Avanzamos hacia la definición de quién estará a la cabeza del Estado en los próximos cuatro años, tal como lo hemos hecho ininterrumpidamente desde 1989. Las elecciones libres y competitivas han constituido hasta hoy el sólido soporte del régimen de libertades y del progreso del país. Sin embargo, no podemos olvidar que el orden constitucional que lo ha hecho posible estuvo a punto de hundirse hace poco tiempo, cuando la violencia irrumpió en la vida nacional y hubo quienes se propusieron derrocar al gobierno legítimo. Luego, vino el experimento constituyente que pudo haber conducido a un dislocamiento económico, social e institucional del que Chile se habría demorado muchos años en recuperarse.

Es una ironía de la historia que el actual gobierno, que buscó llevar al país hacia una suerte de tierra prometida, se haya salvado de su propia desmesura. Si Boric está concluyendo normalmente su mandato es porque fracasó el plan de desmantelar la Constitución reformada, y cuyas disposiciones lo protegieron en el momento de la derrota del 4 de septiembre de 2022 y le permitieron gobernar hasta hoy.

Le han quedado duras lecciones al país. La primera es que la democracia nunca está completamente a salvo, y que las propias libertades pueden ser usadas para socavarla. En estos días, la experiencia de otras naciones nos muestra que ciertos gobernantes, que fueron elegidos de acuerdo a las normas democráticas, se las arreglaron después para desconocerlas, acumular poder y establecer un gobierno autoritario. Y sobran las evidencias de que las amenazas “iliberales” pueden provenir de la izquierda y de la derecha.

El gobierno que asumirá en marzo próximo tendrá como primera obligación respetar y hacer respetar las reglas de la democracia liberal, que se sustenta en la división de poderes, los contrapesos institucionales y la alternancia en el poder. Será crucial que la mayoría, que siempre es circunstancial, no abuse de su condición y cumpla con su deber de resguardar los derechos de las minorías. Habrá que reforzar la protección de las garantías individuales, la vigencia del pluralismo, la defensa de las libertades de expresión, asociación y reunión. Nada de eso será posible, sin embargo, si no hay un compromiso explícito de todas las fuerzas políticas de excluir la violencia de la vida nacional.

Ninguna fuerza política puede arrogarse el derecho de tomar la parte de la legalidad que le conviene y darle la espalda al resto, que es lo que ocurrió desembozadamente en el período en que constatamos las miserias del oportunismo político. Solo una sociedad alerta puede contrarrestar sus corrosivos efectos.

El próximo gobierno debe favorecer un clima de diálogo y respeto. Es comprensible que los partidos busquen acrecentar su influencia, pero será mejor si no pierden de vista el interés nacional.

Necesitamos oponernos al espíritu tribal, que es el germen de las divisiones odiosas. Se trata de que la expresión de las diferencias no afecte el pacto de civilización que es la democracia. Necesitamos dejar atrás la subcultura de las identidades beligerantes. Ningún sector puede pretender que, por ganar una elección, encarna una causa moralmente superior, frente a la cual solo quedarían la sumisión y el silencio.

Para tener una democracia sana y vigorosa, es indispensable el control social del poder, lo que implica una actitud alerta y crítica de los ciudadanos. La sociedad civil no debe transigir ante la demagogia, el clientelismo y el aprovechamiento de los cargos públicos. Es indispensable cortar de raíz las prácticas corruptas en la administración del Estado.

El régimen democrático no puede actuar con ingenuidad frente a quienes buscan debilitarlo. Su primer deber es preservar la paz interna y sostener el orden constitucional con todos los recursos a su alcance, lo que supone asegurar el monopolio estatal de la fuerza. En este sentido, es revelador que, en todas encuestas en que se pide evaluar a las instituciones, la población valore altamente el papel de las FF.AA., Carabineros y la PDI. La mayoría entiende que, para que Chile avance de verdad, hay que imponer la legalidad democrática en todo el territorio.

En la nueva etapa, será necesario precisar lo que se quiere cambiar y lo que se prefiere conservar, sin dejar dudas sobre la forma en que se desea conseguirlo. El nuevo gobierno debe entender que los fines son tan esenciales como los medios. Es deseable que el país encuentre una síntesis entre la estabilidad y el cambio, y que avance hacia días mejores. (El Mercurio)

Sergio Muñoz Riveros

Las democracias no mueren de golpe. No caen con estrépito ni con el ruido de los tanques que marcaron el siglo XX. Mueren de otra forma, más discreta y más peligrosa: se vacían por dentro. Eso es lo que ocurre cuando una sociedad democrática, agotada y desorientada, decide entregar el poder a la ultraderecha. No lo hace porque haya abandonado formalmente la democracia, sino porque ha dejado de creer que ella pueda protegerla.

El primer cambio no ocurre en las leyes ni en las instituciones, sino en el sentido común. Lo que antes era inaceptable comienza a parecer discutible; lo que era excepcional se vuelve cotidiano; lo que se rechazaba por razones morales se justifica ahora en nombre del orden. El lenguaje se endurece, la empatía se vuelve sospechosa y la compasión es presentada como una forma de debilidad. La política deja de ser un espacio de deliberación entre iguales y se transforma en una pedagogía del miedo.

La ultraderecha no gobierna inicialmente con decretos, sino con palabras. Redefine lo normal. Convierte el conflicto democrático –ese desacuerdo legítimo que es la esencia de la vida republicana– en una amenaza. El disenso pasa a ser deslealtad, la crítica se vuelve obstrucción, la diversidad es presentada como caos. Así, el miedo reemplaza al debate y la promesa de orden sustituye al proyecto de futuro.

Las instituciones, por su parte, no desaparecen. Siguen ahí, funcionando, pero de otra manera. Tribunales, prensa, universidades, organismos autónomos no son clausurados; son erosionados. Se los desacredita, se los coloniza, se los intimida. No hace falta censurar cuando se logra que la prudencia se vuelva autocensura. El Estado de derecho sigue existiendo, pero se vuelve selectivo: mano dura para los débiles, tolerancia para los aliados, indulgencia para los poderosos. La igualdad ante la ley se mantiene como principio formal, pero se vacía de contenido real.

La sociedad también cambia, lentamente, casi sin darse cuenta. El lazo social se debilita. La comunidad es reemplazada por identidades cerradas, por tribus morales que se miran con desconfianza. El “nosotros” se estrecha. Los grupos más vulnerables –mujeres, disidencias, migrantes– no siempre son perseguidos de manera abierta, pero comienzan a vivir en alerta permanente. Dejan de sentirse ciudadanos plenos y pasan a sentirse tolerados. La ciudadanía se vuelve jerárquica.

La cultura pública se empobrece. Se ridiculiza el conocimiento experto, se desprecia la complejidad, se glorifica la solución simple y autoritaria. La política se transforma en espectáculo moral, en un relato de buenos y malos, donde la fuerza sustituye al argumento y la certeza dogmática reemplaza a la razón.

Pero el daño más profundo no está en el presente, sino en lo que viene después. Los gobiernos de ultraderecha no están concebidos para ser episodios transitorios del sistema democrático. No se preparan para alternar en el poder ni para aceptar la derrota como una regla legítima del juego. Su lógica es otra: capturar el Estado, reescribir las reglas, colonizar las instituciones y transformar su paso por el gobierno en una permanencia de hecho o en un punto de no retorno.

Cuando no logran consolidarse indefinidamente, el escenario no es la restauración del orden anterior. Lo que sigue suele ser peor. La ultraderecha deja un campo político devastado: partidos tradicionales de derecha, centro e izquierda debilitados, deslegitimados o directamente irrelevantes; sistemas de partidos fragmentados; electorados radicalizados; una democracia exhausta. En ese vacío no reaparece la moderación, sino que irrumpe una alternativa populista aún más extrema, más brutal, menos contenida, que ya no reconoce límites ni siquiera formales.

Ese es el verdadero riesgo histórico. No se trata solo de resistir un gobierno de ultraderecha, sino de comprender que, una vez que una democracia cruza ese umbral, ya no vuelve a la misma cancha. Cambian las reglas, cambian los actores y cambia el tipo de conflicto. Lo que estaba en juego era el gobierno; lo que pasa a estar en juego es el régimen mismo. (El Mostrador)

Guillermo Pickering