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PDI allana vivienda de C. Pérez y D. Andrade en PAC para incautar documentos

La Policía de Investigaciones (PDI) allanó durante la tarde de este martes la vivienda de Catalina Pérez, diputada de Revolución Democrática (RD), ubicada en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en la Región Metropolitana.

Acorde a lo detallado por La Tercera, y confirmado por Fiscalía a Emol, detectives de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) llegaron hasta la calle Arcángel para materializar una orden de entrada y registro emanada desde el Juzgado de Garantía de Antofagasta, solicitada en el marco de las indagatorias que lidera el fiscal Christian Aguilar.

El persecutor está a cargo de investigar los posibles delitos de tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y fraude al Fisco, a propósito de las presuntas irregularidades en los convenios suscritos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, misma que se adjudicó $426 millones entre octubre y noviembre de 2022.

Cabe recodar que la ONG liderada por Daniel Andrade, militante de RD y expareja de la diputada Pérez, ha sido cuestionada tras obtener, a pesar de su poca antigüedad, la asignación de fondos para la construcción de viviendas sociales mediante el Programa de Asentamientos Precarios, desde la Seremi encabezada hasta hace poco por Carlos Contreras, también militante de RD.

En el contexto de las labores para esclarecer el caso, policías de la Bridec llegaron hasta el inmueble donde Pérez y Andrade vivían cuando estaban juntos para recabar documentación o elementos. No obstante, ninguno de los dos estuvieron ahí cuando se llevó a cabo el operativo.

MINISTERIO DEL INTERIOR

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió al polémico caso Convenios y afirmó que «en este país se puede allanar la casa de una diputada, y creo que esa es una señal muy importante».

Esto, luego de que con una orden de entrada y registro llegaron ayer detectives de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI hasta una casa en calle Arcángel, a la altura del 1800, de la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Se trata del domicilio que la diputada Catalina Pérez (RD) habría compartido en Santiago con su expareja y representante de la fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, también militante de RD, según consignó El Mercurio.

En entrevista con Radio ADN, la autoridad del Interior sostuvo que «la situación de la Fundación Democracia Viva son hechos gravísimos, porque golpea severamente la confianza en la política y en las instituciones públicas».

Por lo mismo sostuvo que esa confianza es «indispensable para gobernar y para la democracia». En ese sentido, subrayó que «en este país se puede allanar la casa de una diputada, y creo que esa es una señal muy importante».

«La justicia puede llegar en estos casos a personas que ocupan cargos relevantes, como un diputado o una diputada de la República, y que por lo tanto hay una institución independiente, que es el Ministerio Pública que está investigando eventuales delitos», agregó.

Además, destacó que «las personas aspiran a que hechos de esta naturaleza no ocurran, pero si llegan a ocurrir el país lo que exige es que haya severidad». «Cuando ocurren estos hechos, la ciudadanía no hace distinción y queda la sensación de que todas las instituciones y todas las personas que trabajan en el sector público eventualmente faltan de la probidad y eso no es así», afirmó. (Emol)

La labor de los expertos en el nuevo proyecto de Constitución-María Teresa Vial

El proceso constitucional chileno se encuentra en una nueva etapa, en la que los expertos desempeñan un papel fundamental de lealtad y defensa del borrador que ellos consensuaron, proporcionando una propuesta inicial que sirve como punto de partida para el debate y la colaboración entre los consejeros constitucionales. Estos últimos representan la diversidad de voces y perspectivas presentes en la sociedad chilena, con una marcada preferencia por un sector político, que se explica por la coyuntura y las preocupaciones de los votantes.

A pesar de su conformación, su elección democrática los convierte en los legítimos representantes de la ciudadanía y les otorga la responsabilidad de enriquecer el borrador constitucional. Los consejeros tienen la oportunidad de incorporar las demandas y necesidades de la sociedad en la redacción final, a través de propuestas de modificaciones y de enmiendas que reflejen el sentir de la ciudadanía, pero paradójicamente (y a pesar de su conformación), deben responder a un proyecto de largo plazo que refleje los intereses colectivos de nuestra sociedad, su riqueza y pluralidad.

A pesar de que existe esta segunda instancia que puede modificar los acuerdos, estos siguen siendo valiosos, en la medida en que están bien fundamentados, respaldados por el compromiso de los expertos, sean flexibles y adaptativos, y se respete el proceso establecido. Siempre habrá una posibilidad de ajuste o revisión, pero la existencia de acuerdos previos puede sentar una base sólida y generar confianza entre las partes involucradas en la negociación del texto definitivo.

Esos acuerdos previos requieren la lealtad de los expertos que fueron capaces de poner sus particulares posiciones e intereses a un lado, en función de encontrar un camino común. Es probable que los expertos emitan diferentes opiniones y recomendaciones sobre el borrador constitucional o expresen preocupaciones, pero tienen, por sobre cualquier opinión personal, el deber de honrar en bloque el compromiso con los acuerdos alcanzados y explicar el valor y fundamento de los mismos.

En diversos países, los comités de expertos han desempeñado un papel destacado en la elaboración de nuevas constituciones. Por ejemplo, en Sudáfrica, el Comité de Expertos en la Constitución fue clave para superar los desafíos derivados de la transición del apartheid a la democracia inclusiva. Su experiencia y asesoramiento técnico contribuyeron a la redacción de una Constitución que estableció un sistema democrático sólido y garantizó la protección de los derechos humanos. De manera similar, en Colombia, el Comité de Expertos en la Reforma Constitucional fue fundamental para abordar los desafíos del conflicto armado y la búsqueda de la paz.

En el contexto chileno, los expertos tienen la oportunidad de influir positivamente en el resultado final de la nueva Constitución. Su incidencia lúcida radica no solo en proporcionar un borrador, sino también en que pueden y deben desempeñar un papel importante al facilitar el diálogo y la construcción de consensos entre los consejeros. Su experiencia en el proceso ya iniciado debe servir como referencia y guía para superar obstáculos y encontrar soluciones creativas a los desafíos que se presentan, de manera de cumplir cabalmente con la tarea encomendada. Lo que solo se podrá lograr si son leales defensores del trabajo que ellos mismos realizaron. (El Mostrador)

María Teresa Vial

El PC y la revisión histórica

Diversos personeros del Partido Comunista han reaccionado con virulencia ante la sugerencia presidencial: habría que revisar con una mirada crítica aspectos del gobierno de Salvador Allende.

Para los comunistas, es imposible la mirada crítica. Por definición, las cosas fueron como ellos dicen que fueron, porque también para el pasado aplican la vieja máxima: si la teoría no calza con los hechos, peor para los hechos.

¿Y qué hechos de su participación en el proyecto allendista no están dispuestos, de modo alguno, a que sean recordados desde las fuentes, es decir, revisados respecto de la verdad única que el PC ha pretendido implantar?

Varios, muchos. Recordemos solo algunos, en muy variados campos.

Que Allende nombró a un militante comunista, Américo Zorrilla, como ministro de Hacienda y lo mantuvo en el cargo gran parte de su período, a pesar de la ineptitud completa del personero.

Que las Brigadas Ramona Parra asesinaron al mirista Arnoldo Ríos en Concepción, agredieron violentamente a la “marcha de las cacerolas”, asaltaron a los ocupantes de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, asesinaron también al joven militante de la Democracia Cristiana Jaime Iglesias, y atacaron a los estudiantes refugiados en la rectoría de la Universidad Católica de Valparaíso, entre otras fechorías encubiertas dentro de la actividad de pintura mural.

Que la consigna “No a la guerra civil” estaba fundamentalmente dirigida por los comunistas hacia su flanco izquierdo, socialistas de Altamirano y miristas, a los que nunca pudieron convencer de que había que esperar para dar el golpe decisivo que cambiaría la correlación de fuerzas a favor del gobierno marxista.

Que para ese momento venían preparando su aparato militar y su acopio de armas, de acuerdo a los testimonios entregados por su propio secretario general, Luis Corvalán: “Constituimos los llamados Grupos chicos, compuesto cada uno de estos por no más de cinco compañeros; sus miembros, que fueron alrededor de mil, aprendieron a manejar armas automáticas de distinto tipo y adquirieron conocimientos de táctica y estrategia militares”. Altamirano mismo sostuvo que el aparato militar del PC era incluso más grande que el del propio PS.

Que desarrollaron a través de su prensa, El Siglo en concreto, una campaña de injurias y calumnias contra los opositores que, entre otros, tuvo por blanco preferido a Eduardo Frei Montalva. Tanto se mintió desde esa tribuna que hoy las nuevas generaciones comunistas promueven comisiones de control estatal de la verdad.

Que elaboraron un sistema de “autodefensa” —o sea, de organización paramilitar y distribución de armamento— en los sindicatos y cordones industriales, en el que estuvo directamente implicado Luis Figueroa, presidente comunista de la CUT.

Que colaboraron decisivamente con la presencia en Chile de un total de 5.291 cubanos, de los cuales el 88% figuró en algún momento como personal diplomático.

Que hicieron de la Universidad Técnica del Estado y de su sistema cultural una colonia comunista, en la que enquistaron a sus principales figuras musicales y a otras tantas en diversas disciplinas de las artes visuales.

Que, en fin, colaboraron directamente con la violación de todos los derechos y libertades garantizados por la Constitución, según lo declarado por la Cámara de Diputados en su acuerdo del 22 de agosto de 1973.

Todo eso lo niegan. En todo eso, y mucho más, son negacionistas.

De ninguna manera los comunistas pueden estar disponibles para una revisión de la falsa imagen democrática que han logrado difundir sobre su participación en el peor gobierno de la historia de Chile. (El Mercurio)

Gonzalo Rojas

Lo barato cuesta caro

Uno de los fenómenos políticos que recorre a América Latina son los que creen tener solución para todos los males de la región. Unos vienen de la izquierda devenidos en derechistas como es el caso de Nayib Bukele en El Salvador. Otros vienen de las épocas en que las dictaduras militares rondaban por el continente, tal como es el caso del ex capitán del Ejército brasilero, Jair Bolsonaro. Todos de alguna manera quieren imitar en las formas o el fondo a personajes como Donald Trump. Otros están instalados en la izquierda como Petro en Colombia y ni hablar de Nicolás Maduro en Venezuela o el dictador Daniel Ortega en Nicaragua. De respuesta rápida, no tienen temor al ridículo ni el sentido común es el que prima. Son populares. Muchas veces logran, como en el caso de El Salvador, controlar el delito y son aplaudidos con algún mérito real.

Algunos casos más moderados de populismo tampoco dan el ancho. Ese es el caso de presidentes como Andrés Manuel López Obrador en México, el que sostiene su popularidad en la crisis total del sistema de partidos tradicionales, muy amparado en el uso de las Fuerzas Armadas para casi todas las tareas. Además, usa como arma política el durísimo control migratorio que tiene la frontera con Estados Unidos prácticamente vacía. En este cuadro, el Mandatario mexicano muchas veces señaló tener algún grado de simpatía por el Presidente norteamericano Donald Trump y su manera de ver el mundo.

Es que eso es lo común a populistas de derecha y de izquierda, es decir, el simplismo con que ven el mundo. Autores como Cas Mudde y el chileno Cristóbal Rovira señalan que es una ideología delgada a la que sobreponen algún otro concepto como nacionalismo, pensamiento libertario de ultraderecha o, por el contrario, socialismo del siglo XXI o alguna interpretación postmoderna de Marx u otro autor que consideren revolucionario. Sin embargo, finalmente son lo mismo y no da cuenta de las necesidades de la población en el largo aliento. Nadie duda de la disminución de la delincuencia con Bukele, pero si no va acompañado de políticas públicas y una visión de país, el gatillo fácil se volverá en contra de los mismos ciudadanos que alguna vez aplaudieron estas políticas. En el sentido ideológico contrario, Gustavo Petro está en una permanente crisis de gobierno y un gobierno acusado de diversos casos de corrupción.

Cuando el populismo salta de la seguridad a la economía pasa lo mismo. Argentina enfrenta un proceso electoral donde el peronismo no parece encontrar la fórmula para seguir acumulando adherentes, los que, en vez de irse exclusivamente a la Coalición por el Cambio, parecen sentirse atraídos a Javier Milei. Esto es particularmente fuerte entre los votantes más jóvenes. Muchos ven en el economista un llanero solitario libertario que tiene respuesta para todo en el mercado y las posturas de derecha, pero sin partidos, sin estructura y con el gatillo fácil para creer que las soluciones son mágicas. Esta es la receta para una gran decepción en un momento en que Argentina tiene inflación fuera de control y una economía que produce sufrimiento en los pobres que aumentan en alarmantes números. Es decir, quienes tienen las soluciones más fáciles solo profundizan los problemas. Es decir, debemos recurrir al viejo adagio que lo barato siempre cuesta caro. (La Tercera)

Soledad Alvear

Que no nos pasen gato por liebre

Se ha desarrollado en esta sección un interesante debate a propósito de los lamentables casos de utilización de recursos públicos para fundaciones ligadas a partidos oficialistas. Hay derivadas de ese debate, que me parece muy importante zanjar.

El problema no son las fundaciones, como entes de la sociedad civil, sino la utilización que aparentemente están haciendo partidos del Frente Amplio de esa figura jurídica, para sacarle al Estado recursos de todos los chilenos, con fines políticos o de enriquecimiento personal.

Tampoco es la subsidiariedad y el tamaño del Estado; y si la sociedad civil debe o puede participar en las tareas para responder, eficaz y oportunamente, a las necesidades de los chilenos, en vivienda, educación, protección social, etcétera. El problema es la intención dolosa con la que se habrían creado determinadas fundaciones.

Que no nos pasen gato por liebre. Que no se utilice este descubrimiento, recién en su etapa inicial, para instalar una visión ideológica en torno al Estado y a la participación de privados en tareas esenciales. (El Mercurio Cartas)

Javier Macaya Danús
Presidente de la UDI

Caiga quien caiga

A raíz de los eventos ya conocidos por la opinión pública, Revolución Democrática decidió, de manera colectiva y orgánica, querellarse contra todos quienes resulten responsables en eventuales delitos contra la probidad pública, por el convenio que suscribió el seremi de Antofagasta con el representante legal de la fundación Democracia Viva, ambos militantes de nuestro partido que han pasado al tribunal supremo con solicitud de expulsión.

Queremos ser enfáticos en comunicar que cualquier militante, caiga quien caiga, que esté involucrado en eventuales delitos de corrupción, no tiene cabida en nuestro partido. Tendremos tolerancia cero, sin defensas corporativas.

Uno de nuestros pilares ético-políticos es elevar estándares de probidad y transparencia; por tanto, no permitiremos que algunas personas inescrupulosas enloden todo un proyecto político que se ha construido a pulso hace más de 10 años.

Ninguna organización está libre de tener miembros involucrados en casos de corrupción, la diferencia está en cómo se enfrentan estas situaciones. Nuestra convicción es llegar hasta el final, sin ningún tipo de impunidad para nadie, caiga quien caiga.

Creemos que este doloroso y grave episodio es una oportunidad para tomarnos este tema en serio, y manifestamos desde ya nuestra disposición a construir acuerdos transversales para la modernización del Estado y elevar estándares de probidad y transparencia en la gestión de recursos públicos, en las transferencias a organizaciones de la sociedad civil, terminar con las corporaciones privadas municipales, facilitar el levantamiento del secreto bancario, fortalecer a la unidad anticorrupción del Ministerio Público, y crear una fiscalía supraterritorial, entre otras.

No queremos que esta lamentable crisis sea en vano, y tenemos que trabajar incansablemente para mejorar y modernizar el Estado por el bien común de Chile. (El Mercurio Cartas)

Juan Ignacio Latorre
Edson Dettoni
Sofía Valenzuela
Matías Sembler
Lorena Cisternas
Maximiliano Morel
Directiva Nacional de Revolución Democrática

Manchando el currículum

El paso de gran economista a gran político ha sido siempre muy difícil en Chile. Si la memoria no me falla, el único caso en que el Ministerio de Hacienda pavimento el camino a la Presidencia de la Republica en los tiempos modernos, fue el de don Jorge Alessandri. En cambio, la lista de los casos en que ese paso no resultó exitoso contiene varios nombres importantes, como el de Gustavo Ross Santa María, Carlos Vial Espantoso, Pedro Vuskovic, Raúl Sáez, Alejandro Foxley, Hernán Büchi, Andrés Velasco, etc.  Por eso es que he estado muy atento a la trayectoria del ministro Mario Marcel, porque ha tenido el privilegio de convertirse en muy poco tiempo en casi el único flotador rescatable del entorno que rodea al vacilante Gabriel Boric. Cuando utilizo la palabra “flotador”, estoy aludiendo a alguien que mantiene credibilidad y seriedad dialogante a la hora de entenderse con fuerzas opositoras.

Sin embargo, en los últimos tiempos el señor Marcel ha demostrado no tener condiciones para moverse en el campo político, aspecto que sigue siendo fundamental para todo el que pretenda acercarse a La Moneda en ánimo no turístico. Sin ir más lejos, en las últimas semanas el ministro Marcel ha sufrido dos incidentes que han manchado significativamente su currículum. Conviene analizar estos dos tropiezos y proyectarlos en su verdadera dimensión.

El primero de ellos ha sido el de su estrategia para viabilizar un reingreso exitoso de la reforma tributaria que pretende el gobierno Boric. El camino de “ablandar” al sector de la oposición política a través de un acuerdo previo con el empresariado fue un craso error que revela un desconocimiento de cómo funciona el aparato empresarial en Chile, cosa que es inaceptable hasta en el nivel del puro Ministerio de Hacienda.

No es un error tan inesperado, porque el señor Marcel pertenece a esa clase de burócratas públicos que generalmente tiene una visión algo mitificada de cómo funciona el empresariado. Se lo imagina regido por una serie de opulentos señores que conforman una especie de mafia que en secreto mueve sus piezas en busca de preservar intereses oscuros y egoístas. Pero ocurre que eso es una caricatura que tal vez tuvo algo de realidad hace un siglo, pero que hoy día no tiene ninguna. Es ignorar lo que el empresariado aprendió con la experiencia del intento marxista de convertir a Chile en una Cuba del Sur bajo el gobierno de Salvador Allende.  En esa durísima experiencia el sector empresarial aprendió a pensar políticamente por sí mismo, a contemplar el beneficio general como un valor indispensable, a mantener rigurosamente un camino propio en que la unidad es fundamental y eso implica una total independencia de los partidos de derecha tradicionales. Por todo ello, pretender influenciar en uno con acuerdos previos con el otro es una insensatez que solo denota ignorancia.

El segundo error del Ministro Marcel, y mucho más grave que el primero, fue el de reprocharle al sector empresarial una rigidizacion de su postura frente a un proyecto de reforma tributaria en relación a lo que en alguna ocasión anterior estuvo dispuesto a conceder en la materia. ¿Es que el Ministro Marcel no advierte lo ocurrido entre las fechas que menciona? Cuando el empresariado estuvo dispuesto a considerar un aumento impositivo a los traspasos del sector privado al Estado, no había ocurrido lo de los casi cien mil “compadres políticos” inútiles que su gobierno incorporó a los gastos del presupuesto, no había ocurrido el dispendio del gobierno para capitanear la campaña por el “Apruebo” del estúpido proyecto constitucional de la Convención que su propia coalición se encargó de arruinar, no había ocurrido la transformación de La Moneda en agencia de viajes competencia de Cocha, no había ocurrido el actual show del partido de Giorgio Jackson, el apóstol de la nueva moral superior.

¿Cree el ministro Marcel que todo eso no justifica la total repugnancia a otorgarle más recursos tributarios a un gobierno que dispensa los que ya tiene en una forma tan irresponsable  y rateril? Si el ministro Marcel tuviera un mínimo de criterio político, sabría desde ya que en este momento “no está el horno para bollos” y tal vez no lo esté hasta que llegue a La Moneda un gobierno más responsable y probo.

Con todo, soy de los que opina que la falta de presteza política del señor Marcel se hizo notoria cuando aceptó manejar una política económica neocapitalista con una base de gobierno como la que tiene Boric.  ¿Es que el ministro nunca leyó el manifiesto del Partido Comunista?  ¿Es que no sabe que el neomarxismo latinoamericano basa su plataforma en la destrucción del sector privado en la economía? ¿Es que no se da cuenta de que será puesto a un lado en cuanto su gestión se demuestre ineficaz porque en su base conlleva una contradicción?  El mayor error del ministro no fue el de negociar con el empresariado antes que con la oposición política. Tampoco fue el de decir una tontería tan grande como el reproche que hizo al fracasar esa tratativa. Su mayor error fue asumir el Ministerio de Hacienda en un gobierno liderado políticamente y sin contrapeso por el Frente Amplio y el Partido Comunista.

En esas condiciones, la incursión de Mario Marcel en la escena política sólo podía concluir en el menoscabo de su currículum. Y en el circo romano que es la política chilena el currículum es demasiado importante. (El Líbero)

Orlando Sáenz

Ley pareja

El Congreso despachó el proyecto de ley que “sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente”, previo veto presidencial que corrigió solo aspectos formales y no sus defectos sustantivos.

Resulta llamativo el celo del legislador por abordar con dureza la “delincuencia de cuello y corbata” estigmatizando con ello al mundo empresarial, pero omitiendo dar el mismo trato a la “delincuencia sin corbata”, aquella que, como hemos visto en estos días con el caso de Democracia Viva, proviene de fundaciones, organizaciones no gubernamentales y, en general, entidades que supuestamente no persiguen fines de lucro. Tampoco se considera la misma severidad tratándose de funcionarios públicos.

Si bien la Ley Nº 21.121 fue un avance en el marco legal contra delitos de corrupción, no es menos cierto que el estatuto que ahora se consagra en materia de delitos económicos es muchísimo más estricto. Solo razones ideológicas pueden explicar esta radicalización punitiva y el trato diferenciado para la delincuencia económica.

En consecuencia, si se estima correcto este exceso punitivo, el Presidente de la República debiera mediante un veto aditivo incorporar un artículo que haga clara y expresamente aplicables todas sus normas a directivos de corporaciones, fundaciones y organizaciones no gubernamentales. Solo así podremos afirmar que la ley, siendo dura, es al menos pareja. (El Mercurio Cartas)

Gabriel Zaliasnik
Abogado
Profesor Derecho Penal, U. de Chile

Luis Varela Ventura
Abogado
Profesor Derecho Penal. U. de Antofagasta

Nicaragua reclama a EE.UU. deuda de US$ 12 mil millones por financiar «guerra civil»

El Gobierno de Nicaragua reclamó este martes a Estados Unidos, a través de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una antigua indemnización superior a los 12.000 millones de dólares por los daños causados al financiar la guerra interna en el país centroamericano en la década de 1980.

La reclamación de la indemnización, ordenada el 27 de junio de 1986 en una sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), fue abandonada por Nicaragua oficialmente en 1991, pero el Gobierno del presidente Daniel Ortega ha vuelto a insistir en cobrar la millonaria cantidad.

El nuevo reclamo por incumplimiento fue presentado por Ortega al secretario general de la ONU, António Guterres, y entregada personalmente por el canciller nicaragüense, Denis Moncada, en el marco del 37° aniversario de esa sentencia de la CIJ.

Ortega le pidió a Guterres circular la carta con la posición de Nicaragua como documento oficial a todos los Estados miembros de la ONU.

12.000 MILLONES DE DÓLARES

«Nicaragua toma esta oportunidad para recordar que existe una deuda histórica con el pueblo nicaragüense que 37 años después no ha sido saldada por los Estados Unidos», dijo el Mandatario sandinista, en la misiva.

Ortega sostuvo que no se trata de «una obligación pendiente de establecerse o sujeta a una opinión consultiva de un órgano judicial», sino de «una obligación claramente establecida en una sentencia firme de la máxima autoridad judicial internacional».

Recordó que hace 37 años la CIJ emitió una sentencia condenando a EE.UU. a indemnizar a Nicaragua «por todos los daños ocasionados como consecuencia de las actividades militares y paramilitares» en el país centroamericano.

«El valor estimado de los daños, en marzo de 1988, fecha en que fue presentada la memoria junto con toda la documentación comprobatoria de los mismos, se estimaba en 12.000 millones de dólares», detalló Ortega.

«Este monto no refleja los daños posteriores a dicha fecha, cuyas consecuencias son verificables actualmente. Por ejemplo, hasta el día de hoy el sistema de seguridad social del país continúa pagando pensiones a los lisiados de guerra y familiares de los mismos, inclusive a aquellos que formaron parte de las fuerzas contrarrevolucionarias financiadas ilegalmente por los Estados Unidos», agregó.

En ese sentido, Ortega criticó a Washington por no haber asumido «el costo social de dichas ilegalidades«.

La indemnización es mayor, según Ortega Asimismo, según el dirigente sandinista, «los daños sobre los cuales Nicaragua pidió compensación no reflejaban la totalidad de daños reales, sino que estaban limitados a los actos sobre los cuales la Corte tenía jurisdicción para conocer de los mismos«.

«La cuantificación de los daños, sufridos por Nicaragua, presentados a la CIJ, tuvo el apoyo y el aval de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) de Naciones Unidas», afirmó. Ortega criticó que «la compensación debida a Nicaragua continúa sin ser saldada».

Además, explicó que Nicaragua «descontinuó el procedimiento ante la Corte para la determinación del monto debido, pero en ningún momento renunció al pago de la deuda, es decir, al derecho a recibir su compensación».

«Nicaragua nunca recibió algo a lo que no tuviera derecho (como el derecho a no ser agredida) a cambio de descontinuar el juicio ante la Corte. En vez de recibir la compensación tal como corresponde moral y legalmente, Nicaragua continúa siendo objeto de una nueva modalidad de agresiones», indicó Ortega.

Desde 1991 Estados Unidos ha dado por cerrado el caso de la indemnización, que en 37 años únicamente ha sido reclamada por Ortega.

En la carta, el Mandatario reprochó que en el actual contexto, en el que Nicaragua vive una crisis, «nuevamente ha sido víctima de agresiones, ahora llamadas eufemísticamente sanciones, y víctima de un intento de golpe de Estado«, que es como Ortega califica las protestas que estallaron en abril de 2018 por unas controvertidas reformas a la seguridad social.  (Emol EFE)

Boric llama a sus ministros a «anticiparse» ante posibles casos de corrupción

Desde la Región del Biobío, el Presidente de la República, Gabriel Boric, dio cuenta de la instrucción que extendió a su gabinete de revisar los convenios suscritos durante la administración, dado el caso que protagonizó la Seremi de Vivienda de Antofagasta con la fundación Democracia Viva.

«Creo que es importante que acá hablemos despercudidamente de esto y que acá no haya nada que se esconda: Toda irregularidad tiene que salir a la luz y lo que yo le he instruido a todos nuestros colaboradores de Gobierno, en particular a los ministerios, es que hay que anticiparse«, sostuvo.

En esa línea, agregó que «hay una duda razonable que se genera cuando suceden estas cosas, que es si el Gobierno hubiera reaccionado si es que la prensa no lo hubiese sacado a la luz».

«Acá tenemos que anticiparnos y no tenemos que esperar que la prensa llegue a poner un foco de luz para indignarnos respecto a ciertas cosas. Tenemos que saber qué es lo que se está pasando y por eso he instruido efectivamente que se revisen los mecanismos», añadió.

Como una segunda motivación, Boric apuntó a que «no paguen justos por pecadores, porque hay una cuestión que es importante: la colaboración con la sociedad civil es tremendamente importante para el Estado y hay muchas fundaciones que realizan su pega de manera proba, de manera comprometida, que hacen un buen trabajo y que apoyan la labor del Estado de llegar en diferentes materias. Entonces, no podemos meter a todo el mundo en el mismo saco».

Apuntando contra Democracia Viva, el Mandatario indicó que «yo concuerdo en que es inaceptable: una fundación recién creada, que no tenía experiencia en la materia, o sea, yo creo que por ahí no hay por dónde. Que eso no siga pasando».

Consultado por la querella que hoy interpuso Revolución Democrática a quien resulte responsable, el Presidente afirmó que «me parece bien. Acá yo lo dije ayer, yo no pongo las manos al fuego por nadie y casos de estas características no estamos exentos de que sucedan, la diferencia va a estar marcada por la reacción que tengamos. No tener un doble estándar en esto, no titubear».

«Quienes estén involucrados en actos de fraude al fisco, de conflicto de intereses, tienen que responder ante la justicia, y en los casos donde haya responsabilidad política también, yo personalmente voy a hacer valer esa responsabilidad política, y creo que es como hemos actuado hasta el momento del Estado», cerró. (Emol)

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