El día lunes de la semana pasada, el principal enemigo de la integridad del proceso, sin duda alguna, era el estricto calendario autoimpuesto por la mesa de la Convención, insistiendo en mínimos plazos de discusión de las indicaciones presentadas. Gracias a las gestiones de varios constituyentes, se logró finalmente generar un espacio, si no perfecto, al menos más adecuado y serio para construir las bases de los procesos que guiarán la formulación de una nueva Carta Fundamental.

Punto aparte es la determinación de la mesa de evitar la deliberación de las indicaciones, que contraviene el espíritu mismo de la democracia deliberativa y atenta contra un procedimiento inclusivo y participativo, donde finalmente se privilegia el resultado rápido por sobre los acuerdos, cuando aquí el medio es consustancial para la legitimidad del fin, o plebiscito de salida.

En consideración a estas preocupaciones, el Instituto Libertad, realizó un conversatorio con dos profesores de derecho constitucional y asesores de diferentes grupos representados en la Convención, los abogados Francisco Zúñiga y Victor Manuel Avilés, para revisar los temas más disputados del Reglamento. Principalmente el quórum de 2/3 y la legitimidad que éste le otorga a los acuerdos de la futura constitución.

Francisco Zúñiga calificó como una tormenta perfecta el debate público que prosiguió a la votación del reglamento general por una mayoría absoluta y no por un quórum reforzado de 2/3. Para Zúñiga, esta tormenta se produce por una falta de comprensión, que el proceso habilitado por las cuatro normas de reforma contenidas en la Constitución, permiten la apertura de un proceso constituyente rupturista e iniciar un proceso distinto.

En opinión del profesor Avilés, sí puede ser calificado como una tormenta en un vaso de agua, dado que el quórum de 2/3 está resuelto en la Constitución, y por tanto, la votación que respaldó por mayoría absoluta el quórum de 2/3 en el Reglamento General es sólo una declaración reiterativa de la Convención, porque no tienen la facultad para cambiarlo. No obstante, se debe estar atentos a cómo avanza el debate en particular durante las próximas semanas.

Para ambos, el quórum de 2/3, que está contenido en el Acuerdo por la Paz de noviembre de 2019 es inherente al proceso constituyente, porque permite por su naturaleza generar amplios acuerdos en torno a la Constitución, e incentivos para generar consensos. En esta misma línea, coinciden que la legitimidad de la nueva Constitución no tiene su legitimidad en la anterior, pero sí en el movimiento social que, a través del plebiscito de noviembre de 2020 y de la participación de más de siete millones de chilenos y chilenas, ratificaron el Acuerdo por la Paz, entendiendo que lo que se busca es una Constitución que sea la “casa de todos”.

En síntesis, pese a que subsisten opiniones diametralmente opuestas si la Convención corresponde a un poder constituyente derivado u originario, lo esencial es el procedimiento democrático y la construcción de acuerdos básicos. En este caso, el medio es más importante que el fin.

A pesar de las señales confusas, y cuestionables, el llamado a los ciudadanos es a no desafectarse del proceso constituyente, y ser quienes permanentemente examinen las decisiones de ésta. (El Líbero)

Consuelo Alvial

Vecinos de Iquique reclamaron durante varios días al ver sus plazas ocupadas como baños o albergues para migrantes, sin que ninguna autoridad tomara cartas en el asunto. La inacción del Estado elevó la molestia hasta congregar una marcha masiva por la costanera, que terminó con grupos violentistas quemando los enseres de los inmigrantes, el pasado sábado 25 de septiembre. Fue un acto cruel y repudiable, que nos recordó los peores días del estallido social, pero que podría repetirse, dada la magnitud del fenómeno migratorio y la poca seriedad con que ha sido abordado.

En esta columna me referiré al tema de ciudad y vivienda, donde el flujo migratorio ha generado impactos de magnitud y una demanda gigantesca por viviendas y servicios urbanos. Los primeros conflictos se inician en comunas centrales, al igual como ocurrió con las migraciones del campo o el norte salitrero, a inicios del siglo XX. La demanda por vivir en Estación Central o Santiago centro fue tan alta, que departamentos y galpones fueron subdivididos en pequeñas piezas arrendadas a precios abusivos, lo que revienta las densidades de los espacios comunes, generando serios problemas de convivencia.

En una segunda fase, los migrantes se mueven hacia viviendas sociales periféricas un poco más grandes, pero con problemas de segregación que se acentúan por las barreras culturales, especialmente para la comunidad haitiana que se localiza en Quilicura, Lo Espejo y San Bernardo. Entre 2012 y 2017, el número de migrantes se duplica, lo que dispara la demanda y los precios de arriendo. Debido a ello, el hacinamiento sube a niveles críticos en barrios como Parinacota o Los Morros, con nueve personas habitando en departamentos sociales de solo 40 metros cuadrados.

La crisis social y la pandemia generan un tercer desplazamiento de población, esta vez hacia los campamentos. En solo tres años aparecen verdaderas favelas en Alto Hospicio, Lampa o Maipú, donde casi un tercio de los residentes son migrantes. Las familias tienen más espacio, pero carecen de escuelas, consultorios y servicios sanitarios, lo que agrava los contagios durante la pandemia. Además, en comunas como Antofagasta, La Florida o Copiapó, muchos migrantes se emplazan en quebradas y zonas de riesgo aluvional, lo que podría desatar una tragedia si tenemos lluvias con isoterma baja en este invierno.

Esta dura realidad ha sido invisibilizada por las élites, que hablan de inmigración desde barrios cuyas plazas no son ocupadas como baños ni hogueras para quemar enseres. La izquierda promueve una política buenista de “puertas abiertas”, que minimiza cualquier conflicto local, al compararlo con la crisis humanitaria que viven los migrantes en sus países de origen. Además se sube a un pedestal de superioridad moral, para calificar de xenófobo o racista a cualquier vecino o alcalde que reclame por los impactos obvios de un crecimiento demográfico tan rápido y elevado.

La derecha se mueve al otro extremo y apela a la mano dura. Aprovecha la molestia de los residentes para exacerbar el nacionalismo y sacar rentas electorales, prometiendo expulsiones inviables que terminan generando más frustración y rabia. Este camino es tan peligroso como el buenismo, ya que puede aumentar los ataques xenófobos, atrincherando a jóvenes migrantes en bandas para defenderse, lo que dio origen a la Mara Salvatrucha o La Eme en los Estados Unidos. Algo de ello ya se puede ver en las batallas campales para disputarse espacios para el comercio informal o las tomas de terrenos en los nuevos campamentos.

Entre 2017 y 2020, la migración se vuelve a duplicar, llegando a 1,4 millones de personas y con esta escala, todas las recetas del buenismo o la mano dura quedan obsoletas. Necesitamos tomarnos el tema con seriedad, lo que implica dimensionar la real capacidad del Estado para entregar los servicios sociales que requieren los migrantes, calculando las brechas que existen y programando proyectos y recursos para cubrirlas. Solo en vivienda los montos serán significativos. Según el Servicio Jesuita de Migrantes, durante el año 2020 ingresaron por pasos no autorizados 16.400 migrantes, que cubren casi dos tercios del programa habitacional destinado a los segmentos más vulnerables. ¿Cómo se financiarán sus viviendas?

El mismo ejercicio debe hacerse con las escuelas, los consultorios, jardines infantiles. Si no existen recursos para cubrir las brechas, el Estado no tiene más remedio que aumentar los controles fronterizos para reducir el flujo migratorio. De lo contrario, el conflicto que vimos en Iquique se replicará en varias comunas de Santiago y regiones, afectando severamente la calidad de vida y la seguridad de nuestros barrios y ciudades.

Iván Poduje

Son treinta y dos horas más que los hombres de “trabajo invisible” que realizan las mujeres durante la semana en el contexto de la pandemia, lo que imposibilita mantener sus puestos de trabajo o salir a buscarlos, de acuerdo con el Ministerio de la Mujer. Un trabajo que se traduce en carga no remunerada, que estresa, presiona y aumenta las licencias médicas.

Si pensamos en semanas laborales de cinco días y dedicamos ocho horas al día a nuestros trabajos remunerados (generalmente son más), la mujer trabaja un promedio 14 horas diarias, al sumar los quehaceres domésticos. En marzo del 2020, la OIT registró que las mujeres dedican el doble del tiempo a estas labores que los hombres. Tan evidente es esta compleja situación en todo el mundo, que diversas organizaciones internacionales la han denominado “la crisis de los cuidados”.

En el trimestre octubre-diciembre del 2020, en plena pandemia, un 33,9% de las mujeres aludieron a razones familiares al ausentarse del mercado laboral, lo que puede interpretarse como falta de ayuda. El trabajo doméstico y de cuidados les exigía jornada completa. ¿Somos conscientes de los beneficios de la participación activa de ambos padres en la crianza y educación de los hijos? ¿Nos dividimos de forma equitativa y permanente las tareas del hogar? ¿Se permite al padre ausentarse del trabajo para colaborar en estas tareas?

Si bien en políticas públicas pareciera que hemos avanzado, en la práctica no han tenido el impacto esperado. En octubre de 2011 entró en vigencia la Ley de Posnatal Parental, que extendió hasta los seis meses el período de descanso de las madres y permitió el traspaso de una hasta seis semanas de permiso al padre. Las últimas cifras reportan que 197 hombres de un total de 93.000 aprovecharon esta oportunidad. Existe también el permiso parental, que consta de cinco días hábiles para el padre durante el primer mes de nacimiento. Y si bien no hay cifras oficiales de cuántos padres acceden a este derecho, muchas empresas les han agregado más días, fomentando su uso, el apego al recién nacido y reforzando la responsabilidad que les cabe a los padres en este período.

En las empresas, incorporar políticas de conciliación, pero, más aún, de corresponsabilidad, resulta clave para poder avanzar en una mayor equidad e igualdad de oportunidades y participación femenina en el mercado laboral. El gran desafío es fomentar un cambio cultural frente a la masculinidad, que traerá solo ganancias para los padres y las familias, y nos enriquecerá como sociedad. El bienestar y la felicidad de las personas son la mejor palanca para el desarrollo y la paz de los países. Además, quién sabe, se pueden eliminar —o al menos reducir— las treinta y dos horas.

María Isabel Vial