El 14 de octubre de 2021, durante un diálogo con la Asociación de Diplomáticos de Carrera (Adica), Gabriel Boric, entonces candidato presidencial de Apruebo Dignidad, dijo que sería bueno realizar una “evaluación del desempeño de los embajadores políticos”. Esto, agregó, con el fin de “evitar el compadrazgo, el pituto, el premio porque ‘no ganaste la elección, así que te mando para allá”. Su idea, enfatizó, es que “las embajadas no pueden ser un premio de consuelo. Tienen que responder a una política exterior”.

Cinco meses después, el 23 de marzo de 2022, Boric nombró a sus primeros embajadores y la idea del amiguismo y los premios de consuelo se hizo presente: algunos de los convocados fueron Sebastián Depolo, Tucapel Jiménez, Javier Velasco, Bárbara Figueroa, Sebastián Kraljevich y Paula Narváez. Depolo (45), quien fue destinado a Brasil, es sociólogo y secretario general de RD. Entre 2020 y 2021 perdió las primarias del FA para gobernador metropolitano contra Karina Oliva y, también, la senatorial por Santiago. Ahí terminó penúltimo, con 1,84% de los votos.

Velasco, abogado de 36 años y militante de CS, trabajó como asesor legislativo de Gonzalo Winter, fue parte del equipo programático de la campaña presidencial de Boric y, además, es descrito como uno de los grandes amigos del Mandatario. “He asumido que mi rol en la política, en este partido, es ser la persona cercana a Gabriel que no siempre le encuentra la razón, que lo cuestiona y que le propone otra forma de entender las cosas”, dijo el año pasado en una entrevista con El Desconcierto.

Además de la conocida polémica por la figura de Bárbara Figueroa en Argentina, la expresidenciable del PS Paula Narváez asumió en la ONU y el estratega de la campaña presidencial, Sebastián Kraljevich, partió a la OEA. Varios de esos nombres fueron resentidos en la opinión pública por tratarse de una evidente cercanía personal con el Presidente. De hecho, fue la propia Asociación de Diplomáticos y Diplomáticas de Carrera (Adica) quien primero advirtió de esto, criticando los criterios políticos que se utilizaron y argumentando la falta de experiencia en el área.

Fue por eso que, días más tarde, la Segegob publicó una minuta explicando las razones de estos nombramientos, señalando que el juicio de Adica era demasiado apresurado: “El Presidente ha sido respetuoso del compromiso que hizo con la asociación de funcionarios diplomáticos de mantener sólo un 20% de nombramientos políticos”.

Es de las contradicciones más evidentes que hasta ahora ha tenido la instalación del gobierno. La tajante oposición de La Moneda a un quinto retiro de los fondos de pensiones habría sido impensada si esta discusión se remontara a mediados del 2021. La primera vez que el entonces candidato presidencial y diputado Gabriel Boric asomó la idea de que, quizás, rechazaría el proyecto del cuarto retiro presentado por el Congreso, fue en el último debate televisivo que sostuvo en julio con su excontendor Daniel Jadue. Ese día, consultado sobre el tema, aseguró: “Mientras exista un IFE, no voy a apoyar más retiros de fondos y menos un retiro del 100%”. Para entonces, el Mandatario ya estaba consciente de que esa era una mala política pública. Aún así, terminó votando a favor junto a toda su coalición. Así lo hizo notar el 3 de diciembre de 2021: “Voto a favor del cuarto retiro porque mi compromiso está con la gente y sus necesidades”.

Tras el rechazo del proyecto, el 15 de marzo de este año, el fantasma volvió a aparecer: un grupo transversal de diputados, entre los que se encontraban tres parlamentarios independientes de la bancada del PPD, tres democratacristianos, un RN y la autora principal de los otros retiros, Pamela Jiles, ingresaron la moción que permitía sacar el 10% o la totalidad del dinero de las AFP. Esta vez, el Mandatario manifestó su rechazo. Un día antes de ingresarse el proyecto, en el programa Las Caras de La Moneda, adelantó que un nuevo retiro sería un espejismo. “Es mi rol como Presidente decir cosas que a veces son impopulares”, manifestó.

Por eso, apenas se supo del proyecto, en La Moneda el rechazo fue inmediato, sobre todo desde el Ministerio de Hacienda. La incorporación de Mario Marcel al gabinete ya avizoraba una primera señal de que esta medida iba a cortarse, pues el economista ha sido un tenaz detractor de los giros previsionales desde que era presidente en el Banco Central. Hasta ahora, todos los llamados del Ejecutivo han ido en la línea de no insistir con la idea. Los argumentos principales van en el sentido de que la medida solo contribuiría a una mayor inflación, además de defender que los trabajadores no pueden pagar con sus propios ahorros la crisis económica.

El problema es que, dentro de la misma coalición de gobierno, hay parlamentarios que estarían por aprobarla. Sobre todo desde el PC, donde la diputada Karol Cariola se ha convertido en el principal rostro a favor de evaluar un eventual respaldo. Prueba de ello es que este miércoles, en un almuerzo con la bancada comunista, la diputada Marisela Santibáñez le haya hecho una advertencia al ministro de la Segpres, Giorgio Jackson: si los anuncios económicos no eran satisfactorios, muchos miembros de comité PC-FREVS-independientes no tendrían otra alternativa que apoyar el “quinto retiro” dada la presión social. El ministro Jackson pidió ese día esperar las medidas del Plan de Reactivación Económica que entregarían el jueves desde el Ministerio de Hacienda.

Desde su época parlamentaria que Gabriel Boric fue crítico del enfoque con que el gobierno enfrentaba los conflictos en la Macrozona Sur. En sus redes sociales habló de “presos políticos mapuches” y ya como candidato presidencial dijo que la solución iba de la mano del diálogo. Por lo mismo, era importante poner término al estado de excepción que regía en esa parte del país.

Ya convertido en Presidente, su ministra del Interior, Izkia Siches, sufrió un atentado cuando fue a visitar Temucuicui. A pesar de los balazos con que fue recibida al entrar a la comunidad, no interpuso una querella. Su excusa fue que la Fiscalía de La Araucanía ya estaba investigando el hecho. “Este gobierno va a poner todo lo que tiene sobre la mesa para buscar soluciones políticas, pero aquellas personas que creen que la vía violenta nos va a permitir avanzar, incluyendo demandas hacia presos políticos mapuches, están muy equivocados”, dijo Siches ese 15 de marzo.

El uso del concepto “presos políticos mapuches” generó roces. Dos días después, el titular de la Segpres, Giorgio Jackson, también lo validó al señalar que “se ha determinado por demostrar cuando terminan saliendo en libertad, sin que exista ninguna prueba, que han existido persecuciones y, muchas veces, prisión política por algunos que han sido, ya derechamente, confirmados como montaje en el pasado”. Pero esa misma mañana el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo lo contrario en T13 radio. “Las personas que están hoy condenadas por un delito han sido condenadas por nuestro sistema judicial. Por lo tanto, están condenadas por un delito que está tipificado en el Código Penal. Desde esa perspectiva no son presos políticos”.

La vocera Camila Vallejo tuvo que salir a aclarar al día siguiente: “Aquí no hay diferencias. Se ha tratado de instalar que hay una mirada distinta entre la Subsecretaría del Interior y el Ministerio del Interior. Lo que ha dicho el subsecretario del Interior es algo que tiene toda lógica, respecto al sistema judicial e institucional judicial, ese calificativo no aplica. Pero aquí tenemos, desde el punto de vista político, un problema que es mucho más complejo y que no se restringe simplemente a un titular. Hay que entender la complejidad del asunto”.

El dilema sobre cómo acercarse y referirse al mundo mapuche siguió siendo un dolor de cabeza para el gobierno en los días posteriores. El 24 de marzo, en el Encuentro Icare, Siches reforzó la idea de que el mandato de Boric era “poner a mucha gente de acuerdo”. Por lo mismo, agregó, “eso requiere no poner el grito en el cielo cuando uno habla de wallmapu. Es parte de la cosmovisión de las personas que habitan un territorio y que sienten que han sido históricamente postergadas”. Una semana más tarde, luego de que parlamentarios argentinos se quejaran por el empleo del término “wallmapu”, porque en su concepción original abarcaba a territorios de ese país, Siches tuvo que ofrecer disculpas.

El último capítulo se produjo esta semana. Luego de que la Resistencia Mapuche Lafkenche se adjudicara la quema de 15 viviendas en Contulmo el 1 de abril, el gobierno decidió querellarse. No lo había hecho con el recibimiento de la ministra Siches a Temucuicui.

El 6 de febrero de 2021, tras conocerse la muerte de Francisco Martínez, el malabarista de Panguipulli, por un disparo de un carabinero -quien después fue sobreseído por tratarse de legítima defensa-, el entonces diputado Gabriel Boric escribió este tuit: “Refundar Carabineros ahora. Lo hemos exigido hace más de un año. No da lo mismo quién tenga el poder. El gobierno de Piñera cómplice activo de esta locura”. Esa fue parte de una serie de críticas que tanto el propio Presidente como varios miembros de Apruebo Dignidad han hecho frente al actuar de Carabineros, sobre todo después del estallido social. Esa había sido la tónica hasta ahora. Porque desde que se instalaron como gobierno, han tenido que ir regulando el tono y ajustando la relación con las policías.

Si bien las primeras señales se dieron para la segunda vuelta presidencial, cuando Boric pasó de hablar de refundar a reformar Carabineros, en las últimas semanas el giro en su posición se volvió más evidente aún. Partió con una serie de gestos: en su primera entrevista tras el cambio de mando, con Mario Kreutzberger, Boric habló de “fortalecer a Carabineros” y contó que había llamado al general director, Ricardo Yáñez, para agradecer el tono republicano y los esfuerzos de la policía para efectuar la ceremonia. “Han tenido un trabajo impecable, de lujo”, señaló en esa instancia.

A eso le siguió otro hecho con el que tuvo que moderar el tono aún más: el viernes 25 de marzo, mientras era atacado por un grupo de manifestantes, un funcionario policial disparó al aire dejando a un joven repartidor herido a bala. Si bien la reacción del Ejecutivo fue inmediata en calificar el hecho como “gravísimo”, en La Moneda pidieron a sus ministros ser más cautos a la hora de cuestionar la labor uniformada. Más aún sin conocer mayores detalles de lo ocurrido. El mensaje hacía alusión al comentario de la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, quien apenas se enteró de lo que había pasado publicó esto en su cuenta de Twitter: “Refundar Carabineros es prioridad de nuestro gobierno”.

En ese contexto, el martes 29 de marzo, para el Día del Joven Combatiente, la ministra Izkia Siches dio un importante espaldarazo a los uniformados: “Carabineros cuenta con todo nuestro respaldo, de todo nuestro ministerio, para seguir con su trabajo y proteger a los chilenos y chilenas, siempre con respeto a los derechos humanos”, aseguró ese día. Y a eso le añadió: “No vamos a tolerar ataques violentos, ya sea un intento de quemar un local comercial o más grave, la golpiza a nuestros funcionarios de Carabineros”.

El 20 de julio de 2021, un grupo de parlamentarios -entre los que se encontraban los diputados de Apruebo Dignidad Camila Vallejo, Gonzalo Winter y Camila Rojas- ingresó una acusación constitucional contra el entonces ministro de Educación, Raúl Figueroa. Entre las razones por las que se acusaba al secretario de Estado estaba la insistencia en la vuelta a clases presenciales. El libelo apuntaba a que el “Programa de Retorno a Clases Presenciales de los Establecimientos Educacionales” no garantizaba un retorno seguro. “Queda en evidencia el grave déficit de las condiciones mínimas y efectivas que se requieren para un retorno a clases presenciales en condiciones seguras, lo que a lo menos configura un aumento del riesgo. Es decir, una amenaza a la vida e integridad de niñas, niños y adolescentes. Especialmente a los menores de 12 años, que a la fecha no tienen vacuna disponible”, indicaba el texto acusatorio.

En ese sentido, no fueron pocas las veces que, siendo oposición, diversas figuras del Frente Amplio y el PC se mostraron reacios a un eventual regreso a las salas de clases. Con el tiempo eso fue cambiando. Aunque antes de asumir como ministro de Educación, el primer impasse de Marco Antonio Ávila fue en esa misma línea: “La obligatoriedad queda puesta de este gobierno, lo que sí podemos hacer desde el 11 de marzo es repensarla”, señaló el 24 de enero en una entrevista con Tele13 radio.

A un mes del retorno a la presencialidad en todos los establecimientos educacionales del país, los efectos del encierro pandémico empezaron a asomar: violencia escolar, amenazas de tiroteos, denuncias por abuso sexual y aumento del bullying. Fue en ese contexto que el martes de esta semana, en conversación con el Diario de Cooperativa, el ministro Ávila manifestó que el hecho de haber mantenido cerrados los colegios por 71 semanas generó una falta de socialización muy grave. “Yo creo que, efectivamente, nos equivocamos”, sentenció, apuntando a que el principal error fue “la falta de diálogo” por parte de las autoridades.

“¿Dónde están los “expertos” que consideran una buena idea un Pase de Movilidad en el contexto de esta catástrofe sanitaria? ¿Alguno/a dará la cara? Como para saber quiénes son los cómplices del manejo criminal de la pandemia”. Las palabras son del actual subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, cuando mucho antes de convertirse en una autoridad del Ejecutivo, el 30 de mayo de 2021, tuiteaba una dura crítica al recién estrenado Pase de Movilidad. Por esos días, el número de casos de Covid venía en aumento, habiendo llegado a su peak poco antes de lanzar el instrumento con 9.171 casos al 9 de abril. Ese mismo mes, el Colegio Médico -que tenía a Cuadrado dentro de su equipo de expertos- había propuesto un cortocircuito epidemiológico para frenar los contagios mediante su propuesta “Covid Cero”, que surgió como una alternativa crítica a la estrategia que estaba llevando el gobierno de Sebastián Piñera.

Si bien la situación cambiante de la pandemia ha hecho que cada contexto en el que se han lanzado críticas sea distinto, varias veces tanto el Colmed como figuras políticas de Apruebo Dignidad se opusieon a la estrategia de manejo de la pandemia del gobierno anterior. Hace un año, cuando la ministra Izkia Siches presidía el Colmed y los casos Covid iban en aumento, hizo un llamado a revisar el plan Paso a Paso: “Existen problemas de coherencia y consistencia que lo deslegitima frente a la población y con ello ha perdido su eficacia”. A finales de abril del año pasado, también lo hizo el entonces diputado por RD Miguel Crispi, llamando a suspender el Pase de Movilidad, pues daba “una muy mala señal a la población”.

Actualmente, el Minsal ha mantenido algunos instrumentos de la administración anterior: “El Pase de Movilidad continúa como una herramienta relevante en el control de la pandemia”, señaló Cuadrado este 22 de marzo.

Con el nuevo plan Paso a Paso modificado, el exministro Enrique Paris salió a decir que este era desprolijo y carente de evidencia. Pero por lejos lo que más resintió fueron todas las críticas que hubo a su gestión cuando este, a juicio de él, es mucho peor a lo que ellos construyeron: “En realidad no quiero ser crítico acérrimo de lo que se está proponiendo, lo que estoy diciendo es que hay que corregirlo y hay que aclarar los parámetros. (…)Que vengan a salir con esto después de todo lo que reclamaron lo encuentro insólito”. (La Tercera)