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Diputada Arce oficia a alcalde de La Florida por «irregularidades» en gestión municipal

La diputada Mónica Arce ofició al alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, por lapidaria auditoría externa que acusa “irregularidades” y “desorden administrativo gigante” en cuanto a dineros de la municipalidad.

Se trata de un informe que solicitaron los concejales de dicha comuna. El cual arrojó que la situación financiera presupuestaria de la comuna es preocupante debido a que el Municipio no entregó la totalidad de la información solicitada.

Lo anterior, con el argumento de no contar con “exactitud” la información respecto a los estados financieros en el periodo del 1 de enero del 2017 al 30 de junio del 2021.

Por lo cual, la empresa encargada de la auditoría (Proexsi a SMC) no pudo esgrimir conclusiones claras respecto a los fondos comprometidos dentro del municipio.

Por lo anterior, la diputada Arce decidió oficiar al mencionado jefe comunal. “Nosotros ya perdimos la paciencia de tantas veces que hemos solicitado información al alcalde Carter, donde es de su obligación respondernos y no lo hace”, indicó.

Y destacó que “nuevamente, oficiamos y creemos que La Contraloría debe volver a pronunciarse, al igual como lo hizo en enero de este año, con los 4 mil millones perdidos en la Corporación de La Florida”.

DIPUTADA LLAMA A CARTER A “RESPONDER”

La diputada humanista emplazó al Alcalde Rodolfo Carter a “responder”. Indicando que “Rodolfo Carter no es un privilegiado quien puede entregar información cuando quiera, es alcalde y funcionario público y tiene el deber de responder. No solo a La Contraloría, concejales y diputados, sino a todos nuestros vecinos de La Florida, por la irresponsabilidad de su gestión financiera”.

Por último, expresó su preocupación por su actitud frente a las irregularidades con los dineros comunales. “Es lamentable que en la comuna de La Florida exista un alcalde más preocupado por su campaña presidencial que por los dineros que se fugan en su gestión”, aseveró.

Bío Bío Chile consultó a la Municipalidad de La Florida respecto a dicho oficio; sin embargo, no se obtuvieron respuestas. (Bio Bio)

Senador Latorre (RD): «Improbable» que diputada Pérez desconociera Caso Democracia Viva

Revolución Democrática presentó el 15 de septiembre una nueva querella por el Caso Convenios, en la que el expresidente Juan Ignacio Latorre asegura que “parece improbable” que la diputada Catalina Pérez no supiera de los movimientos protagonizados por la fundación Democracia Viva, dirigida por su pareja en ese momento, Daniel Andrade.

Esto es parte de los nuevos antecedentes que se incluyeron en la acusación criminal contra Carlos Contreras y Daniel Andrade, ingresada al Juzgado de Garantía de Antofagasta. A esto se suma parte del chat de la directiva del partido del día en que estalló la crisis provocada por los tratos directos alcanzados por Democracia Viva y el Minvu de Antofagasta.

El 6 de junio, la directiva a cargo del partido intercambió una serie de comentarios por WhatsApp, comentando lo que estaba pasando y lo que pensaban respecto al escándalo.

Poco a poco se conocían detalles de los traspasos de millonarios fondos estatales desde el Serviu de Antofagasta, liderado por el exseremi y ex RD, Carlos Contreras, a la fundación liderada por su amigo, también exmilitante RD y ahora expareja de la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade.

Ese día, desde las 11:30 horas cuatro de los siete integrantes de la directiva de RD intercambiaron comentarios respecto de la situación, conversación que fue incluida en la querella.

En el diálgo, que se dio justo después de conocer el caso, están presentes Araceli Farías (secretaria general), Sofía Valenzuela (tesorera), Matías Sembler, (coordinador de contenidos) y Lorena Cisternas (coordinadora de redes ciudadanas).

La acusación afirma que desde ese momento los querellados, el exseremi Carlos Contreras, y Daniel Andrade actuaron de “mala fe, intentaron a toda costa limitar el acceso (…) a la verdadera información de los Convenios. Nos mintieron, dilataron y, posteriormente negaron la entrega de antecedentes”.

Además de la conversación, la querella incluye un relato de Juan Ignacio Latorre, en el que detalla que “la principal preocupación en ese minuto fue político-comunicacional, porque se abría un “flanco”.

Latorre agrega que Catalina Pérez se le acercó ese mismo día y “minimizó la gravedad del asunto, señalándome que se había levantado un “tema” referido a la adjudicación de unos convenios, pero, que todo se encontraba en orden”.

El senador agrega que quedó tranquilo, ya que supuso “que ella en su calidad de abogada y promotora acérrima de la probidad tenía todo en orden”. Agregó que con la finalidad de “resguardar a Pérez –en quien, reitero, confiaba profundamente- y evitar cualquier interpretación inadecuada, le sugerí que enviara un oficio a Contraloría (…) para que se pronunciara”.

“PARECE IMPROBABLE”

A las 20:00 se reunió la directiva de RD con el exseremi Contreras y Andrade; además de la jefa de gabinete de Catalina Pérez, Romina Neumann; Paulina Cabrera y Vesselina Vateva, por parte de la Fundación Democracia Viva. Por la directiva RD estuvo Aracelli Farias, Sofía Valenzuela, Matías Sembler, Lorena Cisternas, Edson Dettoni y Juan Ignacio Latorre.

Reunión que a nadie dejó conforme. Según Latorre, Contreras explicó los hechos, “con un discurso bastante articulado, planteando esta situación como medidas que contribuyeron a democratizar lo relacionado al ámbito de las fundaciones (…), permitiendo que participaran más entidades de esa naturaleza y no solo las del gobierno anterior. También, informó que se trataban de 3 convenios suscritos entre la Seremi y la Fundación Democracia Viva, cuyo monto superaba los $400.000.000 (…). Se nos aseguró que estaba todo en orden”.

Otra de las mentiras que se les dijo es que Democracia Viva “tenía dos años de experiencia en territorio”, pese a que se fundó en febrero de 2022 legalmente. “En otras palabras, derechamente, Carlos Contreras y Daniel Andrade nos mintieron. Días después se descubriría que no tenían experiencia alguna en el tema de habitabilidad”, dice la querella.

Tras todo lo conocido desde junio a la fecha, la querella plantea que parece improbable que la diputada Catalina Pérez no estuviera al tanto de lo que pasaba en su región.

“En dicha reunión, también, se preguntó si la diputada Pérez tenía conocimiento de todo esto, a lo que respondió su jefa de Gabinete señalando que no, cuestión que transcurridos los días a la Directiva nos pareció bastante improbable”, dice Latorre en la acusación. (Bio Bio)

Conozca la querella completa aquí

 

Diputados RN buscan limitar pensiones de gracia entregadas por DD.HH. tras el 18-O

La bancada de diputados y diputadas de Renovación Nacional (RN) presentó un proyecto de ley para limitar el otorgamiento de pensiones de gracia a víctimas de vulneraciones a los derechos humanos durante el estallido social, luego de que la oposición criticara el criterio “discrecional” en la entrega del beneficio.

El pasado miércoles 13 de septiembre, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), informó que hay 418 personas que reciben pensiones de gracia otorgadas por vulneraciones a los derechos humanos en el marco del estallido social. De ese total, 40 tienen antecedentes penales, de las cuales 23 se otorgaron durante la actual administración.

En ese sentido, la iniciativa propone modificar la Ley N° 18.056 que establece las normas generales sobre el otorgamiento de Pensiones de Gracia por el Presidente, para garantizar mayor transparencia en la asignación de las pensiones de gracia para este tipo de víctimas.

“Como bancada le damos la máxima importancia a este tema y por eso ingresamos una moción que ataca varias deficiencias en la ley de pensiones de gracia, limitando con ello la discrecionalidad del Presidente y empapando el proceso de concesión con reglas de transparencia y publicidad. Este no puede ser un botín para los adherentes del gobierno o los amigos del Presidente”, puntualizó el jefe de la bancada RN, el diputado Frank Sauerbaum.

En esa línea, una de las modificaciones que introduce el proyecto es que se prohibirá el beneficio para quienes fuesen condenados por crimen o simple delito, así como para aquellos que hayan cesado en la función pública debido a medidas disciplinarias por faltas graves a la probidad administrativa.

Ya ingresamos un requerimiento a la Contraloría para que se auditen todas las pensiones a las supuestas víctimas del estallido, para dejar sin efecto muchas pensiones que sabemos fueron entregadas de manera desproporcionada y sin asidero legal. Pero como no basta sólo con denunciar, ahora proponemos una serie de reformas legales que buscan asegurar a los chilenos que los recursos públicos para estas pensiones se gastarán de manera correcta y en forma transparente”, apuntó la diputada Marcia Raphael, subjefa de la bancada.

La iniciativa, además, establece que las pensiones de gracia sólo podrán ser otorgadas por decreto supremo fundado del Presidente de la República, sujeto al trámite de toma de razón por parte de la Contraloría. (La Tercera)

Iquique: acusan a hijo de exsenador Rossi de estafa por proyecto de viviendas sociales

El hijo del senador socialista Fulvio Rossi, Franco Rossi, fue acusado de una millonaria estafa en contra de más de un centenar de familias en Iquique, por un fallido proyecto de viviendas sociales.

Se trata de un caso que se conoció tras una querella criminal que interpusieron al menos 115 familias en la capital de la región de Tarapacá.

Lo anterior, por la presunta entrega de terrenos y viviendas sociales en el sector de Playa Sarmendia, en el litoral sur de Iquique, de acuerdo a información entregada por los afectados.

Según los denunciantes, cada familia debía entregar 1 millón 200 mil pesos al hijo del exparlamentario, en dos cuotas de 600 mil pesos, como un pago inicial para la entrega de viviendas sociales.

De esta forma, en total, la cifra del fraude alcanzaría los 140 millones de pesos.

Sin embargo, las familias aseguran que nunca se concretó la entrega de las viviendas, a lo que se suma que no han podido contactar a Rossi, quien se mantiene con paradero desconocido.

La querella criminal, que apunta a todos quienes resulten responsables, fue interpuesta en el tribunal patrocinada por el diputado Matías Ramírez, luego de una denuncia que interpusieron en la Brigada de Delitos Económicos de la PDI. (Bio Bio)

 ESTE ARTÍCULO DESCRIBE UN PROCESO JUDICIAL EN CURSO
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)

Papa Francisco llama en Marsella a «socorrer» a los migrantes en el mar

El Papa Francisco llamó este viernes desde Marsella (sureste de Francia) a «socorrer» a los migrantes que arriesgan su vida en el mar, unas esperadas palabras para las asociaciones que los ayudan, en pleno debate en Europa sobre la acogida de refugiados.

«Deben ser socorridas las personas que, al ser abandonadas sobre las olas, corren el riesgo de ahogarse. Es un deber de humanidad, es un deber de civilización», clamó el pontífice argentino, con el azul mar Mediterráneo y el atardecer de fondo.

A los pies de la basílica neobizantina de Nuestra Señora de la Guardia, coronada por una imponente estatua de la Virgen con el niño Jesús en brazos, depositó flores blancas y amarillas en homenaje a los desaparecidos en el mar.

«Son nombres y apellidos, son rostros e historias, son vidas rotas y sueños destrozados (…) Frente a semejante drama no sirven las palabras, sino los hechos», subrayó poco antes ante líderes religiosos y miembros de asociaciones de ayudas a migrantes.

A estas últimas les dio las gracias por su trabajo, máxime cuando en ocasiones gobiernos en Europa les impiden zarpar para realizar los rescates, algo que calificó de «gestos de odio».

«Es muy fuerte el reconocimiento a nuestro trabajo y esperemos que (sus palabras) tengan un impacto y cese al fin la criminalización de nuestra acción», dijo a AFP Fabienne Lassalle, responsable de la oenegé SOS Méditerrannée.

La ceremonia era el momento más esperado y simbólico de su visita. Junior, un joven migrante de Costa de Marfil, leyó un pasaje sobre el naufragio del apóstol San Pablo en Malta.

Ainhoa y Angy, dos niñas de ocho y diez años residentes en Francia y de familia ecuatoriana y también portuguesa para la primera, le entregaron dos cartas al papa, que les correspondió con dos rosarios.

«Le pedí en la carta que rece por los niños que son pobres en todo el mundo y que no tienen padres», explicó a AFP Ainhoa, que dijo sentir «mucho emoción» de hablar con él.

«CRUELDAD»

Desde Venezuela a Centroamérica y México, pasando por Estados Unidos, África y Medio Oriente, los migrantes son una prioridad para Francisco, que suele expresar el dolor por las tragedias que sufren.

Su visita llega además días después que miles de migrantes llegaran a la isla de Lampedusa, lo que obligó a la Unión Europea (UE) a adoptar un plan para ayudar a Italia a gestionar esta ruta migratoria procedente del norte de África.

Consultado por ello en el avión papal, Francisco, cuyo primer viaje como pontífice en 2013 fue a Lampedusa y visitó también centros de migrantes en Grecia, lamentó la «crueldad» y «falta de humanidad» que se vive en el Mediterráneo.

Más de 28.000 migrantes han desaparecido en sus aguas desde 2014 al querer alcanzar Europa desde África, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Boubacar (pseudónimo), que llegó a Marsella hace diez días, recuerda las dificultades que tuvo que atravesar antes de desembarcar en Lampedusa: «Pasamos 24 horas en el mar sin comer, sin beber, sin hacer nuestras necesidades».

«FANATISMO DE LA INDIFERENCIA»

Aunque delicado de salud, el jesuita de 86 años, que se desplaza en silla de ruedas, emprendió su quinto viaje de 2023 fuera de Italia y el Vaticano, tras visitar República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Hungría, Portugal y Mongolia.

En una Europa donde la acogida divide, la ultraderecha y la derecha conservadora, que advierten de una supuesta «invasión» migratoria, critican que el Pontífice hable tanto de los migrantes.

Aunque durante su vuelo a Marsella confesó que no sabía si tendría la «valentía» de decir todo lo que quería decir, cargó finalmente contra los «contrabandos repugnantes» y «el fanatismo de la indiferencia», y llamó a «superar la parálisis del miedo» para «cuidar de los más débiles».

Su 44º viaje apostólico al extranjero y el primero de un papa a Marsella desde 1533 suscita un gran interés pese al declive del catolicismo en Francia, país laico desde 1905 y donde las acusaciones de abusos sexuales en la Iglesia aceleraron la crisis.

Pero Francisco advirtió que su viaje no es una visita oficial a Francia, sino que busca clausurar un encuentro entre obispos y jóvenes del Mediterráneo, con las desigualdades, el diálogo interreligioso o el cambio climático en la agenda.

Se esperan miles de fieles en las calles de esta ciudad cosmopolita, donde vive un gran abanico de comunidades y religiones, especialmente el sábado, cuando está prevista una misa ante casi 60.000 personas en el estadio Velódromo.

Jorge Bergoglio recorrerá primero la gran avenida del Prado en su «papamóvil» para que la multitud pueda saludarlo, antes de la ceremonia en el estadio a la que asistirá el presidente francés, Emmanuel Macron, cuya presencia ha sido criticada. (Emol AFP)

Asimet insta al Gbno. a evitar distorsiones en mercado del acero que amenazan a CAP

La Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, ASIMET, manifestó, a través de una declaración pública, su preocupación por la grave situación económica que afecta a la Siderúrgica Huachipato, empresa socia de la región del Biobío que para el gremio representa “un polo industrial clave de la zona, y que otorga empleos de calidad a más de tres mil trescientos colaboradores, además de otros aproximadamente diecisiete mil puestos de trabajo que genera de manera indirecta”.

El texto señala que la realidad actual del mercado del acero nacional, y de la industria productiva aguas abajo, es que debe competir con productos que no siempre cumplen con las normativas de calidad que sí se les exige a las manufacturas nacionales, ni con los estándares en materia de sustentabilidad a los que propende el país.

Al respecto, ASIMET enfatiza en la declaración que el gremio cree en el libre mercado, que ha sido la base del desarrollo económico de Chile en las últimas décadas, por lo que, frente a esta realidad, no busca soluciones proteccionistas.

“No obstante, estamos convencidos de que la autoridad no solo debe intervenir para corregir distorsiones que afecten una competencia justa, sino también para hacerse cargo de los mayores costos que el modelo de desarrollo hacia una economía más sustentable impone a la industria nacional -sin que necesariamente los productores extranjeros cumplan con los mismos estándares-, colocando los incentivos correctos para generar inversión y productividad”, subraya el documento.

En este contexto, el gremio hace un llamado al Gobierno a “fomentar el ecosistema industrial metalmecánico en su conjunto, promoviendo de esta forma la generación de empleos de calidad para los chilenos”.

Finalmente, la declaración de ASIMET alude al trabajo que como asociación gremial se encuentran realizando hace un año con el Ministerio de Economía, con la conformación de una Mesa de la Manufactura que tiene como fin abordar temas como el expuesto y otras materias que afectan al sector productivo nacional, con el fin de impulsar el desarrollo de la actividad industrial manufacturera en Chile.

“Como ASIMET nos comprometemos a redoblar nuestros esfuerzos para concretar cuanto antes las iniciativas que surgirán de esta mesa de trabajo, e invitamos también al Gobierno a renovar este compromiso para agilizar las acciones tendientes a activar al sector productivo nacional”, concluye el texto. (Asimet Comunicaciones)

Boric evita confrontar con Piñera y reitera gratitud a su apoyo a compromiso de 50 años

El Presidente Gabriel Boric hizo un balance de la participación de la delegación chilena en la Asamblea General de la ONU, oportunidad en la que también respondió preguntas sobre el acontecer nacional, como el trabajo del Consejo Constitucional y las palabras de su antecesor, Sebastián Piñera, quien acusó haber sufrido un «golpe de Estado no tradicional».

Respecto de este último tema, el Mandatario declinó polemizar con el exjefe de Estado y dijo que «me quedo con que hace pocos días en conjunto con el expresidente Piñera y los demás expresidentes firmamos una declaración conjunta en la que además de comprometernos con la defensa de los derechos humanos establecimos que la violencia no es parte de las herramientas legítimas para actuar en democracia».

Junto con ello apuntó que «me parece importante no confundir actos violentos con movilizaciones. Hay razones para protestar. Un ejemplo son las pensiones. Más de 10 años llevamos discutiéndolo y la gente se sigue jubilando con malas pensiones y muchos deben trabajar hasta la muerte. Hay que responderle a esa gente, es nuestro deber«.

Y sobre la ruta que han tomado las votaciones en el órgano constituyente, con aprobación de enmiendas que entre otras cosas liberan de contribuciones a las primeras viviendas y abren la puerta a una eventual derogación de la ley de aborto en tres causales, dijo que «me preocupa el proceso constitucional porque estoy convencido de que Chile necesita una nueva Constitución«,

También abordó las acusaciones de la presidenta del Consejo, Beatriz Hevia (Republicanos), quien dijo que el Gobierno busca confundir a la ciudadanía respecto al trabajo del órgano, respondió que «le deseo todo el éxito y espero que lleguen a acuerdos. No van a encontrar a un antagonista en mí. Yo quiero que al Consejo le vaya bien, que Chile tenga una nueva Constitución. No quiero la polarización ni cometer los errores que cometimos en el primer proceso».

Además expresó su desacuerdo con quienes ya llaman a rechazar la propuesta: «Me voy a referir al texto cuando sea definitivo. Todavía quedan varios pasos. No soy catastrofista y no me voy a prestar para generar antagonismos en esto».

ACTOS VIOLENTOS Y PROTESTAS

Boric, se refirió a los dichos de Piñera quien aseguró que su gobierno fue víctima de un «golpe de Estado no tradicional». «Más que polemizar con el expresidente Piñera, me interesa es destacar qué es lo que tenemos a futuro» dijo.

Consultado al respecto, Boric aseguró que «lo único que puedo destacar en esto es que hace pocos días, en conjunto con el expresidente Piñera, la expresidenta Bachelet, el expresidente Lagos y el expresidente Frei, firmamos en conjunto una declaración en donde además de comprometernos con la democracia, con el respeto irrestricto a los DD.HH, decíamos de manera muy explícita que la violencia no es parte de la acción política en democracia y esa convicción yo la he tenido siempre y la mantengo».

«Más que polemizar con el expresidente Piñera, me interesa es destacar qué es lo que tenemos a futuro», añadió.

Sin embargo, tras señalar lo anterior, agregó que «me parece muy importante no confundir y ni poner en el mismo saco actos violentos con movilizaciones, porque hay quienes en Chile parecieran olvidarse también de que hay causas legitimas del malestar y que esas causas tenemos que enfrentarlas como país».

«La democracia consiste también en tener la conciencia de que tenemos que entregarles resultados concretos a la gente y en el malestar de la sociedad chilena hay motivos y en esos motivos nosotros también tenemos responsabilidad«, concluyó Boric.

DERECHOS HUMANOS EN CHINA

En su estada en el país del norte, y a propósito de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, el Mandatario reiteró su condena a cualquier tipo de violación a los derechos humanos.

“Los derechos humanos son una base ética irrenunciable en la acción política y no tienen un color político y deben ser defendidos en todo tiempo y en todo lugar”, manifestó en su discurso ante la ONU.

Una vez que aterrice en Chile, el Mandatario se preparará para su próximo destino, que será China, país hasta donde llegará en octubre para participar en el aniversario del Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional 2023.

Bajo ese escenario, este viernes el Presidente fue consultado por si mantendrá el tono condenatorio a las violaciones a los derechos humanos durante su próximo viaje a China. Ante lo que el jefe de Estado respondió: “Sí”.

Lo anterior, se enmarca en que en agosto de 2022, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, liderada en ese entonces por la expresidenta Michelle Bachelet, emitió un informe en el que se denunciaron “serias violaciones a los derechos humanos” por parte del gobierno chino en contra la etnia uigur y otras comunidades mayoritariamente musulmanas, en la región de Xinjiang.

En el informe, se concluye que las comunidades habrían sufrido torturas y el encarcelamiento masivo en campos de internamiento, hechos que, según se detalla, podrían constituir crímenes de lesa humanidad. (Cooperativa-Emol-La Tercera)

Salud pública: condicionan apoyo a presupuesto ante despido de 6.500 funcionarios

A través de un comunicado, el Colegio de Enfermeras informó el despido de 6.500 profesionales a honorarios de la salud pública, algo que mantiene en alerta a los gremios apuntando a la falta de funcionarios que tiene el sistema.

Según se detalla en el documento, estos despidos se llevarán a cabo bajo la justificación de que la campaña contra el covid-19 terminó.

En esta línea, la presidenta del gremio, Andrea Ratello, explicó a Radio Bío Bío que actualmente existe un déficit de personal en la salud pública y con estos despidos se ven afectadas las listas de espera, diagnósticos y tratamientos tardíos.

A esto, agregó que hay un número importante de licencias médicas que han aumentado en los profesionales porque la sobrecarga va a estar contaminando los equipos.

En tanto, desde el Congreso se mostraron en línea con lo que manifiestan desde el gremio.

La presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, Ana María Gazmuri del Partido Acción Humanista, aseguró que condicionará la aprobación al presupuesto de salud a la reincorporación de estos 6.500 funcionarios.

Mientras, el senador de Renovación Nacional y miembro de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, Francisco Chahuán, consideró urgente una mesa de salud para resolver esta situación.

Hasta el momento, desde el Ministerio de Salud no se han referido a la situación de los despidos de los trabajadores. (Bio Bio)

Nuevas plantas se suman a la paralización de industria automotriz en EE.UU.

El sindicato estadounidense United Auto Workers (UAW), organismo que representa a unos 150.000 trabajadores del sector automotriz de ese país, anunció este viernes que la paralización de actividades iniciada hace una semana en tres plantas de General Motors, Stellantis y Ford, se extenderá esta jornada a decenas de otras instalaciones.

Según se informó, la huelga comenzará esta jornada en fábricas pertenecientes a GM y Stellantis, compañías con las que, dijeron, no se ha podido avanzar en las negociaciones tendientes a definir un nuevo convenio colectivo que regirá el sector durante los próximos años.

A eso se suma el hecho de que General Motors y Stellantis anunciaron esta semana más de 2.000 despidos temporales explicando que esta drástica decisión es repercusión de la huelga iniciada el 15 de septiembre pasado.

Como contrapartida, el presidente del sindicato UAW, Shawn Fain, informó este viernes que la ampliación de la huelga no afectará a Ford, empresa con quien las conversaciones están mucho más avanzadas. “Hemos logrado algunos avances reales en Ford”, dijo Fain durante una presentación en línea ante los miembros del sindicato.

Todavía tenemos serios problemas que resolver, pero queremos reconocer que Ford está demostrando que se toman en serio la idea de llegar a un acuerdo”, añadió el dirigente.

“En GM y Stellantis, la historia es diferente (…) Todavía necesitan un gran empujón”, afirmó el presidente de la sindical, quien acusó a estas dos empresas de rechazar todas las propuestas presentadas por los trabajadores.

Fein apuntó que la huelga se extenderá a todos los centros de distribución de autopartes de GM y Stellantis en Estados Unidos, eso quiere decir unos 38 puntos en total, repartidos en 20 estados.

En el nuevo convenio colectivo los trabajadores exigen un aumento salarial del 36% y una mayor seguridad laboral, además de una semana operacional de 32 horas y cuatro días sin recortes salariales, entre otros puntos.

Las compañías insisten que no pueden ceder a los reclamos del sindicato a pesar de sus enormes ganancias porque necesitan invertir en la transformación a vehículos eléctricos.

Pese a ello, los trabajadores alegan que los ejecutivos de las empresas si lograron un aumento salarial en torno al 40%. (Emol Agencias)

Consejo aprueba pérdida de ciudadanía por delito terrorista o de narcotráfico

Retomando este viernes la discusión del Capítulo II sobre «Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales», el pleno del Consejo Constitucional aprobó este viernes una norma que establece la pérdida de ciudadanía por delitos terrorista, así como por los cometidos por autoridades públicas.

Las primeras normas en votarse fueron las de nacionalidad y ciudadanía, contenidas en el artículo 17, aprobándose en primer lugar las normas que definen el ser chileno.

Por ejemplo, se señala que son chilenos: «Los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile en servicio de su Gobierno, y de los hijos de extranjeros transeúntes, todos los que, sin embargo, podrán optar por la nacionalidad chilena«.

También lo son «los hijos de padre o madre chilenos nacidos en territorio extranjero. Con todo, se requerirá que alguno de sus ascendientes en línea recta de primer o segundo grado, haya adquirido la nacionalidad chilena en virtud de lo establecido en los literales a), c) o d)».

Así, como «los que obtuvieren carta de nacionalización en conformidad a la ley y «los que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley«.

Mientras que el artículo 18 aborda las causales para dejar de ser chileno, como son «la renuncia voluntaria manifestada ante autoridad chilena competente. Esta renuncia solo producirá efectos si la persona, previamente, se ha nacionalizado en país extranjero».

Además, se establece que se pierde «por decreto supremo, en caso de prestación de servicios durante una guerra exterior a enemigos de Chile o de sus aliados«, «por cancelación de la carta de nacionalización» y «por revocación de la nacionalización concedida por gracia, en los casos y según el procedimiento que establezca la ley».

Luego, el artículo 19 establece en su inciso 1 que «son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva«.

Mientras que en su literal b señala que «la calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la ley confieran».

«Los ciudadanos con derecho a sufragio que se encuentren fuera del país podrán sufragar desde el extranjero en las elecciones primarias presidenciales, en las elecciones de Presidente de la República y en los plebiscitos nacionales», se lee en el inciso 3.

El artículo 20 fue sin duda uno de los que concitó mayor atención, pues innova en una de las causales para perder la calidad de ciudadano, incorporando lo que algunos en la oposición han llamado como «muerte cívica».

Primero se apunta a que ésta se pierde por «la pérdida de la nacionalidad chilena» y «por condena de pena aflictiva». Tras esto, se agregó el literal c que estipula la pérdida de la ciudadanía «por condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista, y los relativos al tráfico de estupefacientes, trata o tráfico de personas, así como los cometidos por autoridades o funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, y que hubieren merecido, además, pena aflictiva».

Aprobado por 36 votos (de la oposición y 3 del oficialismo), 13 en contra y una abstención del consejero José González (RD).

Por otra parte, se aprobó que «los que hubieren perdido la ciudadanía por la causal indicada en el literal b) la recuperarán en conformidad a la ley una vez extinguida su responsabilidad penal. Los que la hubieren perdido por las causales previstas en el literal c) podrán solicitar su rehabilitación al Senado, una vez cumplida su condena».

El artículo 22 precisa que «el derecho a optar a cargos de elección popular se suspende únicamente por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva». (Emol)