Desde su sede en calle Suecia, comuna de Providencia, la Unión Demócrata Independiente (UDI) hizo una evaluación del primer mes del gobierno del Presidente Gabriel Boric.
En detalle se trata de tres puntos concretos que fueron cuestionados por la colectividad: “improvisación”, plan económico y Convención Constitucional.
La secretaria general del partido, María José Hoffmann, inició el punto de prensa expresando que “queremos hacer un llamado a terminar con la improvisación, a terminar con el amateurismo que hemos visto estos últimos meses, a este gobierno le tiene que ir bien y para eso hay que estar preparados. Hemos visto una seguidilla de errores que nos preocupa, sobre todo por lo que viene hacia adelante”.
Enseguida apuntó al plan económico anunciado la semana pasada, el cual tiene tres objetivos específicos: Hacer frente al alza creciente del costo de la vida; apoyar a quienes han salido del mercado laboral para ejercer labores de cuidado -principalmente las mujeres- e impulsar la generación de empleo; y ayudar a los sectores que han quedado rezagados en la economía.
La tienda calificó dicho plan como “completamente insuficiente e injusto”. “Son muchos los trabajadores que lo han pasado mal a partir de la pandemia, entonces no entendemos porque solamente se beneficia a un gremio, a un gremio que está bien que sea ayudado -como es el gremio de los artistas- pero qué pasa por ejemplo con el turismo, que ha sido probablemente el gremio más dañado en los últimos dos años”, dijo Hoffmann.
En esa línea le hizo un llamado al Mandatario “a que se ponga en el lugar de todos los trabajadores que lo han pasado mal en este último tiempo. Su plan es completamente insuficiente en una crisis que ha sido tan fuerte y muy discriminatoria cuando solamente se quiere beneficiar a un gremio”.
En un punto similar, apuntó a los proyectos de un nuevo retiro de los fondos de pensiones. Sobre eso afirmó que “esperamos que el gobierno también ejerza su liderazgo en quinto retiro”. El presidente de la UDI, Javier Macaya, también salió a reforzar esta idea.
“Desde la oposición le decimos al gobierno: ordenen a sus bancadas. Nosotros tenemos una posición que hemos definido en esta materia, pero es problema del gobierno, nosotros en esta materia en particular no estamos disponibles a solucionarle problemas por la inestabilidad que haya tenido el gobierno en esta materia”, manifestó Macaya.
Como tercera arista, Hoffmann planteó que Boric “deje de mirar para el lado en la Constitución. La Convención necesita un gobierno activo, un gobierno que apoye y un gobierno que lidere. El Presidente Boric no puede seguir guardando silencio con las chambonadas que hemos visto precisamente en la constituyente”.
Complementó diciendo que “ese proceso tiene que terminar bien y no es lo que estamos viendo hoy día, y el gobierno tiene una responsabilidad. El resultado de la Convención va a estar absolutamente y estrechamente ligado con el resultado del gobierno. La UDI va a estar siempre dispuesta a colaborar”.
De acuerdo a las últimas encuestas de opinión, la opción del Rechazo en el plebiscito de salida del texto constitucional, ha presentado un aumento en la población. De hecho, el Mandatario ha manifestado su preocupación al respecto e hizo un llamado a los convencionales -en medio de su gira en Argentina- a “buscar la mayor transversalidad y amplitud posible”. (La Tercera)
Bank Of America (Bofa) calificó al reciente plan económico del gobierno como una medida razonable. Además, la multinacional ve que las medidas anunciadas por del Ejecutivo no tendrán un gran impacto en la inflación ni en las arcas fiscales.
El banco también detalló que el programa tiene un costo muy bajo en comparación a los recursos destinados al Ingreso Familiar de Emergencia, que fueron entregados el año pasado por el gobierno de Sebastián Piñera.
Sin embargo, Bofa estima que, el aumento en el precio de los alimentos y la ralentización de la economía local, obligarán al gobierno a presentar más estímulos económicos.
CAMBIO DE PRONÓSTICO
Bofa también se mostró sorprendido por el alza del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en marzo. El banco estimó que esto es consecuencias del alza de los precios a nivel internacional y del efecto local.
Ante este escenario, el banco cree que la expectativa de Inflación del Banco Central para este año es muy optimista (5,6%), dado que entre enero y marzo, el IPC acumula un alza de 3,4%.
En ese sentido, Bofa cree que la inflación llegará a 7,5% para este año, tras estimar que el IPC tendría un alza de 6,5% para ese período y anticipa que se llegará a un peak de inflación interanual de 10,3% en junio.
Además, el informe destaca que la depreciación del peso chileno, frente al dólar, y resalta que la moneda local no podrá ser un amortiguador ante abruptos cambios en el precio de las materias primas.
Sobre la próxima reunión de política monetaria del Banco Central, Bofa dice que ahora “esperamos un alza de 75 puntos base (pb) en la reunión de mayo (50pb antes) a 7.75%, alcanzando una tasa máxima de 8.25% en junio (7.75% antes)”. (Pulso)
Durante este lunes, el tercer Juzgado de Garantía de Santiago sobreseyó al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en la causa que se llevaba en su contra por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
Cabe recordar que la causa penal fue impulsada por la empresa Desarrollo Inmobiliario Bellavista, en la que acusaron al jefe comunal de negarse insistentemente a la recepción de una de las torres del proyecto Conjunto Armónico Bellavista, «sin respetar los contundentes fallos de la Corte Suprema que lo han obligado a ello».
Con lo anterior, el tribunal determinó sobreseerlo de forma definitiva, aludiendo a la falta de fundamento de la acción. Cabe recordar que anteriormente el Ministerio Público ya había decidido no perseverar en la causa. Sin embargo, los querellantes insistieron en la acción.
Ante la resolución de esta jornada, el abogado Ciro Colombara indicó que «estamos muy satisfechos por la decisión del Tercer Juzgado de Garantía que sobreseyó definitivamente al alcalde Daniel Jadue de las acusaciones falsas en las querellas presentadas por Francisco Walker y Gonzalo Rodríguez, de Inmobiliaria Bellavista, y del ex concejal Mauricio Smok, porque previamente el Ministerio Público había investigado y había establecido la absoluta falsedad de las acusaciones. Por esa razón, había cerrado esa investigación». (Emol)
Desde La Moneda salió humo blanco: el gobierno del presidente Gabriel Boric nombrará a la periodista Andrea Fresard como la nueva presidenta del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN).
Fresard estudió en la Universidad Andrés Bello y actualmente ejercía como directora de la agencia OF Comunicaciones, de la cual es socia fundadora. En sus inicios, la periodista fuedirectora de comunicaciones del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), Chilevisión y CNN Chile, cargos en que siempre se desempeñó como asesora. Además, también fue productora en Mega (TV), Taxi Films (publicidad) y Concerta (eventos, congresos y ferias).
Entre 2012 y 2018 se convirtió en socia directora de la agencia de comunicaciones Acento en la Ce, del Grupo Sámara. También se ha desempeñado como académica en la Universidad Diego Portales y la Universidad Central, en gestión de crisis comunicacionales.
Según LT, la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, se habría inclinado por nombrarla a ella en el cargo por su carácter de independiente y su trayectoria en medios. Actualmente desde el Ejecutivo se encuentran chequeando los últimos detalles antes de hacer oficial el anuncio.
Esta elección se sumará a la nominación del periodista Rodrigo Cid como uno de los siete miembros del directorio del canal estatal.
EVALUACIÓN DEL GOBIERNO
El gobierno del Presidente Gabriel Boric se encuentra alistando el nombramiento de la periodista, Andrea Fresard como nueva presidenta del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN).
Fresard estudió en la Universidad Andrés Bello y actualmente ejercía como directora de la agencia OF Comunicaciones, de la cual es socia fundadora. Fue también directora de comunicaciones del Consejo Nacional de Televisión y se desempeñó como asesora de la Secretaría de Comunicaciones. En medios, en tanto, trabajó en CNN Chile y CHV, además de Mega.
Desde Palacio aseguran que la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, encargada del tema, estaría inclinada por nombrarla a ella en el cargo por su carácter de independiente y su trayectoria en medios.
Actualmente desde el Ejecutivo se encuentran chequeando los últimos detalles antes de hacer oficial el anuncio.
La semana pasada, en tanto, el Ejecutivo ya había anunciado la nominación del periodista Rodrigo Cid como uno de los siete miembros del directorio del canal estatal.
“Su propuesta marca un hito en esta instancia, porque por primera vez el Ejecutivo propone a un trabajador de TVN para tener voz y voto en el gobierno corporativo del canal público. De hecho, hasta el momento de su nominación, Cid era el representante de los trabajadores y las trabajadoras en el directorio, pero sin posibilidad de decisión”, explicaron en esa oportunidad desde el Ejecutivo mediante un comunicado. (La Tercera-DF)
En conversación con El Mostrador en La Clave, el director ejecutivo de la Asociación de Transmisoras por energías limpias de Chile, Javier Tapia, se refirió a cuáles son las demandas que requieren como entidad encargada de hacer una transmisión efectiva y saludable en el tiempo.
De ellas, destacó una mejora en la relación que brinda el Estado, respecto a la regulación y la planificación para agilizar las tareas de la transmisión; y señaló que se necesita dar solución a: la deuda histórica de una «buena política de ordenamiento territorial» y a los criterios subjetivos de los permisos que tienen los servicios entre sí, en las distintas regiones.
De este modo, también, el camino a la descarbonización de nuestra matriz energética, es decir, el incremento hacia las energías limpias provenientes del sol y del viento, deben ser mayormente reconocidas por el Estado, señaló Tapia.
Si bien, el sector ha podido adquirir más desarrollo y consensos estatales, “la política ya debe dar una señal en ese consenso, de decir mire ya tenemos una matriz donde estamos generando alrededor del 35% de nuestra energía con energías verdes y eso va a crecer exponencialmente hacia adelante, entonces lo que tenemos que hacer ahora es volver a mirar la red, cómo está nuestro sistema de ‘carretera’ para este nivel de auto que estamos teniendo hoy día, este nivel de electrones verdes cómo lo vamos a transportar», sostuvo el director ejecutivo.
«Ese consenso existe, pero necesitamos trasmitirlo un poco más, valga la redundancia, tenemos que trasmitir la importancia de la transmisión, ese es el tema y eso yo creo que ahí requerimos un poquito más de fuerza y cooperación por parte del estado. Ahora ¿cómo se está haciendo esto? Ahí estamos atrasados un poco en planificación”.
Esto, porque la “transmisión se planifica mucho» y toma un largo tiempo, «pero, generación compite mucho y básicamente los generadores (de energía) son como cualquier mercado (…) efectivamente necesitamos un poquito de centralización de decisiones, acelerar el tranco por parte del Estado”.
Respecto a las proyecciones que tienen como uno de los protagonistas para el desafío de las energías limpias, Tapia fue claro en decir que a «corto plazo lo que tenemos es lo que hay, lo proyectos de transmisión se hacen a muy largo plazo, hoy día tenemos que recorrer la ‘carretera’ como está, lo que podemos hacer son algunas medidas operacionales, pero no tenemos mucho que hacer en el cortísimo plazo”, notificó. (El Mostrador)
Una reunión protocolar sostuvo este lunes en La Moneda el Presidente Gabriel Boric con el presidente y la vocera de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes y Ángela Vivanco, respectivamente.
El encuentro estuvo marcado por la preocupación de los representantes del máximo tribunal frente al trabajo de la Convención Constitucional. De hecho, en la instancia, tanto Fuentes como Vivanco le manifestaron su inquietud y reparos al Mandatario por la aprobación de normas que tienen relación con el Sistema Judicial.
A la salida de la cita, el presidente del máximo tribunal si bien enfatizó en que no tomará una posición respecto al trabajo constituyente, ya que las decisiones del órgano redactor corresponden a un trabajo exclusivo de la Convención, apuntó a que será la “ciudadanía la que tendrá que emitir un pronunciamiento sobre el tema”.
Sin embargo, admitió su preocupación por la conformación del Consejo de la Justicia, una nuevo órgano que se hará cargo de la administración y gobernanza del Poder Judicial y que, además, concentrará todo el poder en el Sistema Nacional de Justicia.
La norma ya forma parte del borrador de la nueva Constitución y es considerada como uno de los cambios más relevantes en el diseño institucional de la magistratura, pues implica una innovación en la estructura de la judicatura que incluye cambios profundos en la manera en cómo se ha organizado el sistema judicial.
Uno de los reparos que emitió Fuentes respecto a este artículo fue sobre su integración. A juicio del presidente de la Corte Suprema, este consejo debería estar “integrado mayoritariamente por jueces”. “Ese es una posición que nosotros tenemos al respecto”, precisó.
“Lo que a nosotros nos interesa es que se asegure la imparcialidad y la independencia y la autonomía de los jueces, para poder actuar con absoluta independencia frente a los problemas que le van a presentar los usuarios del sistema”, explicó, y agregó que “este consejo debiera estar integrado mayoritariamente por jueces, para resguardar la independencia de los tribunales”.
Por su parte, la vocera y ministra de la Corte Suprema reveló que, durante la reunión, además de manifestarle sus preocupaciones sobre la conformación del Consejo de la Justicia, también abordaron“la independencia del Poder Judicial” y “los temas que afectan la duración de los cargos de los jueces”.
“Nos parece que en esos temas tiene que haber una progresión y tienen que haber plazos de vacancia. En otras palabras, que no rijan inmediatamente, porque sino serían muchos los jueces que perderían su cargo y esto afecta directamente a la administración de justicia”, agregó.
“Por supuesto, son temas para que el Ejecutivo los conozca, porque son resorte de la Convención, pero nos interesaba compartirlo con él y así lo hemos hecho”, señaló.
La jueza también detalló que, tras informarle estas inquietudes, el Mandatario “dijo que estaba muy pendiente del trabajo de la Convención y que, en consecuencia, agradecía que le manifestáramos los temas que son preocupación nuestra, justamente para incluirlos dentro de los temas en los que él está pendiente”.
No es la primera vez que la Corte Suprema expresa aprehensiones sobre normas discutidas en la Convención Constitucional.
A principio de año, el máximo tribunal expresó su molestia ante la discusión en la Comisión de Sistema de Justicia del órgano redactor, que buscaba la reducción de la duración de los jueces supremos de 10 a 15 años, y de ocho años para los ministros de corte y de tribunales inferiores.
El hecho escaló en tensiones y, de hecho, para defender la independencia de los jueces y el principio de la inamovilidad, desde el Poder Judicial remitieron a la instancia un documento de doce carillas en el que exponían uno a uno sus argumentos y preocupaciones. (La Tercera)
Es un informe lapidario y cuestiona duramente la gestión de la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), pero no el modelo de negocio, ya que esto no fue objeto de fiscalización. Lo que sí fue auditado por Contraloría son los inexistentes estados financieros y la falta de información administrativa, lo que finalmente llevó al ente dirigido por Jorge Bermúdez a enviar los antecedentes al Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que se persiga en el ámbito penal las responsabilidades detectadas en el mal manejo de dineros fiscales por parte de la agrupación, que es dirigida por el alcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC).
El informe final, al que tuvo acceso La Tercera PM, da cuenta que los fiscalizadores no pudieron acceder a los estados financieros de los años 2019 y 2020, tampoco a los “Informes de rendición de cuenta anual” que establecen sus estatutos. Según se desprende del documento, no se pudo verificar la situación financiera y patrimonial de las “Farmacias Populares”, ya que al ser solicitados en reiteradas oportunidades, no hubo respuesta.
La falta de respaldo e información financiera -no existen antecedentes contables de compras y ventas– hizo que tras detectarse estas irregularidades, se decidiera remitir la auditoría a manos del fiscal nacional Jorge Abbott, quien deberá asignar a un fiscal regional para indagar si existen desvíos de dineros públicos y dónde han ido a parar en un periodo que abarca desde el 2019 al 2021.
Otra situación que se cuestiona en la fiscalización de Contraloría es que “no se obtuvieron los procedimientos para la adquisición de medicamentos, canalización, registro y análisis de los requerimientos de las municipalidades asociadas”. Tampoco se halló, según el documento, el procedimiento de cómo se contabilizan las cuotas mensuales sociales que deben pagar los municipios que integran la asociación, como así tampoco cuáles son los inventarios y la valorización de los medicamentos que en estas farmacias se adquieren.
El contralor Jorge Bermúdez. Foto: Agencia Uno.
DESORDEN MONUMENTAL
Esta no es la primera vez que Contraloría cuestiona a una entidad vinculada a la administración del alcalde de Recoleta. En octubre del año pasado el organismo determinó que la Corporación Cultural de Recoleta, dependiente del municipio dirigido por Daniel Jadue, no ha rendido gastos que ascienden a más de $ 2 mil millones en los últimos años y cuestionó la donación que la empresa Itelecom -investigada por corrupción- hizo al festival Womad. En esa oportunidad la auditoría también fue derivada al Ministerio Público para que se indagaran los antecedentes.
En el caso de la administración de las “Farmacias Populares”, el ente fiscalizador denunció que la Achifarp “no tiene un control administrativo de sus socios y sus aportes. Solo cuenta con un archivo Excel, el que no contiene la fecha de incorporación de cada municipalidad, copias de acta actas donde se acordaron incorporación, ni las cuotas pagadas por cada socio, ni la totalidad de sus integrantes”.
De hecho, se lee en el documento, la Contraloría consultó a 345 municipios por su participación en la agrupación y cinco de ellos aseguraron que jamás se les comunicó que habían hecho ingreso, pese a que realizaron pagos por $69.330.408 en los últimos dos años. Hay otros 19 municipios que descartaron pertenecer a la agrupación, pese a que Achifarp informó que son sus socios. El desorden continúa cuando dos municipios dijeron ser parte, mientras que el organismo no los tiene en sus registros.
Las irregularidades en finanzas quedaron al descubierto en el tema de las cuotas aportadas por los socios. Seis municipios entregaron documentos que dan cuenta de pagos de “cuotas sociales” por $78.164.701, pero estos dineros no están citados como ingresos por la Achifarp. Por tratarse de dineros con origen en las arcas fiscales, es que el contralor Bermúdez ordenó que estos antecedentes sean puestos a disposición del CDE y se analicen eventuales querellas en contra de los responsables de lo que podría ser una malversación de caudales públicos o derechamente Fraude al Fisco.
REMEDIOS RUSOS “ANTI COVID”
Durante los meses más duros de la pandemia, el alcalde Jadue defendió la adquisición y uso del medicamento Avifavir que según él servía para tratar el Covid-19. Sus dichos fueron objeto de críticas de la autoridad sanitaria, ya que fue el propio Instituto de Salud Pública (ISP) que determinó la prohibición de su uso, lo que fue refrendado por la propia Contraloría. “Hay un móvil político detrás. Tal como dice la resolución, [el Avifavir] se trajo para ser entregado de manera excepcional porque es de uso clínico”, dijo el jefe comunal en febrero de 2021.
En el marco de la auditoría a las “Farmacias Populares” también se hallaron irregularidades en los convenios que se firmaron para adquirir el Avifavir y también el Interferón, un fármaco similar. En las conclusiones del informe final N° 909 se detalla que “el municipio de Recoleta suscribió un convenio para la adquisición de 180 mil dosis de Interferón, acuerdo en el que también participó la Municipalidad de Macul aportando $ 10 millones”.
Asimismo, se determinó que Achifarp mantiene un saldo pendiente con la Universidad de Concepción por un total de $215.476.800, en el marco de estudios que se mandaron a realizar sobre la efectividad de estos fármacos. Hasta ahora, se lee en la auditoría, sólo se han cancelado $25 millones entre julio de 2020 y mayo de 2021. No se cree que el organismo pueda cumplir con esta deuda pues, según Contraloría, en su cuenta corriente al momento de la auditoría cuenta con fondos por $29.003.433.
En el caso de Avifavir se detectó otro convenio celebrado por Recoleta y Macul por $240.476.800 y $150.000.000, respectivamente. En esa transacción se estableció que hay un saldo pendiente de ejecución de más de $15 millones, dinero cuya disponibilidad no fue acreditada por los auditados. “La Municipalidad de Recoleta deberá fiscalizar a la Achifarp por el uso y destino de los aportes entregados por ella, informando a la Asociación sobre el resultado de su revisión y solicitar la restitución de los fondos”. Estos antecedentes también fueron remitidos a la justicia.
En ese sentido, se abrieron sumarios a los municipios dirigidos por Jadue y por el alcalde Gonzalo Montoya, del Partido Comunes. “Recoleta y Macul deberán efectuar las gestiones para recuperar los montos no invertidos por la Achifarp en la ejecución de ese convenio”, se lee en el documento.
FÁRMACOS NO FUERON DESTRUIDOS
Asimismo los fiscalizadores encontraron 1.299 dosis de Interferón apilados en el municipio de Recoleta. Esto pese a que el ISP había prohibido “fabricar, comercializar y distribuir el medicamento por ser un riesgo para la salud de la población ordenando su destrucción (…) Esta materia será incorporada en un sumario que iniciará la Contraloría en Recoleta y de Macul, donde se considerará el sumario sanitario abierto por el Ministerio de Salud”.
El hallazgo motivó un sumario, ya que se buscará al responsable de esta situación. Para eso se sacaron fotografías que dan cuenta de los hechos descritos.
Los remedios encontrados por los fiscalizadores.
Otra situación que se cuestionó es los convenios firmados con municipios no existiendo un marco legal acorde para estas tratativas. “La Achifarp es un ente privado, por lo que las entidades públicas vulneraron el dictamen Nº 13.636, de 2016, de la Contraloría y la ley N° 18.695, que indica que las municipalidades pueden desarrollar funciones relacionadas a la salud pública con otros organismos del Estado, por lo tanto no se utilizaron los marcos legales correspondiente”, se lee.
En la mira del ente fiscalizador estuvo también un convenio firmado con el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) para la adquisición y asignación de ayudas técnicas para las personas con discapacidad que pertenecen al Programa Regular, lo que no se relaciona con el objetivo de las “Farmacias Populares”. Ahí el acuerdo, declarado ilegal por la entidad que dirige Bermúdez, involucra un total de $613.611.753, por lo que se decidió abrir sumario en Recoleta, Paillaco y la repartición que depende del Ministerio de Desarrollo Social. (La Tercera)
El gobernador regionales de La Araucaní, Luciano Rivas, reiteró este lunes la invitación al Presidente Gabriel Boric, para participar y ser el principal orador de la Cumbre por La Paz que se realizará el miércoles.
«Esperamos que el presidente Gabriel Boric no se pierda esta oportunidad única: este miércoles podrá dialogar cara a cara con todas las fuerzas políticas de la región de La Araucanía», sostuvo el gobernador.
El encuentro, convocado para este miércoles en Temuco, será la primera ocasión en que el gobernador regional, los 32 alcaldes de la región y los 20 consejeros regionales se reunirán presencialmente para trabajar en propuestas de solución a la crisis de seguridad, la paz, mecanismos de reconciliación y el retraso económico y social que tienen todas comunas de la región.
El Mandatario fue invitado para abrir la cita en la que, tras realizar una sesión plenaria, se organizará a los asistentes en un trabajo por comisiones en cuatro temas de importancia para la región: Seguridad, Paz y Reconciliación; Políticas Indígenas; Desarrollo Regional; Infraestructura e Inversión Pública.
«Acá hay un camino concreto. Hay una energía regional, surgida desde cada una de las comunas de la región de La Araucanía, donde hay transversalidad política, donde no hay ideologías, sino más bien la convergencia de miradas locales en búsqueda de un futuro común. Dejamos las diferencias de lado para trabajar por el futuro de la Araucanía, La Paz y la Reconciliación», explicó el gobernador Rivas.
Por su parte Richard Leonelli, alcalde de Lumaco, indicó que «el Gobierno le pega un portazo en la cara al diálogo en La Araucanía. Llaman a dialogar, pero los invitamos a dialogar con todas las fuerzas vivas de la región y nos dejan plantados y sin alternativas«.
«Somos la región más pobre de Chile y eso nos motiva a superar las brechas de desigualdad con políticas desde el gobierno regional, desde los municipios y en coordinación con el gobierno central para superar esta crisis de seguridad que si no la frenamos a tiempo nos seguirá empobreciendo», remarcó la principal autoridad de la región.
«Unidos por el futuro de La Araucanía», es el lema de este encuentro donde todos los asistentes firmarán una declaración con propuestas y soluciones con perspectiva local y regional, documento que será entregado al gobierno.(Emol)
Durante la mañana de este lunes, un grupo de trabajadores de una construcción hizo una «ocupación pacífica» de la Municipalidad de Ñuñoa, como señal de protesta luego de que la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana decidiera paralizar el proyecto Egaña Sustentable de Inmobiliaria Fundamenta, que estaría emplazado en la comuna.
Cabe recordar que el hecho fue conocido el pasado viernes, generando una serie de reacciones tanto en el gremio empresarial como de los trabajadores de la obra, quienes en la ocasión ya habían iniciado una protesta en el sector por los empleos que perderán.
En ese contexto, esta jornada el grupo ingresó al edificio consistorial del municipio, específicamente donde funciona el Departamento de Obras, lugar desde el que emitieron una declaración pública instando al diálogo y a la claridad por parte de las autoridades.
«A los trabajadores (del municipio) decirles que venimos a hacer esta ocupación pacífica no para alterar sus vidas, ya que (tenemos) el pleno respeto a su derecho laboral, pero también exigimos el nuestro como trabajadores y exigimos que las autoridades que se han comprometido a escuchar al trabajador, realmente se sienten a la mesa a discutir sus políticas y decisiones«, comenzaron señalando.
Añadiendo que «solidarizamos con las preocupaciones de los vecinos aledaños a la obra, por el impacto que este megaproyecto o cualquier otro tiene en su calidad de vida, así como compartimos que las constructoras, inmobiliarias, mineras o celulosas debieran tener como primera prioridad el impacto en la vida de los ciudadanos y las comunidades que se pueden afectar».
Sin embargo, manifestaron que «nos parece que los dueños del capital juegan con los anhelos de los trabajadores que buscan una fuente laboral, iniciando proyectos que están cuestionados ante los organismos administrativos, por sus posibles impactos, lo que nos provoca desazón, frustración e inestabilidad para nuestra clase trabajadora.».
«Como siempre, los perjudicamos volveremos a ser los trabajadores y nuestras familias, al producirse estos inminentes despidos», agregaron
«Ante este escenario es que como sindicato nos hemos movilizado y (nos) seguiremos movilizando hasta las últimas consecuencias, exigiendo que se respeten nuestros derechos y que se trabaje en armonía con el entorno«, concluyeron.
Cabe señalar que pese a la movilización, por el momento la atención en el edificio no se ha visto alterada, ni tampoco se ha reportado un operativo de desalojo por parte de Carabineros. (Emol)
Dos hechos de violencia se reportaron este lunes en distintas comunas de La Araucanía. El primero corresponde, al ataque perpetrado contra dos camiones que desarrollaban faenas forestales en Cholchol y el segundo, a un hecho repouemartado contra carabineros, los que fueron atacados a balazos en Carahue.
ATAQUE INCENDIARIO EN CHOLCHOL
De acuerdo a antecedentes recopilados por Radio Bio Bio, fue un grupo indeterminado de personas los que realizaron el ataque incendiario contra dos camiones.
Información preliminar señala que los sujetos además habrían robado una camioneta de propiedad de uno de los supervisores de las faenas emplazadas en Romolhue, al nororiente de la comuna.
Cedida
Según constató La Radio, el ataque fue adjudicado por la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), exigiendo la salida de las forestales.
El organismo señaló que fueron destruidos dos camiones y una camioneta.
Al momento del cierre de esta nota, personal de Bomberos de Cholchol y carabineros del Orden Público se dirigen hacia el lugar. El operativo policial se mantiene en desarrollo.
ATAQUE A BALAZOS A CARABINEROS EN CARAHUE
En horas de esta mañana, un segundo hecho de violencia se vivió en la región de La Araucanía.
Según información de Radio Bío Bío, se reportó que personal policial, que cumplía una orden de custodia, fue atacado a balazos en Trovolhue, localidad de la comuna de Carahue.
La situación obligó a que los funcionarios pidieran apoyo a otras unidades. Procedimiento que se mantiene en desarrollo. (Bio Bio)
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