No son pocos los “opinólogos” o “todólogos” de redes sociales que por estos días cuestionan que el Ministerio Público haya abierto de oficio una investigación penal por el presunto “acceso ilegal” o “indebido” que podría haber tenido La Moneda al “pesquisar” -según la vocera Camila Vallejo- la denuncia presentada el 6 de septiembre pasado en contra del Presidente Gabriel Boric en la Fiscalía Regional de Magallanes, que es dirigida por Cristián Crisosto.

De hecho, fue este último persecutor quien tras pedir un informe a la Unidad Informática de la Fiscalía Nacional determinó que debía investigarse cómo una causa reservada, sin diligencias intrusivas (ya que no había peticiones ante un tribunal), había sido vista por un tercero ajeno al Ministerio Público.

De este hallazgo que el gobierno había hecho solo se enteraron el 12 de septiembre cuando el abogado Miguel Schürmann, que tiene patrocinio para representar al Jefe de Estado, envió un correo a la Fiscalía de Punta Arenas pidiendo acreditarse en una causa, entregando en la comunicación el Rol Único de Causa (RUC) que -hasta ese minuto- tenía tramitación secreta.

Al interior del Ministerio Público la hipótesis que se baraja es que el Sistema de Información y Atención a Usuarios (SIAU) pudo haber fallado. Lo que, sostienen las mismas fuentes, es un peligro, ya que significaría que cualquier abogado con patrocinio y poder de, por ejemplo, un denunciado por narcotráfico o cualquier delito vinculado al crimen organizado podría ver en dicho soporte electrónico que se ha abierto una causa en su contra y que en ella tiene calidad de imputado.

También hay investigadores que sostienen que pudo haber alguien al interior de la propia institución que haya alertado de la existencia de esa causa y que por tal motivo llega al gobierno, como dijo Vallejo, “al equipo de Presidencia por fuentes abiertas”. Lo que también, aseguran, constituiría una falta grave al interior del Ministerio Público.

Lo que sí ya está más o menos claro al interior del ente persecutor es que el que ahora llaman “el método Schürmann”, tal y como lo explicó el propio penalista a La Segunda, no funciona. “Solo con tener un patrocinio y poner el RUT, sin tener acreditación en el caso particular, es imposible alertarse en el SIAU de que existe una causa como imputado. Se necesita el RUC sí o sí”, aseguran en privado.

Otra situación que llama la atención en Fiscalía es que tras requerir información del caso, con RUC en mano, Schürmann nunca más apareció y fue Jonatan Valenzuela quien se acreditó ante los investigadores: el 7 de octubre se acreditó como defensor y solicitó acceso a los antecedentes.

“MÉTODO SCHÜRMANN” AL BANQUILLLO

Con todo, La Tercera les pidió a abogados que litigan que intentaran realizar lo que sostiene que hizo Miguel Schürmann… ninguno pudo. Aunque algunos dijeron que el sistema era “tan malo” que quizás lo que ocurrió es que ese día falló y el abogado pudo ver el número de la causa y que su cliente estaba como imputado.

Pero para una mejor comprensión de cómo funciona el SIAU, este medio consultó a quienes por años trabajaron con este sistema y son exfiscales, voces autorizadas para sostener si la hipótesis de La Moneda y los abogados del Presidente es plausible. Aquí las opiniones que plantean verdaderos expertos en la página “MiFiscalía.cl”.

Raúl Arancibia, exfiscal regional de Antofagasta: “No existe tal posibilidad como plantea el abogado. Sin acreditarse en la causa particular y sin RUC es imposible”. A lo que agrega: “Un abogado que no está acreditado en una determinada investigación desformalizada, es al igual que cualquier persona, un tercero ajeno a la investigación y de acuerdo a la ley, no tiene ningún derecho ni posibilidad de acceder a los antecedentes. Más aún, le está prohibido hacerlo, ya que las investigaciones penales son secretas. Los sistemas informáticos de la fiscalía están diseñados para impedir ese acceso. Es imposible que cualquier persona con el solo RUT obtenga alguna información”.

Patricia Muñoz, exfiscal a CNN Chile: “La verdad es que eso no se sostiene muy claramente desde la postura de que quienes conocemos el sistema sabemos que nadie puede entrar al sistema y a ‘hay una denuncia contra mí’, eso no es real. No debieras tener acceso, porque es una causa secreta, es reservada. Si yo quiero ver una causa en la Fiscalía, en el sistema de la Fiscalía, tengo que estar acreditado como abogado para poder ver causas, tienes que estar acreditado en la causa, no es que uno se meta como genéricamente, incluso cuando las causas son abiertas. No es casualidad que el fiscal regional Crisosto haya abierto otra investigación para determinar quién accedió a la información sobre esta denuncia, porque por lo demás la Fiscalía tenía esta información desde septiembre y nosotros como país no conocíamos ningún antecedente de ella hasta que el gobierno a través del comunicado del Presidente nos informa a todo Chile que existía esta denuncia. Es un delito, el acceder a información reservada de materia penal es un delito, constituye la violación de secreto”.

José Antonio Villalobos, exfiscal: “Yo no he podido hacer eso nunca. Yo no he tenido nunca esa interacción con el sistema SIAU, que es bien, diría yo, formal para acceder a una información. Me parece que sería como bien complejo que cualquier persona con un RUT pueda acceder a una información reservada para terceros; si eso fuera así, me parecería que el sistema estuviera vulnerando todo tipo de reserva de investigaciones que se siguen en contra de otras personas. Si una persona pudiera conocer, con un RUT, cualquier causa que tiene un imputado, entonces habría una deficiencia supergrande del sistema que debiese en ese caso modificarse de inmediato”.

Alejandro Peña, exfiscal regional: “Para que un abogado se pueda acreditar en una causa necesita el RUC de dicha investigación y el nombre completo y RUT de su representado. Pero para poder hacerlo necesita tener el RUC en forma previa. Es imposible consultar por un RUT buscando causas relacionadas, eso el sistema no lo permite. Me explico mejor, como abogado y exfiscal el sistema informático de la Fiscalía no permite que cada cierto tiempo las personas que se sientan imputadas ingresen su RUT para detectar posibles investigaciones en su contra”.

Sergio Salas, exfiscal: “El sistema SIAU siempre ha funcionado muy mal, es muy lento, es inestable, se cae mucho y no es homogéneo, hay cosas que se pueden hacer en algunas causas que en otras no, sin darte explicación. En general es un sistema bien anacrónico, que no guarda relación con situación actual de la informática. En mi experiencia, pero la verdad hay que ser un experto en SIAU para saber manejarlo bien, es que no se puede buscar a las personas por RUT, uno puede buscar las causas por RUC, pero para poder saber el RUC es necesario que alguien de la Fiscalía te diga cuál es el RUC, y ahí tú puedes entrar a casi cualquier causa salvo que haya sido declarada secreta. Yo entiendo que la causa que involucra al Presidente fue declarada secreta desde un comienzo, y en esas causas no hay ninguna información. No dudo de lo que dice la defensa del Presidente Boric, pero me parece curioso”.

Rodrigo de la Barra, exfiscal: “En principio uno no puede saber de una causa en la cual no es parte, en la que no es abogado o ni interviniente, ya sea víctima o imputado, o abogado de alguno de ellos, uno no tiene acceso al sistema de la Fiscalía en causas en las cuales no has sido acreditado previamente. Para acreditarse supone presentar un documento, un mandato, que acredite que estás siendo abogado de algunas de las partes y así la víctima te autoriza a acceder. En general el sistema te podría mostrar una causa o quizás la última, de esa falencia o atajo podría valerse la tesis de lo que dice el abogado Schürmann. Pero tú como tercero no puedes tener acceso a eso”.

Ymay Ortiz, exfiscal y jefa de Derechos Humanos de la Fiscalía: “Hay un sistema que te permite, a través del ingreso del RUT, no saber el contenido de las causas, pero sí detectarla. Pero antes hay que saber el número de causa que está asociado a ese RUT. Y luego con ese número de causa la persona se acredita como abogado y puedes tener copia de la carpeta, etc. Si dicen que no se puede, quiere decir que hay un acceso ilícito, pero acceso es cuando uno no está autorizado, para que exista un delito informático debes vencer la barrera que pone el sistema, si el sistema lo permite, entonces no hay acceso ilícito”.

El único consultado para esta nota, que sí validó el “método Schürmann”, es el exfiscal Pedro Orthusteguy, afirma que “el sistema SIAU permite que un abogado pueda acreditarse en una causa y para poder acreditarse uno puede buscar la causa sabiendo el RUC, el rol único de caso, o bien digitando el RUT de la persona representada. Con ese sistema, si uno digita, por ejemplo, el RUT, uno llega al rol único de caso. Y recién ahí uno presenta la habilitación o acreditación de calidad de abogado y el sistema o el fiscal lo habilita al abogado alrededor de tres, cuatro días aproximadamente”.

“Solamente digitando el RUT puedes acceder a la última causa, al último RUC, no puedes acceder a todas las causas que tiene una persona, no puedes saberlo, solamente vas a saber la última causa que es la que el abogado quiere acreditarse, pero solamente eso que es una información muy básica y no hay ninguna posibilidad de tener acceso”, concluye. (La Tercera)

“No le encuentro mucho sentido antes de dialogar”. Esas ocho palabras, emitidas ayer por la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, en referencia al paro nacional de trabajadores del sector público convocado para este jueves por la CUT y la ANEF, bastaron para indignar a la bancada de diputados del Partido Comunista, colectividad en que ella milita.

En el marco de la negociación del reajuste salarial, y del llamado a paro de los trabajadores del sector público, la secretaria de Estado afirmó que “la convocatoria a un paro antes de sentarse a conversar, la verdad, no le encuentro mucho sentido, toda vez que estas conversaciones recién se van a empezar a producir. Por otro lado, cada vez que se paraliza existe una ciudadanía que no puede realizar sus trámites o recibir los servicios adecuados”.

Sus dichos causaron una enorme sorpresa en las filas comunistas, en consideración de que históricamente el PC se ha definido como una organización con “raigambre obrera” que asigna un rol central a los trabajadores del país. Tanto así, que algunos parlamentarios decidieron salir a responder a Jara.

Una de las voces críticas es la de la diputada Nathalie Castillo, quien dijo a este medio que “nuestro centenario partido y su origen tiene arraigo en las luchas y causas de los trabajadores y trabajadoras. No podría relativizar nunca una movilización que tenga el carácter de buscar mejoras laborales, sean del sector público o del sector privado. Hoy nuestro apoyo está con ellos y ellas, y esperamos sean escuchadas y resueltas sus legítimas demandas”.

Por su parte, el diputado Matías Ramírez planteó que “ante la resolución de la contralora que puso fin a la confianza legítima que era discutida en sede administrativa, le encuentro todo sentido a la movilización convocada por los trabajadores y trabajadoras del sector público. Sin duda, es una materia que pone alerta sobre el respeto a derechos laborales por parte del Estado”.

El parlamentario hace referencia a la negativa que existe en organizaciones como ANEF y la CUT al cambio en el principio de “confianza legítima” impulsado por la contralora general de la República, Dorothy Pérez. A través de una resolución, ella estableció que los trabajadores a contrata, de ser despedidos, no podrán reclamar en Contraloría, por lo que deberán recurrir a la justicia.

En tanto, la diputada María Candelaria Acevedo, también de la bancada PC, afirmó que “acá lo fundamental es que se logre establecer un diálogo con los trabajadores del sector público. El dictamen de Contraloría sobre la ‘legítima confianza’ ha sido un golpe duro para los y las empleadas públicas, marcando a mi entender un retroceso en los derechos laborales. Este paro y marcha nacional me parece de toda lógica para mostrar el descontento que existe”.

Y agregó que “el gobierno, más allá que cuestionar la marcha y paralización de actividades convocada por la ANEF y la CUT, lo que creo que debe hacer es entregar propuestas a la brevedad ante las justas demandas que se han levantado y, tal como lo dijo la ministra Jara, dialogar, como lo han hecho en otras instancias. Por ejemplo, como cuando se acordó el aumento del sueldo mínimo. Hoy el gobierno debe entregar certezas a los trabajadores y trabajadoras del sector público en temas relevantes como lo es el reajuste salarial y la estabilidad laboral”.

“Quienes somos dirigentes del sector público sabemos que este tipo de declaraciones son parte de la tradición de los ministros. Yo creo que el gobierno se equivoca al intentar minimizar o no tomar en cuenta la movilización de los trabajadores del Estado. Nosotros les decimos con mucha claridad que la convocatoria tenía como foco la preocupación que existe entre trabajadores y trabajadoras del sector público por los reiterados discursos de denostación de los trabajadores del Estado, que durante la discusión del presupuesto llegaron a puntos que son inaceptables (…). Esta convocatoria estaba muy impulsada por la gravedad que le asignamos los trabajadores del Estado y nuestras organizaciones al dictamen de la contralora Dorothy Pérez, respecto de la confianza legítima”, planteó Carlos Insunza, dirigente nacional de la ANEF.

Además, con respecto a la militancia de Jara, Insunza afirmó que “en lo personal, probablemente hubiera preferido que la ministra Jara no emitiera una opinión de este tipo. Pero, para ser franco, no me sorprende. Hemos escuchado a ministros y ministras de Hacienda, de Trabajo y voceros hablar en un mismo tenor durante muchos años”.

Eric Campos, secretario general de la CUT y militante PC, señaló que “el gobierno tiene que respetar el derecho a movilización siempre, gobierne quien gobierne. Nosotros vamos a hacer uso de ese derecho. La CUT y la mesa del sector público tienen plena autonomía para decidir cuándo movilizarse. Cuando se trata de defender los derechos de las y los trabajadores del Estado, y de todos los trabajadores, siempre va a tener sentido movilizarse”.

Aunque no hizo referencia a los dichos de la ministra, la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, publicó en su cuenta de X: “Un afectuoso saludo a las y los trabajadores del sector público que hoy se movilizan en el marco de la negociación del sector. La unidad de la clase trabajadora en la defensa del trabajo decente es esencial para que el valor del trabajo esté en el centro del debate nacional”. (La Tercera)