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Francia: Macron pospone visita a Alemania por disturbios con más de 1.300 detenidos

El Presidente francés, Emmanuel Macron, decidió hoy posponer su visita a Alemania que estaba programada para comenzar este domingo y terminar el próximo martes, a consecuencia de los disturbios que atraviesa el país desde hace cuatro noches.

En un comunicado, el Elíseo anunció que la decisión se adoptó después de que este sábado Macron mantuviera una conversación con el Presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier.

«Habida cuenta de la situación interna, el Presidente de la República (Macron) ha indicado que deseaba poder quedarse en Francia estos próximos días. Los dos presidentes han convenido, por tanto, posponer la visita a Alemania para una fecha posterior», señalaron las fuentes en un escueto comunicado.

La noche del viernes al sábado, al menos 1.311 personas fueron detenidas en todo el país y 79 policías resultaron heridos, según cifras del ministerio de Interior, que también detalló que hubo 1.350 vehículos incendiados y desperfectos en unos 234 edificios.

Pese a la abultada cifra de arrestos, superior a la de las jornadas precedentes, las autoridades francesas evalúan que los incidentes fueron de menor intensidad que la noche precedente.

«Gracias a la movilización de las fuerzas de seguridad interior en todo el país, el nivel las violencias cometidas anoche fue de menor intensidad la noche anterior», señaló la cartera en la red social Twitter al comunicar el primer balance nocturno esta mañana, a las 08:00 horas locales (06:00 horas GMT), que luego fue actualizado.

FUNERAL

El detonante de esta oleada de altercados fue la muerte de un joven de 17 años y ascendencia árabe llamado Nahel, que recibió un disparo mortal por parte de un policía cuando trataba de huir de un control policial en Nanterre.

Las imágenes del incidente, grabadas por testigos, desataron una fuerte indignación en el país, lo que degeneró en disturbios sobre todo en los barrios populares de las grandes ciudades y en el cinturón metropolitano de París.

Los funerales del joven se celebraron esta mañana, según había detallado la víspera Patrick Jarry, el alcalde de Nanterre, si bien en un comunicado a la prensa francesa la familia precisó que querían una jornada de «discreción» y «recogimiento».

Una gran multitud se congregó en el cementerio de la localidad, donde se respiraba un ambiente tenso, según un periodista de la AFP. «Que descanse en paz, que se haga justicia. He venido para apoyar a la mamá, ella no tenía a nadie más que a él, la pobre», declaró a la AFP una mujer que no deseó dar su nombre, al salir de la funeraria de Nanterre.

Mounia, la madre de la víctima, dijo en la cadena France 5 que no culpa a la policía, sino solo al agente que le quitó la vida a su hijo. La justicia decretó prisión preventiva por homicidio voluntario para el agente de 38 años autor del disparo que, según su abogado, pidió «perdón a la familia» de Nahel.

En un intento de apaciguar la situación, la selección francesa de fútbol, capitaneada por Kylian Mbappé, señaló en un comunicado que «el tiempo de la violencia debe parar» y dejar lugar a «maneras pacíficas y constructivas de expresarse».

«Desde este trágico suceso, asistimos a la expresión de una cólera popular que comprendemos en el fondo, pero no podemos aceptar en la forma», escribieron los futbolistas.

Los disturbios despertaron preocupación en otros países, pues Francia albergará el Mundial de Rugby el próximo otoño boreal y los Juegos Olímpicos en el verano boreal de 2024.

Varios países europeos como el Reino Unido, Alemania y Noruega advirtieron a sus ciudadanos en Francia que eviten las zonas de disturbios y que extremen la precaución. (Emol EFE AFP)

Diputada Catalina Pérez (RD): «Me equivoqué, cometí un error de juicio»

Durante la mañana de este sábado, mediante una declaración pública -en video y por escrito-, la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, decidió romper el silencio en medio del escándalo de la fundación Democracia Viva.

La parlamentaria había desparecido de la escena pública tras conocerse los convenios suscritos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, que tiene vínculos con la diputada Pérez. Por un lado, Daniel Andrade, fundador de esta fundación, fue su pareja. Y el titular de esa cartera regional, Carlos Contreras, había sido su asesor parlamentario.

“Conozco la fundación Democracia Viva, que él había creado desde sus inicios y nunca forma parte de ella. Su propósito era constituir una organización ciudadana para incidir en política. En esa condición di algunas charlas, como lo he hecho con muchas organizaciones. Lo hice siempre ad honorem, como corresponde. Y quiero reiterar, fuerte y claro, nunca he hecho uso de mi cargo para interceder por esta ni ninguna fundación o persona para obtener recursos del Estado. Jamás he visto ni he recibido un peso ni me he beneficiado de ninguna manera”, señaló Pérez en su declaración.

Asimismo, admitió haberse equivocado. “Cuando tomé conocimiento de los convenios con el Ministerio de Vivienda no ponderé correctamente el impacto para el país, el daño que esto iba a causar tanto para mí como para el gobierno del presidente Gabriel Boric y el proyecto político por el que hemos luchado junto a todas y todos ustedes. Me equivoqué, cometí un error de juicio. Nada de lo sucedido creo justifica sin embargo como me han tratado”, subrayó.

Eso sí, apuntó con el presidente del partido, el senador Juan Ignacio Latorre: “Como una muestra de su falta de talento político y de liderazgo, ha sido errático, cambiante y además ha faltado a la verdad. No fue él sino yo quien pidió un pronunciamiento a la Contraloría sobre este y todos los convenios entre fundaciones y la Seremi de Vivienda de Antofagasta”, enfatizó.

Sin embargo, aseguró que no dejará su tienda política. “Pese a mi profunda decepción, soy y seguiré siendo parte de Revolución Democrática, diputada de RD, por respeto a mi historia política y a quienes represento en Antofagasta”.

Señaló que “no tiene nada que ocultar” y que como siempre lo ha hecho “he respondido por mis actos y lo seguiré haciendo”.

En tanto, dijo que el canibalismo político “no es propio de nuestro estilo y no representa el proyecto político que quisimos construir”.

También remarcó que planea asimilar la situación y volver con más fuerza: “El conflicto hoy está en manos de la justicia. Voy a buscar fuerza para recuperarme de la traición y del dolor. Luego me voy a reintegrar de frente como siempre lo he hecho. No dejaré de representar a la gente de mi región, hay tanta injusticia, necesidades en Chile y yo seguiré desde la Cámara firme”.

Y reiteró: “No he infringido ninguna norma, no he cometido ningún delito, jamás he faltado a la probidad, nunca he presionado a nadie para obtener un beneficio personal, no he intercedido ante autoridades en favor de terceros, ni me he beneficiado de este convenio de ninguna manera”. (Bio Bio)

VOCERA: «ES LA JUSTICIA LA QUE DEBE INVESTIGAR»

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a los descargos sobre el caso Convenios, hechos este sábado por la diputada Catalina Pérez (RD), afirmando que «en un Estado de derecho es la justicia la que tiene que investigar», aunque ella tiene derecho a defenderse.

La parlamentaria reapareció hoy, reconociendo «un error de juicio» en este asunto, pero asegurando que «jamás he cometido un delito».

Al respecto, la ministra Vallejo sostuvo a Mega que «es obviamente una situación compleja me imagino para la diputada, es evidente (…) Yo creo que ella como todo ser humano y persona en este país tiene derecho a la defensa y a los juicios que se puedan generar en el espacio público», acotando que «a mí no me corresponde referirme (…) a los problemas que puedan tener dentro de un partido».

La ministra expresó que «hay una parte humana en todo esto siempre, ahora en el marco de un Estado de derecho es la justicia la que tiene que investigar, ella tiene también legítima defensa y eso es lo que creo que todos tenemos que respetar».

Además, Vallejo recordó que lo que dijeron desde un inicio como Gobierno sobre el caso, «fue decir que fue un descriterio político enorme como mínimo».

Sobre el caso de los convenios, Vallejo reconoció que para el Gobierno «ha sido un golpe muy duro, porque indigna, porque implica obviamente trabajos adicionales que hay que asumir desde el Gobierno para que pasemos de la indignación a la acción, a tomar medidas cuando se nos levantan las alertas o identificamos casos por ABC motivo (…) o por que las mismas autoridades detectamos irregularidades».

Aunque indicó que «uno no puede generalizar, porque termina haciendo pagar justos por pecadores«. Con ello, recordó que el Presidente Gabriel Boric, ha sido claro en exigir responsabilidades, acotando que cuando él se entera de esto fue «un momento de mucha indignación, pero no tenemos derecho a quedarnos sólo en eso y él ha solicitado lo que ustedes saben y ha dado las señales que todos conocemos, no sólo de establecer las responsabilidades políticas, sino que también la instrucción de ‘miremos todo’ y asegurémonos de que esto no siga pasando».

OPOSICIÓN PIDE RENUNCIA A FUERO

A raíz de estas declaraciones y el nivel de vinculación en el caso, distintos parlamentarios de la oposición se han cuestionado qué irá a determinar la justicia y han hecho el llamado a que Pérez renuncié a su fuero parlamentario “si quiere contribuir”.

De esta forma, según consignó Emol, la diputada Camila Flores (RN) comentó que “si la diputada Catalina Pérez realmente quiere contribuir y asumir sus responsabilidades en estos graves hechos que la involucran a ella y su círculo cercano, lo que tiene que hacer es renunciar a su fuero parlamentario y asumir su responsabilidad en una investigación penal como cualquier persona“.

“Ella dice haber enarbolado las banderas de la probidad. Acá tiene una prueba de fuego diputada, si usted realmente quiere contribuir con la probidad, renuncie a su fuero parlamentario para que la justicia haga su trabajo sin ningún tipo de limitación y llegue hasta las últimas consecuencias. Si usted dice ser inocente, imagino que no tendrá ningún problema en hacerlo”, agregó.

En la misma línea, el diputado Juan Irarrázaval (REP) trajo a colación un particular hecho y lo utilizó para apoyar esta medida: “Hace poco tiempo, a propósito del caso en que estaba envuelto el diputado Mulet, la diputada Pérez había grabado un video diciendo que lo que correspondía era que renuncie a su fuero parlamentario. Por lo tanto, más allá de las cartas y la palabrería, la diputada sabe exactamente lo que tiene que hacer, porque ese es el estándar que ella misma ha fijado”.

Asimismo, los diputados UDI, Juan Manuel Fuenzalida, Cristhian Moreira y Juan Antonio Coloma, emitieron un comunicado en el que remarcaron que “es la justicia la que deberá determinar si cometió algún delito, no ella” y “si corresponde desaforarla o no, pero no es ella la que debe decidirlo”.

Por último, la parlamentaria del Partido de la Gente, Karen Medina manifestó que “lo único que pido es que esto se investigue. No podemos seguir dando clases de ética, perdonazos o tapar lo indefendible (…) Si eso significa apartar a autoridades electas de sus cargos, lo vamos a apoyar”. (Emol-ADN)

MOP rechaza solicitud de compensación de concesionaria de Túnel El Melón II

Duros cuestionamientos realizó el Gobierno de Chile -a través del Ministerio de Obras Públicas, MOP- a la concesionaria Túnel El Melón II. La sociedad -ligada a Belfi, Conpax y Aura- acudió al Panel Técnico de Concesiones para solicitar una compensación de 53.512 UF, unos $ 1.931 millones, por los mayores costos de construcción que -sostiene- asumió por las alzas de los precios de los materiales, insumos y mano de obra entre abril de 2021 y la fecha de la puesta en servicio provisoria de toda la obra, el 22 de octubre del año pasado.

La concesionaria -que se adjudicó la relicitación de esta iniciativa en 2016 con un costo de unos US$ 110 millones- afirma que la emergencia sanitaria por el Covid-19 a partir de marzo de 2020 y otros hechos como la guerra en Ucrania, se tradujeron en un fenómeno de hiperinflación que afectó a la industria de la construcción.

La tesis de la concesionaria debe ser rechazada, porque los riesgos de construcción en los contratos de concesión de obra pública, por definición son de cargo del concesionario, de modo que no es posible traspasarlos al Fisco; esto era conocido por la concesionaria desde el primer momento, ya que existe total claridad respecto a ello en consagración normativa como en la invariable jurisprudencia al respecto”, señalaron Marco Rosas y María Belén Naoum, en representación del MOP, al formular una serie de observaciones a la audiencia pública realizada el 22 de junio de 2023 ante el Panel de Concesiones.

Según aseguraron, la concesionaria no ha acreditado legal ni técnicamente la existencia del derecho que reclama: “Lo que en realidad pretende, es que el Fisco le pague como adicional, un valor igual al 2% de lo efectivamente gastado en la construcción, en circunstancias que esos costos son de su cargo, en circunstancias que el Estado de Chile no tiene ninguna responsabilidad en el incremento de los costos de construcción. Nada más injusto, que hacer responsable a alguien -el Estado de Chile-, por situaciones que no le son imputables”.

Además, apuntaron a que la concesionaria afirma “ambiguamente” que se le debería aplicar el Decreto Supremo MOP N°177, dictado por el Presidente Gabriel Boric y publicado en noviembre del año pasado, el que señala: “Sujeto a la disponibilidad de recursos, podrá incorporarse, previa solicitud del contratista y mediante la suscripción de un convenio aprobado por resolución de la autoridad que adjudicó o aprobó el contrato, un mecanismo de reajuste en los contratos” de obras públicas.

Según el MOP, el decreto busca beneficiar a contratos de otra clase (obra pública tradicional), con otra lógica económica, con otra distribución de riesgos, y que por disposición legal expresa no es aplicable en este caso, en virtud de la cual, cualquier alza sobreviniente del precio de los materiales de construcción podría ser traspasada al Fisco, aun cuando tenga una magnitud tan menor como el 1% o 2% de lo efectivamente gastado en construcción. “Esta postura es un escándalo, da cuenta del más absoluto desprecio por la legalidad vigente, de modo que esperamos sinceramente, que el H. Panel no actúe con ese desprecio que ha actuado la concesionaria en este caso”, dijo el ministerio.

Junto a esto, se señaló que el mayor costo no se radicó directamente en el patrimonio de la concesionaria, sino que en el de la constructora, que a su vez, dijo, es parte relacionada de Túnel El Melón II.

El MOP insistió que no cuenta con ningún antecedente respecto de la veracidad de dicho supuesto acaecimiento, como tampoco ningún instrumento probatorio acompañado en este procedimiento que acredite que aquel supuesto mayor costo se ha pagado y que se ha radicado a su vez en el patrimonio de la concesionaria.

“CAUSA SOBREVINIENTE, IMPREVISTA”

Hernán Fleischmann y Orlando Palominos, abogados de la empresa, también presentaron observaciones a la audiencia. “La presente discrepancia busca que se reconozca el derecho de esta sociedad a recuperar los mayores costos de construcción que ha tenido que soportar como consecuencia de una causa sobreviniente, los que no se recuperarán mediante los ingresos de explotación”, dijeron.

Y añadieron: “Lo que sí corresponde es analizar esta discrepancia desde el punto de vista de los efectos de una causa sobreviniente, imprevista e imposible de estimar el año en que se adjudicó el Contrato de Concesión (2016): el aumento sustancial en los precios de insumos de construcción por sobre la variación de la UF”.

Aseguraron, además, que a la fecha del contrato era imposible saber o prever que el mundo sería afectado por una pandemia y que, en esa crisis sanitaria, estallaría también una guerra que implicaría una afectación directa y sumamente seria a cadenas de distribución y logística, aumento de precios en insumos relevantes a nivel global (petróleo, fierro, hormigón, entre otros), disminución en la disponibilidad de mano de obra, entre otros impactos negativos para la industria de la construcción. “Se trata, en suma, de eventos de muy baja probabilidad que ocurrieron de manera simultánea, lo que disminuye a prácticamente cero la posibilidad de prever que ocurran simultáneamente”, destacaron los representantes de la empresa.

En su escrito presentado al panel, sostuvieron que el Contrato de Concesión es uno de asociación público-privada, a largo plazo, en que se pretende -por sobre todo- la satisfacción de un interés público; y en que el equilibrio económico es de su esencia.

“Contrario a lo afirmado por el MOP, el hecho de que se produzca un mayor gasto que no se puede recuperar es suficiente para generar un desequilibrio económico y, por ende, justificar la pretensión de esta sociedad. Así, el hecho de que esta parte no esté en insolvencia o que no existan pérdidas no es motivo válido para negar el legítimo derecho de esta concesionaria”, señalaron los abogados.  (DF)

Banda armada ataca vivienda en Victoria y hiere a perdigonazos a hombre de 52 años

Un hombre (52) fue atacado a escopetazos en su casa, en la región de La Araucanía.

El hecho ocurrió la noche de este viernes en la localidad de Las Toscas, a la altura del kilómetro 29 de la ruta CH-181, que une Victoria y Curacautín.

Según los antecedentes policiales, la víctima estaba en su domicilio junto a su pareja y su suegro, cuando llegó al lugar un vehículo desde el cual descendieron al menos tres personas, quienes dispararon perdigones en contra del inmueble.

De acuerdo a lo reportado, el hombre repelió el ataque con una escopeta que mantenía en su vehículo, generando la huida de los asaltantes.

Sin embargo, luego se verificó que el enfrentamiento le provocó heridas a la altura de su cadera, tórax y una de sus piernas.

Por esta razón, fue derivado al Hospital de Victoria, donde permanece con lesiones de carácter grave.

Según se precisa en el centro hospitalario, no se ha establecido la causa de este ataque ni la relación que pudiera tener con hechos de violencia que se han registrado en la zona.

Esta agresión ocurrió cerca del sitio en el que horas antes fue incendiada una capilla, en la localidad de Selva Oscura.

El delegado presidencial, José Montalva, se trasladó al Hospital de Victoria, donde se entrevistó con la familia del afectado.

Hasta el momento, no hay personas detenidas producto de este hecho. Según dispuso la Fiscalía, la investigación quedó a cargo de Carabineros. (Bio Bio)

Caso Convenios: Socialismo Democrático busca contener alcances del escándalo

El viernes 23 de junio, minutos después del mediodía, la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, adelantó en un punto de prensa que la alianza de gobierno, que agrupa a los partidos del Socialismo Democrático y de Apruebo Dignidad, publicaría una declaración en conjunto, como respuesta al escándalo de las transferencias directas que se hicieron entre el Ministerio de Vivienda y Democracia Viva, donde están involucrados militantes de Revolución Democrática (RD) y que, en ese momento, recién se destapaba.

La propuesta de declaración, según afirman personeros del sector, alcanzó a socializarse en el grupo de WhatsApp que comparten los timoneles. Además de condenar los hechos, el texto tenía un tono crítico con el comportamiento que, en ese momento, adoptó la oposición ante el caso. Un escrito que, aún así, no logró convencer a todos. Según quienes fueron parte de las conversaciones, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, advirtió que era necesario hacer un duro mea culpa como alianza y no apuntar los dardos a la oposición. En tanto, la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, insistió con que se debía mencionar la presunción de inocencia de los posibles implicados.

Finalmente, la idea no cuajó. Y, en consideración de los estragos que provocó la lluvia en distintas zonas del país ese día, el comunicado no salió a la luz.

La declaración que no existió da cuenta de lo complejo que ha sido para la alianza de gobierno ponerse de acuerdo sobre cómo responder a la crisis que provocó el caso, que es calificada por algunos como la más grave que ha debido enfrentar la administración del Presidente Gabriel Boric.

El Presidente Gabriel Boric respaldó a Daniela Dresdner y a Rodrigo Hernández.

Dentro del Socialismo Democrático -coalición que agrupa al PS, el PPD, los radicales y los liberales- han tomado cierta distancia de la crisis que encabeza RD. 

Piergentili Leonardo Cubillos (radical), por ejemplo, no han tenido contacto con Latorre desde que el tema explotó, más allá de las reuniones que agrupan a todos los partidos.

En la coalición, además, sinceran cierta incomodidad, porque consideran que el gobierno debió reaccionar más rápidamente ante la crisis y hacer un llamado a la contención desde los distintos ministerios. En ese sentido, esta semana la senadora Vodanovic sostuvo una conversación con la ministra del Interior, Carolina Tohá.

De hecho, en el Socialismo Democrático dicen que, salvo las bajadas comunicacionales que manda la Secretaría de Comunicaciones (Secom), los ministros del comité político no han hecho esfuerzos por ordenar al oficialismo para enfrentar el caso.

Pese a la distancia, en las directivas de esa coalición han optado por no criticar duramente a RD y por dar un paso atrás. De hecho, Piergentili y Vodanovic han estado en permanente contacto y ambas, según afirman en el sector, le han ofrecido al gobierno colaboración para enfrentar la crisis. Por lo mismo, también las dos han conversado con algunos de los parlamentarios de sus respectivos partidos para pedirles que “cuiden el tono” y que sean “responsables” a la hora de emitir declaraciones.

Así, salvo algunas excepciones, como los senadores socialistas Fidel Espinoza y Gastón Saavedra -quienes han tenido posturas críticas sobre el Ejecutivo y el FA-, la mayoría de los legisladores ha tenido intervenciones moderadas. En parte, porque no quieren contribuir a los ataques que ya reciben desde la derecha. También, porque buscan evitar interferir en el futuro de la reforma tributaria que contempla el gobierno y que depende de los votos de la oposición.

Otras fuentes de la coalición sugieren que si bien ellos no están para hacer “defensas corporativas”, sería “injusto” irse contra RD, puesto que “las responsabilidades son individuales”. En esa línea, algunos admiten que Latorre solicitó ayer en la reunión de partidos oficialistas “no hacer una defensa corporativa” del caso, puesto que RD “actúa con la máxima rigurosidad”.

En esa línea, en un primer minuto, Vodanovic hizo saber a las demás colectividades que “cuando el problema es de uno de los partidos, finalmente tenemos que actuar en conjunto para poder dar soluciones. Aquí no se trata de hacer una caza de brujas”. Por su parte, Cubillos sostuvo que “la situación actual es una oportunidad (…) de salir con una agenda de probidad contundente y transversal, que permita evitar situaciones como las denunciadas”. Su par del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, en tanto, sostuvo que la coalición ha definido que “seguir ahondando en los dimes y diretes entre partidos está muy lejos de la sensibilidad de la ciudadanía”.

Otra razón de peso para no cuestionar a viva voz al partido de Latorre es que no quieren actuar, dicen, “de la misma forma que el Frente Amplio en años anteriores”. Lo que quieren evitar, agregan las mismas fuentes, es que se diga que hoy ellos son los que pretenden mostrar una “superioridad moral”, término utilizado por el ministro Giorgio Jackson (RD) el año pasado y que molestó al Socialismo Democrático. “Ese discurso (de superioridad moral) siempre fue errado (…)”, dijo Piergentili la semana pasada.

A una semana del intento de comunicado, los esfuerzos del Socialismo Democrático están puestos en respaldar al Presidente Boric, al menos públicamente. Eso sí, en eso también han existido excepciones, por ejemplo, el senador Saavedra (PS) cuestionó que el Jefe de Estado respaldara a la delegada del Biobío, Daniela Dresdner.

En privado, en las directivas de los partidos algunos también lamentaron que el Mandatario entregara ese apoyo -aunque él mismo ayer precisó que sus palabras no apuntaron a ningún “blindaje”-, poniendo en juego su capital político. (La Tercera)

Vlado Mirosevic renuncia a presidencia de la Cámara tras cumplir plazo acordado

Vlado Mirosevic renunció este viernes a su cargo de presidente de la Cámara Baja al cumplirse «el tiempo acordado» para ejercer dicho rol.

En una carta presentada a la corporación, el diputado liberal señaló: «En virtud del acuerdo político que dio origen a la actual mesa directiva, vengo a presentar mi renuncia a la Presidencia de la mesa».

En esa línea, Mirosevic manifestó que su presidencia se enmarcó en tiempos difíciles «de gran agresividad política y desorden dentro de la Cámara».

«Sin embargo, espero haber estado a la altura en el intento de poner orden y restaurar el diálogo y la convivencia cívica tan necesaria en un Congreso Nacional», declaró.

Según lo informado por el propio parlamentario, el próximo lunes, el hemiciclo votará el nuevo reglamento con el que se erigirá a su sucesor. «Espero sea un legado de nuestro trabajo», expresó. (Emol)

Creadores de ChatGPT encaran demanda colectiva por violación de datos personales

El laboratorio de investigación de inteligencia artificial estadounidense OpenAI, creador de ChatGPT, fue demandado este miércoles en California (EEUU) por violar la privacidad de millones de usuarios de internet y los derechos de autor.

La demanda fue presentada y publicada en la página oficial del bufete de abogados Clarkson, que afirmó que quiere representar a «gente real cuya información ha sido robada y desviada comercialmente de forma inapropiada para crear esta tecnología muy poderosa».

En su escrito, se acusa a OpenAI de «robar información privada» a cientos de millones de internautas, entre ellos menores de todas las edades, con la finalidad de mejorar y desarrollar tecnología con fines de lucro.

El caso se centra principalmente en el auge de las herramientas de inteligencia artificial (IA) «generativa», como los «chatbots» (ChatGPT) y los generadores de imágenes que crean contenido original a partir de datos existentes extraídos de internet.

Esos instrumentos se nutren de información originada por humanos, como conversaciones privadas y datos médicos, obtenidos en muchos casos sin el consentimiento de uso por parte de sus creadores.

La demanda señala la necesidad de una «intervención legal inmediata» que proteja los intereses y valores humanos ante la amenaza que presenta la IA de «explotar a los seres humanos sin tener en cuenta su bienestar o consentimiento».

Además, destaca que, de no existir una regularización de dichas tecnologías, expertos ya vislumbran un escenario catastrófico que podría culminar en la eliminación de la especie humana «como amenaza para sus objetivos».

Anteriormente, OpenAI había sido acusada de monetizar indebidamente el código de fuente abierta (Github) para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial, y este mes un locutor de radio demandó al laboratorio por difamación, alegando que ChatGPT produjo un texto que le acusaba de fraude injustificadamente.

La discusión en torno a la regulación justa de la IA también ha sido popular en sectores del entretenimiento y es uno de los puntos clave de la huelga del Sindicato de Guionistas de Hollywood, quienes exigen a las grandes productoras la protección de sus derechos de autor y trabajo como escritores. (Cooperativa EFE)

La acción afirmativa

La Corte Suprema de EE.UU. acaba de decidir —por mayoría— que los programas de admisión a las universidades basados en la raza o etnia violan el principio de igual protección contenido en la decimocuarta enmienda.

A primera vista no cabe duda de que considerar la pertenencia a un colectivo, con prescindencia de la historia individual, a la hora de asignar un recurso escaso como un cupo en una universidad prestigiosa, viola la igualdad en un sentido formal. Pero si la pertenencia a una etnia minoritaria es un motivo de desdén social o de prejuicios ampliamente extendidos, entonces en vez de infringir la igualdad la hace posible en la medida que remueve un obstáculo que no depende del desempeño personal.

En una sociedad donde existan estereotipos que dañan la autoestima personal o que operan como marcadores socioculturales que guían la selección de estudiantes —impidiendo que el talento o la inteligencia refuljan—, la ceguera frente a esos factores en vez de favorecer la igualdad la dañan.

Pero hay todavía otra razón en favor de mecanismos de acción afirmativa. Se trata del valor de la diversidad.

Por factores que la literatura ha escrito largamente, la educación tiende casi con naturalidad a reproducir la herencia, sea social o cultural o económica. La historia de la educación —y para qué decir la historia de la educación chilena— muestra cuán difícil es que el sistema escolar corrija la herencia que viene de la cuna. Por supuesto siempre hay ejemplos que se apartan de ese rumbo; pero ello no cambia la distribución general o la tendencia. Y la pregunta que cabe formular no es solo si ese fenómeno lesiona la igualdad entre las personas, sino si acaso lesiona o daña a la universidad como institución.

En otras palabras, la diversidad ¿es un bien para las universidades o ella les es indiferente? Si la diversidad es un bien para la universidad, entonces esta última debiera contar con algún mecanismo que la garantice. Si en cambio no lo es, entonces es indiferente que lo posea o no.

Veamos.

Cuando las personas poseen trayectorias vitales similares, porque comparten el lugar de la ciudad que habitan, las formas de recreo o incluso las prácticas de comensalidad, o una misma tradición de clase, pueden entenderse prácticamente en silencio. No necesitan, para decirlo de otra forma, tomar distancia de su posición social o alejarse reflexivamente de su trayectoria vital. En una palabra, no se ven puestas en la necesidad de agudizar el diálogo o la racionalidad para entenderse. Esto no significa, por supuesto, que no ejerciten la razón, solo que no tienen necesidad de volver con ella sobre sí mismos, sobre el lugar que les ha tocado en suerte, el que, por el hecho de ser compartido en un espacio social homogéneo, aparece como natural.

En cambio cuando las personas poseen trayectorias vitales distintas, habitan lugares diversos, poseen creencias diversificadas o diferentes tradiciones de clase, y se encuentran en un espacio común, se ven desafiadas a reflexionar inevitablemente sobre el lugar que poseen y la peripecia que los ha constituido. Entre ellos el silencio no habla ni dice nada. Se ven puestos en la necesidad de ejercitar su racionalidad, que es la única forma de trascender la propia posición para lograr encontrarse con otros con los que no se comparte ni memoria ni costumbres —ninguno de esos automatismos que comparecen en la cultura humana— salvo la racionalidad.

Lo anterior es lo que explica que esmerarse por hacer más diversas las poblaciones estudiantiles —es decir, porque la universidad sea capaz de reunir a quienes tienen distintas trayectorias vitales y de clase, de manera de eludir la uniformidad sea para arriba o para abajo— es relevante no solo por razones de igualdad, sino por la índole de la propia universidad que, desde sus mismos orígenes, se ha propuesto cultivar la racionalidad hasta el mismo límite de sus posibilidades.

Esa es la razón, en otras palabras, de por qué las universidades no deben simplemente reproducir la herencia, y menos alegrarse o enorgullecerse cuando hacen eso, y de por qué si ello ocurre espontáneamente necesita ser corregido mediante programas especiales como los de acción afirmativa. (El Mercurio)

Carlos Peña

El Iluso-Pilar Molina

Se suponía que era el adulto en un gobierno de adolescentes mentales con poca experiencia práctica. Pero Mario Marcel se ha ido mimetizando con aquellos sobre los cuales debía influir y moderar y de repente parece más un ingenuo inexperto que Ministro de Hacienda.

No se ha dado por enterado que el programa de gobierno fue derrotado por el 62% en el plebiscito constitucional. Tampoco parece haber caído en que la Cámara, donde el oficialismo tiene mayoría, le rechazó la reforma tributaria en marzo. No parece haber entendido tampoco que en mayo los apoyos a la izquierda en la elección de convencionales fueron tan escasos como en el plebiscito de salida.

Creía que con el respaldo de los gremios iba a obligar a los senadores a aprobarle por dos tercios reingresar a trámite legislativo la reforma tributaria. Pero se llevó una sorpresa, ya que hasta los grandes empresarios le dijeron que NO a más impuestos, que mejor pruebe con una estrategia para hacer crecer al país y mejorar la eficiencia del Estado.

Marcel, sin embargo, prefiere seguir regateando apoyos extra parlamentarios, que con las pymes, que con los sindicatos, como si pudiera prescindir del Congreso. Y amenaza que si no hay reforma tributaria, porque de “pacto fiscal” no tiene nada, puede haber un nuevo estallido social. Desde Nueva York, donde fue a atraer inversiones a Chile, asegura que allá nadie se sorprende con que se suban los impuestos “para movilizar más recursos para apoyar a la ciudadanía”, que no hay aproximación ideológica al tema.

Pero el ministro se ha obcecado con aumentar la recaudación, como si fuera un fin en sí mismo. De crecimiento, que no insistan, repite. A la CPC le respondió por escrito que eso no financia el listado de demandas que exhibe: subir la PGU, reducir listas de espera hospitalaria, sala cuna universal y fortalecer la seguridad ciudadana. El Presidente Boric le colgó varias más, como eliminar el CAE y saldar la deuda con los profesores.

Pero el argumento es casi naif, a esta altura. Desde 2010 se han realizado 8 reformas tributarias y la de Bachelet-Arenas logró lo increíble: recaudar la mitad de lo esperado (1,5 en vez de 3 puntos del PIB). Lo peor es que hizo el milagro de bajar la base tributaria de las empresas no mineras en 3 puntos del PIB, en el equivalente a 2,5 billones de pesos. Es decir, esa reforma recortó las utilidades de las empresas sobre las cuales ellas tributan incluso más que la pandemia, llevándolas del 20,5% del PIB en 2017 (cuando entró en régimen la reforma) al 17,5% (un retroceso a 2008). Y hasta hoy no se recupera el anterior tamaño de la torta, porque afectó la capacidad de crecimiento de la economía.

Pero que no molesten a Marcel insistiéndole en que Chile recaudó mucho más por la expansión de la economía que subiendo impuestos. La recaudación creció entre 2000 y 2010 casi un 8% real anual, mientras Chile crecía a una tasa promedio del 4,3%. La recaudación promedio entre 2010 y 2020 fue casi la mitad: 4,7%, a pesar de que en esa última década hubo 5 reformas impositivas, porque el país creció sólo al 2.9%.

Marcel cree que puede seguir estrujando el limón de los más ricos cuando no se vislumbra que Chile pueda salir del estancamiento, con cerca de 850 mil desocupados y una tasa de inversión (que se traduce en empleo) muy inferior a la que teníamos cuando crecíamos.

Al economista de Teatinos 120 le complace compararse con los países desarrollados cuando se habla de impuestos, pero se le olvida que en esas naciones el 80% paga impuesto por sus ingresos (aquí es el 25%) y que el Estado ofrece servicios de calidad en materia de salud y educación. Y qué vamos a decir en el frente de la delincuencia, cuando acá los asaltos en los malls o las carreteras no son nunca responsabilidad del Estado. Los empresarios de cuatro regiones del sur están pensando más en arrancar con sus platas que en invertir cuando el Estado los ha abandonado a su suerte, parches más, parches menos.

Sabemos cómo malgasta la plata el fisco, que reacciona poco y nada frente a 159 programas sociales, por mas de 14 mil millones de dólares, con alguna deficiencia en los criterios evaluados por la Dipres y la Subsecretaría de Evaluación Social.

También hemos conocido que al gobierno le importa más el conocimiento del clítoris y los programas de alfabetización sexual “más allá de lo binario” que traer de vuelta a clases a los 50 mil niños que desertaron con la pandemia.

Pero lo que ignorábamos es que había un surgido un nuevo mecanismo para extraer el fruto de la recaudación tributaria: compras por trato directo que se dispararon en los primeros 15 meses de esta administración, con fundaciones que no tienen el giro para el cual se las contrata, entregas de montos parcializados que no pasan por Contraloría y amigos todos del mismo partido. Sólo nos falta saber si fue un “ardid”, como decía la ministra Chevesich en el caso Mop- Gate, que se usó en muchas otras reparticiones por parte de los mismos de Revolución Democrática

Y mientras no tengamos al menos eso claro, que no sea ingenuo el ministro Marcel de creer que el sector privado le pasará otro chorro de recursos para que el Estado los malgaste. (El Líbero)

Pilar Molina

El desfonde

Bastó que un pequeño medio regional publicara una noticia sobre irregularidades en Antofagasta para que se iniciara todo…

El problema inicialmente se remontó a Democracia Viva. Y después vino lo que vino. Absurdas defensas corporativas, victimización de género y una patética conducción del presidente de RD.

Hasta ahí, era el problema de una fundación en una región…

Pero luego, cual caja de Pandora, escaparon todos los males del mundo que habían puesto los dioses.

Y han aparecido decenas de fundaciones, con trato directo —sin experiencia previa, con profunda militancia por el Apruebo y gran simpatía por el candidato Boric—, adjudicándose directamente sumas millonarias. Dinero que muy probablemente terminaron en maletines o, en el mejor de los casos, fueron usados para hacer “conversatorios”. Es que es una paradoja: está lleno de “conversatorios”. La mayoría probablemente no se hicieron, y los que se hicieron, probablemente no sirvieron de nada.

Lo primero es satisfacer las necesidades básicas, luego viene el resto, dice Platón en “La República”. Pues bien, la plata de Democracia Viva servía para construir 70 viviendas de emergencia, pero se usaron para una palangana, unos baldes y muchos conversatorios.

Pero había “una, dos, tres Democracia Viva”…

Fundaciones “sin fin de lucro”, pero cuyo lucro encubierto es a costa de los más pobres. Muchas nacidas hace pocos meses, muchas sin experiencia previa, muchas sin giro para adjudicarse lo que se adjudicaron. Todas con muchas afinidades políticas al Gobierno. Todas con profundas amistades.

Y es cierto, todos conocemos fundaciones que hacen una gran labor. Hay muchas otras, más desconocidas, pero sumamente serias. Pero las que han aparecido son simplemente “fundaciones callampa” que están vaciando el Estado y viviendo de los pobres. Fundaciones además que, como lo muestran sus redes sociales, tienen claras posturas políticas. Absurdo. Como si la Teletón hubiera llamado a votar Apruebo o Rechazo. Como si la Fundación las Rosas hubiera llamado a votar por Boric o Kast.

Como las callampas en el bosque invernal, aparecieron y aparecieron. Ayer, sin ir más lejos, nos enteramos de la fundación Comprometidos, cuyo giro era la “producción de películas” y que montó un remake de “La gran estafa” al reemplazar a Techo en la distribución de agua en un campamento en Atacama. Recibieron 128 millones directamente que no fueron suficientes, porque determinaron cobrarles a los pobladores 12 mil pesos mensuales, entregando un recibo comprado en un bazar. Por cierto, sus redes sociales son profundamente militantes y su presidente tiene grandes amistades políticas.

Así, un problema de un campamento de Antofagasta se ha transformado en un problema sistémico mayor. Pero el Gobierno y el propio Presidente Boric no logran conducir la crisis. Pasaron de la tesis del “descriterio” al “caiga quien caiga” y al “blindaje”. Todo en una misma semana.

Todavía no se logra dar una explicación del por qué el Minvu pasó, de asignar directamente el 16% de su presupuesto, al 46% en 2022. Porque es cierto que una autoridad podrá no saber lo que hace un forajido en un lugar del territorio, pero tiene la obligación de al menos ver los gráficos.

Es reconocida la trayectoria de Montes y su aporte al país. Pero las fundaciones callampa crecieron sin que se diera cuenta, habiendo él creado las condiciones para que ello ocurriera y permitiendo que los inescrupulosos pulularan por todos lados. Su responsabilidad política es total. Montes debe salir.

La crisis actual amenaza con desfondar al Gobierno, pero —sobre todo— a una generación política que venía a acabar con las “malas prácticas”. Obviamente no son todos, pero el daño es para todos. Sin examen de ADN.

Mientras tanto, la reforma tributaria está clínicamente muerta, porque pedir recursos adicionales con este nivel de malgasto se hace imposible.

Mientras tanto, los pobres siguen en condiciones míseras, aunque pudiendo acceder a conversatorios.

Mientras tanto, se alimentan las condiciones para que surja “el paladín del pueblo” que vendrá a poner orden (cuyos resultados, nos recuerda también Platón, terminan siempre mal).

Mientras tanto, la seriedad reputacional del país está al fondo del cajón.

Tal vez es bueno recordar que cuando Pandora atinó a cerrar la caja, solo quedaba en el fondo Elpis, el espíritu de la esperanza. El único bien que los dioses habían metido en ella. De ahí el dicho “la esperanza es lo último que se pierde”.

La pregunta es ¿la esperanza de quién? (El Mercurio)

Francisco José Covarrubias