desde esta perspectiva económica, es probable que el gobierno del Presidente Boric pase a la historia en la categoría Mercalli: gestión deficiente y un saldo más bien mediocre, pero sin comprometer los pilares del modelo.

Pero pudo ser distinto.

Gracias a la providencial votación del 4 de septiembre de 2022, el derrotero de este Gobierno giró drásticamente, cambiando la naturaleza Richter que lo identificaba y envalentonaba.

Y tal vez sea esta su dimensión más trágica: que su mayor virtud sea haberse convertido en una versión descafeinada de lo que alguna vez quiso ser. Y que no pase a la historia como el gobierno con la peor gestión económica en democracia solo porque tuvo la suerte de que hubo una retroexcavadora que lo antecedió. (El Mercurio)

Cristián Rodríguez

Win-win hasta el final-Pilar Molina

El gobierno nunca pensó cumplir la orden de desalojo que ordenó la Corte de Apelaciones en junio de 2023 y ratificó la Suprema en marzo 2024 respecto a la mega toma de San Antonio. La estrategia fue ir chuteando la pelota cada vez, para ganar tiempo con los mismos argumentos en cada ocasión. “Se generaría una situación insostenible desde el punto de vista humanitario”, el contingente policial necesario, o los 3 mil niños del campamento, como decía el ministro de Vivienda Carlos Montes en febrero pasado.

El gobierno ha sido fiel a lo escrito en su programa, que no habrá desocupación. Mientras no haya una “solución definitiva” a la demanda de vivienda y a lo que señalaba el candidato Boric en 2021: “Hay que hacer desalojos que sean conversados, que tengan una solución habitacional”.

Y mucho menos iban a hacer el desalojo a diez días de la segunda vuelta presidencial, porque el jueves 4 vencía el último de los plazos postergados una y otra vez para ejecutar la sentencia.

Aparecieron por magia los 11 mil millones de pesos de proyectos no ejecutados en campamentos de varias regiones del sur para pagar la expropiación, que deja a los dueños de un paño continuo de 215 has en retazos dispersos alrededor de las sólo 110 hás que pagará el fisco. Montes consideró que los dueños pedían un precio exorbitante. Pero se puede gastar en una toma los recursos que representan la mitad de los fondos disponibles en 2026 para todo el Programa de Asentamientos Precarios y cuando, además, recortó fuerte los recursos para soluciones sociales en el Presupuesto 2026.

Expropiar por decreto sin acuerdo con los propietarios parece una solución política redonda. La aplaude el crimen organizado que hizo el perfecto diseño urbano en el cerro Centinela de San Antonio y también la ex alcaldesa Constanza Lizana, no reelecta el año pasado. Ella asesoró como abogada a los pobladores que se tomaron el terreno en noviembre de 2019 y ya como alcaldesa, amparó la expansión de la misma que se desbordó a las actuales 10 mil 251 personas que constituyen 4 mil familias. Ahora el argumento es que es tan grande, que es imposible restaurar el derecho de propiedad. Con el respaldo del Frente Amplio, Lizana se opuso al desalojo y una diputada de ese partido (Camila Rojas) y un comunista (Luis Cuello) presentaron el diciembre pasado una cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para suspender la ejecución de toda orden desalojo.

Los grandes ganadores, win-win, los octubristas. Como afirmaba el ministro Giorgio Jackson en 2022, cuando defendía la expropiación al “justo precio” (no de mercado), las tomas de los predios podían “genera una situación de win-win” porque las forestales podían querer vender “porque no les sirve de nada tener los predios tomados”.

¿Quiénes pierden con esta decisión del gobierno de debilitar la institucionalidad una vez más? Los que están en las otras filas, que tienen otras realidades, como justifica el ministro haber discriminado a quienes usan el proceso regular para obtener una vivienda. Según el urbanista Iván Poduje, sólo en San Antonio hay 12 mil familias esperando una solución.

El mensaje está claro para todos ellos y los otros ingenuos que le han creído al Estado que hay una política racional para ir solucionando el déficit habitacional de más de 552 mil viviendas. Ahora hay “varias filas”, como dice el ministro Montes para no admitir que algunos se la saltaron. Chile se distinguía en el sombrío panorama de Latinoamérica por tener una sólida política habitacional en vez de ir reaccionando detrás de las ocupaciones ilegales como forma de acceder de los más vulnerables a una vivienda.

Ahora está claro: tómate el terreno y después vemos, porque no te podrán sacar.

El mismo mensaje le está reiterando La Moneda al crimen organizado que ha sabido lucrar del desprecio a la ley que instauró el octubrismo.

Ahora sólo falta tomar palco para ver si el gobierno cumple con la nueva fecha que se autoimpuso para desalojar las casas que no están dentro del terreno que se expropiará, el 4 de enero… Seguro que no será necesario. (El Libero)

Pilar Molina

No hay lugar para el optimismo

Es cierto que el voto obligatorio ha tenido un efecto casi milagroso para aumentar el número de los ciudadanos que votan. Ojalá ello respondiera a un interés ciudadano en torno a diferentes proyectos para el bien colectivo, pero eso no es tan claro. Más bien pareciera que se cumple con el acto electoral, cosa que es ya positivo, más como un puro deber sujeto a sanción que como el ejercicio de un derecho participativo entusiasta que anidara convicción y esperanza, con más espíritu reflexivo que sensaciones puramente emocionales, miedos, resentimientos y desconfianza.

Ello no es un rasgo exclusivo de nuestro país, pareciera ser una tendencia extendida del actual momento de la historia, al menos en el mundo que se rige por el sistema democrático.

En los países dictatoriales o fuertemente autoritarios el problema ni siquiera se plantea, pues los ciudadanos no ejercen como tales, no son sujetos políticos, dependen de un poder que no surge de su voluntad, sino de la fuerza o que realiza el acto electoral como un simple rito, donde no compiten propuestas alternativas y donde se sabe con anterioridad quién será el ganador.

El sujeto político allí no existe, existe solo una ganadería humana que, como bien dice Fernando Savater, vive ajena a la conducción de la polis, en condiciones de mayor o menor penuria material, en guerra o paz, pero sin ejercer su libertad.

Lo cierto es que las democracias liberales están viviendo una crisis con mayor o menor intensidad, tanto en los países desarrollados como en los países de menor desarrollo o de desarrollo medio, donde suelen ser más frágiles.

El cambio de la sociedad industrial a la sociedad de la información, la revolución de las comunicaciones, el internet y, hoy, el rápido desarrollo de la inteligencia artificial son fenómenos en general ambivalentes, que traen beneficios, pero también desafíos muy complejos que afectan particularmente a las instituciones democráticas.

Ellos tienden a debilitar la representación y sus mecanismos, generan la ilusión de una democracia directa digital, que en la práctica configura tribus de información y conexión que se autoalimentan en sus convicciones en desmedro del pluralismo, reducen el debate político, se prestan a manipulaciones en base a logaritmos que jibarizan los horizontes colectivos y amplifican las percepciones y pulsiones individuales, generan turbas y funas numéricas.

Borran las líneas que separan los hechos verídicos de las noticias falsas, al tiempo que anulan la política como elemento de mediación entre lo deseable y lo posible, entre aspiraciones y recursos para su cumplimiento y finalmente la antipolítica tiende a reemplazar a la política.

Todo ello en una situación económica de poco crecimiento, de aumento de la desigualdad, de aumento de la criminalidad organizada, de un debilitamiento institucional y moral que banaliza la corrupción y desprestigia a la política.

En este cuadro triunfa el simplismo, desaparecen las construcciones democráticas sólidas que tratan de vincular el crecimiento a la justicia social y florecen los extremos, pues tal como lo señaló Alexis de Tocqueville, “una idea falsa, pero simple, tendrá siempre más poder en el mundo que una idea verdadera, pero compleja”, agregando en otros escritos que a fin de cuentas “la democracia se sigue no solo por sus valores, sino por sus resultados”.

Ello hace más comprensible que nuevamente tengamos en Chile una segunda vuelta electoral presidencial en la que compiten dos candidaturas extremas, que tienden a polarizar: la de José Antonio Kast y la de Jeannette Jara

Kast habla con tono duro de seguridad y crecimiento y eso gusta, sus nostalgias autoritarias y otras convicciones sin respaldo en la opinión pública las calla, ello es al menos inquietante.

Sus amigos en el mundo, con quienes congenia, son más bien amatonados. Bolsonaro, Orbán, Abascal, Trump, Le Pen, Meloni, Milei son solo algunos perfiles autoritarios abiertamente iliberales.

Entre sus amigos chilenos ha surgido una enardecida Pandora local, que ya ha quitado el sello a su vasija para señalar que indefectiblemente se producirán males y destrucciones, en el país durante su eventual gobierno producto de una oposición golpista. El comentario hecho por Kast a la declaración pirómana es de una tibieza sorprendente.

Jara ha hecho lo humano y lo divino para señalar su aprecio a la moderación y al apego a las reglas procedimentales de la democracia, creo que lo ha hecho sinceramente, pero sabemos que muchos entre los suyos no piensan así.

Ella arrastra dos pesadas mochilas, una es la explícita doctrina política sobre la democracia de su institución política de pertenencia, la otra es la pobreza de resultados del gobierno del cual fue parte. Si bien ha tomado alguna distancia de este, resulta poco convincente.

Afortunadamente, la elección del Congreso no se resolvió por una marea unilateral y obligará a negociar, lo que limita las tentaciones iliberales de quien sea elegido.

Llamó la atención en el proceso electoral presidencial y parlamentario el crecimiento de Franco Parisi y de su partido. Este no es un fenómeno nuevo ni en Chile ni en el mundo, es una expresión fiel del avance de la antipolítica y la crisis de la democracia, que se expresó en esta ocasión de manera más abierta, pasando a las ligas mayores al menos temporalmente.

Se podría pensar que esa diversidad reforzará el pluralismo, pero en base a las experiencias anteriores y mirando lo que pasa globalmente con formaciones de ese tipo, es muy probable que refuerce sobre todo la presencia del síndrome populista.

La debilidad finalmente se encarnó en el campo democrático tanto en la centroderecha como en la centroizquierda, el discurso más programático y racional quedará por ahora en subalternidad a los extremos.

Dura será la tarea por la reconstrucción del campo democrático, por recuperar en el futuro credibilidad y por adaptarse sin perder el alma a estos tiempos infaustos.

En el intertanto es necesario procurar salvar los muebles para que las cosas no vayan a peor y si es posible mejoren, “alguito que sea”. (La Tercera)

Ernesto Ottone

El derrumbe bolivariano-Fernando Schmidt

Aún no acaba el recuento de votos en Honduras cuando entrego estas líneas, pero una cosa está clara: el domingo pasado la voluntad popular rechazó enfáticamente el nepotismo desvergonzado, el clientelismo descarado y la retórica de izquierda de la saliente Presidenta Xiomara Castro, fiel aliada del usurpador venezolano, Nicolás Maduro. Castro participa en la comparsa que ha dirigido últimamente la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), arquitectura política y económica que se propone dejar fuera de los asuntos regionales a los EE.UU. Hasta abril pasado, ese país ejerció la Presidencia Pro-Témpore de la Comunidad, que luego pasó a Colombia.

Bajo el gobierno del ex Presidente Manuel Zelaya, marido de la actual mandataria y articulador político y económico en la sombra, Honduras también adhirió a la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), pacto impulsado hace 20 años por Hugo Chávez, Evo Morales y otros, como alternativa al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), propuesta de integración comercial liderada por Washington. El país centroamericano ya no es miembro formal de ALBA-TCP, pero durante esta administración ha mostrado una gran cercanía política e ideológica con ellos, y ha asistido a sus reuniones clave.

El alineamiento con Caracas podría considerarse parte del pasado hondureño cuando la candidata del régimen saliente obtiene, según el último recuento de votos cercano ya al 100%, menos de un 20% y el panorama regional no está para quijotadas.

Sin embargo, existe el temor de un deterioro de la institucionalidad democrática hondureña independientemente del resultado final. Comencemos con la suspensión, por pocas horas, del recuento de votos por parte del Consejo Nacional Electoral, que generó incertidumbre sobre el sistema. A esto se agrega que para un final tan dividido entre Nasry Asfura del Partido Nacional y Salvador Nasralla del Liberal (24 mil votos de diferencia) no existe balotaje u otro sistema que garantice mayor estabilidad al triunfador de las elecciones. Peor aún, el voto muestra una clara división geográfica entre una costa caribeña favorable a los liberales y un interior donde predominan los nacionales.

Tampoco podemos olvidar la injerencia de EE.UU., horas antes de la elección, cuando Trump expresó su preferencia por Asfura y amnistió al antiguo líder de los nacionales, el ex Presidente Juan Orlando Hernández, condenado por la justicia norteamericana a 45 años de cárcel por colaboración con el tráfico de drogas, legitimando así el discurso de una “persecución política” en su contra. Del mismo modo, son graves las sospechas de que se estaría negociando un pacto entre el liberal Nasralla, que va segundo en el conteo, y el ex Presidente Zelaya, el esposo de Castro.

De consumarse, aumentaría exponencialmente la inestabilidad institucional en un país clave en América Central, por el cual transita parte importante de la corriente de drogas con destino a los mercados del norte; un país ya castigado por la presencia de “maras” y con un sistema judicial resquebrajado. Para el diario “La Tribuna”, un pacto de esta naturaleza manipularía la voluntad popular y garantizaría la impunidad de la élite política. Por ello, llama a los protagonistas del complot a “demostrar que su compromiso es con el pueblo y no con los pactos de poder”.

Salvo esta prevención, no menor, el futuro de Honduras como parte del eje hostil a los EE.UU. en América Central se debilita significativamente y, junto a ello, la influencia allí de Cuba, Venezuela y también de la Nicaragua de los Ortega. El cambio es de carácter estratégico para Washington y México, y entierra los proyectos emblemáticos, anti-imperialistas y bolivarianos del ex mandatario venezolano Hugo Chávez y de su sucesor, el actual usurpador del poder en Caracas.

Además de Honduras, también se está produciendo un cambio a favor de Washington en la balanza de poder en el Caribe angloparlante.

En San Vicente y las Granadinas (SVG), pequeño archipiélago caribeño de unos cien mil habitantes (los mismos que en Peñaflor), se celebraron elecciones generales el pasado 27 de noviembre en las que fue derrotado de modo contundente el carismático líder de izquierda, Ralph Gonsalves, del Partido de la Unidad Laborista (ULP), otro de los puntales del chavismo en la región. De los 15 escaños en el pequeño Legislativo, el ULP conservó apenas uno. Los otros 14 fueron a parar a manos del Nuevo Partido Democrático (NDP) cuyo líder es el actual Primer Ministro Godwin Friday, que asumió el cargo al día siguiente.

Con esta derrota acabaron 25 años de Gonsalves en el cargo desde el cual, gracias a su sólida formación académica, potente retórica, carisma, equilibrismo político regional y una red de influencias plagadas del recurrente nepotismo, ejercía un extraordinario poder de seducción sobre varios países caribeños, alineándolos con la Venezuela dictatorial, ALBA-TCP y, a través suyo, propiciando un lugar para SVG en el mundo, infinitamente superior al de su propia realidad (presidieron el Consejo de Seguridad de la ONU en noviembre del 2020 y la CELAC durante todo el 2023).

Ese país deja la órbita de Caracas y La Habana. Tal vez no se integre plenamente en la de Washington, pero es evidente que desaparecida la influencia de Gonsalves se fortalece allí, y en la región, la del Secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

La isla de Grenada, otro país miembro de ALBA-TCP ubicado a unos 160 kilómetros de la costa de Venezuela, se encuentra fuertemente presionada por Washington para que se les autorice la instalación temporal de radares (con su respectivo personal técnico), a fin de fortalecer la operación “Lanza del Sur”. El gobierno del Primer Ministro, Dickon Mitchell, ha retrasado la respuesta oficial mientras otras acciones de cooperación con EE.UU. tienen lugar y erosionan su resistencia. Va a ser muy difícil para ellos soportar la presión, aunque lo oculten.

En general, en el Caribe angloparlante las relaciones con EE.UU. se basan en un tema acuciante para ellos mismos, que es el fortalecimiento de sus capacidades para combatir el tráfico de narcóticos y erradicar de sus territorios al crimen organizado. Independientemente del signo político que gobierne en cada estado isleño, nadie como los EE.UU. puede garantizarles una cooperación real en este sentido, que es la base para un turismo seguro, sector predominante en cada una de las islas. Nadie como Guyana puede, por otro lado, garantizarles mejor el suministro de energía a futuro, sector donde antes Venezuela era preeminente a través de PetroCaribe.

De este modo, si la actual ventaja del Partido Nacional de Honduras se traduce en la victoria de Nasry Asfura, el candidato favorito de Trump, es bien probable que asistamos al derrumbe de toda la estructura política creada por el chavismo en la cuenca del Caribe y dejaría a EE.UU. como árbitro casi absoluto en ese enorme espacio, recuperando así la hegemonía que tanto busca. Un eventual éxito en la operación “Lanza del Sur” evidentemente resaltaría su liderazgo. (El Líbero)

Fernando Schmidt

Presentimiento

Como han experimentado en carne propia los cuatro últimos gobiernos y sus coaliciones, nada hay peor que quedarse encallado en La Moneda sin un proyecto y una mística convocante, que sea capaz de aglutinar a los propios y hacerse respetar por los adversarios. Todo indica que quienes ingresarán en marzo al Palacio, muy probablemente encabezados por el candidato que lidera en las encuestas, correrán la misma suerte.

Bastó una pregunta informada de una periodista para que, en el debate del miércoles, la consigna estrella de Kast, la más voceada por él y sus partidarios, la drástica expulsión, en poco tiempo, de los más de trescientos mil migrantes irregulares, terminara transformada en una mera invitación a salir del país, a la que se sumó la promesa de decirles a quienes les trajeron que deberán pagarles el pasaje, como si esos existieran, pudieran ser identificados y decirles algo equivaliera a obligarlos.

No es una mala estrategia electoral la de presentarse como líder y gestor del cambio, la de hacer programa con los malestares. Con ella han logrado llegar a La Moneda los últimos cuatro presidentes; pero como las causas del descontento no varían sustantivamente con los cambios de mando, sino que mutan, al modo como suelen hacerlo los fenómenos sociales sobre los cuales el Estado tiene poco control, la misma insatisfacción que les permitió triunfar a los aspirantes de oposición se volvió contra ellos al poco tiempo de haberse terciado la banda. Es que las promesas grandilocuentes cobran su precio cuando carecen de sustancia.

El programa de Kast adolece de ese mal. Es abundante en diagnósticos críticos de la situación actual y en promesas, pero pobre en metodologías para abatir los males que describe. Lo mismo que lo que le ocurrió con la expulsión de migrantes podría sucederle si se le pregunta en qué consiste la estrategia multidimensional para enfrentar el delito, cómo recuperará territorios controlados por el narco, cuánto demorará la construcción de las cárceles que promete; cómo simplificará los permisos sectoriales y ambientales de actividades productivas por la vía de decretos, o logrará más y mejor trabajo.

No se trata de un mal solo de Kast. El fenómeno es una espiral sistémica que viene repitiéndose hace al menos una década. Malos gobiernos son sustituidos por quienes, sin más proyecto que la crítica, encarnan la promesa del cambio, con una estrategia más comunicacional que política.

Los partidos que les acompañan son máquinas electorales desprovistas de la capacidad, e incluso de la voluntad, de articular proyectos nacionales y, por ello, el Congreso tampoco da el ancho. Chile es un país híper presidencialista, porque es enorme el poder del presidente para impulsar, determinar los tiempos y vetar el debate legislativo, pero, entre nosotros, toda regulación de trascendencia debe pasar por el Congreso, y allí se entrampa y entrampará, porque, una vez más, quien gane la presidencia no tendrá mayoría; nuevamente, se encontrará con un órgano desarticulado y poblado de independientes que ganaron su escaño sumándose a un partido que están a punto de abandonar.

La película es ya un rotativo en que cambian las figuras estelares, mas no la trama, la que solo se torna más extrema y populista. ¿Qué distinto podría tener o hacer el próximo presidente o presidenta para convocar y sumar a esas fuerzas diseminadas y dispersas; cuál para lograr algún apoyo de los muchos independientes? Cualquiera sea el resultado del 14, el ganador pertenecerá a un polo, con poca capacidad de articulación. Le restarán las viejas armas de pagar favores con favores, ya sabemos a qué conduce aquello.

Me parece que el mayor acierto de Kast está en haber identificado que detrás de las crisis de seguridad, económica y social que enuncia está la del Estado. A ese acierto, sin embargo, no le sigue un diagnóstico. Denunciar que existe burocracia, improvisación y falta de rumbo es apenas un anuncio de titulares. Achicar el Estado tampoco es un remedio que conduzca a su eficiencia.

¿Cómo le hacemos para tener un Estado ágil y eficiente? Sacar operadores políticos es condición necesaria, pero está lejos de ser suficiente. ¿Quién se animaría a tomar el fierro caliente de su reforma? ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué promesas políticas pueden hacer viable pagar los costos de una reforma como esa? ¿Quién liderará la reforma al sistema político? Son las preguntas políticas y las candidaturas no tienen respuesta.

Que no dé lo mismo quien gobierne no habilita a poner esperanzas en algún candidato. (El Mercurio)

Jorge Correa Sutil

¿En guerra con Maduro?

En días pasados han aumentado las especulaciones sobre un posible ataque armado de EE.UU. al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Maduro ha sido calificado como el líder del Cartel de los Soles que traficaría drogas con destino a territorio estadounidense. En una reciente conversación entre Donald Trump y Maduro, el mandatario estadounidense le habría dado un ultimátum para abandonar el poder, pero las condiciones puestas por Maduro habrían imposibilitado un acuerdo.

Washington ha desplegado un gran contingente militar en el Caribe que ha bombardeado una veintena de lanchas supuestamente cargadas de drogas, con un saldo de varias decenas de víctimas fatales.

En EE.UU. se cuestiona la legalidad de estos ataques porque no se ajustaría a la autoridad otorgada por el Congreso para usar la fuerza contra grupos armados terroristas después del ataque a las Torres y al Pentágono, el 11 de septiembre del 2001, cuando se usó contra Al Qaeda y los Talibanes. En el caso venezolano, se combatiría militarmente al Cartel de los Soles, designado como Organización Terrorista Extranjera, pero que no es un grupo armado beligerante.

Este tipo de combates tampoco se ajusta al “derecho a la legitima defensa”. Y hay una cuestión de “proporcionalidad” en el uso de la fuerza. Si se detectan lanchas cargadas de cocaína, la Marina de EE.UU. podría detener las embarcaciones, trasladarlas a puerto, incautar la droga, y procesar judicialmente a la tripulación. No se requiere dispararles misiles y menos, como ocurrió en un caso, ajusticiar con otro disparo a los civiles sobrevivientes aferrados a los restos de la embarcación hundida, cuestión que ha generado severas críticas en el Congreso de EE.UU. hacia el jefe del Pentágono.

Chile debe defender la primacía del derecho internacional, principio orientador de nuestra política exterior. Si bien una invasión terrestre con Marines a Venezuela no es factible, por la oposición de la base MAGA de Trump al involucramiento de EE.UU. en conflictos militares en el exterior, podría ocurrir una operación armada quirúrgica de misiles o drones contra instalaciones en territorio venezolano, lo cual sería una evidente violación del derecho internacional.

El concepto de soberanía tiene límites y está condicionado por el respeto a la voluntad soberana expresada en las urnas y a los DD.HH. fundamentales, obligaciones consignadas en tratados, por lo cual la comunidad internacional puede criticar el fraude electoral y la violación sistemática de los DD.HH., puede adoptar sanciones contra el régimen en el plano bilateral, y presionar diplomáticamente para que se reponga la democracia, pero eso no otorga derecho para el uso ilegal de la fuerza, transgrediendo el derecho internacional. El rechazo a Maduro no puede significar el sacrificio del derecho internacional.

Señal de los tiempos fue el anuncio de la Casa Blanca del “Corolario Trump” de la Doctrina Monroe del siglo XIX que rechazó la presencia colonialista europea en el hemisferio y, junto al Corolario Roosevelt, estableció las bases doctrinarias de las intervenciones de EE.UU. en la región. Ahora el “Corolario Trump” dispone que “el pueblo americano —no naciones extranjeras o instituciones globalistas— siempre controlará su propio destino en nuestro hemisferio”.

Los preparativos de guerra enfrentan abiertas contradicciones. Mientras la administración Trump declara el cierre del espacio aéreo venezolano por hipotéticas operaciones bélicas —aunque, paralelamente, manda a Caracas aviones de deportados venezolanos desde el Oeste de EE.UU.—, Washington sigue haciendo negocios con Maduro. Trump autorizó a la empresa estadounidense Chevron a operar nuevamente en Venezuela, en asociación con la estatal PDVSA, que ha contribuido a la reactivación de la producción petrolera venezolana.

Mas aún, mientras la Armada de EE.UU. bombardea lanchas cargadas con drogas en el mar Caribe, el Presidente Trump indulta al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, extraditado a EE.UU. y condenado a 45 años de cárcel por traficar toneladas de cocaína a territorio estadounidense. Hernández —perteneciente al Partido Nacional de Honduras, cuyo candidato Trump apoya abiertamente en las elecciones presidenciales de estos días, advirtiendo que si no gana puede haber repercusiones— apeló a Trump con el argumento de que fue víctima de una “caza de brujas” por la administración del presidente demócrata Joe Biden. Ahora el condenado narcotraficante está libre. Son las contradicciones de la política internacional en la vida real.

Una salida negociada, con la interposición de buenos oficios de algunos gobiernos latinoamericanos, sería el mejor camino para la profunda crisis que vive Venezuela. Los grandes intereses en juego pueden ser un obstáculo insalvable. (El Mercurio)

Heraldo Muñoz

ExCanciller de Chile entre 2014 y 2018

Washington reconfigura el tablero de Latinoamérica

Aunque el gobierno de Donald Trump mantiene un discurso centrado en la lucha contra el narcotráfico y la seguridad fronteriza, diversos análisis internacionales sugieren que la atención real de Washington en la región se ha desplazado hacia un terreno estrictamente geopolítico. Desde los movimientos militares en torno a Venezuela hasta la inusual atención sobre la dinámica política en Honduras, todo indica que Estados Unidos está rearmando su influencia en el continente.

El cambio de narrativa

Investigaciones recientes de Reuters revelan que la fase siguiente de la política estadounidense hacia Venezuela ya no se limita al combate contra el narcotráfico, sino que apunta directamente a incrementar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. ABC News coincide al señalar que Washington ha comenzado a fusionar “crimen organizado” y “gobiernos de izquierda” en un mismo marco discursivo, permitiendo presentar acciones estratégicas como parte de la lucha antidrogas. La retórica de seguridad, por tanto, se ha convertido en un instrumento funcional para objetivos de mayor escala.

La preocupación estratégica

Durante el último año, altos funcionarios estadounidenses han reiterado que la expansión china en puertos, minerales, telecomunicaciones y cooperación en seguridad constituye una “penetración estratégica” en el hemisferio. A ello se suma la persistente presencia rusa en Venezuela y Cuba. Para Washington, estos gobiernos ya no representan únicamente procesos políticos internos, sino nodos de proyección de poder para Pekín y Moscú. Diversos centros de estudios sostienen que los movimientos recientes de Estados Unidos en el Caribe forman parte de un rediseño geopolítico más amplio.

El caso hondureño

Honduras, pese a no ser un actor regional dominante, se ha convertido en un punto de atención relevante para Washington. El apoyo explícito a sectores conservadores, los ajustes en la política de cooperación y la sorprendente disposición a considerar el indulto del expresidente Juan Orlando Hernández revelan que Estados Unidos concibe al país como un “caso demostrativo” de posible reorientación política. Su importancia no radica en su peso económico o demográfico, sino en la señal que podría enviar sobre la capacidad de Washington para influir nuevamente en Centroamérica.

Un tablero que se estrecha

La presión sobre Venezuela, el involucramiento directo en la dinámica hondureña y el uso creciente de herramientas diplomáticas y económicas indican que Estados Unidos está redefiniendo las fronteras políticas de la región. Para muchos países latinoamericanos, la creciente dependencia económica de China, los vínculos energéticos y financieros con gobiernos afines a la izquierda y la persistente influencia militar de Estados Unidos dificultan mantener una posición neutral. El margen para evitar tomar partido parece reducirse en un contexto de competencia cada vez más explícita.

Conclusión

El regreso de la política estadounidense hacia un enfoque geopolítico coloca nuevamente a América Latina bajo la presión de fuerzas externas. Venezuela actúa como eje de tensión, Honduras como termómetro político y el resto de la región observa cómo su autonomía puede verse condicionada por decisiones tomadas lejos de sus fronteras. La pregunta de fondo es si América Latina será actor o escenario dentro de este nuevo tablero estratégico. Si Washington insiste en promover una lógica de alineamiento, la región podría enfrentar costos en términos de soberanía y estabilidad que trascienden la retórica antidrogas. (Red NP)

Andrés Liang

Analista en política internacional y relaciones Asia-Latinoamérica

El milagro de Varsovia-Arturo Herrera

Europa 1989. Polonia aparece como un país pobre y devastado por décadas de comunismo. Hoy es el “growth champion” de Europa Central. Su PIB per cápita (PPP) supera los US$45.000, casi cuatro veces más que a inicios de la década de los noventa.

¿Cómo lo lograron? Polonia abrazó el libre mercado. Liberalizó precios, abrió el comercio, privatizó empresas estatales y protegió con fuerza la propiedad privada. La “terapia de choque” de Balcerowicz puso reglas claras, disciplina fiscal e integración rápida a Europa occidental.

Después vino la Unión Europea. Desde 2004, Polonia se transformó en el mayor beneficiario neto del presupuesto europeo, con unos €160.000 millones entre 2004 y 2023. Esa plata se fue a carreteras, trenes, puertos, redes eléctricas, parques industriales y educación.

El resultado fue un crecimiento brutal. Entre 2004 y 2019, la economía polaca creció en torno al 4% anual, casi el triple del promedio de la Unión Europea. En 2009, cuando todo el continente entró en recesión, Polonia siguió creciendo.

Pero el milagro no fue solo macro. Invirtieron fuerte en educación. Hoy el gasto público bordea el 5% del PIB. También elevó de forma sostenida su inversión en investigación y desarrollo. Hoy destina cerca de 1,45% del PIB a I+D. No es Corea del Sur ni Israel, pero dejó de ser un rezagado.

Polonia se convirtió en un imán para la inversión extranjera y en una fábrica de bienes cada vez más sofisticados. En 2024, las exportaciones de alta tecnología superaron los 37 mil millones de euros y ya representan más de 10% de sus exportaciones totales, tres veces más que en 2007.

La economía polaca se ha sofisticado y diversificado. Los servicios representan cerca del 60% del PIB; la industria, un 30%. Empresas como ORLEN, KGHM, Allegro o CD Projekt muestran que Polonia ya no compite sólo por costos, sino por capacidades e innovación.

En resumen: instituciones que funcionan, mercados que operan, educación que habilita, innovación que acelera y exportaciones que escalan. Esa es la ecuación detrás del “milagro de Varsovia”.

¿Y en Chile? Llevamos más de una década con un crecimiento mediocre. Retrocedimos con medidas poco afortunadas e ideologías afiebradas que terminaron perjudicando nuestra capacidad de crecer. Polonia demuestra que no hay condena geográfica ni histórica.

Si fuimos capaces de construir el “milagro chileno” en los 80 y 90, podemos escribir una segunda temporada: libre mercado con reglas pro-competencia, más inversión en educación e I+D, atraer más y mejor capital, y destrabar cientos de millones de dólares en proyectos de inversión.

Varsovia ya demostró que se puede. Ahora nos toca decidir a nosotros si queremos seguir discutiendo sobre el pasado o construir nuestro próximo salto productivo. (El Líbero)

 

Resultados que fortalecen la sostenibilidad fiscal

El incumplimiento de la meta de Balance Cíclicamente Ajustado (BCA) 2024 constituye un hecho relevante para la trayectoria reciente de las finanzas públicas, y esta administración lo asume con responsabilidad: no minimiza el desvío y se ocupa de volver a una senda de convergencia fiscal. Para eso, el Ejecutivo presentó un paquete inédito de acciones correctivas en materia de ingresos y gastos.

Aclarado lo anterior, medir a la administración solo por el desvío de 2024 no es suficiente para hacer un diagnóstico fiscal de los últimos cuatro años, sin reconocer los avances y esfuerzos fiscales, con el fin último no de ver quién tiene la razón, sino de promover un diálogo público informado y cuidar nuestra institucionalidad fiscal.

Lo primero es ponderar adecuadamente el contexto inicial. Este gobierno recibió el peor resultado histórico del BCA como consecuencia de los efectos fiscales de la pandemia, un paquete de medidas tributarias con un rendimiento inferior a lo comprometido, y debió implementar la PGU desfinanciada. Hay quienes atribuyen estos efectos a la herencia de la pandemia, pero la mayoría de los países aplicó una política fiscal expansiva en 2020, no en 2021.

Además, aunque la meta para 2021 se cambió de manera razonable por la pandemia de -1,2% al -4,7% del PIB, el resultado fue de -10,7%, sobre US$ 18 mil millones más que lo estimado. A esto se suma que, de 2020 a 2021, junto con aumentar la deuda, los fondos soberanos disminuyeron a la mitad. Los resultados fiscales de 2022 y 2023 no solo cumplen la meta fiscal, sino que son mejoras sustantivas determinantes para la gestión fiscal del período.

En 2022, el sobrecumplimiento superó en más de US$ 11.400 millones lo presupuestado, equivalente a más de tres veces la desviación del déficit efectivo 2024. Ese desempeño contribuyó a reducir el nivel de deuda bruta en US$ 13.172 millones respecto de lo esperado al elaborar dicho presupuesto, construyendo un colchón fiscal altamente relevante para los años siguientes.

En 2023, el desempeño volvió a ser positivo: se recaudaron $1,4 billones más de lo proyectado —al contrario de la idea errónea de que los ingresos fueron menores a lo estimado— y se ejecutó el 100% del presupuesto.

A su vez, esta administración impulsó una de las modernizaciones institucionales más importantes desde la creación de la regla fiscal. Destaca la incorporación de un ancla de deuda a mediano plazo como meta fiscal, que este Ejecutivo aplicó desde su primer día, incluso antes de su consagración legal. A ello se suma el fortalecimiento del Consejo Fiscal Autónomo, mediante la ampliación de sus facultades.

También fue esta administración la que, por primera vez tras más de una década de errónea imputación de los gastos del Crédito con Aval del Estado, alertó al CFA de la situación e implementó el cambio. Así, por primera vez el gasto del CAE está bien reflejado en la Ley de Presupuestos.

El debate fiscal de hoy es más transparente en gran medida por el nuevo estándar de rendición de cuentas impulsado por esta administración, una institucionalidad con la que el país no contaba.

Finalmente, dos hechos irrefutables confirman el compromiso de este gobierno con una gestión fiscal seria y responsable. Primero, el país registró el menor crecimiento de la deuda pública desde el primer gobierno de la expresidenta Bachelet, cuando comenzó su trayectoria ascendente. Segundo, el gasto público tuvo el crecimiento real más bajo de todas las administraciones desde 1990, y durante el período se mantuvo en los niveles como porcentaje del PIB prepandemia, a los que retornó, sin descuidar la responsabilidad social.

Ambos logros muestran que este gobierno no solo enfrentó un contexto adverso, sino que ha avanzado en sostenibilidad fiscal, rasgo de nuestro país constantemente relevado por organismos internacionales y clasificadoras de riesgo.

Cuidar las finanzas públicas es tarea de todos los actores que participan del debate público. Y a la luz de los hechos, lo que se observa en este período son mejoras institucionales y una gestión responsable de la política fiscal. (El Mercurio)

Javiera Martínez Fariña
Directora de Presupuestos

El fantasma de San Antonio

Una de las medidas más polémicas de la Convención Constitucional fue el intento de reemplazar la regulación de la expropiación. La primera señal llegó en febrero de 2022, cuando la Comisión de Derechos Fundamentales despachó un artículo que permitía expropiar bajo condiciones amplísimas, eliminaba el pago previo al contado y sustituía el “daño patrimonial efectivamente causado” por un vago “justo precio” cuyo monto y oportunidad definiría el legislador más adelante.

El argumento de la izquierda era que el derecho de propiedad no podía estar por encima de los derechos fundamentales de las personas.

Para alcanzar los dos tercios en el Pleno hubo que moderar la redacción. Luego de una negociación entre la izquierda del Frente Amplio y el Partido Comunista y la centroizquierda de Independientes No Neutrales y la bancada socialista, se aceptó el pago previo a la toma de posesión material, pero se mantuvo intacta la expresión “justo precio del bien expropiado”. El 4 de mayo de 2022 la norma fue aprobada con todos los votos de la izquierda y la centroizquierda a favor y todos los de Chile Vamos en contra.

El Rechazo sepultó aquel texto en septiembre de 2022. Sin embargo, la tendencia a relativizar el Estado de Derecho, que estaba detrás de la norma, y en general de la Convención Constitucional, nunca realmente desapareció por completo.

Cortesía del gobierno de turno, su espíritu sigue rondando la política chilena como un fantasma como se dejó ver con especial claridad en las decisiones que buscan poner fin a la mega toma de San Antonio.

Pues, a pesar de un fallo de la Corte Suprema (ratificado en marzo de 2024) y de la Corte de Apelaciones de Valparaíso (que el 5 de noviembre de 2025 fijó un plazo de 30 días para el desalojo), el gobierno decidió, a solo 48 horas del vencimiento, expropiar 100 de las 215 hectáreas ocupadas.

El problema es que lo ofrece el gobierno es una fracción de lo que parece ser el precio de mercado. Los propietarios habían presentado tasaciones independientes de entre 0,80 y 1 UF por metro cuadrado y, en negociaciones previas, habían bajado dos veces su pretensión, hasta llegar a 0,40.

El Ministerio de Vivienda no aceptó la propuesta y ahora, vía expropiación, impone 0,23, la mitad de la oferta más baja de los dueños, un tercio del valor de mercado real (que ronda las 0,6 a 0,7 en la zona) y casi un quinto de lo reportado por los tasadores.

La forma de abordar la mega toma de San Antonio por parte del gobierno no solo da para pensar sobre los desastrosa que habría resultado la propuesta constitucional de 2022 de haber sido aprobada, sino también sobre cómo la tendencia a relativizar el Estado de Derecho no ha desaparecido ni siquiera tras su supuesto entierro.

Es precisamente en este punto donde el caso de San Antonio deja de ser una excepción y pasa a funcionar como síntoma: las mismas lógicas que permiten el abuso que allí ocurre se observan en otras áreas donde la ley impera, pero su aplicación se diluye.

Cada ámbito tiene su propia dinámica, pero todos comparten el mismo espíritu: una aplicación selectiva del Estado de Derecho.

Algo similar puede observarse en las fronteras, por ejemplo. La brecha entre lo que la norma ordena y lo que ocurre en la práctica es evidente. La ley prohíbe el ingreso irregular, pero desde 2022 se han detectado más de 125.000 ingresos irregulares a nivel nacional (53.875 en 2022, 44.235 en 2023 y cerca de 27.000 en 2024, según la PDI), con Colchane como epicentro, concentrando más del 80% de las detecciones en Tarapacá durante 2022-2023, superando las 40.000 solo en esos dos años.

Algo no tan diferente ocurre en los colegios. Aquí también la distancia entre el marco normativo y la realidad cotidiana es imposible de ignorar. La ley establece que son espacios para el aprendizaje y prohíbe cualquier forma de violencia, pero desde 2022 las denuncias por agresiones y daños han aumentado un 21,7% respecto a 2019, según la Superintendencia de Educación. En el Instituto Nacional, por ejemplo, se registraron 174 sanciones por faltas gravísimas en 2022 y más de 39 eventos violentos con 35 detenidos en el año siguiente.

Y algo similar ocurre en la Macrozona Sur. Pocas zonas muestran con tanta claridad la distancia entre la ley escrita y su cumplimiento efectivo. A pesar de que la ley garantiza el monopolio de la fuerza al Estado y el libre tránsito de las personas, desde 2022 se han registrado más de 1.200 hechos de violencia rural (incendios, usurpaciones y ataques armados), con más de 80 atentados, según el Observatorio Crimen Organizado UNAB. En Temucuicui, la policía no puede entrar, volviendo el territorio un santuario de impunidad de facto.

Así, la pregunta que surge es si la falta de Estado de Derecho tiene que ver con la Constitución misma o con la voluntad—o falta de ella—de quienes deberían hacerla cumplir.

Quizás las respuestas las tienen los mismos involucrados.

El ministro Carlos Montes asegura que no hay alternativa viable para acomodar a las miles de familias de la mega toma, como si el deber de restituir el derecho vulnerado fuera irrelevante frente al hecho consumado.

El director de Migraciones, Luis Thayer Correa, dice que parte del problema en la reconducción de migrantes ha sido la falta de impresoras, como si la integridad territorial dependiera del número de enchufes en las casetas de vigilancia.

El ministro Nicolás Cataldo sostiene que el Mineduc “no tiene competencias para perseguir delitos”, como si garantizar entornos seguros no fuera una responsabilidad mínima del sistema educativo.

Así, suma y sigue.

Y en ese acumulado es donde se produce el giro político: cuando la ciudadanía percibe que la autoridad interpreta las reglas según conveniencia, la demanda deja de ser programática y pasa a ser orden. No porque cambien las preferencias de fondo, sino porque la incertidumbre sobre la aplicación de la ley desplaza cualquier otro eje.

Esto explica por qué es imposible desvincular la forma de hacer política del gobierno, que flexibiliza el Estado de Derecho, con la demanda de las personas por cambio en el ciclo electoral actual.

Pues, lo que permea al 70% de los votantes que votó en contra de la continuidad en la primera vuelta es la sensación de que el gobierno de turno aplica el Estado de Derecho a su propio modo, como si la justicia no dependiera de la Constitución ni de la ley, sino de su propia categoría moral y voluntad política. (Ex Ante)

Kenneth Bunker

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