24 abogados y académicos por el Apruebo proponen reformas a nueva Carta

24 abogados y académicos por el Apruebo proponen reformas a nueva Carta

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Un documento de nueve páginas presentarán este martes por la mañana un grupo de 24 abogados partidarios del Apruebo, en medio de la búsqueda del oficialismo por llegar a acuerdos sobre reformas constitucionales. Según ellos mismos explican en el texto, al que tuvo acceso La Tercera, redactaron las propuestas con el fin de que puedan ser usadas como insumo por distintas autoridades en el caso de que se evalúe un “acuerdo político transversal que comprometa, en forma previa al plebiscito, adecuaciones a la propuesta constitucional”. Por lo mismo, ayer en la tarde se les hizo entrega de una copia del documento a algunos de los presidentes de los partidos del Socialismo Democrático.

Entre los firmantes de la propuesta están Javier Couso (DC), Luis Cordero (Espacio Público); el excoordinador de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, Salvador Millaleo; Elisa Walker, quien defendió a la ministra Izkia Siches en la acusación constitucional presentada en su contra; Leslie Sánchez (PL), quien es asesora legislativa del Ministerio del Interior; Constanza Salgado, quien trabaja a honorarios en la Segpres; la exalcaldesa Carolina Tohá (PPD), Tomás Jordán (DC), Domingo Lovera (RD), Flavio Quezada (PS) y Claudia Heiss, entre otros.

El puntapié inicial para elaborar el texto se dio a través de un grupo de WhatsApp, en el que Couso invitó a dirigentes de partidos políticos e integrantes del comando del Apruebo, entre ellos, al diputado Vlado Mirosevic (PL), quien también estaba empujando una idea similar. Según se consignó en La Tercera Domingo, el requisito para participar de la propuesta era estar por el Apruebo. Luego de eso, la tarde del 28 de julio, los abogados constitucionalistas, cientistas políticos y académicos se reunieron en un Zoom para iniciar las conversaciones.

En concreto, son cuatro las materias que el grupo de abogados y académicos propone reformar. Los temas escogidos han sido criticados ampliamente e, incluso, han sido utilizados como argumentos por los partidarios del Rechazo: el sistema político, el artículo referido al consentimiento indígena y pluralismo jurídico, la eliminación del estado de emergencia y sistema de justicia.

En el caso del sistema político, los abogados proponen eliminar la reelección inmediata del Presidente de la República, en consideración de que “el Presidente todavía tiene un gran numero de atribuciones y potestades, solo incentivaría los personalismos y, además, se podría correr el riesgo de que los recursos públicos sean mal utilizados con el fin de conseguir una eventual reelección”.

Asimismo, sugieren modificar las normas de concurrencia presidencial necesaria. En especifico, como las que irroguen gastos directamente del Estado, se mantengan, como la actual Constitución, de iniciativa exclusiva del Presidente. De mantenerse como figura en la propuesta de la Convención, según advierten, podría ponerse “al Presidente/a en una situación de difícil resolución ante un proyecto popular, pero dañino para las arcas fiscales o la implementación de su programa de gobierno”.

En el caso del artículo 191, referido a la participación en las entidades territoriales del Estado regional, los profesionales postulan que se debiese reemplazar el inciso que aborda el consentimiento indígena -que incluso ha sido tildado por partidarios del Rechazo como un eventual impedimento para reformar la Constitución- por uno que señale que “tratándose de los pueblos y naciones indígenas, deberán ser consultados en aquellas materias o asuntos que les afecten, conforme a lo dispuesto en el artículo 66 (referido a la consulta indígena)″. Así, se hablaría de “consulta” en lugar de “consentimiento”.

Por otro lado, se sugiere incluir dos nuevos incisos en el artículo 309, referido a los sistemas de justicia de los pueblos originarios. Uno de ellos establece que “la jurisdicción indígena solo podrá conocer conflictos entre personas que pertenezcan a un mismo pueblo originario y dentro del ámbito de sus relaciones comunitarias (…)”. El otro, que “la ley definirá las materias sobre las que no podrá ejercerse la jurisdicción indígena, la que, en todo caso, nunca procederá tratándose de crímenes ni delitos de mayor connotación social (…)”.

Dentro de las materias incluidas en el informe también están la “incorporación quirúrgica” del estado de emergencia. Según sostienen, el artículo propuesto por ellos “sigue la estructura de tipificación de los estados de excepción de la propuesta de nueva Constitución y, en particular, del estado de catástrofe, por tratarse de los dos estados de menor intensidad tanto en la afectación del bien jurídico protegido como en la suspensión o restricción de derechos fundamentales”.

En cuanto al artículo 300, los abogados proponen incorporar las hipótesis del estado de emergencia “como un estado de excepción constitucional intermedio dentro del diseño constitucional”.

Además, se plantea añadir un nuevo inciso al artículo 303 que señala que “las Fuerzas Armadas no podrán desempeñar tareas de seguridad pública fuera de las situaciones reguladas en los artículos 301, 302 y 302 bis de esta Constitución. Sin embargo, se mantendrían vigentes los preceptos legales que determinan a estas las competencias sobre el control marítimo y el control de la aeronavegación.”

También se establece crear un nuevo inciso dentro del artículo 306, que señala que “los estados de excepción constitucional no podrán ser renovados más de cuatro veces sucesivas, sino por la aprobación, en sesión conjunta, de los 3/5 de los integrantes en ejercicio del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones”.

Por último, en referencia a las atribuciones del Consejo de Justicia, se propone que se sustituya la expresión “revisión integral” de todos los tribunales, por la expresión “revisión de la gestión administrativa” de los mismos. Además, se añade elevar de ocho a nueve jueces titulares elegidos por sus pares disminuir de cinco a cuatro las personas elegidas a cargo de la Alta Dirección Pública. “La propuesta tiene por finalidad disminuir los riesgos de influencia política en el funcionamiento del Consejo de la Justicia”, justifican. (La Tercera)