La palabra humana jamás podría alcanzar la exactitud científica. Siempre es plurivalente, con significados según las circunstancias, evolucionando a lo largo del tiempo. Esto arriesga la ambigüedad y confusión. A pesar de ello, bienvenida esta tendencia resbaladiza del lenguaje humano. Permite la creación, el pensar, la poesía, y expresar lo casi inexpresable, escudriñar lo que está más allá de la vida. Además, sin ella no existiría el lenguaje del amor, que está ausente del mundo animal; en su misterio y contradicción, le confiere dignidad y misterio.

Sin embargo, esta libertad para ser enigmáticos abre las puertas de la creación cultural, precisamente porque los humanos, en una gran cantidad de relaciones mutuas, la traducen en un lenguaje lo más unívoco posible. De otro modo, las relaciones personales y sociales caerían en un caos de comunicación. Se puede jugar con la ambigüedad porque hay un fundamento de claridad, de seguridad, como en la existencia humana lo es el amor incondicional de una madre por su hijo. Lo mismo, pasando a otro plano, el derecho debe aproximarse lo que más pueda a lo claro y distinto, a lo unívoco. De otro modo caería en la arbitrariedad más absoluta, como aquella del “enemigo del pueblo” del comunismo soviético, tan admirado en su tiempo por émulos chilenos.

Por ello, existen ámbitos en donde las palabras deben ser claras para todos los que hayan cursado la educación básica y media. En este sentido, el documento matriz de un cuerpo político, o el derecho penal, deben expresar de la manera más precisa posible el significado concreto de sus normas. Lo mismo, en nivel de suma importancia, toda Carta Fundamental, una Constitución. Lo perfecto es imposible, pero debe traslucirse el esfuerzo por lograrlo.

Pues bien, nada de ello interesaba a la gran mayoría de los convencionales. Buscaron un festín, concretado en una serie de performances, dentro y fuera de Santiago, nada de baratas, sumándose esa mayoría que por accidente fue elegida, a una Constitución inspirada en los aires bolivarianos, maquillándola solo a último momento; y escondiéndose bajo tierra en el 2021 cuando hubo la reversión electoral en noviembre de ese año. Igual, ahora en la campaña están algo sumergidos.

Pues bien, el resultado de este proceso ha sido un documento lo más alejado posible de toda idea de un tronco de lenguaje que sea un ancla inamovible, por cierto, dentro de las inevitables interpretaciones no más allá del mínimo indispensable, del que ha gozado toda Constitución respetable (la norteamericana de 1787 y la Ley Fundamental alemana de 1949 son grandes ejemplos).

Existen las afirmaciones u omisiones rotundas, de la plurinacionalidad, de lo intercultural (en el mundo académico jamás habrá acuerdo sobre su significado), sobre relaciones prioritarias con América Latina (supina y peligrosa ignorancia), la casi escondida supresión del Senado o del Poder Judicial (en este, aunque sea solo el nombre, que ha acompañado a la República, de manera impredecible se pagará muy caro), la organización de diversos sistemas de justicia, representación desigual (después de haber rasgado vestiduras por más de un siglo por la falta de representatividad), etc. Y la vaguedad más absoluta, en catálogos de derechos indefinidos e interminables a entes que no se les puede preguntar, como las plantas, animales y al universo; y promesas de que por ley arribará el país de Jauja, embuste descarado.

En vez de liberarnos de las tinieblas, el proyecto actual, o nos sumirá en una camisa de fuerza o en la confusión más absoluta, interpretándose a gusto del consumidor político. (El Mercurio)

Joaquín Fermandois

El argumento del Socialismo Democrático es más o menos el siguiente: somos parte de la izquierda. Esa es nuestra historia, nuestra identidad, nuestro domicilio político. Por muchas imperfecciones que pueda tener el borrador que se nos ofrece, y las tiene, no se entendería que estuviésemos por el Rechazo, incluso en la perspectiva de una nueva Constitución. El texto constitucional no es perfecto, mas se acerca a lo que siempre soñamos. Ahí están el Estado Social y Democrático de Derecho, que es el entierro definitivo del principio de subsidiariedad de la Constitución de 1980. De hecho, es el funeral definitivo de esta última.

¿Cómo podríamos restarnos de una oportunidad histórica como esta? Ahí están los temas de género, pueblos indígenas, naturaleza y medio ambiente. ¿Vamos a votar con la derecha? Sería impensable. Eso es para Amarillos, y nosotros somos Rojos; bueno, en realidad, rojos y verdes (color turquesa, como se dice ahora). Este es nuestro Gobierno, nuestros aliados naturales son el PC y el Frente Amplio. Es cierto que cuando buscamos ir a una primaria con estos, y nos dieron un portazo en las narices, aquel fatídico día miércoles, cómo olvidarlo, nuestra candidata Paula Narváez dijo, ante todo el país, “el PC y el Frente Amplio no son garantía de gobernabilidad”. Pero así es la política, con sus vaivenes y veleidades, avances y retrocesos, luces y sombras. No vamos a arrugar ahora que somos Gobierno, con el Presidente Boric a la cabeza, ahora que la Convención Constitucional ha logrado un acuerdo con los dos tercios de sus miembros, los 103 votos exigidos por la reforma constitucional de diciembre de 2019.

Es cierto que el PC votó en contra de esa reforma y que se restó del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019; es cierto también que Convergencia Social dejó solo al entonces diputado Boric al momento de suscribir ese acuerdo, y que le quitó el piso, pero son ellos, no nosotros, los que tienen que dar las explicaciones del caso. Por lo demás, ¿quién no tiene contradicciones? Es demasiado lo que está en juego y no hay forma en que podamos eludir nuestra responsabilidad. El juicio de la historia sería lapidario, y no habría perdón ni olvido.

Ahora bien, es cierto que este texto constitucional no es perfecto, y tiene muchas imperfecciones que hay que corregir. Eso hay que dejarlo estampado antes del 4 de septiembre, en aras de la transparencia. Aunque inicialmente el Presidente Boric habló de hacerlo después de esa fecha, seguramente por presiones del PC, y del propio Frente Amplio, y como el Presidente es inteligente, se dio cuenta que no habría un después si ganaba el Rechazo, y nos “instó” a hacerlo antes de esa fecha. Nosotros no podemos fallarle al Presidente y tenemos que explicitar antes del 4 de septiembre aquellas reformas que vamos a impulsar después de esa fecha.

El PPD ya hizo su parte, con algunas reformas cosméticas, como cambiar el nombre de los sistemas de justicia por Poder Judicial y el de Cámara de las Regiones por Senado de las Regiones, y otras bastante sustantivas, como evitar la reelección presidencial, restablecer la iniciativa exclusiva en materia económica, reponer el Estado de Emergencia y la propiedad industrial, y definir un sistema electoral que asegure la gobernabilidad, entre otras. Ahora tenemos que explicitar públicamente nuestra postura como Socialismo Democrático, con o sin acuerdo de los compañeros del PC y el Frente Amplio. La razón es muy simple: si no lo hacemos antes del 4 de septiembre, existe la posibilidad de que gane el Rechazo, y ahí sí que se va todo a las pailas.

El argumento del PC y el Frente Amplio es más o menos el siguiente: la Convención Constitucional es la expresión de la soberanía popular. Ella es la respuesta al estallido social y las demandas del pueblo chileno largamente postergadas. Es cierto que entre nosotros tuvimos diferencias en octubre y noviembre de 2019, pero esa es historia. Es cierto también que en el debate nuestros convencionales constituyentes tuvieron algunas diferencias. También las tuvimos con el Colectivo Socialista, pero nadie puede negar que esa Convención fue generada democráticamente, de acuerdo a las reglas y que, más allá de las discusiones que tuvimos entre nosotros mismos por el tema de los quórums, lo cierto es que todas y cada una de las normas fueron aprobadas por dos tercios de sus miembros. La Convención tiene plena legitimidad democrática formal.

Como Apruebo Dignidad supimos lograr un amplio acuerdo con los Colectivos de izquierda y de los movimientos sociales, con los independientes y los pueblos indígenas. Hubo momentos en que hubo dudas de que seríamos capaces de ponernos de acuerdo, pero lo hicimos. Además, en materia de presidencialismo, supimos ponernos de acuerdo desde Marcos Barraza hasta Marcela Cubillos, desde el PC a la UDI, por lo que nadie podrá acusarnos de sectarios. En materia de sistema de gobierno participaron también Hernán Larraín Matte y Cristián Monckeberg. El resto de la historia es bien conocida. Esta Constitución es la lápida definitiva del modelo neoliberal y la Constitución de Pinochet. Lo que corresponde es cerrar filas y jugarnos por el Apruebo sin más, sin matices.

Por cierto, que todo es perfectible, pero eso lo veremos después del 5 de septiembre. Ahora bien, los compañeros de socialismo democrático hablan de Aprobar para reformar. Pero, ¿Qué significa eso?, ¿Qué vamos a hacer todo este esfuerzo para empezar a reformar una vez que el texto sea aprobado el 4 de septiembre? ¿Vamos a borrar con el codo lo que escribimos con la mano? ¿Vamos a volver a la “cocina” para que un sector de la elite política, incluso de los partidos de izquierda o del Socialismo Democrático, se pongan de espaldas a la soberanía popular? ¿Quién nos dio ese mandato? ¿Vamos a Aprobar para luego reponer el Senado, o eliminar el Estado Plurinacional o las Autonomías Territoriales Indígenas que tanto escozor causan en la derecha, o vamos a volver a la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en materia económica, que ha sido una de las principales banderas del neoliberalismo?

Nosotros creemos que hay que Aprobar sin más (PC) o Aprobar para implementar (Frente Amplio), en el entendido que hay 61 leyes que dictar en los próximos meses y años y 73 adecuaciones normativas según un reciente informe de la Secretaría de la Cámara de Diputados. Ahí hay un trabajo descomunal que hacer y que debe emplear todas nuestras energías, y del actual Parlamento. Hay que arremangarse e implementar, más que andar anunciando reformas que lo único que hacen es confundir. Además, hay una reforma tributaria, una reforma previsional y una reforma de salud que están en nuestro programa y que son reformas estructurales que hemos comprometido con el pueblo chileno.

Entonces, entendiendo que toda obra es perfectible, y que ya habrá tiempo para hacer los mejoramientos que surjan en el camino, Aprobar para reformar nos parece que nos desvía de los objetivos que nos hemos trazado, confunde al pueblo, ralentiza el impulso reformador y tiende a poner un manto de duda sobre el trabajo de la propia Convención. Concentremos todas nuestras fuerzas en el triunfo del Apruebo y no entreguemos armas o argumentos a nuestros adversarios políticos, la derecha y sus compañeros de ruta como Amarillos por Chile, un sector de la DC y algunas voces de la centroizquierda por el Rechazo, que solo le hacen el juego a la derecha.

¿Cuál de las dos coaliciones –porque está claro que son dos coaliciones– tiene razón, la del Socialismo Democrático o Apruebo Dignidad, sin perjuicio de los matices que existen en uno u otro sector?

Me inclino por encontrarles la razón al PC y al Frente Amplio.

La euforia que seguiría al triunfo del Apruebo hace que sea una quimera intentar reformar la Constitución recién aprobada. Una vez que se aprueban, las constituciones tienden a quedarse, para bien o para mal. Salvo cambios cosméticos, en el margen, bajo la filosofía de que toda obra humana es perfectible, las normas y las instituciones del borrador propuesto, en el supuesto de que gane el Apruebo, estarían para quedarse. La longevidad de los textos constitucionales es una característica de la historia de Chile. No hablo solo de las constituciones de 1828, 1833 y 1925, sino de la misma Constitución de 1980, que, a pesar de su total carencia de legitimidad de origen, y de las 60 reformas habidas en los últimos 32 años –solo el 24% del texto actual corresponde al original de 1980–, incluyendo la de 2005, aún subsiste entre nosotros.

Si eso ocurre con un texto constitucional aprobado en dictadura, con cuánta mayor razón perviviría un texto aprobado en democracia, habiendo cumplido la Convención con todos los requisitos de legitimidad democrática formal: sus miembros fueron elegidos democráticamente, de acuerdo a las reglas, y todas y cada una de sus normas fueron aprobadas por dos tercios de sus miembros. Súmele a lo anterior una ratificación plebiscitaria, y nos encontraremos con una Constitución dotada de máxima legitimidad.

¿Para entonces empezar a reformarla? ¿Con qué título, con qué mandato popular, bajo qué reglas? El Presidente Boric y el Gobierno tienen razón: esta es una elección binaria, de Apruebo o Rechazo, no hay tercera vía. No existe la alternativa de Aprobar para reformar, que a todas luces es una tercera vía. Solo hay Plan A (Aprobar) o Plan B (Rechazar).

Se supone que el Socialismo Democrático explicitará su proyecto de reformas en los próximos días, con o sin el acuerdo de Apruebo Dignidad, según han dicho sus dirigentes. Y surge entonces la pregunta: ¿con cuántos votos del PC y el Frente Amplio cuentan los partidos del Socialismo Democrático para reformar?, ¿o van a decirnos que las reformas tendrán lugar con los votos del Socialismo Democrático y la derecha (porque la actual directiva de la DC se ha manifestado más cercana del PC y el Frente Amplio que del Socialismo Democrático)?

No está claro cuáles van a ser las reformas que van a impulsar los partidos del Socialismo Democrático –aparentemente lo sabremos en los próximos días– y menos claro aún está con cuántos votos cuentan, del PC o Frente Amplio, o de la DC.

Lo que está claro, entonces, es que la única forma de avanzar hacia una nueva Constitución que no sea el texto vigente, o exactamente el borrador que se propone –porque en eso consiste el Aprobar para reformar–, es a través del Rechazo; un Rechazo para una nueva y buena Constitución.

Casi me mataron cuando escribí un tuit el 04/02 en favor del Plan B (nunca he pensado en un Plan C): “Si las aberraciones que están siendo aprobadas por algunas comisiones de la Convención son ratificadas por los 2/3 del Pleno, habrá que ir pensando en un Plan B que reponga la sensatez y la cordura”. Pues bien, el Plan B consiste en dotar de contenido al Rechazo y eso se logra con los dos proyectos de reforma constitucional que han ingresado al trámite parlamentario los senadores DC Ximena Rincón y Matías Walker, con Iván Flores (DC) y Pedro Araya (Independiente PPD) en un caso y Fidel Espinoza (PS) en el otro; es decir, que la Constitución puede ser reformada por 4/7 y que se reforme el artículo 142 para que, en caso de que triunfe el Rechazo, el Presidente de la República envíe un proyecto de reforma constitucional convocando al pueblo a continuar y concluir el proceso constituyente en marcha.

Me manifiesto desde ya partidario de una nueva Convención con un plazo de 6 meses (la verdad es que el debate constitucional está prácticamente concluido), con 70 miembros (como en la Asamblea Constituyente de Colombia en 1991), un distrito nacional con listas cerradas (de tal forma que los partidos coloquen a la cabeza de las mismas a sus mejores constitucionalistas), sin “listas” de independientes, con escaños reservados en proporción a la participación electoral (y no como en la elección en que, con el 22% de participación, se proveyó el 100% de los escaños) y sin partir de cero (porque este es un trabajo acumulativo), sometiendo la propuesta final a un plebiscito de salida (no habría plebiscito de entrada). (El Mostrador)

Ignacio Walker

Ese pueblo que quiere cambios de verdad y no promesas llenas de ilusiones, incertidumbres y temores, ha consolidado un voto de rechazo a la actual propuesta de Nueva Constitución. La mayoría quiere cambios, pero bien hechos. No quiere aprobar fantasías y teorías refundacionales extremas que, por experiencia y sabiduría popular sabe que, históricamente, terminan en la desilusión, el desencanto y en el regreso de la derecha. La mayoría tampoco quiere el clima descalificador, totalitario avasallante a la menor crítica y, además, permisivo de una violencia que inseguriza.

A esa intuición popular, de los que más necesitan los cambios, se suman diversos sectores sociales, intelectuales, empleados y profesionales que lucharon contra la dictadura, algunos arriesgando la vida y que participaron construyendo democracia con éxito y alegría, junto a las insuficiencias y errores que cometimos, pero en paz y progreso.

Hay un Chile progresista que no está enamorado de la política del enojo perpetuo; hay un Chile que sabe que el “Apruebo” pone en peligro los cambios que el país requiere, porque hasta sus partidarios, piden aprobar para corregir los errores del texto propuesto. Ellos mismo saben que lo que piden aprobar es malo.

Las evidencias y no la poesía interpretativa, prueban que, ese 80% que en octubre del 2020 votamos y ganamos un plebiscito para hacer una Nueva Constitución, fue erosionado por la propuesta de Nueva Constitución y por el discurso de arrogancia política, vociferante, que promete alcanzar el cielo con las manos. Hoy día el Apruebo retrocedió, del 80% al borde del 50%. Los constructores de la Nueva Constitución se farrearon la esperanza mayoritaria del pueblo chileno y, por tanto, hay que votar Rechazo para hacer una nueva propuesta constitucional para hacer bien los cambios.

Y claro, la derecha más extrema busca con nostalgia su pasado. La centroderecha, presionada por los vientos de cambio, promete ceder a las transformaciones si gana el Rechazo. ¿Quién lo asegura? Lo asegura solo la correlación de fuerzas que seamos capaces de construir los que estamos por una Nueva Constitución bien hecha. La derecha es conservadora. Por eso, desde la izquierda tenemos que empujar este proceso con propuestas de justicia social, con seriedad, responsabilidad, democracia, libertad, conectados con el pueblo, construyendo mayoría.

El izquierdismo febril, el corporativismo temático fanático, las propuestas maximalistas, el lenguaje que fractura a Chile, fortalece el discurso derechista más conservador. Los envoltorios de promesas maravillosas que encabezan el texto que se plebiscitará en septiembre, pierden credibilidad en su desarrollo y van cuesta abajo en la rodada con un legislativismo con que presiona al apuro y la imprudencia que, como lo ha probado la historia, son conductas políticas que siempre llevan al fracaso y a la regresión. La agresividad de los partidarios del “Apruebo” y actores del proceso constituyente, con sus ultra celebraciones vociferantes, sin apertura a la crítica, estigmatizando al otro, han alimentado el discurso derechista más típico y vulgar para detener los cambios con el pretexto de poner orden. La extrema derecha siempre se ha nutrido del extremismo de izquierda.

El afiebramiento de ese extremismo de izquierda ha llegado a tanto, contra quienes criticamos sus ideas y votaremos rechazo, que nos califican de partidarios de la constitución de Pinochet; nos dicen que queremos que vuelva a aquella constitución que nos persiguió al extremo que terminamos registrados en el Informe Valech de Tortura y Prisión Política. ¿No será mucha crueldad esa forma de buscar anular a quienes somos críticos del “apruebo”?

¿Alguien puede creerle a estos fanáticos, que si ganan estarían dispuestos a reformar su texto triunfante? Ellos saben que el texto propuesto establece tantos obstáculos para ser reformado, que los vetos sectoriales hacen políticamente imposible corregirlo. El camino correcto para hacer un texto nuevo es a partir de votar Rechazo.

Votar Apruebo, aunque sea con la mejor intención, apoya promesas de tal exageración, confusión e impericia, escondiendo la inevitable lentitud de lo cambios, que generará enormes desilusiones y así terminaría frustrando el camino de transformaciones que demandó el estallido de millones el 2019. El triunfo del Apruebo entorpecería el camino para terminar desigualdades, injusticia social, abusos y discriminaciones, de modo que abriría paso a la derecha.

Por eso votar Rechazo ha pasado a ser el anhelo de amplias mayorías sociales, no solo de centroizquierda sino de izquierda. (La Tercera)

Patricio Hales

Como se sabe, el proyecto de Constitución que se vota el 4 de septiembre tiene una marcada impronta indigenista. Nos declara Estado plurinacional inventando 12 naciones indígenas que formarían parte de Chile; les da una preferencia de representación tal, que los votos de los “nacionales” de alguno de esos pueblos valen mil veces más que los de un votante del distrito 8 de Maipú; les concede sistemas de justicia propios y autónomos; les reconoce derechos de propiedad más robustos que al resto de los chilenos, y a costa de ellos. Para terminar esta incompleta enumeración, les da poder de veto en reformas a la Constitución que les afecten.

¿Cómo a alguien se le pudo ocurrir que chilenos que son el 12% de la población tengan ese nivel de privilegio sobre el restante 88%? ¿Es que se pegaron en la cabeza, como dicen por ahí?

No es completamente así. El indigenismo que permea el proyecto de la Convención se nutre de la concepción ideológica de García Linera, asesor de Evo Morales. El círculo estrecho del Presidente Boric, que sabemos vive en una realidad paralela, la adoptó para Chile sin reparar en que en este país la población indígena llega al 12% y no al 60% como en Bolivia, o que somos mayoritariamente mestizos.

Sin embargo, hay otra razón para esta generosidad con los pueblos indígenas que resultó interesante para el Partido Comunista. La Convención eligió 18 representantes de pueblos originarios en lugar de siete, según correspondía por población, y los 18 elegidos formaron parte del grupo de izquierda radical que hegemonizó ese órgano, pese a que las regiones en que muchos viven votan mayoritariamente por la derecha. Esta distorsión electoral se repetiría en todas las futuras elecciones si gana el Apruebo. El proyecto de Constitución contiene, entonces, una trampa perpetua que le entrega a la izquierda el gobierno hasta quizás cuando.

La extrema izquierda vende este proyecto como un gesto hacia reivindicaciones de pueblos originarios. Una reciente encuesta del CEP echa por tierra esa mentira. De la población mapuche de la macrozona sur, sólo un 12% opina que Chile debe ser un Estado plurinacional, mientras el 48% opina que debe ser un Estado nación donde convivan las personas sin distinción de culturas, pueblos o naciones. Un 30% prefiere un Estado multicultural donde convivan distintas culturas. Estos porcentajes no difieren de los que marcan los habitantes de esas regiones que no son mapuches.

También se manifiesta en la encuesta CEP una amplia mayoría que no justifica, en ninguna circunstancia, la fuerza para reclamar tierras. Los grupos extremistas como la CAM, la RMM y la RML son absolutamente minoritarios y no cuentan con apoyo de la población mapuche. Lo que los mapuches de esa zona anhelan es mejorar sus condiciones de vida y más acceso a oportunidades de trabajo y de estudio. Si bien aprecian la mantención de su cultura, no quieren ser parte de un museo viviente que sólo existe en la mente de los ideólogos del indigenismo radical.

Pero esta no es solo una locura de unos convencionales extraviados. El entorno cercano al Presidente Boric la alienta y comparte. Irina Karamanos visita a comuneros en una toma de terrenos en Alto Bío Bío; Matías Meza Lopehandía, jefe de gabinete de Boric, aboga por restitución de tierras y fin de la industria forestal; el capellán de La Moneda, Nicolás Viel, es un activista marxista-indigenista. Son todos ellos cómplices de la mentira indigenista que, al descubierto, derrotará a la nueva Constitución. (DF)

Luis Larraín