Voy a comentar en estas líneas dos proyectos de ley en curso en el Parlamento desde la perspectiva de una política de izquierda. Defino política de izquierda como aquella que siempre busca una mayor justicia social en la sociedad y que debiera privilegiar a los trabajadores y a los sectores medios y populares.

Dicho lo anterior, quiero en primer lugar destacar un acierto. El proyecto de ley enviado por el Presidente de la República para ampliar el pilar solidario. Como suele ocurrir en este Gobierno que tiene una demanda de años desde los partidos y las comisiones técnicas, finalmente ha iniciado su trámite parlamentario.

El pilar solidario creado por Michelle Bachelet en el año 2008 buscaba avanzar hacia una pensión básica universal lo más digna posible. De esa manera se crearon dos instrumentos dentro de este pilar: la pensión básica solidaria para aquellas personas que no habían cotizado nunca dado su empleo informal o bien su condición de dueñas de casa; hoy en día la pensión básica solidaria llega a más de medio millón de personas, la mayoría mujeres.

El otro pilar es el aporte previsional solidario cuyo objetivo es mejorar las pensiones de los que cotizaron pero que por sus bajos sueldos y/o lagunas viven con una pensión autofinanciada muy baja. Como ejemplo, voy a colocar tres situaciones: el aporte previsional solidario para una pensión autofinanciada de $75.000 es de $151.000, lo que implica una pensión final de 226.000; una pensión autofinanciada de $250.000 recibe un aporte de $92.000 y alcanza a $342.000; una pensión autofinanciada de $350.000 recibe un aporte de 58.000 y termina en $408.000. Es decir, una política pública cuyo objetivo es mejorar las pensiones más bajas y con un sistema de aporte progresivo. La limitante de este pilar son dos requisitos; pertenecer al 60% más pobre y tener más de 65 años.

El proyecto en curso amplía el pilar solidario al 80% más pobre, lo que implicará más de 100.000 nuevas pensiones básicas solidarias y más de 400.000 nuevos aportes previsionales solidarios, lo que dejaría a más de dos millones de pensionados bajo esta protección y ayuda estatal. El costo total del pilar solidario quedará, en consecuencia, en alrededor de US$ 3.000 millones, los primeros 2 mil financiados con impuestos generales y los últimos mil serán financiados con la eliminación de a lo menos 5 exenciones tributarias normalmente utilizadas por el 10% de mayores ingresos. Hasta ahí el acierto.

El error está en el cuarto retiro. Personalmente apoyé el primero, segundo y el tercer retiro, mientras el Gobierno no aplicara un ingreso familiar de emergencia universal, los retiros eran legítimos. Cabe recordar que hace un año y medio, al inicio de la pandemia y en medio de una abrumadora crisis social, el Gobierno planteó una ayuda por persona de $65.000 y, al mismo tiempo, la oposición le solicitábamos por persona $171.000. La derecha se demoró un año y medio en encontrarnos la razón y hoy día tenemos un IFE universal que cubre más de 7 millones de hogares y los 16 millones de personas cuyo per cápita es de $177.000; para una familia de 3 personas, de $400.000, y para una familia de 4 personas es de $500.000 mensuales. Con la cobertura y el monto, en mi opinión, no es necesario seguir retirando la plata de los trabajadores en esta oportunidad. Cabe destacar además que de los US$ 30.000 millones, el quintil más pobre ha retirado el 3% del total y el quintil más rico el 41% del total. Además, de ocurrir el cuarto retiro, el quintil más pobre podría retirar US$ 454.000 millones mientras el quintil más rico podría retirar US$ 7.156. millones; es decir, la regresividad misma.

Estimado lector, he descrito dos proyectos de ley: el primero, la ampliación del pilar solidario, en la dirección correcta hacia una sociedad más justa y solidaria; y el segundo, en una dirección incorrecta, porque aumenta la desigualdad en nuestra sociedad. (El Mercurio)

Francisco Vidal

Como una grata sorpresa recibimos hace unos días la noticia sobre el interés de China de ingresar al TPP11 para aprovechar las enormes oportunidades de comercio, integración y progreso que ofrecen los países del Asia Pacífico. Reino Unido también ha mostrado su disposición a sumarse y es posible que Uruguay igualmente lo haga. Esto demuestra con nitidez que las naciones que quieren seguir desarrollándose de manera integral y sostenible para generar mayor bienestar para sus habitantes no pueden aislarse en materia económico-comercial, sino todo lo contrario.

El TPP11 ofrece una serie de oportunidades y beneficios para nuestro país. En primer lugar, aumenta nuestro acceso a mercados, mejorando las condiciones arancelarias para más de 3.000 productos forestales, agrícolas e industriales en destinos como Canadá, Japón y Malasia. En segundo lugar, mejora el sistema de acumulación de origen, pues permitirá considerar como propios insumos originarios provenientes de otras naciones del bloque, ampliando la oferta de insumos que pueden ser incorporados en la elaboración de bienes en Chile para ser exportados con ventajas arancelarias a los otros miembros. En tercer lugar, mejora las condiciones de estadía de exportadores e inversionistas en los mercados socios. En cuarto lugar, facilita el acceso de pequeñas empresas a compras públicas de otros países del tratado. El área de libre comercio que comprende este acuerdo constituye un mercado de 500 millones de personas. Los once países suman un PIB de 10,6 billones de dólares, correspondiente al 13,3% de la economía mundial.

Por todo ello, no ratificar el TPP11 significa inevitablemente perder competitividad. Significa renunciar a ser potencia agrícola, a crear más y mejores empleos y aumentar nuestras inversiones. Además, quedaríamos fuera del acuerdo más inclusivo que Chile haya firmado, ya que considera en forma prioritaria materias medioambientales, asuntos laborales, de género y un capítulo especial sobre pymes.

Lo más grave de dilatar su ratificación es que mientras algunos políticos mantienen en compás de espera a millones de chilenos que serían beneficiados con este acuerdo, nuestros competidores avanzan decididamente. De hecho, en Perú entró en vigencia la semana pasada, haciendo que su aprobación en Chile sea más urgente que nunca, considerando que el 68% de nuestra oferta exportable a países del TPP11 enfrenta directamente la competencia peruana, con quien compartimos una oferta exportable muy similar en sectores como el minero, pesquero y agropecuario. Y en materia de inversiones, el TPP11 entrega a Perú un marco jurídico moderno y balanceado que le permitirá atraer y retener inversión extranjera, con las debidas garantías para el Estado, dejando nuevamente a Chile en desventaja.

Los argumentos a favor son contundentes. Por eso cuesta entender por qué pasados tres años desde su suscripción, la iniciativa sigue estancada. Estamos perplejos frente a un Senado que aparentemente ni siquiera quiere discutir —pues todavía no se pone en tabla— lo que la Cámara de Diputados ya aprobó. Sorprende que personas que trabajaron para que este proyecto fuera realidad, hoy lo rechacen siendo oposición, tiñendo la discusión con creencias injustificadas sobre eventuales riesgos, que han instalado algunos mitos que desinforman a la ciudadanía.

Cabe señalar que desde su puesta en marcha, el TPP11 ha dejado en claro que la soberanía y autonomía de los Estados miembros para implementar, perfeccionar y modificar sus leyes se mantiene intacta. Tampoco ha representado un obstáculo en la política regulatoria de cada país, no vulnera los derechos laborales y ambientales, ni dañará la privacidad en internet. Y en materia de medicamentos, no afecta su precio ni acceso, pues mantiene los plazos de protección de las patentes farmacéuticas establecidos en la legislación vigente.

En el escenario pospandemia, una economía pequeña como la nuestra, que depende del comercio internacional y de la inversión extranjera, que necesita recuperar medio millón de empleos y ofrecer más oportunidades de desarrollo y bienestar a dos millones de compatriotas que hoy viven en pobreza, no puede darse el lujo de postergar aún más la aprobación del TPP11. El comercio internacional de bienes y servicios ha mostrado una mayor resiliencia para la economía chilena, siendo un pilar de desarrollo para las regiones del país. Este acuerdo revitalizará nuestro comercio exterior y será fundamental para profundizar nuestra relación e integración con las economías del Asia Pacífico, que están empujando el carro de la recuperación global. Esperamos que nuestros parlamentarios no dejen a Chile abajo de este carro. (El Mercurio)

Juan Sutil S.
Presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, CPC
Richard von Appen
Presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Sofofa

Un grupo de 200 expertos, convocados por el Gobierno, está elaborando una propuesta de Estrategia Minera 2050, con la participación de más de mil personas de instituciones, regiones, empresas y organizaciones sociales. Definir una nueva estrategia minera es una iniciativa destacable, como lo fue el documento Energía 2050 en el gobierno anterior. En los sectores clave es imprescindible contar con una estrategia nacional de largo plazo para progresar y gobernar bien.

El Ministerio de Minería adelantó recién algunos objetivos. La revista Latin American Advisor, del Diálogo Interamericano, de Washington, preguntó si los lineamientos anunciados responden a los desafíos futuros, y si se puede garantizar su aplicación por los distintos gobiernos, y su aceptación por las compañías extranjeras. Lo primero es preguntarnos: ¿es necesaria una nueva estrategia, y a qué nuevos desafíos debe responder? Sin duda es urgente, por una razón principal: el cambio climático abre una tremenda oportunidad para la minería chilena y, por lo tanto, se impone un cambio de estrategia para avanzar a tiempo.

Me referiré al cobre. La demanda mundial de cobre crecerá por la acelerada electrificación, electromovilidad, internet de las cosas, digitalización, energías renovables, y reducción de las emisiones de gases invernadero. El objetivo estratégico propuesto en la nueva estrategia minera es mantener el primer lugar que Chile posee actualmente, con 28% de la producción internacional. Es una meta mayor, pues hemos ido reduciendo nuestra participación desde el 36% que teníamos 15 años atrás. Sostener el 28% implicaría aumentar la producción actual de 5,7 a 9 millones de toneladas anuales en 2050.

Cumplir este objetivo exige superar dos desafíos medioambientales principales: reducir el consumo de agua continental de la minería (y no dañar glaciares) y expandir la energía renovable. Para reducir el consumo de agua, además del reciclaje y de cambios en los procesos productivos, se deberá desalar mucha agua de mar. Si bien la desalación para la minería ha crecido 10 veces, de 0,2 m{+3}/s en 2010 a 2 m{+3}/s en 2020, el 75% del consumo de agua en minería es aún continental, insostenible con sequía; los volúmenes desalados deberán crecer otras 10 veces para 2050.

Asimismo, para producir “cobre verde” es preciso reducir el uso de energía generada con combustibles fósiles. La potencia solar y eólica instalada ha crecido 11 veces entre 2014 y 2021, de 540 a 6.100 MW. En minería de cobre, sin embargo, solo el 10% de la energía empleada es de fuentes renovables. Se necesitarán nuevas plantas solares y producción de hidrógeno verde (electrólisis con energía renovable) y volver a multiplicar varias veces la potencia instalada con energía renovable en 2050. Son grandes desafíos que a la vez abren magníficas oportunidades.

La nueva estrategia minera requerirá grandes inversiones, elevar la productividad para compensar la caída de la ley de los minerales, acrecentar la digitalización y trazabilidad, reducir la emisión de CO{-2} evitando la aplicación de aranceles verdes a nuestras exportaciones. Las empresas deberán trabajar con las comunidades. Además, se deberán aplicar nuevos impuestos para una mejor distribución de los excedentes, y crear actividades de mayor valor agregado en servicios tecnológicos e industriales.

Conseguirlo exigirá acrecentar la acción del Estado y aumentar la capacidad nacional de especialización e innovación tecnológica. Debemos encontrar fórmulas mixtas público-privadas que refuercen la capacidad nacional y conseguir que las nuevas políticas públicas sean convenidas y acatadas por las empresas extranjeras para concretar nuestro objetivo nacional de elevar el nivel productivo y tecnológico.

El éxito no está asegurado. Habrá cambio de gobierno y una nueva Constitución. Chile requiere una nueva política industrial, uno de cuyos pilares es el cobre. Y necesita sostener una estrategia respaldada por los sucesivos gobiernos. Es imperioso un acuerdo político y social de largo plazo. Es nuestro deber lograrlo. (El Mercurio)

Sergio Bitar

Equivocadamente, algunos de la derecha más dura postulan que votar por JAK es actuar por convicciones, mientras que hacerlo por Sichel sería optar por el pragmatismo o el mal menor. Algo así como morir con las “botas puestas”. Sin embargo, cometen un grave error en dos dimensiones.

Primero, Sichel es el único que puede evitar que la izquierda refundacional llegue al poder. Por algo Boric no ataca a JAK, por el contrario, le es funcional para obtener las llaves de La Moneda en diciembre.

En segundo lugar y tan importante como lo anterior, votar por Sichel es hacerlo por un proyecto que enarbola un valor esencial para la centroderecha: la libertad y dignidad de la persona humana.

Por tanto, votar por Sichel es:

1) Votar por las PYMES y los emprendedores que se han visto asfixiados por la violencia irracional desde el 18-0 y luego por la pandemia.

2) Votar por un Estado ágil, moderno y que pone a las personas en el centro, y no a la burocracia. Es decir, terminar con el ensanchamiento del aparato estatal.

3) Votar por la diversidad, por la tolerancia, el respeto y, por sobre todo, por nuestra libertad.

4) Votar por un proyecto que defiende a nuestras instituciones y nuestras policías frente al intento de la izquierda por destruirlas. Votar por Sichel, es votar por restaurar el Estado de derecho en la Macrozona sur y por una justicia eficiente.

5) Votar por superar tanto la polarización que producen el extremismo radical e identitario de la izquierda que pretende refundarlo todo.

6) Votar por el único proyecto que ofrece GOBERNABILIDAD para Chile. Para salir de la crisis política el único camino es una gran coalición del centro y la centroderecha. Votar por Sichel es hacerlo por la única candidatura que ofrece esa GRAN COALICIÓN.

7) Votar por la renovación de la política y la movilidad social.

8) Votar por superar la división del Sí y el No, y recuperar el valor de los acuerdos y el diálogo como base de la política.

9) Votar por Sichel es votar por Chile. (El Líbero)

Tomás Fuentes