En 2018 Chile se encontraba en el puesto 14 entre los países con mayor libertad económica del mundo según el ranking del Fraser Institute, justo debajo de Reino Unido. En 2024 hemos descendido al puesto 39, entre Albania y Guatemala y a un par de posiciones de salir del grupo del 25% de países más libres del mundo.

Desde luego este colapso en los niveles de libertad económica no comenzó en 2018, sino mucho antes. Hasta que entraran en efecto las reformas socialistas de Bachelet II y pudieran registrarse debidamente, transcurrió un tiempo. Pero tampoco comenzó nuestra decadencia con las reformas de Bachelet. Ellas fueron más bien el corolario de un consenso transversal en la élite política, intelectual e incluso empresarial chilena según la cual el problema central de nuestro país era la desigualdad derivada del “neoliberalismo”, es decir, de la libertad económica. Casi todos, incluyendo a muchos socialdemócratas que hoy se escandalizan con nuestra descomposición económica, insistieron entonces en la idea de que el Estado debía crecer y redistribuir mucho más para hacer “justicia social”.

Veamos algunas cifras que muestran el desastre al que nos condujo este igualitarismo estatista. Entre 2004 y 2013 el crecimiento anual promedio del PIB real fue de 4,8% y el PIB per cápita se incrementó en 3,7%, llevándonos a reducir la brecha con países desarrollados. Baste considerar que en 1990 el PIB per cápita de Chile alcanzaba un 41% del de Portugal, en 2003 un 57% y en 2013 un 80%. Entre 2003 y 2013, en tanto, la pobreza se redujo de 36,2% a 14,4%, la pobreza extrema de 17,9% a 4,5%, la cantidad de hogares sin servicios básicos cayó de 12,4% a 5,3%, el hacinamiento en los hogares se redujo de 15,5% a 9,3%, y la tasa neta de asistencia a la educación superior aumentó de 26% a 36,7% en la población de 18 a 24 años.

La realidad, desde que asumió Bachelet II con su giro populista, ha cambiado dramáticamente. De 2014 a 2023, el crecimiento de la economía ha sido de 1,9% en promedio anual y si se ajusta por el crecimiento de la población, este cae a un miserable 0,6% per cápita por año. Como sabe cualquier persona con conocimientos básicos de economía, las oportunidades de empleo dependen estrechamente de la capacidad de creación de riqueza. Entre 2004 y 2013 se creaban en promedio 206 mil empleos por año; entre 2014 y 2023, tan solo se crearon 93 mil empleos por año. Al mismo tiempo, los salarios reales, que crecieron un 2,45% promedio anual en el primer período, lo hicieron un 1,2% en la última década. Esto significa que para una familia con dos ingresos promedio de 681.000 pesos mensuales la diferencia entre ver salarios creciendo a 2,45% y 1,2% es de 2.183.500 pesos de ingresos menos tras una década. En los últimos años, además, se han fugado más de 70 mil millones de dólares y, según el Banco Central, la estampida de capitales es cada vez más acelerada. Esto ni siquiera considera la espiral de crimen y terror que delincuentes, narcos y terroristas amigos de la izquierda siembran en las calles del país. Pero lo más doloroso es constatar que solo tomó seis gobiernos democráticos luego de la monumental obra restauradora del gobierno cívico-militar para que los políticos arruinaran Chile una vez más. Y no parece haber ninguna posibilidad de recuperar el país con el mismo grupo de gente que lo arruinó.

Es más que entendible y justificado, entonces, que cada vez más personas piensen que no hay otra alternativa que abandonar Chile, pues nos hemos convertido en otra nación latinoamericana más, plagada de corrupción, inseguridad y estancamiento. Como dijo Simón Bolívar en 1830: “Lo único que se puede hacer en América es emigrar”. (El Mercurio)

Axel Kaiser

El Presidente Boric ha arremetido una vez más contra el empresariado chileno sosteniendo que estos dejarían de invertir en Chile por una suerte de inveterado pesimismo ideológico. En respaldo señala que los extranjeros sí confían en Chile y están invirtiendo. No he conocido empresarios que dejen de hacer buenos negocios por razones ideológicas. Lenin la tenía clara cuando dijo que los capitalistas le venderían la soga con la cual los ahorcaría. Los extranjeros (y no son muchos como para que el Presidente se entusiasme demasiado) invierten en Chile más que los chilenos por varias razones. La primera es que pagan casi un 9,45% menos de impuestos que nosotros. Casi un 10% de mayor rentabilidad en cualquier proyecto es una enormidad. La segunda es que un tipo de cambio alto hace que los activos chilenos sean más baratos para ellos y la tercera es que en sectores como la minería deben ir a invertir donde están las minas. Un extranjero me dijo que lamentablemente el cobre no estaba en Europa, sino que en Zambia, Kazajistán o en Chile, de manera que tendrían que ir a esos países no obstante el riesgo político. Los empresarios extranjeros que sí están viniendo en masa son Los Gallegos, Los Pulpos, los Espartanos y el Tren de Aragua, que se están haciendo la América, gracias al FA y el PC, que les facilitan la vida indultando delincuentes, atacando a carabineros y poniendo a un acosador a cargo de la seguridad.

Los chilenos invierten fuera de Chile porque allá les dan la bienvenida, las rentabilidades son mayores y los riesgos menores. El costo de hacer negocios en Chile es cada vez más alto, entre otras razones, por la “permisología” y el pesimismo ideológico de los mandos medios del Estado que disuaden al empresario más entusiasta. Estados Unidos demoró 9 años en poner a un hombre en la Luna. El último proyecto minero grande en Chile demoró 12 años desde que solicitó los permisos hasta que extrajo la primera onza de cobre. Los que la tienen clara son Milei y Trump. El primero nombró un ministro con nombre intimidante (Sturzenegger) que está dedicado a racionalizar el Estado megalómano argentino. Trump, a su vez, designó a Elon Musk y Vivek Ramaswany para que simplifiquen la organización, estructura y regulaciones de USA, buscando ser leales con el espíritu original de los padres fundadores que querían un Estado chico, que no ahogara a los ciudadanos.

Los empresarios no necesitan que les digan palabras bonitas, pero sí que dejen de insultar su inteligencia y su humanidad. Si los verdaderos pesimistas son los que creen que al cambio climático se lo combate con decrecimiento y no con innovación y tecnología; son los que prefieren a las mascotas que a los niños; los que consideran que la selección es una discriminación y no un reconocimiento y una distinción; los que creen que la pobreza se supera persiguiendo a los ricos, y mejor no sigo para no ponerme pesimista.

Un viejo dicho de campo dice que cuando alguien se quema con leche ve la vaca y llora. No son pesimistas los que invirtieron en pequeñas centrales (PMDG) bajo reglas que el ministro Pardow quiere cambiar para financiar un subsidio político. Tampoco fueron pesimistas los miles de profesores y pequeños emprendedores que se endeudaron y desarrollaron cientos de proyectos educativos hasta que el pesimismo ideológico de la izquierda prohibió la actividad empresarial en la educación; ni las compañías de seguros afectadas por las rentas vitalicias; ni los salmoneros a los cuales les roban las mafias; ni Agrosuper y su proyecto en el norte; ni Maersk y su fábrica de contenedores; ni los vecinos de La Higuera que siguen esperando el proyecto Dominga; ni los agricultores a los que les queman sus casas, y para qué sigo hablando de los pesimistas. Industrias de servicios en que Chile era competitivo con los países desarrollados, como salud y educación, han sido permanentemente atacadas por la ideología gobernante. Las pensiones donde están radicados nuestros ahorros están siendo acosadas con una reforma políticamente impopular y técnicamente inadecuada. Gracias a la montaña regulatoria, hace mucho rato que nadie se abre en bolsa. Empresas nuevas como Cornershop, NotCo y otros pesimistas pusieron sus holdings fuera de Chile. En definitiva, el Presidente debe recordar el dicho de que “un pesimista no es más que un optimista bien informado”. (El Mercurio)

Gerardo Varela

La mala forma en que Gobierno y oposición enfrentan el caso Monsalve solo traerá perdedores. Me temo no solo lo serán los bandos en pugna, sino el país entero.

El Gobierno insiste en sus yerros comunicacionales. El miércoles, el Presidente ahondó en ellos. Afirmó tener la convicción de que la prisión preventiva de Monsalve era la decisión correcta por parte de los tribunales. Luego, en un tono solemne, agregó que el Estado de Derecho y la justicia eran parte de los atributos de nuestro país y que esas instituciones permanentes eran las llamadas a asegurar que lleguemos a ser un país desarrollado. La contradicción es evidente. En un Estado de Derecho, son los tribunales quienes juzgan, y a quien preside el Ejecutivo no le compete ni andar aplaudiendo ni criticando sus resoluciones; particularmente cuando ellas apenas abren un proceso judicial y son apelables. En su afán por empatizar con el sentir popular, el Presidente emite juicios que ejercen influencia sobre etapas procesales por venir. ¿Qué hará más adelante si estas son revertidas? Las pruebas que hasta aquí han trascendido, en manos de un juez con carácter, bien podrían llevar a una sentencia absolutoria; declarando que no está acreditada la violación más allá de una duda razonable, estándar de cualquier condena penal.

Por mucho énfasis que ahora ponga el Presidente en condenar a Monsalve, el Gobierno no logrará suplir la única explicación que cabe exigirle y sigue sin dar; cuál es, por qué mantuvo en su cargo por 36 horas al subsecretario, a sabiendas de que había una denuncia de violación en su contra y que él había pedido a la PDI revisar unas cámaras que habían grabado su trayecto la noche en que se le imputaba el delito. Eso es lo que no se ha explicado, y sigue sin explicarse. Los poco republicanos esfuerzos por alentar la condena de su exsubsecretario o la salida de autoridades y asesores no lograrán reemplazar la explicación que falta. Ese silencio seguirá siendo ruidoso. La oposición, por su parte, intenta convencer de que ese error comunicacional es una especie de encubrimiento y que la impronta feminista del Gobierno es una pura mascarada; pero tampoco lograrán convencer de aquello, porque no resulta verosímil.

El Presidente y su entorno demoraron 36 horas en comprender el significado y la magnitud de lo que se les relataba; tal como se demoró Bachelet en comprender la magnitud del caso Caval o Piñera lo que implicaban las estaciones incendiadas. A todos nos cuesta caer en cuenta de los hechos desconcertantes; siempre demoramos algo más de lo debido en perder la confianza. Las autoridades que supieron de la denuncia deben haber estado, como es normal, perplejas, algo paralogizadas, prefiriendo no creerlo. Tal vez incluso cayeron en cuenta cuando lo vieron impreso. Seguramente, por eso el Presidente, ejerciendo más de amigo comprensivo que de político, permitió a quien hasta ahí había sido un leal y eficiente servidor ir a avisarle a su familia antes de que la denuncia se hiciera pública. Sobre la ulterior presencia de Monsalve en el Congreso, nadie ha afirmado que el mandatario lo autorizara o siquiera lo conociera de antemano.

De allí que el Presidente, incluso después que se conoció la denuncia, recordó la presunción de inocencia y que solo había una versión sobre la mesa. Eso no conlleva una renuncia al feminismo que los jóvenes de izquierda pueden exhibir como uno de sus mejores triunfos culturales. No hay, hasta aquí, antecedentes para convencer que hubo ocultamiento, encubrimiento o incumplimiento de deberes. Lo que hubo fueron reacciones humanas e impericia política. ¿Pero no eligió el país a jóvenes inexpertos, cansado como estaba de los ya carreteados de siempre?

Y si la parálisis que provoca la perplejidad fuera la razón de las 36 horas, ¿por qué ha resultado tan difícil decirlo? Cuesta entender cuál es el costo que no ha querido pagar el Presidente. ¿No le estará saliendo caro evitar la verdad llana y un poco vergonzante?

Si no hubo ni ocultamiento ni incumplimiento de deberes, sino solo impericia, la derecha comete un error político de proporciones al subir el tono, intentando descalificar al Presidente, comportándose de manera similar a como lo hizo la oposición con Piñera. La ineficacia de este Gobierno venía dejando a la derecha en una posición expectante para las próximas elecciones. Si se pasa de rosca, como lo está haciendo, es probable que termine generando un ambiente que no la favorezca electoralmente y que, al menos, le sea irrespirable si llega a La Moneda. (El Mercurio)

Jorge Correa Sutil

Estamos viviendo una muy fuerte crisis de seguridad. La llegada de bandas transnacionales a nuestro país, nos ha obligado a cambiar la manera en cómo debemos abordar el problema. Y cómo no hacerlo si comenzamos a vivir una realidad a la que no estábamos acostumbrados y menos preparados para afrontarlo. Tener un promedio nacional de un homicidio cada 12 horas y 13 robos con violencia cada media hora es alarmante. No nos podemos acostumbrar, debemos trabajar para combatirlo.

Ante esta situación, además de la diversificación de los delitos y de los modus operandi, se vuelve imperativo incorporar tecnología de vanguardia como una herramienta que permita abordar el problema con mayor eficiencia y eficacia.

Uno de los mayores beneficios de incorporar tecnologías avanzadas en la seguridad es su capacidad para prevenir delitos antes de que ocurran. Herramientas como las cámaras de vigilancia con reconocimiento facial o los sistemas de análisis predictivo, basados en inteligencia artificial, permiten a las autoridades identificar patrones sospechosos y responder proactivamente.

La incorporación de tecnologías como drones, cámaras de seguridad, botones de pánico, denuncias telefónicas y aplicaciones de comunicación en tiempo real ha revolucionado la capacidad de respuesta ante emergencias porque optimizan el tiempo de reacción. Por ejemplo, los drones, equipados con cámaras térmicas y sensores, permiten a las fuerzas del orden acceder rápidamente a áreas de difícil acceso, mejorando su capacidad de acción en situaciones críticas.

Sin embargo, la adopción de tecnología en la seguridad ciudadana no está exenta de desafíos. Entre ellos, destacan los costos elevados, la necesidad de infraestructura adecuada y las preocupaciones por la privacidad. La recolección masiva de datos plantea interrogantes éticas sobre el manejo de la información personal de los ciudadanos. Por ello, es fundamental que estas iniciativas se implementen bajo un marco regulatorio claro y respetuoso de los derechos humanos.

En un mundo donde las amenazas evolucionan constantemente, no incorporar tecnología de vanguardia sería quedarse atrás en la lucha por garantizar la seguridad ciudadana. Si bien es necesario abordar los desafíos asociados, los beneficios que ofrece la tecnología —desde la prevención hasta la mejora de la confianza en las instituciones— la convierten en un pilar esencial para construir ciudades más seguras y resilientes.

Ante la presencia del Crimen Organizado en nuestro país, y debido a su constante mutación, la seguridad ya no puede depender únicamente de métodos tradicionales. La combinación de tecnología y políticas integrales puede marcar la diferencia entre una sociedad vulnerable y una preparada para los desafíos que estamos enfrentando. La verdadera clave estará en encontrar un equilibrio entre innovación, ética y eficiencia para maximizar los beneficios que estas herramientas pueden ofrecer. (Red NP)

Gonzalo Cornejo

CEO de Insight Security

El oficialismo está recurriendo a toda clase de eufemismos para criticar al presidente, sin acusarlo derechamente de ocultar información. Se habla de “un mal manejo” y de “errores iniciales”. El senador Lagos pidió un mea culpa por las “desprolijidades”.

• Sin embargo, la pregunta clave -que está en la mente de todos y que ningún personero oficialista se atreve a formular- es la siguiente: ¿Por qué el gobierno permitiría que un funcionario involucrado en un caso tan escabroso se mantuviera activo y con margen de maniobra? ¿No implicaba acaso este “permiso” un reconocimiento implícito de la posibilidad de influir en la narrativa o incluso en la víctima?
• A estas alturas hay indicios claros que el presidente, junto a su jefe de Gabinete y al jefe de Asesores optaron conscientemente por mantener en reserva los antecedentes, con la esperanza de que Monsalve pudiera disuadir a la víctima de abandonar la denuncia. Es decir, que hubo decisiones políticas que favorecieron a Monsalve y comprometieron la transparencia del gobierno.
• Sabemos que funcionarias de la subsecretaría, compañeras de trabajo, tomaron contacto reiterado con la víctima en un tono amenazante para que se arrepintiera de denunciar.
• Que el presidente no compartió con la ministra del Interior todo lo que sabía, ni le informó de sus reuniones con Duran y Crispi, donde se tomaron decisiones estratégicas.
• Carolina Tohá, que en un principio fue sindicada como la responsable del “mal manejo” de la crisis y cuya renuncia se pidió a gritos, podría haber sido “víctima” de la desinformación, al igual que otras mujeres del gabinete, como Orellana, Jara y Vallejo.

Ninguna indignación moral de Boric. El presidente prefirió tener una conversación a solas con Monsalve, sin testigos, entre hombres (¿machismo?), excluyendo a sus ministras mujeres; lo que resulta muy extraño, ya que, después de todo, se trataba de un asunto de violencia de género.

• Como lo dice el propio presidente en su declaración judicial, ya la ministra Tohá le había informado de que había una “denuncia por abuso sexual y violación”.
• Boric en su declaración no manifiesta ningún sentimiento de indignación moral ni de reproche hacia Monsalve. Al contrario, le dice que su continuidad en el cargo sería incompatible con la denuncia y la investigación.
• En la declaración judicial del presidente se observa que tuvo una actitud sorprendentemente poco incisiva frente al relato de Monsalve, casi una falta de interés, de diligencia al no indagar más a fondo, exigir la verdad y cuestionar la versión fantasiosa y delirante que éste le ofrecía.
• Versión que ha resultado, como era de esperar, desmentida por las evidencias exhibidas durante la audiencia de formalización, dejando al mandatario en una posición, por decir lo menos, de aparente ingenuidad.

Las dos hipótesis. ¿Cómo justificar que aceptara sin cuestionamientos la evasiva del “no recuerdo nada”? Aquí surgen dos hipótesis:

• 1.- Boric actuó con genuina ingenuidad, confiando ciegamente en su subsecretario en lugar de confrontarlo con la gravedad de las acusaciones. Si este es el caso muestra una falta de liderazgo y de instinto político alarmante en momentos de crisis.
• 2.– Prefirió eludir el conflicto, evitar tomar medidas drásticas antes de que el escándalo se hiciera público y darle tiempo a Monsalve para “arreglar” la situación con la víctima.
• Lo que explica que tras conocer los hechos y escuchar de boca del subsecretario una explicación absurda, donde dice no acordarse de nada e insinúa que podría haber sido víctima de un chantaje y haber sido drogado, el presidente le sugiere que viaje al sur para hablar con su familia y lo mantiene en el cargo.
• Permitiéndole, además, ir al Congreso dos días después a defender la ley de presupuesto.
• No hay que olvidar que la salida del subsecretario solo se produjo cuando La Segunda publicó en su primera plana que el gobierno pretendía “pasar piola” hasta las elecciones.
• Esto no puede explicarse como un “mal manejo” o “inconsistencia”. Estamos frente a una decisión política de ocultamiento deliberado, reminiscente del escándalo Watergate, que acabó con Richard Nixon.
• Boric, lejos de actuar con la transparencia que prometió como emblema de su administración, optó por cerrar filas con el círculo de confianza para ganar tiempo, controlar la narrativa y minimizar el impacto político, evaluando las consecuencias de que la noticia explotara a pocos días de las elecciones municipales.

Esto no se resuelve con un cambio de gabinete. El drama desde el punto de vista del gobierno y sus partidarios es que en este caso es el presidente el que se equivocó, el que tomó malas decisiones, el que no supo aquilatar la gravedad de lo que estaba sucediendo.

• Esto no se resuelve con un cambio de gabinete. El terremoto ya se produjo y ahora solo queda asumir los costos políticos y personales y hacer el control de daños, en la medida de lo posible.
• El problema radica en la naturaleza del “error”, su dimensión ética que va más allá de una simple equivocación política. Que toca el núcleo de las expectativas que sus partidarios tienen sobre su liderazgo, especialmente porque Boric llegó al poder con un discurso de ética irreprochable, transparencia y apego a los principios.
• ¿Qué puede ser más corrosivo, por ejemplo, para un gobierno que se dice feminista que se margine a las ministras mujeres de la toma de decisiones en un caso como este?
• El descontento que surge entre sus propios partidarios no radica únicamente en el acto en sí, sino en la contradicción entre el discurso y la acción. Cuando un gobierno se equivoca y, además muestra cero capacidad de asumir sus errores, viene la desilusión, cunde el desánimo, la apatía e incluso el distanciamiento.
• En un contexto de polarización con una oposición activa, en medio de un ciclo electoral, los fallos éticos se convierten en municiones para los adversarios, que solo hace un mes estaban bajo fuego graneado, castigados por la locuacidad cotidiana del mandatario en el caso Hermosilla. El mismo que hoy guarda absoluto silencio.
• El control de daños requiere más que gestos y discursos. Acciones concretas de autocrítica y rectificación.
• Lamentablemente, digámoslo sin anestesia, el presidente nunca va a reconocer que intentó postergar lo más posible el estallido de la “bomba” Monsalve; ocultando información a ministros del comité político, y manteniéndolo en el cargo hasta que la situación se le escapó de las manos, cuando los medios expusieron la verdad. (Ex Ante)

Jorge Schaulsohn