La economía de Argentina registró una sorpresiva contracción en septiembre, mientras el presidente Javier Milei lucha por reactivar una economía en crisis en medio de una agresiva campaña de austeridad.
La actividad económica cayó un 0,3% con respecto a agosto, lo que se contrasta con la mediana de las estimaciones de los economistas encuestados por Bloomberg de un crecimiento del 0,9%.
Con esto, además, cortó una racha de dos meses consecutivos de alzas. Frente a igual mes del año anterior, la actividad se contrajo un 3,3%, según datos oficiales publicados el viernes.
La segunda mayor economía de Sudamérica está mostrando signos incipientes de recuperación, con un crecimiento de los salarios que superó a la inflación por sexto mes consecutivo en septiembre y aumentos del gasto de los consumidores y de la actividad manufacturera en los últimos meses.
La inflación se ha ido desacelerando de manera constante, mientras que las cifras mensuales de pobreza que siguen de cerca el equipo de Milei muestran una disminución desde un máximo de dos décadas.
Los economistas encuestados por el banco central estiman que el producto interno bruto se contraerá un 3,6% este año, lo que se revertirá con un crecimiento del 3,6% en 2025. (Emol Bloomberg)
El 4° Tribunal Oral de lo Penal realizó esta jornada la audiencia de comunicación de sentencia contra el ex general director de Carabineros entre 2008 y 2011, Eduardo Gordon, condenado como autor de malversación de caudales públicos. Con esto, Gordon deberá cumplir tres años y un día de presidio menor en su grado máximo con libertad vigilada.
La jueza Patricia Bundl, del 4° Tribunal Oral de lo Penal, explicó que en la causa también se condenó a la ex mayor de Carabineros, Marcela Cuevas, como cómplice de los delitos.
La magistrada explicó que los fondos malversados estaban destinados a «celebraciones, aniversarios, fiestas o inauguraciones que digan relación con la función de Carabineros y además se trate de inauguraciones en que concurran los representantes de diferentes ministerios del Gobierno».
El imputado fue declarado culpable por la arista regalos de la investigación madre del megafraude por más de $28 mil millones en la policía uniformada, en la que se logró identificar a 116 involucrados.
Con esto, según dijo Bundl, la pena contra Gordon corresponde a «tres años y un día de presidio menor en su grado máximo con libertad vigilada», mientras que para Cuevas se le impuso una pena «de dos años de presidio menor en su grado medio con reclusión parcial».
Sobre Gordon «existían cuatro atenuantes, debido a que existía irreprochable conducta anterior; además él colaboró con la investigación judicial: en base a su declaración, se pudo determinar su participación; y además existe lo que se denomina media prescripción, porque estos delitos fueron cometidos el último de ellos en mayo del año 2011 y la investigación comenzó en 2017, por lo tanto, ya había transcurrido más de la mitad del plazo de prescripción del delito que era de 10 años», dijo la magistrada.
Agregó que «de acuerdo al artículo 103 del Código Penal, entonces se agregan dos circunstancias atenuantes muy calificadas que permiten bajar de grado la pena».(Emol)
El juez del caso contra Donald Trump por la compra del silencio de la ex actriz porno Stormy Daniels decidió aplazar indefinidamente el anuncio de su sentencia, lo que constituye una victoria legal para el presidente electo que regresará a la Casa Blanca en enero.
El juez Juan Merchan autorizó a los abogados de Trump a presentar antes del 2 de diciembre un recurso para la anulación del proceso, y en consecuencia la suspensión del anuncio de la pena.
El republicano había sido declarado culpable de 34 delitos graves en este proceso judicial el 30 de mayo, luego de que un jurado determinara que manipuló fraudulentamente registros comerciales de su empresa para encubrir un supuesto encuentro sexual con Daniels antes de la elección del 2016.
Trump fue hallado culpable de haber pagado 130.000 dólares a la estrella porno. El objetivo del encubrimiento habría sido evitar un escándalo sexual durante el fin de su campaña presidencial de 2016, cuando venció a la demócrata Hillary Clinton.
El fiscal de Manhattan Alvin Bragg había manifestado su oposición en un documento judicial a una anulación pura y simple del proceso, pero había dicho que el tema ameritaba un análisis, lo que llevaría a un nuevo aplazamiento de la sentencia prevista para el 26 de noviembre.
Coincidiendo con los abogados de la defensa, Bragg reconoció que incluso debería considerarse la posibilidad de congelar todos los procesos «hasta el fin del mandato» del 47 presidente de Estados Unidos.
De los cuatro procesos penales contra Trump, este caso es el único por el cual se sentó en el banquillo el candidato presidencial que ganó las elecciones el 5 de noviembre. (Emol-AFP)
El Presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó este viernes iniciar la producción en serie del misil hipersónico «Oréshnik», después de que el ejército ruso lo usara para bombardear la ciudad ucraniana de Dnipró.
«Tenemos que iniciar la producción en serie. La decisión (…) ya se tomó», declaró Putin, alabando la «fuerza particular y la potencia de esta arma», en una reunión televisada con altos mandos militares.
El Mandatario indicó además que Rusia seguirá realizando pruebas con el Oréshnik («avellano», en ruso), «en condiciones de combate». «Proseguiremos estas pruebas, incluso en condiciones de combate, en función de la situación y la índole de las amenazas para la seguridad de Rusia», declaró.
El «Oréshnik» es un misil balístico con capacidad nuclear, «de alcance medio«, lo que supone que puede alcanzar blancos situados en un rango de 3.000 a 5.500 kilómetros.
Putin confirmó el jueves que, en respuesta a bombardeos ucranianos con misiles occidentales, Rusia disparó ese nuevo tipo de misil balístico hipersónico, sin carga nuclear, contra un emplazamiento militar en Dnipró, en el centro-este de Ucrania. (Emol AFP)
No fue una sorpresa, pero mantiene en alerta a La Moneda. El informe que hace habitualmente la Secretaría de Comunicaciones (Secom) del gobierno y al que accedió La Tercera, arrojó que el caso del exsubsecretario Manuel Monsalve -quien fue acusado de violación y hoy se encuentra en prisión preventiva- concentra todos los “flancos” del Ejecutivo.
El análisis -que se realizó entre el 11 y el 18 de noviembre y que se entrega a ministros del comité político como insumo- recoge la lista de hitos negativos que miden en Palacio cada semana. En ese documento se da cuenta que el caso judicial incluso supera la crisis de seguridad que atraviesa el país.
Dichos flancos, según la medición, también se abrieron con la publicación del Presidente Gabriel Boric cuando, a los pocos minutos de la detención de la exautoridad, el jueves 14 de noviembre, escribió en su cuenta de X: “En Chile nadie está por sobre la ley”.
A ello se suma la filtración de la declaración de Boric ante la Fiscalía, lo que generó una activación en la oposición. Ambos hechos, en los que se vio envuelto el Jefe de Estado, desataron críticas y pusieron nuevamente a La Moneda contra las cuerdas. Por lo mismo, el gobierno concluyó que los hitos negativos más mediatizados sobre el gobierno superaron a los positivos. Además, advierten lo evidente: que esto responde a las repercusiones del caso Monsalve y las acusaciones al Ejecutivo de supuesto encubrimiento y obstrucción a la investigación.
Aunque lo estudiado por la Secom solo alcanzó a este lunes, esta semana -reconocen en Palacio- ha sido una de las más duras, porque nuevamente el caso ha estado copando el interés público y no han logrado encontrar la fórmula para sacar la controversia de la casa de gobierno. Hasta ahora, La Moneda ha intentado sortear la crisis, sin éxito, y para eso ha seguido operando el cuestionado comité de crisis, el que ha estado buscando fórmulas para intentar volver a recuperar la agenda.
Solo en esta semana se profundizaron los cuestionamientos tras conocerse que el jefe de gabinete de Boric, Carlos Durán, y el jefe del Segundo Piso, Miguel Crispi, y otros asesores de segunda línea estaban al tanto de la denuncia contra Monsalve antes que se conociera públicamente el caso. Esto provocó que las críticas no solo provinieran de la oposición, sino que también de las propias filas oficialistas, desde donde llamaron al gobierno a realizar una “cirugía mayor” en el gabinete y los asesores.
Pero el propio Presidente contribuyó a que surgieran más reparos a la gestión y manejo del gobierno. El martes, luego de que la justicia decretara la prisión preventiva de Monsalve, el Mandatario decidió comentar el caso. “Es una decisión correcta por parte de los tribunales y demuestra que acá nadie está por sobre la ley”, dijo este miércoles el Presidente, durante la promulgación de la ley de funerales de alto riesgo en San Ramón.
Esto provocó que la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, dijera en radio Duna que “en este caso se ha hablado ya demasiado, yo esperaría que dejemos, como dijo el Presidente (Ricardo) Lagos, que las instituciones funcionen, que cada órgano se aboque a lo que corresponde”. Un diagnóstico que es compartido por una mayoría de dirigentes del sector.
DOS SESIONES DEL CTE DE CRISIS
El caso Monsalve se ha transformado en el inquilino no deseado en La Moneda, por lo que tuvieron que activarse en dos oportunidades, solo esta semana, algunos de los integrantes del comité de crisis.
La instancia analizó el impacto de la controversia y buscó opciones que permitan evitar que vuelva a la casa de gobierno. Uno de los temas que se discutió fue el impacto que podría tener para La Moneda si es a que Monsalve -en su estadía en la cárcel de Rancagua, donde cumple prisión preventiva- sufriera alguna agresión. La inquietud es si es que eso levantaría críticas hacia el gobierno por la falta de seguridad en los recintos penitenciarios. Sin embargo, hay otros que advierten que el Ejecutivo no puede verse “favoreciendo” al exsubsecretario, por lo que abordar el tema sigue siendo un dilema.Este comité de crisis -cuyos participantes varían- también ha sido objeto de cuestionamientos estos días. Esto, porque entre sus integrantes están personeros que se enteraron antes de que el caso estallara de forma pública, entre ellos, Carlos Durán, Miguel Crispi y Pía Mundaca, la jefa de gabinete de la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD).
De todas maneras, La Moneda ha intentado hacer frente a las críticas, incluyendo las que vienen desde el propio oficialismo. Así, este jueves la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo (PC), salió a defender el manejo que han tenido en la materia.
Respecto a las acusaciones de parte de la oposición sobre un supuesto “pacto de silencio”, Vallejo señaló que “queremos ser tajantes como gobierno en este tema y muy categóricos. En política no todo vale (…). Si hay algo que no hemos hecho como gobierno es guardar silencio”.
Hasta ahora, los intentos de Palacio no han surtido efecto y algunos creen que el único camino viable es insistiendo en sacar adelante las reformas más emblemáticas, lo que está cuesta arriba por falta de votos. (La Tercera)
El jueves, la Estación Mapocho fue el escenario del Primer Encuentro por Chile, una iniciativa liderada por las universidades Católica y de Chile, que reunió a más de mil personas en un espacio de diálogo. Representantes del ámbito social, político, empresarial y académico participaron en este esfuerzo colectivo para diseñar propuestas concretas. ¿Qué podemos lograr juntos? era la pregunta que articulaba el ejercicio, subrayando la necesidad de reconstruir la confianza y fortalecer el diálogo.
En mi mesa coincidimos un grupo diverso: un facilitador, un consultor, un dirigente sindical y tres académicos. La conversación comenzó con las presentaciones, pero rápidamente los temas fluyeron. Pronto quedaron en evidencia algunas preocupaciones compartidas: la seguridad, el crecimiento, el deterioro de los barrios y la pérdida de la vida en común. La inquietud por el futuro de los hijos se hacía palpable: cómo equilibrar trabajo y familia, y cómo garantizar una educación que realmente marque la diferencia. Uno de nosotros, que vivía cerca de la Estación Mapocho, describió cómo su entorno había cambiado, con el comercio ambulante fuera de control y el aumento de la delincuencia. Y mientras la conversación avanzaba, era fácil imaginar que en otras mesas sucedía algo similar: realidades diversas con inquietudes comunes.
En este punto, el Presidente tomó la palabra con un discurso que inició como un llamado a la reflexión, destacando la importancia del diálogo y la necesidad de buscar en el otro “la mejor versión de sus argumentos”.
Hasta ahí, todo bien. Pero, el momento conciliador derivó, rápidamente, en un acto de campaña. Con entusiasmo, destacó los logros de su gestión, se refirió a la aspiración del aborto libre y afirmó que Chile ha mejorado significativamente la inversión extranjera, pero no la interna, atribuyendo este fenómeno a la “desconfianza ideológica” que, a su juicio, afecta a los empresarios locales.
Con sorpresa comprobamos que el Presidente optó por dirigirse a su base del 30%.
Culpar a los empresarios es una salida sencilla. Siempre hay una historia de agravio que justifica eludir responsabilidades y desplazar el foco hacia narrativas que refuerzan divisiones en lugar de construir puentes. Una utopía que prioriza ideales morales —que rara vez se cumplen— sobre las urgencias tangibles de la ciudadanía.
Por otra parte, responsabilizarlos, valiéndose de una generalización absurda, resulta opuesto a la invitación inicial de buscar “la mejor versión” del argumento del otro. Si se ningunean sus reclamos —seguridad, certeza jurídica, permisos, competitividad tributaria y capital humano, entre otros— bajo la idea de que son “ideológicos” y no reales, cualquier proyecto de desarrollo se convierte en un ejercicio vacío y destinado al fracaso.
El contraste entre el propósito del evento y las palabras del Presidente es claro. Su discurso, que aspiraba a ser un llamado a la unidad, terminó perpetuando divisiones. Sin embargo, no nos confundamos, nada de esto disminuye el enorme valor y necesidad del diálogo y encuentro que tuvo lugar en ese espacio. (La Tercera)
El gesto del Presidente Gabriel Boric al timonel de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, no pasó inadvertido en la oposición. El jueves, en una actividad de “Tenemos que hablar de Chile”, organizada por la Universidad Católica, el Mandatario afirmó que “si yo me siento, por ejemplo, con Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, lo más probable o lo que todos considerarían obvio es que partamos desde puntos absolutamente distintos y en general el debate público pareciera ser así. Pero yo les aseguro que si fuera de las cámaras me junto con Guillermo Ramírez a conversar, pese a las diferencias ideológicas que tenemos respecto a modelos de sociedad, vamos a encontrar también puntos en común”.
La acción de Boric marcó una diferencia respecto del discurso que ha tenido en otras ocasiones con la colectividad gremialista. E incluso, una distancia con las réplicas a la oposición que ha tenido la ministra vocera, Camila Vallejo, en los últimos días, quien aseveró, en torno al caso Monsalve y al relato opositor sobre un “pacto de silencio” en La Moneda, “no puede ser que un caso de violación que es de suma gravedad esté siendo usado como un botín político o electoral”.
De todas formas, en Chile Vamos aseguran que sería ingenuo no pensar que la señal de Boric busca entendimientos con miras a la tramitación de sus reformas y proyectos más emblemáticos de cara al último año de gobierno. Todo esto, en medio de la tensión que hay entre el gobierno y la oposición por el caso Monsalve por el que se levantó una comisión investigadora y que ha tenido en la mira a la ministra Tohá y al propio Mandatario por el manejo de la crisis.
Uno de los nudos ya emblemáticos entre el Ejecutivo y la oposición es por la reforma de pensiones que está en trámite en el Senado. Existe un protocolo de tramitación -entre el gobierno, oficialismo y oposición- para que la reforma previsional sea despachada desde la Cámara Alta a más tardar en enero de 2025. Ahí los interlocutores clave han sido el senador y timonel de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea; y el senador UDI Juan Antonio Coloma.
El senador David Sandoval (UDI) advierte que una de las “líneas rojas” será lo que ocurra con el destino del 6% adicional de cotización. Afirma que “el tema previsional es una de las políticas públicas más relevantes. Y en la condición tan precaria en la que está el gobierno, donde no hay luces de un legado, en medio de un proceso complejo de desarrollo económico, supongo que querrá buscar algún espacio de acuerdo (…)”.
El legislador advierte que hay espacio para avanzar en componente de solidaridad, pero en los términos planteados -o de forma similar- hace algunos meses ya por el ministro de Hacienda, Mario Marcel: un “préstamo” de 2% al fondo solidario que luego retorne al afiliado al momento de jubilar.
En la Cámara de Diputados, el jefe de bancada UDI, Gustavo Benavente, explica que el acercamiento de La Moneda a su colectividad (y al sector) es entendido como una forma de llegar a acuerdos legislativos y retomar el control de la agenda. “El gobierno reconoce a la UDI como el principal partido opositor y así lo hizo saber en una enormidad de veces. Y ahora el gobierno necesita de una otra manera alguna ayuda para salir de la crisis en que está, de la crisis en que está sumido por el caso Monsalve y, en consecuencia, también llama a la oposición a buscar de una otra manera alguna forma de ir generando acuerdos sobre proyectos específicos”.
Respecto a un proyecto emblemático como es el fin del CAE, Benavente advierte que hay “líneas rojas” en su sector. “Nosotros con el CAE, con el proyecto ingresado en el gobierno, tenemos varias líneas rojas, la principal es que este sistema es este nuevo CAE, que ahora se llama FES, llega a ser al final una especie de impuesto a los graduados”, dice.
Sobre la legalización del aborto, el jefe de bancada es claro que no hay espacio para avanzar más allá de la interrupción del embarazo en tres causales que ya es ley. “El aborto ya es legal en Chile para tres causales y no vamos a avanzar por ningún motivo en un proyecto que signifique aborto libre”, reafirma.
Su par de Renovación Nacional (RN), Ximena Ossandón, dice que no hay reparos en su partido mientras “los proyectos que envíe el Ejecutivo sean técnicamente razonables. Cuando nos hemos opuesto, no nos hemos opuesto porque sí. En el caso de pensiones, que ya está en el Senado, lo pedimos. El factor de solidaridad puede estar, mientras retorne al cotizante (…)”. (La Tercera)
Mientras más alto se llega, más duele la caída. Esa es la lección que ha sacado en limpio el Partido Socialista (PS) en los últimos 36 días. Desde que se hizo pública la denuncia por violación y abuso sexual presentada en contra de Manuel Monsalve, quien estuvo a la cabeza de la Subsecretaría del Interior hasta el 17 de octubre.
Pese a no ocupar un ministerio, Monsalve era de los rostros más visibles del Ejecutivo, al ser el hombre a la cabeza de la agenda más relevante para el gobierno del Presidente Gabriel Boric: la seguridad. En el Partido Socialista -donde militó por 32 años- tenían plena conciencia de eso y a menudo se jactaban de que Interior era una cartera dominada por el Socialismo Democrático: de la mano de él, de la ministra Carolina Tohá (PPD) y del hoy exsubsecretario Eduardo Vergara (PPD) en Prevención del Delito. Por lo mismo, para la colectividad fue extremadamente complejo dejarlo caer.
Cuando se hizo pública la denuncia en su contra presentada por una funcionaria de la subsecretaría, los dirigentes de la colectividad evitaron dar declaraciones. Querían tener más claridad de lo que pasaba antes de emitir juicios. Prueba de lo difícil que fue para ellos creer lo que ocurría fue la primera reacción que tuvo el senador José Miguel Insulza (PS) ante la noticia. “Son chismes que circulan sin ningún argumento”, dijo ese día sobre Monsalve, quien actualmente está en prisión preventiva.
Pero a medida que los hechos ocurridos en el Hotel Panamericano se aclaraban, los socialistas comprendieron que no les quedaba otro que dejar que Monsalve se hundiera solo, e intentar que su caída no salpicara al PS. Desde un primer momento, de hecho, hubo quienes públicamente reconocieron que lo mejor sería removerlo de las filas socialistas. Una de ellas fue la vicepresidenta de la Mujer de la colectividad, la diputada Daniella Cicardini.
El 25 de octubre, apenas una semana después de publicada la denuncia, el tribunal supremo del PS resolvió expulsarlo. Él, por su parte, había renunciado unas horas antes.
La senadora Vodanovic ha transmitido en su entorno que ella no sabía de la denuncia hasta que salió publicada en el diario La Segunda. Lo primero que hizo cuando leyó la noticia fue subir hasta el segundo piso de la sede de su partido, en el centro de Santiago, para preguntarle al secretario general de la colectividad, Camilo Escalona, si él estaba al tanto. El exsenador le dijo que no.
La senadora Paulina Vodanovic junto a Camilo Escalona.
Escalona y Monsalve tuvieron cercanía en el pasado, puesto que el hoy exsubsecretario históricamente perteneció al lote de la Nueva Izquierda.
Todavía en el segundo piso del PS, la timonel tomó su teléfono y decidió llamar a Monsalve, sin éxito.
Alrededor de las 16.00 horas de esa jornada, Vodanovic recibió un llamado de vuelta. “Aló, Manuel”, dijo. Ahí hablaron brevemente sobre el caso y él le argumentó su inocencia.
Luego, por segunda vez, conversaron por teléfono. Quienes supieron de ese intercambio relatan que él le preguntó a la senadora si era necesario que renunciara al partido, y ella le contestó que sí, pues de todas formas tendrían que expulsarlo. Ahí él insistió en que era inocente. Ambos tuvieron otra conversación minutos antes que concretara su salida al partido. Tras eso, dicen las mismas fuentes, no han vuelto a hablar. Escalona también pudo hablar con él por teléfono.
Otro de los pocos que reconoce que tuvo un acercamiento con Monsalve es el senador socialista Fidel Espinoza. “Yo tuve una comunicación muy breve con él, por WhatsApp. Me agradeció el acto de humanidad que yo había tenido de no haber salido a golpearlo en el piso como otros lo hicieron con él, siendo algunos muchos más amigos que yo, que compartían, que tuvieron vivencias políticas mucho más profundas que las mías. Eso lo valoró en lo humano”, sinceró.
De todas formas, el senador es enfático en condenar el actuar de la exautoridad. “Él comete un acto que no se condice con el Manuel Monsalve responsable que siempre conocimos. Él (…) debió haber entregado su cargo de inmediato. Se quiso seguir aferrando a él creyendo que no iba a estallar. Se equivocó profundamente”, dijo.
Fidel Espinoza.
Durante los primeros días tras el estallido del caso, entre algunos parlamentarios hubo conversaciones para dejar en claro que no visitarían a Monsalve y que era necesario evitar los contactos telefónicos con él. “No conozco intentos de contactarse con él, porque desde los primeros días se sabía que sus teléfonos estaban en poder de la PDI y porque su conducta era investigada por el Ministerio Público. La prudencia indicaba que no se debía interferir de ninguna forma en las investigaciones judiciales”, señaló el diputado Leonardo Soto, vicepresidente de la colectividad.
En la imagen, Leonardo Soto.
Hoy en la directiva, que encabeza Paulina Vodanovic, aseguran que Monsalve no estaba presente en la interna del partido. Y que su época más activa, antes de asumir la subsecretaría, fue cuando respondía al sector de la “disidencia” de, en ese entonces, la mesa directiva de Álvaro Elizalde, aquel grupo donde estuvieron los primeros socialistas que -como él- se sumaron a la campaña presidencial de Boric. En ese sentido, dicen, no hubo una gran resistencia para dejarlo ir.
La timonel, de todas formas, quedó profundamente afectada. Tanto así, que citó una comida en su casa a la semana siguiente de que se conociera el caso, que congregó a los ministros socialistas del gabinete del Presidente Gabriel Boric, donde lamentaron la caída de Monsalve. Para los ministros el golpe fue más duro, pues a algunos de ellos -como Maya Fernández, Carlos Montes– les tocó compartir con él en el Congreso, cuando era diputado.
En la imagen, el exsubsecretario junto a Maya Fernández.
Hasta el momento, el partido no ha tenido instancias formales para abordar el caso, más allá de las reuniones de directiva que se llevan a cabo semanalmente. Si bien hubo una sesión de la comisión política del partido el 30 de octubre, según relatan algunos de sus participantes, el espacio tuvo poca convocatoria y, aunque hubo lamentos y muestras de descontento hacia el subsecretario, no se hizo una reflexión política en torno a su figura.
Y es que, además, la crisis se dio a solo días de las elecciones del 26 y 27 de octubre, por lo que, según reconocen en el partido, tenían la mente puesta en obtener buenos resultados y ese fue el tema que se tomó el espacio.
El partido tiene calendarizado su comité central para el próximo 14 de diciembre. Aunque no es un tema en tabla, algunos dirigentes dan por hecho que inevitablemente el caso Monsalve será abordado.
Ahora bien, algo que tienen claro en el partido es que el caso golpeó la imagen de la colectividad ante la opinión pública. De hecho, en el PS lamentan profundamente que la noticia haya estallado a apenas diez días de las elecciones de alcaldes y gobernadores regionales. Antes de las elecciones, la directiva incluso tuvo que atender llamados de candidatos que querían manifestar su preocupación por la respuesta que tenían ante la ciudadanía al hacer campaña en nombre del Partido Socialista, e hicieron un intento por calmarlos.
El mayor gesto de descontento lo dio el actual gobernador de O’Higgins, Pablo Silva, quien aspira a ser reelecto. En una transmisión en vivo organizada por el partido, él reconoció que “la marca socialista no me ha ayudado mucho que digamos. Yo acá tengo al alcalde de Rancagua (Juan Ramón Godoy) que lamentablemente está preso. Lo que pasó con el subsecretario (Manuel Monsalve) días antes (de la elección) también pesa. Cuando la gente escucha ‘PS’, no me ha ayudado mucho que digamos”.
“Monsalve era una de las figuras públicas más notorias que el PS tenía en el gobierno y que tenía una proyección política interesante. Eso se resiente cuando cae y termina encarcelado. Una acusación que es gravísima tiene efectos en el partido, en la imagen, en la marca, no podemos soslayarlo. Algo hubo de eso en las elecciones municipales y regionales, no podemos decir no”, reconoció Gastón Saavedra, el jefe de bancada de los senadores PS.
FOTO: DEDVI MISSENE
En el partido hay un diagnóstico expandido sobre que pasan por un momento complejo. No solo por el caso Monsalve, sino también por los alcaldes militantes del partido que han sido cuestionados y por la pérdida de fuerza elector en núcleos urbanos, que quedó demostrada en las recientes elecciones, donde no consiguieron ninguna capital regional y quedaron fuera de concejos municipales emblemáticos, como el de Santiago. Todo eso, adelantan, será materia de análisis del próximo comité central. En cualquier caso, descartan que -por ahora- se hayan realizado mediciones para examinar el impacto del caso.
Más allá de la molestia que existe con Monsalve por los hechos ocurridos en el Hotel Panamericano, y la compleja situación en qué él dejó al partido, en el PS se ha acrecentado la incomodidad con el gobierno por el manejo de crisis que han tenido del caso. En particular, por el hecho de que los asesores más cercanos al Presidente Boric –Miguel Crispi y Carlos Durán– hayan estado al tanto y no hayan logrado que el Mandatario tomara decisiones al respecto antes de que la denuncia se hiciera pública.
Sin ir más lejos, esta semana Vodanovic cuestionó al propio Presidente Boric, quien respaldó la decisión de dejar a Monsalve en prisión preventiva. “En este caso se ha hablado ya demasiado. Yo esperaría que dejemos, como alguna vez dijo el Presidente Lagos, que las instituciones funcionen, que cada uno se aboque a lo que corresponde”, dijo la presidenta del PS en Radio Duna. (La Tercera)
En noviembre se cumplieron tres años desde que la Tercera Sala ordenó la realización de una Consulta Indígena como medida previa para otorgar permisos administrativos al proyecto Los Lagos de la empresa estatal noruega Statkraft, en la región de Los Ríos.
El proyecto que esperaba iniciar su operación en 2022 y que pretendía comenzar a inyectar energía a la red central en el primer semestre de 2025, sigue esperando que el Consejo de Monumentos Nacionales realice la consulta que se originó por hallazgos arqueológicos.
Estos corresponden a fragmentos cerámicos y piedras que se usaban para tallar madera u otros materiales, cuyo tamaño es inferior a 4 centímetros.
La iniciativa -que utilizará las aguas del río Pilmaiquén- fue aprobado por la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), obteniendo su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, en junio de 2009.
Esta demora ha implicado un sobrecosto de más de US$ 50 millones, para una inversión inicial de US$ 173 millones.
-¿Cómo están viendo las dificultades que ha tenido Statkraft para desarrollar su proyecto de Los Lagos?
-Desde el punto de vista del funcionamiento del sistema eléctrico, Pilmaiquén es un proyecto muy necesario, la zona de la región de Los Ríos y de Los Lagos, son zonas frágiles en términos de generación. No es fácil conseguir suficiente generación para sostener la demanda de las propias regiones sin recurrir a lo que ha ocurrido muchas veces en ambas regiones, que es generar con diésel de respaldo.
Ha tenido desafíos de relaciones con las comunidades indígenas, a partir de los hallazgos arqueológicos que se produjeron durante el avance del proyecto. El Consejo de Monumentos Nacionales hoy está reanudando la consulta, es un procedimiento que es necesario que se haga para seguir adelante con los permisos sectoriales del proyecto.
-¿Considera que los plazos son excesivos?
-Hubiéramos querido que esto sucediera antes, hubo cerca de un año y medio donde la consulta no se realizó, o estuvieron en tratadillas preliminares sin que hubiera un avance significativo. Y ese es un tiempo que ahora toca recuperar. Ojalá se haga con todo el tiempo que necesita.
-Pero la empresa ha comentado que no hay una disposición del Consejo en que se avance a recupere el tiempo perdido.
-Las reuniones ya se han retomado.
-Sin embargo, siguen la primera etapa.
-Sí, pero esas son las etapas. Esto es un procedimiento arreglado, por lo tanto, tiene que llevarse adelante en la etapa que corresponde y el momento para recuperar los atrasos es más bien en el momento que venga después de la consulta cuando toque emitir los permisos. Hay que valorar el que se vuelva a avanzar en el procedimiento administrativo, pero también hay que ser sinceros y efectivamente se han producido atrasos que no se deberían haber producido. Vamos a ver cómo conseguimos de parte de los organismos públicos hacer lo que podamos para recuperarlo en todo o en parte.
-¿Cómo ve el Ministerio de Energía el impacto que puede generar el hallazgo de pequeños restos cerámicos y la fuerte oposición que puede haber de parte de las comunidades ante proyectos de esta envergadura?
-Desde el punto de vista de nuestro diseño institucional hay muchas cosas que se pueden hacer mejor y eso se manifiesta en los proyectos de ley que hoy día están en discusión, incluyendo la indicación sustitutiva que busca cambiar el procedimiento con el cual se tramitan los permisos asociados a hallazgos arqueológicos y los permisos que entrega el Consejo de Monumentos Nacionales. Desde el punto de vista institucional hay oportunidades de mejora, de otro modo no tendría sentido presentar proyectos de ley.
Desde el punto de vista más de fondo, nuestro país ha ido avanzando hacia una mayor conflictividad social hace cinco años que se ha ido canalizando institucionalmente. Eso es un desafío y supone procesos que han generado frustraciones, a veces en las empresas, a veces en las comunidades. Nuestro rol es que esos desafíos, esas enseñanzas que se han generado se reflejen en una mejor institucionalidad que permita avanzar hacia energías más limpias.
-¿Usted dice que ha aumentando la oposición a este tipo de iniciativas?
-Eso es cosa de ver los datos, los niveles de conflictividad asociados a proyectos de inversión de energía hace diez años eran menores a los que hay hoy en día, en todos los indicadores, como por ejemplo en la cantidad de recursos presentados durante los proyectos. También hay una parte que buena, pero que tenemos que saber canalizar: es una sociedad que avanza hacia visibilizar sus diferencias.
La Policía de Investigaciones (PDI) a través de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado (Brianco) y Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) Valparaíso, desarticularon una organización criminal internacional dedicada al delito de Usura, Asociación Ilícita y Lavado de Activos, mediante el otorgamiento de créditos informales.
La banda era denominada “La Empresa” y operaba en Panamá, Colombia, Uruguay y Chile. Mientras que en el país tenía sedes en distintas regiones. El trabajo coordinado entre las policías y el Ministerio Público permitió realizar la orden de entrada de 21 inmuebles ubicados en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’ Higgins.
En el procedimiento se concretaron las detenciones de 44 personas, 43 de ellos de nacionalidad colombiana, además, se incautaron 27 motocicletas, cinco automóviles, dinero en efectivo y evidencias documentales.
La Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich (en la foto), explicó que la banda tenía diversas oficinas en todas las regiones, aunque la mayor parte en Santiago, en estas acudían los sujetos para comerciar y establecían contacto virtual y telefónico con las personas afectadas.
Por su parte el jefe nacional contra el Crimen Organizado de la PDI, prefecto inspector Mauricio Jorquera, indicó que “se dedicaban a prestar dinero de manera ilícita, por sobre intereses del mercado que tiene la autoridad establecida, a feriante y comerciante que obviamente no tienen respaldo para argumentar entidades formales, bancarias o financieras”.
Junto con ello, mencionó que la organización criminal también realizaba “control de riesgo” como si fuera una verdadera entidad bancaria. En los casos que la persona que solicitaba un préstamo no pagara, se le ejercía una multa.
Cabe señalar, que las unidades especializadas de la policía civil lograron establecer en esta investigación movimientos bancarios de sus integrantes por más $6.500 millones, desde el año 2020 a la fecha. Los imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Valparaíso para efectuar la formalización correspondiente, que se espera se concrete el lunes 25 de noviembre. (La Tercera)
