Finalmente, el Presupuesto 2025 termina su paso por el Congreso luego que la sala del Senado aprobara el informe de la Comisión Mixta y despachara la iniciativa a ley.
Con ello, se da luz verde al último presupuesto que será ejecutado íntegramente por el gobierno del presidente Gabriel Boric, ya que el del año 2026, si bien será elaborado bajo esta administración, su puesta en marcha corresponderá, en su mayoría, al próximo gobierno.
Tras semanas de discusión, el proyecto terminó por contemplar un aumento del gasto público del 2%, traducido en un recorte de US$600 millones, frente al recorte inicial de US$500 millones, que hubiera significado un incremento del gasto público del 2,7%.
A LEY PRESUPUESTO 2025
A pesar de que el Ejecutivo tuvo que ceder en varios aspectos durante la discusión del Presupuesto, se lograron reponer los recursos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), del programa de acompañamiento para niños y niñas trans, más otros aspectos relacionados a los servicios de salud y lista de espera.
También se lograron acuerdos en materia de educación, luego que se comprometieran cambios en el sistema de admisión escolar desde el 2026.
Por otro lado, quedaron recortes de gastos en el Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob), de los $540 millones a los $400 millones.
AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Además, el Gobierno podría acudir al Tribunal Constitucional debido a que el Presupuesto incluye, por ejemplo, la aprobación de un test de droga para el Presidente y sus ministros y secretarios.
Otro aspecto que se podría objetar ante el Tribunal sería la baja en el pago de contribuciones a adultos mayores beneficiados por la Pensión Garantizada Universal (PGU) y la indicación de oposición que impide a estudiantes de 3ro y 4to medio acceder a gratuidad durante el primer año de estudios universitarios, en caso de que hayan sido sancionados por hechos violentos.
Finalmente, está el rechazo al financiamiento de terapias hormonales en niños, niñas y adolescentes, siendo otro aspecto que el Gobierno podría llevar al Tribunal Constitucional
En este contexto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo que “el país ya cuenta con un presupuesto del sector público que mantiene el propósito que se señaló cuando lo presentó el Presidente, de cumplir con Chile en materias sociales, económicas, de seguridad pública”.
Además, el jefe de las finanzas públicas adelantó que “el Gobierno llevará al Tribunal Constitucional los temas en los cuales estima no se respetaron las normas constitucionales en el proceso presupuestario”. (Bio Bio)
La Asamblea Gremial de Profesores del Instituto Nacional anunció esta jornada la realización de un paro de advertencia este miércoles 27 y jueves 28 de noviembre. La razón de la paralización sería que cinco docentes del establecimiento habrían sido notificados de que están bajo sumario administrativo, aparentemente por causales desconocidas. La información fue entregada desde la Dirección de Educación Municipal de Santiago.
En concreto, los profesores denuncian el «arbitrario sumario al cual están sometidos, de acuerdo a nuestra información, los tres dirigentes del gremio de profesores y dos docentes de aula de nuestro colegio».
Sobre estas últimas, no serían dirigentes en la actualidad, pero también tendrían una larga trayectoria en la «defensa de los derechos laborales de los colegas (…). Una de ellas en la actualidad es representante de los profesores en el Consejo Escolar, para lo cual fue elegida como primera mayoría», detallaron a La Tercera.
«Atendiendo al secretismo con el cual se ha llevado a cabo este proceso podemos inferir que esta acción tiene por objeto acallar la voz de nuestros dirigentes que en definitiva son los que lideran el carácter fiscalizador de su trabajo sindical, constituyéndose en los rostros visibles de las preocupaciones y demandas de sus pares», manifestaron.
«Atendiendo al secretismo con el cual se ha llevado a cabo este proceso podemos inferir que esta acción tiene por objeto acallar la voz de nuestros dirigentes que en definitiva son los que lideran el carácter fiscalizador de su trabajo sindical, constituyéndose en los rostros visibles de las preocupaciones y demandas de sus pares».
ASAMBLEA DE PROFESORES
Entre los puntos entregados en el petitorio de la Asamblea Gremial de Profesores del Instituto Nacional, se pide a la dirección del liceo «el retiro definitivo de dicha medida represiva y que constituye una flagrante práctica antisindical de quienes acusan a nuestros representantes y colegas», consigna el documento.
Además, se exigió «la salida de todo el equipo directivo de nuestro establecimiento, reafirmando lo solicitado en el punto 5 del petitorio del 4 de octubre, lo cual no ha sido respondido de manera clara por la rectora».
También se solicitó la salida del director de Educación Municipal de Santiago, Rodrigo Roco, «por su responsabilidad en los hechos que nos aquejan», puntualiza el comunicado.
84,9%del cuerpo docente votó por adherir al paro de profesores del Instituto Nacional.
Según una carta entregada por Carola Contreras, vocera de la Comisión de Crisis de la Asamblea Gremial, a la rectora del liceo, Carolina Vega, la paralización fue aprobada por el cuerpo docente con un 84,9% del total de votos.
PREOCUPACIÓN DE ALUMNOS
Al respecto, desde el Centro de Estudiantes del Instituto Nacional se envió un correo dirigido a la comunidad educativa “con motivo de pronunciar nuestra preocupación respecto a la paralización docente a la que hace referencia el correo enviado por la Unidad de Comunicaciones de nuestro Instituto Nacional”, se menciona.
Además, los representantes estudiantiles emplazaron a las autoridades del colegio “a que se refieran al respecto, mencionando las causas de la paralización en directo amparo a nuestro derecho de estar informados”, concluye el correo.
En tanto, desde la organización de profesores convocaron a una reunión mañana con asambleas de otros establecimientos de la comuna de Santiago en el frontis del Instituto Nacional. (Emol)
Luego de que se hiciera pública la denuncia que se ingresó el 6 de septiembre en contra del Presidente Gabriel Boric por presunto acoso sexual y difusión de fotografías íntimas, una de las incógnitas que han surgido es cómo La Moneda pudo conocer la presentación de la acción judicial.
Lo anterior, luego de que diversos expertos y ex fiscales aseguraran que una denuncia de esas características no aparece en el sistema ya que la base de datos del Ministerio Público es reservada y sólo tienen acceso los intervinientes.
Al respecto contestó el abogado del Mandatario, Miguel Schürmann, a través de un cuestionario enviado por La Segunda. Dijo que una vez enterado de la acción judicial (¿cómo?) se puso en contacto con la fiscal adjunta de Magallanes, Wendoline Acuña, a quien le adjuntó «vía correo electrónico el 12 de septiembre, el mandato otorgado por el Presidente Gabriel Boric para representarlo. Esta acreditación es la manera que tienen los abogados con representación en causas penales para acceder a estas, hacerles seguimiento y presentar solicitudes».
«Luego de escribirle a Wendoline Acuña, ella me respondió que incorporaría los documentos a la carpeta y que la investigación sería asignada al Fiscal Regional de Magallanes, Cristián Crisosto. Al transferirse la causa de Fiscal, le escribí al fiscal el 17 de septiembre, adjuntando nuevamente el mandato otorgado por el Presidente Gabriel Boric», complementó.
Consultado por cómo supo de la causa y del RUC asociado a ella, aseguró que accedió «mediante un procedimiento de búsqueda diario que hago del RUT del Presidente en el sistema SIAU (Sistema de Información y Atención a Usuarios de la Fiscalía). Esto consiste en ingresar su RUT en el sistema desde una cuenta que no tiene causas del Presidente asociadas, se busca su RUT y el sistema arroja el RUC más reciente. Luego de eso solicité la acreditación desde mi cuenta a ese RUC, dado que es la única forma de obtener información de la causa».
En ese sentido, descartó haber incurrido en una falta al conocer la denuncia, tras los cuestionamientos de expertos de que no tenía cómo enterarse. «Eso no es correcto, en mi respuesta está la respuesta. El sistema te permite buscar por RUT y entrega un RUC, es cosa de revisarlo«, afirmó.
Junto con esto, Schürmann detalló que, luego de que el Presidente traspasara su defensa de este caso al abogado Jonatan Valenzuela, él dejó de realizar diligencias. «Jonatan Valenzuela le escribió al fiscal Crisosto señalándole que él tomaría esta causa del Presidente Boric. Ante esto, desde la Fiscalía Regional de Magallanes tomaron contacto con el abogado Valenzuela el 14 de octubre indicando que contaba ante la Fiscalía la representación legal de mi parte, por lo que Jonatan Valenzuela les respondió con copia a mí, que efectivamente existían ambos mandatos vigentes (mi persona y el abogado Valenzuela».(Emol)
La justicia española citó a declarar como investigado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un caso abierto por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación.
La titular de un juzgado de Badajoz (oeste de España) citó al hermano del presidente, entre otros, tras recibir un informe de la Guardia Civil que apunta a supuestas irregularidades en su contratación por la Diputación de Badajoz, una administración provincial.
Según la jueza, existen «indicios racionales de criminalidad relativos a los delitos contra la administración pública (prevaricación y tráfico de influencias)» en la investigación, abierta a raíz de una denuncia presentada por una organización próxima a la ultraderecha.
David Sánchez trabaja desde julio de 2017 -un año antes de que su hermano asumiera la Presidencia del Gobierno- en la orquesta del Conservatorio de Música de Badajoz y, según la denuncia, supuestamente no realiza las funciones para las que fue contratado. El hermano del presidente del Gobierno fue citado para el próximo 9 de enero. (Emol EFE)
La Fiscalía de Magallanes anunció que se abrió una investigación por «acceso ilegal» a la denuncia hecha por una mujer en contra del Presidente Gabriel Boric por, supuestamente, difundir imágenes íntimas de ella. A esto se suma la conferencia de prensa de ayer de la vocera Camila Vallejo, donde entregó más detalles de la causa. Y lo expresado por el abogado del Mandatario.
Ante esto, ex autoridades de Interior critican el manejo de La Moneda en este caso. Juan Francisco Galli, subsecretario del Interior en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, sostuvo que «lo declarado por la ministra vocera de Gobierno respecto a pesquisas realizadas por funcionarios de la Presidencia que habrían permitido conocer la denuncia en contra del Presidente requieren aclaración. Surgen muchas dudas al respecto«.
Profundizó que «¿Quiénes son los funcionarios encargados de ese trabajo? Porque una gestión razonable es que revisen las causas que se inicien contra el Gobierno o el Presidente como Jefe de Estado. Otra, completamente distinta, es que se pesquisen las causas personales contra el Presidente a través de fuentes que no son públicas. ?¿Cómo se accede a esta información? Una persona que está siendo investigada por una acusación por un delito no tiene información al respecto sino una vez que se dirige en su contra la investigación, lo que se concreta en una formalización. Incluso de no ser así existen recursos procesales para requerir esa información, como la audiencia de cautela de garantías. Lo que resulta irregular es que se acceda a esa información por vías informales».
Por su parte, Felipe Harboe, ex subsecretario del Interior en el primer mandato de Michelle Bachelet, comentó en radio Universo que «eso no corresponde. Yo no tengo conocimiento, por lo menos en la época que nosotros estábamos, eso no se hacía y por tanto, porque además eso implicaría que el Gobierno tuviese conocimiento previo de las denuncias que se interponen a una notificación que es lo que corresponde, si finalmente el Ministerio Público recibe una denuncia, tiene que iniciar algún tipo de gestión y notificará si corresponde para pedir antecedentes a las partes»
Agregó que «la propia ley orgánica del Ministerio Público establece que todas las investigaciones, es bien increíble esto, que todas las investigaciones son reservadas, la gente no lo sabe, son todas reservadas. Hay algunas que son secretas, reserva de las investigaciones, que son todas las investigaciones, no solo las secretas, insisto, constituye una falta, efectivamente. Es una falta, en estricto rigor. Y es el propio Ministerio Público el que tiene que velar, digamos, para investigar esto, digamos, al interior de su institución».
Mientras que Jorge Burgos, ministro del Interior en Bachelet 2, estimó que «hay reacciones que tienen que ver con falta de patrimonio de experiencia». «Pongámonos en el supuesto en que el Gobierno no lo hubiera hecho público y esta denuncia la hubiéramos conocido por medio de una filtración de prensa. La discusión sería el porqué lo ocultaron a sabiendas. Entonces… cuidado con tanta declaración terminante», sentenció. (Emol)
A las 18.30 horas de este miércoles ingresarán a La Moneda los diputados de oposición Diego Schalper (RN) y Andrés Jouannet (Amarillos). Ahí sostendrán una reunión con el subsecretario del Interior, Luis Cordero, con quien abordarán el manejo de la crisis de seguridad y las posibles vías de escape para la situación.
De hecho, una vez que estén en las dependencias de Palacio, Schalper le entregará al exministro de Justicia un documento titulado “Propuesta de trabajo”, donde se plantean ideas en siete áreas distintas vinculadas a la seguridad, como prevención del delito, migración e infraestructura.
Más allá de atender la crisis, este acercamiento con Cordero obedece también a la manera que se ha instalado en Renovación Nacional para relacionarse con el gobierno.
Hoy, en la derecha, dicen personeros, hay dos caminos para enfrentar la recta final de la administración del Presidente Gabriel Boric. La primera es por la que se han inclinado sectores como el Partido Republicano y una parte de la UDI, donde se contempla una posición más dura a la hora de hablar con el Ejecutivo y han cuestionado sus reformas.
La otra, en cambio, es la que han seguido algunos sectores de Chile Vamos, quienes plantean que más allá de la posibilidad -o no- de llegar a acuerdos, se debe comenzar a trabajar en agendas comunes, que puedan tener continuidad más allá de este gobierno, sobre todo pensando en la eventualidad de que la próxima administración quede en manos de la derecha. A esa lógica, por ejemplo, obedece la llegada de Schalper a La Moneda, quien solicitó el encuentro con Cordero bajo previo aviso a la directiva de su partido, liderada por Rodrigo Galilea.
El senador por El Maule es otro de los personeros de oposición que han mostrado disposición de trabajar de la mano con el Ejecutivo. Él, por ejemplo, está viendo en la Cámara Alta la tramitación de la reforma de pensiones que lidera la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC). Al mismo tiempo, el timonel de RN ha sido uno de los contactos que ha frecuentado el Presidente Boric en las últimas semanas, lo que también da cuenta de esta tesis de la oposición para relacionarse con el gobierno. Esta lógica ha sido compartida por otros personeros de RN, como la jefa de bancada, Ximena Ossandón.
Al respecto de la cita, Schalper indicó a La Tercera que “somos muchos en la oposición que creemos que el país debe salir del estancamiento en el que está, especialmente en seguridad y en economía. Y eso requiere acciones y decisión”.
En esa misma línea, agregó: “Estamos convencidos que debemos sobreponernos a la polarización paralizante y al mal manejo de los casos judiciales de parte del gobierno. Y buscar espacios de trabajo por el bien de los chilenos”.
La idea, dicen en la interna de RN, es avanzar en materias concretas que puedan ser funcionales a los intereses políticos de la derecha si es que llega a La Moneda en 2026. Por ello, los defensores de esta tesis consideran que seguir el libreto del Partido Republicano y endurecer el tono es un error. Por lo mismo, dicen que hay al menos cuatro ejes que se debe avanzar en esta administración: seguridad, economía, pensiones y reforma al sistema político.
Sobre esto último, es una materia comprometida por el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde.
El planteamiento que ha seguido RN también es funcional a las pretensiones de La Moneda, pues desde el gobierno de Boric se ha buscado un acercamiento con Chile Vamos para sacar adelante las reformas presentadas ante el Congreso.
Aquello quedó a la vista cuando el Presidente quedó de conversar por teléfono con el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, quien aprobó la semana pasada, en Estación Mapocho, la idea expresada por el Mandatario respecto de llegar a acuerdos para evitar el estancamiento del país.
El propio Cordero también ha colaborado en estos acercamientos. De hecho, en su entorno transmiten que tiene una buena relación con personeros de Chile Vamos, como la diputada RN Camila Flores, quien preside la discusión de la Ley de Inteligencia sobre la que trabaja el subsecretario todos los martes.
En La Moneda también consideran que más allá de las legítimas diferencias políticas, hay urgencias que atender que requieren ser atendidas por medio de proyectos legislados en el Congreso, así como también que la polarización no ayuda ni a los intereses de la oposición ni del oficialismo. (La Tercera)
Desde el Paseo Bulnes con Alonso de Ovalle, en pleno centro de Santiago, la ministra del Interior, Carolina Tohá, junto a su par de Defensa, Maya Fernández, dieron el vamos a las nuevas labores de apoyo que ejercerán funcionarios del Ejército en la fiscalización de armas inscritas.
La ejecución de la medida es resultado de una de las últimas reuniones del gabinete Pro Seguridad, donde se estableció que militares podrían apoyar en las labores de fiscalización que hasta hora eran realizadas por Carabineros y la PDI.
El objetivo de la incorporación -según precisaron desde el gobierno- es controlar la proliferación de armas y reducir el poder de fuego de organizaciones delictuales.
Todo ello en el marco del compromiso fijado por el Presidente Gabriel Boric de fiscalizar al menos un 10% de las armas inscritas activas en el país. Según datos de Interior, a la fecha, 14 regiones han superado ese objetivo, entre ellas: Arica y Parinacota, donde se ha fiscalizado el 48%, Tarapacá con el 49%, Atacama con el 35%, Biobío con 16% y Aysén con 35%.
Fiscalización de armas por el Ejército. Foto: Ministerio del Interior.
La Región Metropolitana, por otra parte, está al debe con las cifras, puesto que, hasta la fecha, solo se ha inspeccionado el 5,5% de las armas inscritas. Desde el gobierno explican que este déficit responde a que la región cuenta con la mayor cantidad de armas inscritas: más de 320 mil.
Al respecto, la ministra Tohá señaló que “cuando se incautaron armas el año pasado se encontró que el 50% de ellas eran de origen legal, o sea, que en un primer momento se compraron legalmente, se inscribieron y terminaron en manos de delincuentes”.
“Por eso, es tan importante fiscalizarlas, dado que en la RM se encuentra casi la mitad de las armas del país”, sostuvo.
Sumado a ello, aseguró que en los lugares donde se focaliza “más el control de armas, hay menos violencia, los delitos se vuelven menos peligrosos y bajan en intensidad”.
Santiago 27 de noviembre 2024. Se da inicio a la fiscalizacion de armas inscritas activas a cargo de personal del Ejercito en la Región Metropolitana, tarea hasta ahora realizada por Carabineros. Dragomir Yankovic/Aton Chile
Por su parte, la ministra Fernández detalló que esta acción se materializó a través del “Decreto 282, vigente desde el 19 de noviembre”, el cual habilita por primera vez desde 2010, a que el Ejército pueda ser autoridad fiscalizadora de armas en la Región Metropolitana.
“Para esta labor se ha definido un equipo de trabajo perteneciente a la Guarnición de Santiago, a cargo del general Ciuffardi, a quien agradezco su trabajo. Ellos se capacitaron durante dos semanas para que puedan cumplir con las fiscalizaciones”, indicó la secretaria de Estado.
En detalle, la fiscalización de armas inscritas que realizará el Ejército apuntará a organizaciones autorizadas -como clubes de tiro-, empresas de comercialización de armas y particulares. (La Tercera)
Hace justo un año, el Consejo Constitucional cerraba sus puertas. El segundo intento por tener una nueva Constitución llegaba a su fin y se iniciaba un camino del cual ya todos saben la historia: un nuevo fracaso en las urnas. El rechazo al texto redactado por los entonces consejeros constitucionales fue rotundo y los deseos de quienes quería reemplazar la Carta Fundamental quedaron sepultados.
Todo eso ya es historia y parte del pasado. Lo mismo pasó con quienes fueron la mayoría que controló el Consejo, la bancada de 22 consejeros del Partido Republicano que manejaban casi la mitad de los escaños del órgano redactor.
A 12 meses de que terminara ese proceso, la que fue la bancada más numerosa del organismo pasó del éxito y la fama, al olvido y con el paso de los meses se ha ido diluyendo. Según fuentes de esa misma bancada, ya son seis los exconstituyentes que optaron por abandonar el partido.
La exconsejera Ninoska Payauna quiso hacer pública su salida. La exconstituyente fue uno de los rostros que el partido quiso potenciar. Tanto así que la colectividad que lidera Arturo Squella la presentó como su carta para que asumiera la presidencia del órgano. Sin embargo, un antecedente judicial de su pasado, impidió que asumiera la testera. Este martes, Payauna publicó una carta -que incluso se compartió en Chile Vamos- en la que explicó las razones por las cuales decidió renunciar a su militancia.
Parte de la bancada de consejeros republicanos en una reunión de trabajo durante el proceso.
“Existe un abandono político por parte de la directiva nacional y del mundo republicano (Acción Republicana, Ideas Republicanas, etc.) con respecto a los exconsejeros constitucionales. Me refiero particularmente a que después del plebiscito de salida realizado en diciembre de 2023 no existió una instancia para poder conversar, reflexionar y analizar los resultados, invisibilizando la mirada que pudiéramos tener las personas que fuimos parte del proceso y de la campaña”, se lee en uno de los párrafos de su carta.
El punto que aborda Payauna fue algo que, luego del plebiscito de diciembre de 2023, algunos de los exconsejeros comentaron en privado. En una bancada marcada por la disciplina, el golpe que implicó la derrota dejó a varios exconstituyentes alejados de la colectividad que fundó José Antonio Kast.
De hecho, algunos de ellos no estuvieron de acuerdo con que el partido quisiera simplemente dar vuelta la página y desentenderse de lo que había pasado. Luego de la derrota en las urnas, hubo un par de reuniones telemáticas por Zoom en que se compartieron análisis de lo sucedido y que funcionaron como espacios de catarsis.
“En varias oportunidades se solicitó esta instancia formal, pero la directiva nacional hizo caso omiso al respecto, excusándose que no tenían los tiempos y que debían organizar las municipales 2024. A la fecha hay siete exconsejeros constitucionales que han renunciado, casi un tercio, sin que sorprenda que este número pueda aumentar en las próximas semanas o meses”, continúa la misiva de Payauna.
LAS OTRAS RENUNCIAS
La carta, que Payauna publicó en X, tuvo la respuesta de Mariela Fincheira, otra exconsejera republicana que también renunció al partido según pudo conocer este medio. “Valiente”, le replicó Fincheira en dicha red social. Según dos exconsejeros republicanos, a Payauna y Fincheira se suman las renuncias de Carlos Solar, Patricia Spoerer, Jorge de la Maza y Sebastián Parraguez.
Las mismas fuentes aclaran que de todos ellos, las razones para irse del partido son diversas. Algunos de ellos han tenido conflictos internos en el partido y otros como Parraguez se vieron forzados a dar un paso al costado por una denuncia penal en su contra que complicó su permanencia en la colectividad. Parraguez enfrenta una investigación de la Fiscalía por eventual abuso sexual en contra de menores de edad, situación que hizo que el partido suspendiera su militancia y luego él optó por salir.
En el caso de Solar, su salida de la colectividad se dio por el apoyo que le dio al candidato a gobernador de Antofagasta de Chile Vamos Carlos Cantero, en desmedro de la carta republicana de Carlo Arqueros.
El caso del exconsejero de la Maza, por ejemplo, se aleja de las razones entregadas por Payauna. El expresidente regional de los republicanos en la Región de Los Ríos terminó con su militancia debido a diferencias políticas con la estrategia de la colectividad en las elecciones municipales y regionales, sobre todo porque terminó apoyando al candidato a gobernador de Chile Vamos.
De la Maza tuvo diferencias con la decisión de la tienda de competir con Carolina Zúñiga, ya que él se inclinó por el de Chile Vamos Omar Sabat. “Me importa mucho más mi región y mi gente, que lo que pueda pensar o decir el Partido Republicano. De hecho la lógica del partido de llevar candidatos a gobernadores en todas las regiones del país obedeció a una estrategia en que si me preguntas no adhiero para nada, porque pone en riesgo casos como Los Ríos”, dijo de la Maza cuando presentó su renuncia el pasado 2 de agosto.
“¿Todo eso a cambio de qué? De un incentivo perverso que es la devolución de dinero por votos emitidos que paga el Servel al partido, ya que son las elecciones a gobernador las que dejan mayores devoluciones, más aún considerando el voto obligatorio. ¿Eso para qué? Para financiar las campañas parlamentarias del próximo año de los candidatos que no alcanzaron a obtener alcaldías”, agregó en ese momento quien durante el proceso participó de la comisión de Sistema Político.
En esa misma línea, a juicio de de la Maza, su disidencia apunta a un abuso del sistema: “El problema de eso es que instrumentalizas el sistema a costa de ocupar las municipales como medio para tener parlamentarios el próximo año. Desde un punto de vista finalista lo comprendo, pero lo hemos pasado tan re mal en Valdivia con Carla Amtnamnn que, para mi, el fin no puede justificar los medios. En este caso lo que criticamos tan severamente en el Consejo Constitucional el año pasado termina siendo una herramienta a favor de obtener cupos parlamentarios. No puedo estar más en desacuerdo con ello cuando son las regiones y comunas en manos de la izquierda las que requieren soluciones ahora. No estoy dispuesto a inmolar una municipal por los candidatos de José Antonio”.
A los seis, se sumó una sétima renuncia, de la exconsejera Ángeles López, quien optó por retirarse del partido por diferencias con la dirigencia local. Sin embargo, luego de un tiempo López volvió a fichar.
La Tercera consultó a la colectividad sobre las renuncias de los exconsejeros, sin embargo, indicaron que no van a referirse al respecto. (La Tercera)
A las 9.25 horas, la novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago comenzaba la audiencia para resolver si revocaba o mantenía la prisión preventiva de Manuel Monsalve, ex subsecretario del Interior, acusado por violación y abuso sexual.
Luego de cuatro horas, finalmente la Corte revisó la apelación y decidió mantener la prisión preventiva y que la ex autoridad seguirá recluido en Capitán Yáber.
En la antesala a esta decisión, la defensa, inicialmente compuesta por María Inés Horvitz, Lino Disi y Cristián Arias, sufrió un cambio inesperado: Horvitz renunció, argumentando disparidades estratégicas con el equipo.
En la lectura de la resolución, el juez Fernando Valderrama explicó que «teniendo especialmente en consideración la gravedad de los hechos, el número de delitos atribuidos al imputado, la gravedad de las penas asignadas por ley a los mismos, la gravedad de los delitos en relación al bien jurídico protegido y que han sido afectados en relación a la víctima, esto es, su integridad o indemnidad sexual y su libertad sexual, estima que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad».
«Siendo la prisión preventiva la medida cautelar más adecuada, racional y proporcional para garantizar los fines del procedimiento», finaliza. (Emol)
Fue el 6 de septiembre que una mujer, mayor de edad, interpuso ante la Fiscalía Regional de Magallanes una denuncia en contra del Presidente, Gabriel Boric, por presuntos hechos de divulgación de fotografías íntimas y acusando haber sido víctima de acoso sexual. La denuncia se remonta a algo que habría ocurrido supuestamente entre 2013 y 2014, mientras el ahora Mandatario realizaba su práctica profesional en Punta Arenas.
La noticia fue comunicada por el propio abogado del Presidente, Jonatan Valenzuela, quien calificó la denuncia como “sin fundamentos” la noche de este lunes y durante un punto de prensa horas después. Momento en el que además reveló el contenido de una serie de correos que la mujer enviaba, sin repuesta, al Presidente Boric, lo que incluso se elevó al “envío no solicitado ni consentido de imágenes de carácter explícito”.
Durante la mañana de este martes, el abogado del Presidente Gabriel Boric habló con la prensa.
Con el paso de las horas, se fueron conociendo antecedentes de lo ocurrido y de la misma denunciante, quien acumula una serie de causas, por diversos delitos. El abogado Jaime García Bozzo, fue el primero en hablar en nombre de la mujer, ya que -dijo- la asesoró en las acciones legales emprendidas en contra de la ahora máxima autoridad del país.
García afirmó, en diferentes medios de comunicaciones, que la denuncia se debía a que la mujer hizo la práctica con Boric, tiempo en el que extravió un pendrive con fotos íntimas las que hace poco detectó que estaban circulando en Internet. Pese a negar el envío de las fotografías íntimas, la mujer dijo en entrevista con Meganoticias que “encontré las fotos en Internet y, por lo tanto, la persona que tuvo acceso fue él y de ahí parte todo”.
VÍCTIMA Y VICTIMARIA
La denuncia en contra del Presidente no es el único paso de la mujer por la justicia. Según pudo conocer La Tercera, en la Región de Valparaíso existen al menos seis causas en las que ella está involucrada. La primera es en calidad de víctima y se remonta al 7 de octubre de 2020, cuando funcionarios de Carabineros llegaron hasta un departamento en Villa Alemana.
Jaime García Bozzo, abogado republicano que confirmó su vínculo con la denunciante de Boric.
En ese lugar, los funcionarios policiales entrevistaron a la mujer que ahora denunció al Presidente, tras haber sido agredida por su pareja, quien es el mismo abogado Jaime García Bozzo, el que además se define en sus redes sociales como “republicano”. Según la causa judicial que partió de esa denuncia, el hombre estando en estado de ebriedad “comenzó una discusión con quiera era su conviviente, insultándola, para luego agredirla mediante empujones”.
Poco más de un año después, la pareja volvería a estar involucrada en otra causa judicial. El 6 de diciembre del 2021, ambos fueron detenidos tras producirse otro episodio de violencia intrafamiliar (VIF), esta vez mutuo. En esa causa, la medida cautelar fue que “ambos imputados, deberán someterse a un tratamiento psicológico para el control de los impulsos”.
“TE VOY A MATAR”
A comienzos de este año, el 26 de enero de 2024, una expareja de la ahora denunciante del Presidente Boric, llegó hasta departamento de la mujer para visitar a una hija en común, como lo habían acordado. En ese momento, según consta en otra causa judicial en el que la mujer figura como imputada, comenzó una discusión debido a que esta se encontraba ebria, lo que fue recriminado por el padre de la niña.
Jaime García le envió un mensaje al Presidente Gabriel Boric.
En medio de esa discusión la mujer sacó a empujones de su departamento a su expareja y comenzó a insultarlo y amenazarlo: “te voy a hacer cag…, te voy a matar”, motivo por el que fue detenida por Carabineros.
En esa causa, en la que terminó absuelta, la mujer fue defendida también por el abogado García, con quien mantiene dos causas de violencia intrafamiliar, ya sea como víctimas y victimarios, mutuamente.
Meses después de ese incidente, y tras haber presentado la denuncia contra el Presidente, la mujer fue reportada como víctima de una presunta desgracia, pero fue encontrada rápidamente, por lo que no se inició una investigación.
RECONOCIDO ROBO
Eran las 16 horas del 9 de noviembre cuando ingresó hasta un servicentro Copec, un automóvil Suzuki Swift de color blanco y se aparcó en el local comercial al interior del expendio de combustible. Desde el interior del automóvil bajó la mujer, quien proveída de un cuchillo comenzó a amenazar a los trabajadores del negocio para sustraer el dinero de la caja y algunos productos.
El robo no sólo fue filmado por las cámaras de seguridad, sino que por los propios dependientes, quienes en evidente estado de shock grabaron a la mujer quien los insultaba en todo momento. Ese registro se viralizó rápidamente este martes tras conocida la denuncia en contra del Mandatario.
Video mostraría asalto a servicentro que habría protagonizado la denunciante de Gabriel Boric.
Por ese caso la mujer fue detenida rápidamente en su casa, pues en los registros se podía observar que huyó en el vehículo del abogado García, quien también la representó -una vez más- en esa causa. Algo que el profesional negó en entrevista con el matinal Contigo en la Mañana de CHV, donde después afirmó que “sólo” había presentado un escrito.
En esa causa, sólo días después de denunciar al Presidente, la mujer fue condenada a integrar un plan de intervención de Gendarmería, tras declararla culpable del delito de robo con intimidación.
Además de estas causas penales, la mujer también registra diversas demandas en materia civil, todas por algún tipo de deuda. Algunas de ellas fueron presentadas por el Banco de Chile, por no pagar créditos; una clínica por no pagar una hospitalización y por el arrendatario de su departamento, quien la acusó de una millonaria deuda por el inmueble.
Por otro lado, según dio a conocer The Clinic, la mujer también suma una demanda de su propio padre, quien la acusó de haber falsificado una firma para cobrar un cheque de más de $9 millones.
ACCIONES POSIBLES
Pero, ¿Qué pasa de la denuncia en contra del Presidente resulta ser falsa? ¿Se podrían ejercer acciones en contra de la mujer?
A juicio de los abogados consultados por La Tercera, como la directora de derecho penal de la UDP, Alejandra Castillo Ara, son dos los escenarios judiciales que podría emprender el Presidente en caso de que la denuncia resulte ser falsa. Una de estas es bajo el delito de calumnia, que corresponde el haber imputado un delito que resultó ser falso, lo que se agrava si este tuvo “publicidad”.
Para la abogada, sin embargo, a su juicio en el caso denunciado podría no configurarse un delito, por lo que no podría configurarse el delito de calumnia. Por lo mismo, explica Castillo Ara, podría ser un delito de injurias, “que es toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona, y ahí aparece, por ejemplo, las injurias graves, que son las de crímenes o simple delito, porque de nuevo, aquí no existe (…) cuyas consecuencias puedan perjudicar considerablemente la fama, crédito o intereses del agraviado, que este sería sin duda el caso, o aquellas que por su naturaleza o circunstancia fueran tenidas en el concepto público por afrentosa”, como es el caso al tratarse del Presidente.
Según el penalista, Carlos Badilla, socio de Quintana Ried y Flores Abogados, el hecho que una denuncia falsa haya generado el “movimiento” de autoridades para investigarla, es un elemento que “podría influir en un caso como éste, teniendo presente que el delito por el cual se acusa al Presidente podría estar prescrito, atendido el tiempo transcurrido, frente a lo cual se ha señalado que tales casos no ponen en riesgo la administración de justicia y por tanto no afectan al bien jurídico protegido por este delito. El Ministerio Público puede, incluso, ejercer su facultad de no iniciar investigación por aquello”.
Presidente Gabriel Boric. /Foto: AtonChile.
Para el abogado Juan Carlos Manríquez, más allá de un escenario de que la denuncia resulte ser falsa, y por ende no exista un delito, también está el caso en que estos antecedentes “no alcanzan eventualmente a ser probados, que la situación es distinta. Un hecho no probado no significa hecho falso”.
Manríquez sin embargo también advierte que, según lo que se ha conocido, la mujer podría estar “en una situación anímica o psicológica que no la haga hábil para ser procesada, entonces la denuncia no podría prosperar si la misma denunciante declara inimputable”. (La Tercera)
