Las deliberaciones del Consejo Constitucional y las normas recién aprobadas hacen necesario recordar cuál es el objetivo de una Constitución en el contexto político y cultural que vivimos.

El nuestro, desde hace décadas, es un país escindido en visiones contrapuestas, ideológicamente fragmentado, con altos grados de disensos y sumido en el desprestigio de los consensos indispensables para legitimar nuestras instituciones fundamentales.

Un acuerdo respecto a las reglas del juego y acerca de cómo se dirimen estas diferencias es necesario para cualquier sociedad, pero en nuestras circunstancias lo es mucho más aún. Tenemos, por lo tanto, el desafío de elaborar un texto que despierte una adhesión transversal y permita que, a pesar de nuestras diferencias, a veces tan marcadas, podamos vivir en la misma nación para continuar siendo una comunidad política. Para que ello resulte debemos ceñirnos a una Constitución mínima, que deje fuera los temas más divisorios y que habrán de resolverse a través de la deliberación democrática y la ley.

Sin embargo, tenemos también la gran tarea de lograr que dicho texto sea aprobado por una mayoría que, a la luz de las encuestas, se muestra muy escéptica respecto a las bondades de lo que podría ser un buen acuerdo constitucional. Ahora bien, es evidente que la mayoría de la población tiene como interés prioritario la resolución de los graves problemas que la aquejan, como seguridad, pensiones y salud, ninguno de los cuales puede ser resuelto por el mero expediente de un texto constitucional, salvo indirectamente por medio de un sistema político que garantice menos fragmentación y mayor gobernabilidad.

Si continúa la reticencia a aprobar el texto en elaboración estaríamos frente a un dilema mayor. Existe un cuestionamiento de la Ley Fundamental actual: cerca del 80% votó a favor de elaborar un nuevo texto; incluso muchos de los defensores de la Constitución que nos rige la decretaron no hace tanto “una Constitución muerta”, y muchos de los líderes políticos y miembros del Congreso en varias instancias violentaron tanto su letra como su espíritu. Es evidente que el incumplimiento sistemático de la Constitución va socavando progresivamente su legitimidad, más allá de la discusión sobre la validez de su origen.

En esencia una Constitución es la ley suprema de una nación que permite estructurar el Estado y su funcionamiento; establece la forma de gobierno y la organización de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; nombra los derechos fundamentales de los ciudadanos, como la libertad de pensamiento y expresión, el derecho a la vida, la libertad de religión, asociación, movimiento y reunión, entre otras; y define las atribuciones y las limitaciones de los gobiernos que son esenciales para evitar abusos de poder.

Estamos hoy frente a la oportunidad y el imperativo de poner fin a la incertidumbre que inevitablemente crea una discusión constituyente prolongada y lograr un texto reconocido y aceptado como legítimo por la ciudadanía, que permita una convivencia pacífica, gobernabilidad y estabilidad política, sin juegos de suma-cero. Me atrevo a sostener que nunca habrá una oportunidad mejor para alcanzar dichos fines. Ello, siempre y cuando mantengamos claridad respecto a qué es una Constitución democrática y qué podemos esperar de ella y nadie pretenda consagrar de forma inamovible asuntos que son propios de la ley y de la deliberación democrática, como las políticas impositivas o la forma de enfrentar la inmigración ilegal. En definitiva, el test ácido de cualquier texto es que permita la alternancia en el poder de todos los grupos democráticos e impida, a través de la consagración de derechos individuales inalienables, cualquier intento totalitario. (Emol)

Lucía Santa Cruz

La tendencia de las encuestas respecto del proceso constituyente está a la vista: la mayoría de los consultados se inclina por votar en contra del proyecto que salga del Consejo Constitucional elegido el 7 de mayo. Es, probablemente, la consecuencia de cuatro años de experimentación constitucional, lo que ha llegado al límite de la paciencia ciudadana. La encuesta Cadem N° 505 (17 de septiembre) preguntó por el sentimiento que provoca el proceso, y el resultado habla por sí solo: el 39% dijo “incertidumbre”; el 35%, “cansancio”, y solo el 20%, “esperanza”.

Después del plebiscito del 4 de septiembre de 2022, el Presidente Boric pudo haberse dado un tiempo para considerar serenamente las lecciones derivadas de su derrota. Pudo priorizar el reforzamiento de la estabilidad y la gobernabilidad, y proponer que el Congreso estudiara con calma las reformas necesarias. Mal que mal, estaba descubriendo ciertas virtudes del orden constitucional y legal que desconocía. Sin embargo, reincidió en la batalla simbólica de reemplazar “la Constitución de Pinochet”, aunque sabe perfectamente que lleva la firma del expresidente Ricardo Lagos (con quien ahora se saca selfies).

La compulsión constituyente ha sido para el Frente Amplio y el PC la forma de negar mérito a la acumulación de reformas que permitió reconstruir la democracia. La violencia octubrista hizo el resto: les metió tanto miedo a los senadores y diputados, que ellos perdieron de vista la defensa de la democracia real y se refugiaron en una imaginaria.

¿Puede cambiar de aquí al plebiscito del 17 de diciembre la tendencia de las encuestas, como ya ocurrió en el primer proceso? No parece sencillo, pero es posible. Dependerá de que el texto final sea equilibrado y tenga la capacidad de defenderse por sí mismo, esto es, de que su sola lectura deje de manifiesto sus méritos. El 7 de octubre, el Consejo Constitucional entregará el texto aprobado a la Comisión Experta, la que podría plantear reparos, lo que obligaría a buscar un acuerdo entre ambos organismos. Vendrá luego el enorme reto de informar debidamente a los electores.

Hay un mundo de diferencia entre la Convención refundacional y el trabajo hecho por la Comisión Experta, que se esforzó por elaborar un texto de compromiso, y también por el Consejo que está en funciones. De los contenidos ya aprobados, vale la pena destacar lo que dice el Artículo 4 en su primera parte: “El Estado de Chile adopta para su gobierno la república democrática, con separación de poderes y régimen presidencial. La soberanía reside en el Pueblo de Chile, Nación única e indivisible, y se ejerce por este a través de elecciones periódicas, plebiscitos y de las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo, persona, institución o grupo puede atribuirse su ejercicio”.

El Artículo 11 precisa:

“1. Son deberes u obligaciones fundamentales del Estado:

a) Garantizar la seguridad de la población, promover la integración armónica y solidaria de sus habitantes y su participación en la vida nacional.

b) Resguardar y mantener la paz social y el orden público. El uso de la violencia como método de acción política es contrario a la Constitución y a la democracia.

c) Proteger la vida, libertad y bienes de las personas.

2. Todo acto que promueva la violencia es contrario al orden constitucional, y generará responsabilidades y sanciones establecidas en la Constitución y la ley”.

Todos los partidos están sacando cuentas. Algunos calculan las posibles ganancias de subirse al carro que parece ganador, pero vacilan. El diputado Tomás de Rementería, del PS, propone simplemente saltarse las reglas: “La solución es agarrar el texto de los expertos y que pase por el filtro del soberano del poder constituyente derivado, el Congreso, y que se apruebe con los 4/7 para que se convierta en la nueva Constitución” (La Segunda, 20/09).

¿Se crearía un vacío constitucional si se impone el voto en contra? De ninguna manera. El país seguiría funcionando con las actuales reglas, y nada impediría que las ideas provechosas que surgieron en el camino puedan debatirse en el Congreso.

Es hora de salir de los enredos causados por quienes, desde 2019, han demostrado cuán lejos podían llegar en el afán de ganar a río revuelto, que no otra cosa fue usar la excusa constitucional para obtener ventajas de poder. Algunos salieron trasquilados, como le consta al PPD.

Lo fundamental es fortalecer el régimen democrático, que ha enfrentado tantas expresiones de deslealtad en estos años. Esperemos que el actual proceso llegue a puerto. Algunas figuras sobre cuyas credenciales democráticas hay enormes dudas ya están en campaña por el voto en contra. Ello puede influir en el crecimiento del voto a favor. (El Mercurio)

Sergio Muñoz Riveros

Se acaba de aprobar en el pleno del Consejo la regla relativa al derecho a la vida, especialmente en la parte relativa al aborto. La regla actualmente vigente dice que se protege la vida del que está por nacer. La regla aprobada dice que se protege la vida de quien está por nacer.

¿Es lo mismo proteger la vida del que está por nacer que proteger la vida de quien está por venir a este mundo?

No, no es lo mismo.

Un ejemplo permite dilucidarlo.

Suponga que usted escucha ruidos en una habitación que está con la puerta cerrada. Si usted pregunta alarmado o intrigado ¿qué hay ahí? o ¿hay algo ahí?, la respuesta podría ser que hay un animal, o un juguete a pilas encendido o cualquier otro ente; en cualquier caso, una cosa. Pero si usted pregunta ¿quién anda ahí? o mejor aún ¿hay alguien allí?, no cabe ninguna duda: usted supone que hay alguien como usted en esa habitación. No una cosa, sino alguien como usted o como yo, es decir un ser humano.

La conclusión es flagrante.

La regla constitucional recién aprobada establece que quien está en el vientre materno —el nasciturus— es una persona, alguien, otro como usted, un alter ego. Nunca fue más evidente la lección de Austin: una conciencia agudizada de las palabras nos ayuda a tener una conciencia más agudizada de la realidad a la que aludimos con ellas. No cabe duda de que la regla establece que quien está en el vientre es un quién, no un qué; alguien, no algo; no una cosa, sino una persona; no un ente, sino un alter ego; no un mero fenómeno biológico, sino un sujeto.

¿Significa entonces que la nueva regla —supuesto que el proyecto en el que se inserta llegue a aprobarse— importa prohibir del todo el aborto y que, en consecuencia, más adelante podría ser declarado inconstitucional?

No necesariamente.

La regla en actual vigencia que permite el aborto en alguna de las tres causales no exige negar la humanidad al nasciturus. Las hipótesis que esa regla consagra son casos en los que no puede exigirse a la mujer que sostenga el embarazo porque hacerlo equivaldría a coaccionarla para que cumpliera un deber supererogatorio. Podría considerarse bueno que decidiera llevar a término el embarazo; pero no es razonable exigirlo coactivamente. No es correcto exigirle a alguien mediante la coacción estatal que arriesgue su vida para salvar otra, que sostenga un embarazo inviable o que tolere el fruto de una agresión sexual. Tamaño deber no es exigible recíprocamente. El aborto que es legal en Chile no niega la humanidad al nasciturus, solo omite coaccionar a la mujer en la ejecución de un deber que no es exigible.

¿Significa entonces que la regla aprobada es inocua?

No, desde luego, puesto que, a la luz de ella, no debe admitirse el aborto sin indicaciones o si se prefiere sin causales.

Parece obvio que la decisión de abortar dentro de un determinado plazo (por ejemplo, antes del tercer mes porque no se desea al concebido o porque no se le podrá educar adecuadamente, etcétera) no es compatible con la decisión constitucional de que el nasciturus es una persona, un alter ego. Si es perfectamente posible sostener que el nasciturus es alguien y así y todo permitir el aborto si el embarazo es inviable, pone en riesgo la vida de la madre o es fruto de una agresión (que es lo que la ley hoy establece) no parece tan sencillo justificarlo sin más si (como la regla aprobada lo hace) se asevera que el que está por nacer es una persona.

Lo resuelto por el Consejo Constitucional esta semana permite así distinguir dos problemas que son distintos. Una cosa es decidir en qué casos el aborto es admisible y otra, distinta, el debate de si el nasciturus o el feto es o no persona. Como queda dicho, es posible permitir el aborto en ciertos casos no obstante reconocer la humanidad del feto (cuando el embarazo supone un deber supererogatorio); pero si se reconoce que es alguien y no algo, ya no se puede consagrar el aborto sin indicaciones o causales especialmente calificadas (el llamado aborto libre).

Así entendida, esta reforma no parece ser ni absurda, ni excesiva, ni conservadora, ni nada semejante. Después de todo basta un poco de reflexión para advertir que el aborto debe permitirse cuando hay razones fuertes en su favor (como hoy ocurre); pero no para admitirlo desaprensivamente como si no planteara problema moral alguno y se redujera simplemente a un asunto de libertad (como a veces se pretende). (El Mercurio)

Carlos Peña