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El crepúsculo-Álvaro Ortúzar

Cuando hablamos de una fase declinante que precede al final de algo, nos referimos al crepúsculo. ¿Qué otra expresión podría emplearse para significar el estado actual del proceso constitucional? No solo se trata de la percepción general, sino también del hastío concreto que ha provocado el péndulo destemplado de ideologías. Del anterior fracaso aprendimos que el país repudió el intento refundacional. Del actual, la imposición de reglas que sólo a algunos satisfacen, el populismo y las normas morales. Quizás de todas éstas el moralismo es el problema más grave y que concita el mayor rechazo. Nos referimos especialmente al trascendental derecho a la vida.

Recordemos que la protección de la vida del que está por nacer proviene del Código Civil de 1855 (artículo 75), y que en su aplicación la legislación fue tenuemente adaptándose hasta llegar, el año 2017, a la aprobación de tres causales de aborto: violación, peligro de vida para la mujer e inviabilidad fetal de carácter letal. Recordemos también que la norma original del Código Civil fue llevada a discusión en la Comisión que estudió la Constitución de 1980. Jaime Guzmán sostuvo su convicción de que el aborto que no era natural debía constituir un delito. Era un férreo defensor de la vida. Sin embargo, al ver contrapuesta su visión con la de un grupo de la sociedad que no la compartía, se allanó -en un gesto pocas veces visto en un hombre que llevaba sus postulados morales como un cruzado- a aceptar que no sería la Constitución, sino la ley, la que reflejaría el sentir ciudadano conforme avanzaban los tiempos. Así lo entendieron también otros comisionados profundamente católicos como Alejandro Silva Bascuñán y Enrique Evans de la Cuadra.

Hoy hemos vuelto 40 años atrás. Ni siquiera está sobre la mesa la discusión pública que se generó frente al proyecto que propuso la aceptación del aborto en tres causales. En ésta intervinieron los mayores especialistas, filósofos, científicos, laicos y religiosos. Fue el tribunal Constitucional el que zanjó finalmente la materia sin que la Constitución que nos rige (“la ley protege la vida del que está por nacer”), fuera modificada en una letra. Esta norma fue interpretada de acuerdo con el avance de la sociedad y de su percepción respecto a la vida y a los derechos de la mujer. Las causales de aborto y su despenalización no fueron bien recibidas por una parte importante de los ciudadanos, a quienes quedó entregada esta grave decisión a sus propias convicciones morales.

Así llegamos al momento actual. La facción Republicana del Consejo Constitucional propone reglas, en el fondo, destinadas a derogar la ley vigente. Una mayoría transitoria probablemente las impondrá. Pero aún quienes no estamos de acuerdo con el aborto, sentimos que tal imposición es un acto arbitrario y contrario a lo que piensa una parte de la sociedad a quien debemos respetar. (La Tercera)

Álvaro Ortúzar

El otro lado del crimen organizado-Pilar Lizana

Mucho se ha hablado del robo de cobre, madera, pescados… y mucho más sobre el tráfico de drogas y migrantes, pero poco nos hemos preguntado sobre el dinero. Si ya existe consenso de que el crimen organizado tiene distintas expresiones en Chile, entonces llegó la hora de promover con fuerza la discusión sobre lavado de activos y persecución de patrimonio.

El año 2022 los reportes de operaciones sospechosas que recibe la Unidad de Análisis Financiero (UAF) aumentaron un 17,1% respecto del período anterior. Esto no necesariamente debería preocupar pues podría ser consecuencia de una mayor denuncia de parte de las instituciones financieras. Sin embargo, si se observa en detalle, de las 11.400 operaciones reportadas el año pasado, 1.132 corresponden a lavado de activos, lo que equivale a un incremento de 120,2%. De ellas el 84,4% son por corrupción, contrabando, narcotráfico y estafa. Esto sí es preocupante.

Las redes de blanqueo de capitales en el mundo son tan extensas como sean las de los grupos del crimen organizado transnacional y el impacto del comiso de patrimonio de alguno de sus líderes puede ser más fuerte que la pena efectiva por un delito.

Si por definición estas organizaciones buscan el lucro detrás del bien que trafican, es necesario perseguir el dinero, algo que muchos repiten como un mantra, pero pocos lo llevan a la práctica. La persecución de patrimonio es una acción que requiere el esfuerzo de entidades públicas y privadas, todos comprometidos con un solo objetivo: contribuir a que el crimen organizado no utilice nuestro sistema lícito para mover capitales obtenidos de manera ilegal.

Por ejemplo, ese mercado paralelo que se inicia con mucha violencia después de la usurpación de un terreno para robar madera tiene un ciclo de desarrollo donde se blanquea el producto falsificando, entre otras cosas, boletas y facturas para obtener una ganancia que pueda demostrarse como legal, dinero que luego es ingresado al sistema a través de las distintas instituciones destinadas para ello. Lo mismo pasa con los pescados, el cobre, la droga y los bienes falsificados y vendidos en el comercio informal.

¿Cómo empieza todo? Una sola respuesta: la corrupción. Desde el momento que un agente del Estado está dispuesto a mirar para el lado, la puerta queda abierta para el crimen organizado, sus múltiples negocios y movimientos de dinero. Por eso, el que un funcionario venda números de atención del Registro Civil o el mismo caso fundaciones, no pueden ser vistos como fenómenos aislados que nada tienen que ver con el crimen. La corrupción venga de donde venga es la señal que necesitan ya que, ese mismo funcionario puede estar vendiendo números de atención un día y patentes para blanquear autos robados el próximo. Y si eso es el principio, el lavado de activos es el final.

Llegó la hora de dejar de hablar de la forma y empezar a conversar del fondo ¿Tenemos lavado de activos en Chile? Por supuesto ¿Nos buscan para eso? No necesariamente ¿Podríamos estar recibiendo dinero blanqueado en otro país y transado en Chile? Probablemente. (El Líbero)

Pilar Lizana

La aventura constitucional y su proceloso destino

Hace justo diez años, coincidiendo con los cuarenta años del golpe de Estado del 11 de septiembre, andaba yo por China. El primer lugar que visité fue la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC), dependiente del Consejo de Estado. Me interesaba conocerla ya que, en ese momento, una de las preocupaciones que atravesaban el debate público chileno era la urgencia por pensar un nuevo modelo de desarrollo. Se reclamaba nuestra falta de “mirada larga”, parafraseando al expresidente Ricardo Lagos, asociada a una prospectiva y planificación vistas como idóneas para impulsar una nueva etapa de crecimiento económico.

Mis anfitriones me preguntaron qué tipo de sistema político había en Chile. Me extrañó su desconocimiento, pero más me extrañó que me dijeran que la democracia coexiste mal con ambiciones planificadoras. Con sus mandatos rígidos y sus lógicas electorales, vendría a estar marcada por un cortoplacismo que veían como problemático.

Desde otra perspectiva, el psicólogo social Jonathan Haidt señaló algo similar en relación con el proceso constituyente chileno y, más concretamente, al que recibió un sonoro 62% de rechazo en las urnas: “La necesidad de ‘actuar’ para las redes sociales hace que esto estuviera condenado desde el principio. Debería haber sido mucho menos democrático y mucho menos trasparente”.

Porque Chile tiene una democracia que asiste a la paradoja de ser catalogada como plena por The Economist, mientras los propios chilenos la perciben como deteriorada, es que el proceso constitucional se ha alargado de tal forma impensada. El desafío se complejiza cuando, además, ha debido enmarcarse en un clima de época donde la democracia misma se encuentra en recesión, en un extendido clima de polarización afectiva. Súmese a ello que cada consulta relacionada con el proceso deriva en el inevitable examen a un gobierno cuyo Presidente, a poco de asumir, adoptó frente a la inédita oportunidad histórica que le tocó una actitud partisana.

Quedando tres meses para el plebiscito de salida para pronunciarse sobre un nuevo texto del que se denomina segundo intento (¿por qué no se contabiliza el trabajo en modalidad de cabildos de la era Bachelet?), el pleno del actual Consejo Constituyente parece querer tropezar con la misma piedra refundacional. En sentido inverso, pero con igual resultado: alejándose de lograr consensos amplios. Está visto que es una desgracia para los países la orfandad de liderazgos que sepan colocar por delante lo que une más que lo que separa.

De hecho, la aspiración a una nueva Constitución, que en su momento se vio como la única respuesta posible a la crisis desatada por el estallido social de 2019, puede ser vista como un eslabón de una búsqueda a lo que la política contingente, aquejada de esa generalidad denominada como “crisis de representación”, no podía dar. En ese tránsito, destacan su judicialización hasta pasar por la aspiración a la pureza que se les presume a los “independientes” sin partido y a los órganos autónomos, hasta llegar a una demanda de recambio generacional por parte de jóvenes que, hoy en el poder, han mostrado que, como el rey, algunos andaban desnudos.

Capítulo aparte merecen las reformas que han posibilitado el ingreso de nuevos partidos al sistema derivando en una fragmentación política de cuyos peligros se advierte en un reciente estudio del Laboratorio Democracia y Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS). Se trata este de un nudo gordiano ya procesado por la Comisión Experta y cuya resolución, al parecer, será acogida como parte del resultado de la etapa en curso.

Que Plaza Pública-Cadem arroje que 53% de los chilenos está hoy por el rechazo no es buena noticia. Frente a lo que ello podría traer, sobran fatalismos y faltan voces que contribuyan al control de expectativas.

Chile se ha embarcado en una aventura constitucional polifacética por una vía no anticipada de aproximaciones sucesivas (¿será necesaria una cuarta etapa?). También con una voluntad de innovación inusual en la política y que no deja de ser titánica. Recordemos, al respecto, otra prevención de Haidt: “En este momento, no hay posibilidad de entendimiento de historias compartidas”. (El Mercurio)

María de los Ángeles Fernández Ramil

Proceso constituyente a la deriva

Hay pocas razones para estar optimista sobre el proceso constituyente. Después del desastre en que terminó el primer proceso, este segundo intento parece no haber aprendido mucho de la mala primera experiencia. En vez de redactar una Constitución que establezca las reglas del juego para el ejercicio de la democracia, los constituyentes parecen más interesados en hacer un programa de gobierno y en imponer sus preferencias sobre políticas públicas. Esto inevitablemente llevará a que aquellos que tienen otras preferencias de políticas públicas opten por votar en contra en el plebiscito de diciembre de 2023 y el país siga en el limbo constitucional en que caímos después del estallido social de 2019.

Afortunadamente, todavía hay tiempo para enmendar rumbo. Pero para evitar un nuevo papelón internacional en el plebiscito de diciembre, es esencial que la élite política nacional acepte su responsabilidad y tome cartas en el proceso para evitar un nuevo naufragio. En la derecha, el ex Presidente Sebastián Piñera, el verdadero padre del proceso constituyente iniciado en noviembre de 2019, debiera asumir su responsabilidad y debiera poner todo su capital político sobre la mesa para tratar de evitar un nuevo fracaso del proceso constituyente.

Es cierto que Piñera actuó de forma especialmente irresponsable cuando, en noviembre de 2019, decidió entregar la Constitución para acallar las voces que pedían su renuncia. Con el mañoso y falaz argumento de que él buscaba proteger las instituciones del país, Piñera prefirió salvarse él que defender la Constitución que juró hacer cumplir. Al final, pasó a la historia como el Presidente más impopular desde el retorno de la democracia -incluso más impopular que el propio Gabriel Boric- y el país todavía sigue atrapado en este limbo del proceso constituyente. Para remediar en parte su irresponsabilidad histórica, Piñera debe ahora intentar liderar a la derecha fragmentada para lograr que se redacte un texto que sea aceptable para una mayoría de la población.

En el oficialismo, el Presidente Gabriel Boric debe evitar cometer el mismo error de no involucrarse en el proceso constituyente. Cuando asumió el poder, Boric torpemente declaró que cualquier cosa sería mejor que una Constitución redactada por cuatro generales. Pues bien, los chilenos mayoritariamente opinaron lo opuesto en septiembre de 2022. Ahora parecen encaminados a volver a preferir la Constitución de Pinochet, modificada y mejorada, que una redactada en democracia. Para evitar pasar a la historia como el Presidente en ejercicio durante los dos momentos en que los chilenos prefirieron legitimar la constitución inicialmente redactada por la dictadura, Boric va a necesitar invertir mucho capital político para ayudar a encaminar un proceso constituyente que evidentemente está a la deriva.

El resto de la clase política nacional debe entender, sea porque quiere remplazar la Constitución de Pinochet o porque quiere mantenerla, que un nuevo fracaso del proceso constituyente erosionará todavía más la confianza en las instituciones y en el proceso democrático en Chile. La opinión pública deja meridianamente claro que quiere una clase política que sea capaz de ponerse de acuerdo en encontrar soluciones para los problemas que hoy afligen al país. Aunque hay fatiga constitucional y la gente cree que la élite sigue vendiendo la Constitución como una falsa pastilla milagrosa que solucionará los problemas del país, es imperativo que el país cierre este capítulo de incertidumbre constitucional que ya está por cumplir 4 años.

Es cierto que fue un error iniciar el proceso constituyente y es verdad que muchos que abrazaron con entusiasmo el Apruebo en el plebiscito de 2020 pecaron de torpes, inocentes y voluntaristas. Ya entonces sabíamos que los procesos constituyentes en la región no terminaban bien y que después de abrir la ventana iba a ser difícil cerrarla. Pero de poco sirve llorar por la leche derramada. Precisamente porque el proceso constituyente está a la deriva y se anticipa un nuevo naufragio, aquellos que fueron responsables de meter al país en esta trampa deben hacer esfuerzos supremos para lograr un texto consensuado que sea aprobado por la población para que cerremos finalmente este negro capítulo en la historia del país.

Es momento de que esos mismos líderes políticos y empresariales que se llenaban la boca predicando el evangelio del proceso constituyente a fines de 2019 y comienzos de 2020, asuman ahora su responsabilidad e inviertan su capital político para lograr un texto consensuado que evite una nueva victoria del Rechazo en diciembre de 2023 y que permita que Chile se revindique como un país de instituciones sólidas y élite política responsable.

Aunque hay buenas razones para que la opinión pública esté molesta y decepcionada con la élite y no hay garantía de que un texto consensuado y razonable permita al país cerrar esta puerta del infierno del proceso constituyente, el costo de no hacer nada y de seguir con una Constitución sin legitimidad sometida a reformas permanentes e interminables es demasiado alto. Aquellos que nos hicieron entrar en este autodestructivo camino del proceso constituyente deben ahora poner todo su capital político para ayudarnos a evitar un nuevo naufragio.  (El Líbero)

Patricio Navia

Nuevo alto mando de Carabineros: 12 generales a retiro y ninguna mujer en quina

Hasta la Escuela de Carabineros, ubicada en Providencia, comenzaron a llegar coroneles y generales de la institución, citados por la máxima autoridad policial, el general director, Ricardo Yáñez. La razón: la renovación del nuevo alto mando de la policía uniformada.

El general director notificó a 12 generales de su retiro, entre ellos, el director de Investigación Criminal, Álex Chavan, el general que en abril de este año tuvo un duro cruce con la periodista Paulina de Allende-Salazar, lo que le valió, incluso, el reproche público del gobierno.

En esa oportunidad, el general Chaván pidió el retiro de la periodista de un punto de prensa, luego de que en un despacho en vivo para Mega, se refiriera como “paco” al cabo Daniel Palma, fallecido horas antes en un procedimiento policial. “Esa periodista no puede estar acá. No vamos a dar ninguna declaración mientras esa periodista esté acá”, dijo el entonces alto oficial.

Otra de las salidas que destacan es la del director de Inteligencia, el general Luigi Lopresti, quien se había mantenido en el cargo por dos años consecutivos. Esta plaza, ahora, será utilizada por el general Julio Jaramillo.

Lo que generó sorpresa entre los mandos fue que ninguna oficial mujer entró en la quina de las mayores antigüedades. Se pensaba al interior de la institución que sería, por ejemplo, la general Berta Robles quien subiría a general inspectora, sin embargo, eso no se concretó.

¿Por qué la sorpresa? Tiene que ver, comentan en la policía uniformada, con que de este alto mando saldrá el próximo general director, entonces, se especulaba que dejando a una mujer entre las cinco primeras antigüedades, se podía hacer algún “guiño” para tener a la primera carabinera a cargo de la institución. Eso -de no pasar nada extraño- no pasará.

El general Yáñez, en todo caso, mantuvo un puesto clave: al jefe de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, Enrique Monrás. El alto oficial seguirá a cargo de todos los servicios policiales del país, siendo hasta ahora, uno de los policías que más respaldo tiene en La Moneda.

Esto último, advierten, es algo natural. Por el rol que cumplen -desplegar servicios de seguridad en el centro, norte y sur del país- lo que lo hace mantener una relación directa con Interior, afianzando lazos importantes con La Moneda. Sin ir más lejos, destacan en la institución, el propio general Yáñez viene de ese cargo, antes de reemplazar al general (R) Mario Rozas.

La policía uniformada publicó el nuevo alto mando en su cuenta de “X”, donde dio cuenta de la conformación de los 40 generales que acompañarán a Yáñez en su último año a cargo de Carabineros.

Informamos a la ciudadanía que por medio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Presidente de la República, @GabrielBoric, aprobó la conformación del nuevo Alto Mando de Carabineros de Chile año 2024, propuesto por el General Director, Ricardo Yáñez Reveco. pic.twitter.com/w1iJXkuMcz

— Carabineros de Chile (@Carabdechile) September 21, 2023

Denuncian «brutal» campaña de desinformación del Gobierno contra labor de Consejo

“Lamento constatar que el debate ha partido de prejuicios y dogmatismos. No han tenido pudor en las últimas sesiones de utilizar diversos epítetos para referirse a la bancada del Partido Republicano y de Chile Vamos: mentirosos, sectarios, dogmáticos, entre otros. Qué puede ser más dogmático y sectario que la actitud observada en la fracasada Convención Constitucional y cómo han actuado ahora. Sin real honestidad intelectual al analizar las normas, sin real voluntad de encontrar acuerdos y sin más que presumir la mala fe del que tienen al frente. Con un gobierno, además, que ha vulnerado la neutralidad frente a este proceso con la que decían enfrentarlo”.

Esa fue parte de la intervención que realizó este jueves la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia (republicanos), en el marco de las votaciones que se desarrollan en el pleno del órgano redactor. En la colectividad fundada por José Antonio Kast subieron el tono en contra del oficialismo y apuntaron a La Moneda, acusando que están rompiendo su compromiso inicial de mantenerse en un terreno imparcial ante lo que ocurra en el ex Congreso Nacional en Santiago.

Así, Hevia agregó que “la ministra (Antonia) Orellana y otros miembros del gobierno se han referido a normas que han sido discutidas y aprobadas por este Consejo, que lo hacen de una manera que vulnera el análisis objetivo de las normas, ridiculizando el trabajo que ha realizado este Consejo Constitucional; lo que no me parece correcto de parte de ningún poder del Estado. Yo espero que el gobierno informe a la ciudadanía y no que caiga en otras opiniones que no contribuyen al debate. El Consejo Constitucional ha sido muy prudente en no criticar ni entrar en la contingencia y esperamos lo mismo de vuelta del gobierno.

Las palabras de Hevia no fueron al azar, sino que forman parte del diseño de la colectividad liderada por Arturo Squella y que apunta a poner en veredas opuestas a los republicanos y al oficialismo. Esto, con miras a intentar convencer al electorado más duro de derecha de estar a favor del nuevo proceso constituyente, en un escenario que, de acuerdo a los sondeos de opinión, es adverso.

En ese partido de a poco han ido dejando en evidencia públicamente esa estrategia, en la cual la premisa principal es que el mejor escenario es que la izquierda y el gobierno llamen a votar en contra. “Si el Partido Comunista y el Frente Amplio están en contra, es positivo para Chile. Vamos por buen camino”, dijo Kast durante la semana pasada.

El líder de los republicanos no se quedó ahí y este jueves entregó una nueva señal en esa línea, endureciendo el tono en contra de La Moneda con el objetivo de mantener la estrategia trazada. Así, los acusó de hacer una campaña en contra del proceso constitucional, en el cual los republicanos tienen la mayoría, con 22 de los 50 representantes. “Gobierno inicia campaña en contra del proyecto constitucional, mintiendo y desinformando, buscando -con complicidad de los medios- de desviar atención de aprobación de normas claves en materia de inmigración. La expulsión inmediata de inmigrantes ilegales es un cambio radical”, escribió Kast en su cuenta de X (antes Twitter).

Las publicación de Kast ocurrió en medio de las voces disidentes que existen al interior de su partido y que han aumentado la presión para que la colectividad esté “En contra” del nuevo proceso en el plebiscito de diciembre, y luego de los cuestionamientos que levantaron algunos ministros del gabinete de Gabriel Boric, quienes criticaron algunas de las enmiendas aprobadas el miércoles en el pleno del Consejo Constitucional, entre ellas, la norma que establece la protección de la vida del “quien está por nacer”. Esto, a juicio del oficialismo, pone en riesgo el aborto en tres causales y la aplicación de la píldora del día después.

“(Estoy) personalmente preocupada”, dijo el miércoles la ministra Orellana, agregando -en entrevista con radio ADN- que si bien el órgano tiene “autonomía” en la toma de decisiones, “estamos hablando de implicancias en la pastilla del día después, que ha sido tan importante en la reducción del embarazo adolescente en Chile. Ni siquiera la Constitución del 80 era incompatible”.

Y añadió: “No es una cuestión de oficialismo u oposición. Lo que muestran las encuestas es que la mayoría de la población está, al menos, de acuerdo con las tres causales y en que no hay que criminalizar”.

En esa línea, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde (PS), este jueves volvió a referirse a las votaciones del Consejo Constitucional. “Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, la Constitución debe ser un texto que represente la visión de la diversidad de Chile y no la visión de un sector particular, porque finalmente debe ser un texto que debe proyectarse por décadas. Tenemos que aprender de las lecciones y experiencias del pasado para arribar a un texto que sea un espacio de encuentro y por eso queremos insistir en el llamado a que los consejeros y consejeras estén a la altura de lo que implica este desafío. Acá se está redactando una Constitución y no una ley”, sostuvo el secretario de Estado en La Moneda, quien de todas formas evitó referirse a las normas en específico.

La estrategia inicial del Ejecutivo fue no involucrarse en el nuevo proceso constitucional debido a la dura derrota que sufrieron en el proceso anterior, en el cual el Rechazo se impuso ampliamente en el plebiscito del año pasado. Un plan que ha debido adaptarse ante la molestia y las críticas que han surgido en el gobierno y en el oficialismo ante las enmiendas aprobadas por el pleno del proceso, en las cuales tanto el Presidente Gabriel Boric como sus ministros del comité político han tenido algo que decir.

Y lo han hecho con mayor soltura, pese a que la instrucción es no involucrarse demasiado para evitar los errores del primer proceso, en el que la aprobación quedó atada a la evaluación del Ejecutivo. El mandato del Ejecutivo es que la elección del 17 de diciembre no puede convertirse en un “plebiscito al gobierno”.

Con esa finalidad, en el Ejecutivo han optado por ser cuidadosos con sus declaraciones y articularse a través de las directivas de los partidos, aunque en las últimas semanas han decidido alzar la voz.

En este escenario, los dichos de Kast fueron reforzados por la directiva del Partido Republicano. “El gobierno está orquestando una campaña de desinformación brutal, sin pudor alguno. Le pedimos a los chilenos que lean lo que ha ido aprobando el Consejo Constitucional y se formen su propia impresión. El gobierno tomó la definición de hablar desde una realidad paralela que no se condice con la verdad”, indicó el presidente de la colectividad, Arturo Squella. (La Tercera)

Gbno. envía veto a Ley de usurpaciones: oposición pide no destruir corazón del proyecto

El Gobierno alista el veto a la ley de usurpaciones que fue despachado por el Congreso Nacional el pasado 30 de agosto. El Ejecutivo busca eliminar las normas más controversiales como la legítima defensa privilegiada y para ello han sostenido reuniones con parlamentarios del oficialismo y la oposición.

Según explicó el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, «nosotros creemos que se requiere una nueva ley que entregue herramientas para restablecer el imperio del derecho con celeridad y proteja a quienes han sido víctimas de estos delitos. Pero que respete un principio básico, y es que en Chile los conflictos jurídicos entre particulares no se resuelven a través de la violencia».

A juicio del Gobierno, «este principio no estaba resguardado en el texto aprobado por el Congreso Nacional. Por eso fuimos muy explícitos para señalar que íbamos a vetar esta iniciativa para perfeccionarla, para corregirla», continuó Elizalde.

El plazo para presentar el veto vence la próxima semana, y el secretario de Estado aseguró que se presentará dentro del periodo correspondiente.

El presidente de la comisión de Seguridad del Senado y uno de los impulsores de la normativa en cuestión, Felipe Kast (EVO), tras la reunión con el Ejecutivo, destacó la importancia de la ley de usurpaciones para la Región de La Araucanía.

«Hoy nos hemos reunido con la ministra del Interior, Carolina Tohá, y le hemos pedido que ese veto no destruya el corazón del proyecto que es mandar a la cárcel a aquellos que usurpen terrenos en Chile, hemos sufrido casos de sicariatos y asesinatos producto de tomas de terreno, de loteos irregulares«.

En esa línea anunció que se acordó conformar una nueva «mesa de trabajo», en esa instancia el legislador espera «sacar adelante este proyecto y no que las usurpaciones en Chile sigan siendo impunes».

Por su parte, el presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados Andrés Longton (RN), acusó que que «el Gobierno quiere reemplazar la voluntad del Congreso y empezar a gobernar por vetos, lo que es profundamente antidemocrático entendiendo que las mayorías del Congreso representan a la mayoría del país que vive con esta injusticia y angustia de vivir con sus terrenos tomados».

«Es razonable que este veto apunte a solo ciertos aspectos que pueden ser dialogados y conversados, para que no nos quedemos sin una ley«, indicó Longton.(Emol)

Consejo aprobó exención del pago de contribuciones para vivienda principal

Una nueva norma controversial fue aprobada este jueves por el Consejo Constitucional, en medio de la votación del Capítulo II sobre «Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales».

Se trata del artículo que permite la exención del pago de contribuciones para vivienda principal, la cual fue impulsada por el Partido Republicano y que ya había causado debate tras ser aprobada en comisión.

De hecho, esta jornada se pensaba que la norma podía ser rechazada ante las dudas que existían en Chile Vamos, pero finalmente el bloque se alineó y sólo tres de sus miembros se abstuvieron (Gloria Hutt, EVO; Lorena Gallardo, RN; y Edmundo Eluchans, UDI). Así, el artículo logró 30 votos a favor, 17 en contra de la bancada oficialista y las 3 abstenciones de Chile Vamos.

De esta forma, la enmienda quedó así: «El inmueble destinado a la vivienda principal del propietario y de su familia estará exento de toda contribución e impuesto territorial. La ley determinará la forma de hacer efectivo este derecho».

La propuesta ya había generado polémica tanto en el oficialismo como en la oposición, ya que agrupaciones de alcaldes advirtieron del riesgo de «desfinanciamiento» que su aprobación podría suponer para los municipios.

Situación que fue reiterada durante el debate de hoy por el experto de Evópoli Sebastián Soto.

«El plebiscito de diciembre no se va a ganar por medio de estas normas discutibles, que no sólo son cuestionables en lo constitucional, en lo técnico y en lo político, sino que además enervan un acuerdo transversal. El plebiscito de diciembre no se va a ganar con confrontación, polarización y con la lógica amigo y enemigo. Soy de los que cree que el plebiscito de diciembre solo podrá ganarse si hay un pacto político en que la ciudadanía pueda ver que no sólo sus líderes políticos, sino que también los líderes sociales, la élite, está de acuerdo», enfatizó.

«Nadie tiene en esto una varita mágica, nadie sabe cuál es la fórmula del triunfo, pero al menos si me equivoco prefiero equivocarme en un texto de consenso y no con un texto partisano», profundizó.

Junto con esto, se aprobó por la unanimidad de los consejeros el «derecho a la vivienda adecuada», así como los numerales a) y b). El primero señala que «el Estado promoverá, a través de instituciones estatales y privadas, acciones tendientes a la satisfacción progresiva de este derecho, con preferencia de acceso a la vivienda propia, de conformidad a la ley».

Mientras que el segundo punto indica que «el Estado adoptará medidas orientadas a generar un acceso equitativo a servicios básicos, bienes y espacios públicos, una movilidad segura y sustentable, conectividad y seguridad vial».

PENSIONES

Junto con aprobar la libertad de elección en salud y el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos, el pleno del Consejo Constitucional aprobó también este jueves la libertad de elección en pensiones.

La de hoy es una jornada clave -que continuará en la tarde-, donde se votarán las principales normas del Estado social y democrático de derecho contenidos en el Capítulo II sobre «Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales».

Uno de los temas más relevantes eran los relacionados al inciso 27 sobre el derecho a la seguridad social y las diferencias entre oficialismo y oposición respecto a la libertad de elección en materia de pensiones.

Por unanimidad se aprobó primero literal a que detalla que «el Estado garantiza el acceso a prestaciones básicas y uniformes, establecidas por la ley, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas, resguardando a las personas de las contingencias de vejez, discapacidad, muerte, enfermedad, embarazo, maternidad, paternidad, cesantía, accidentes y enfermedades laborales, sin perjuicio del establecimiento de otras contingencias o circunstancias fijadas en la ley. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias». También se visaron los literales c y d.

En cambio, por 33 votos de la oposición y 17 en contra del oficialismo, se aprobó el literal b respecto a que «cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por éstas, y tendrá el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administre e invierta. En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno».

También se aprobaron normas del inciso 25 sobre derecho al trabajo decente, a su libre elección y libre contratación. Así como las relativas al inciso 26 sobre libertad sindical, derecho a huelga y negociación colectiva, allí se aprobaron varias enmiendas renovadas por la oposición.

A petición de las bancadas de Unidad para Chile se acordó votar mañana el derecho a la cultura. Durante la tarde, en tanto, se discutirá la idea de eximir del pago de contribuciones a la primera vivienda, norma promovida por republicanos y que según ha trascendido, tendría en duda el apoyo de todos los consejeros de Chile Vamos.(Emol)

Decretan 12 meses para que Fiscalía determine si formaliza a Camila Polizzi

Hasta el Tribunal de Garantía de Concepción llegó este jueves Camila Polizzi, en el marco de la «arista lencería» del denominado caso Convenios en la Región del Biobío.

El propósito de la audiencia era revisar dos peticiones realizadas por las defensas de la ex candidata a alcaldesa de Concepción y de su ex pareja, Sebastián Polanco, para ser informados de los hechos por los cuales el Ministerio Público los está investigando, y para fijar un plazo máximo para la indagatoria.

Asimismo, las defensas solicitaron que en la instancia se declarase la nulidad de la revisión de las cuentas bancarias de los indagados y los allanamientos efectuados en sus domicilios, procedimientos que habían sido autorizados por el mismo tribunal.

Sobre la primera petición, el juez Carlos Aguayo detalló que Fiscalía le comunicó a Polizzi y Polanco los hechos investigados, y que además se fijó un plazo máximo de 12 meses para que el Ministerio Público determine si serán formalizados o no.

«La segunda solicitud de la defensa era la petición de nulidad de dos diligencias intrusivas ordenadas por este tribunal», explicó Aguayo.

Puntualizó que «escuchados los argumentos tanto de la defensa como del Ministerio Público y de la parte querellante, el tribunal no dio lugar a la petición de las defensas y por lo tanto no se anularon ninguna de las diligencias solicitadas». (Emol)

Congresistas de EE.UU. presentan resolución de disculpas a Chile por golpe de Estado

Varios congresistas de Estados Unidos presentaron este jueves una resolución que ofrece disculpas por el papel de Washington en el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile e insta al gobierno a desclasificar más documentos sobre lo ocurrido.

Los legisladores expresan un «profundo pesar por la contribución de Estados Unidos en la desestabilización de las instituciones políticas de Chile y el proceso constitucional», se lee en el texto.

También por haber contribuido «a la consolidación de la dictadura militar represiva del general (Augusto) Pinochet», añade la resolución un día antes de que el Presidente chileno, Gabriel Boric, llegue a Washington tras haber asistido en Nueva York a la Asamblea General de la ONU.

A petición de Chile, el Departamento de Estado ha desclasificado en las últimas semanas fragmentos de dos documentos de 1973 que demuestran que el ex presidente Richard Nixon estaba al tanto de los planes militares para derrocar a Salvador Allende. Pero los congresistas estiman que Biden debe dar un paso más.

«La plena rendición de cuentas» requiere que se publiquen y desclasifiquen «los archivos restantes de Estados Unidos relacionados con los hechos de antes, durante y después del golpe militar», señala la resolución.

Según archivos desclasificados, Nixon ordenó a la agencia de inteligencia (CIA) «hacer que la economía grite» y bloquear de forma encubierta la toma de posesión de Allende.

Bajo la supervisión del asesor de Seguridad Nacional Henry Kissinger, la CIA se esforzó por fomentar un «clima golpista» y «crear las mejores condiciones posibles» para aupar a los militares al poder.

«Debemos dejar claro que lamentamos nuestra participación y nos comprometemos a apoyar la democracia chilena», afirma en un comunicado el senador independiente Bernie Sanders, uno de los impulsores de la resolución junto con los congresistas demócratas Tim Kaine, Alexandria Ocasio-Cortez, Joaquín Castro y Greg Casar.

Ocasio-Cortez pide reconocer el «complicado pasado» de Estados Unidos y desclasificar más archivos porque «quedan muchas preguntas pendientes» y «el pueblo de Chile y las víctimas de la violencia de Pinochet merecen respuestas».

La resolución «aplaude al pueblo chileno por la reconstrucción de una democracia fuerte y resiliente» y expresa el compromiso del Congreso a participar en los esfuerzos por esclarecer la verdad. (Emol-EFE)

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