Al día siguiente que estalló el escándalo de la colusión de las empresas del papel tissue, la Presidenta Michelle Bachelet públicamente dijo que le parecía «un hecho de la máxima gravedad» y destacó cómo este tipo de acciones perjudican el bolsillo de las familias. Una reacción que ha sido considerada desde ese momento en distintos sectores del oficialismo –tanto en el propio Gobierno como en la Nueva Mayoría– como demasiado tibia y cauta, pero que responde a la estrategia diseñada en Palacio de evitar exponer a la Mandataria a que su emplazamiento se transforme en un búmeran que termine abriendo nuevos flancos de conflictos.
Ese jueves 29 de octubre no todos en La Moneda compartieron las declaraciones de Bachelet, es más, varios han reconocido en privado en el Gobierno que la Mandataria debió condenar más enérgicamente al cartel del papel confort, considerando que el delito se cometió por una década, que no es el primer caso de colusión empresarial y que involucra a un artículo de primera necesidad. Incluso, se hicieron las propuestas y sugerencias respectivas al segundo piso de Palacio sobre el contenido y tono en que la Presidenta debía reaccionar públicamente, pero ninguna fue oída.
En La Moneda explicaron que Bachelet no debe estar en la primera línea pública condenando el caso, porque es alto el riesgo de “entregarla en bandeja” a la derecha –agregaron–, que cada vez que puede «se aprovecha» y sale a emplazar a la Mandataria por el caso Caval, que representó un misil a la línea de flotación del Gobierno cuando estalló en febrero, porque cambió la agenda política, gatilló su caída libre en las encuestas hasta un escuálido 23% de apoyo ciudadano y la afectó en su seno más privado, ya que los principales involucrados son su hijo, Sebastián Dávalos, y su nuera, Natalia Compagnon.
En la Nueva Mayoría y en sectores del Gobierno es bastante mayoritario el sabor de boca a cierto desagrado, esto al considerar que la Mandataria ha sido “excesivamente prudente”, muy cauta para abordar el caso de colusión, pero aseguraron que la razón pasa, entre otros factores, por evitar un nuevo flanco de tensión con los empresarios, gremio que ha sido la principal y verdadera oposición a las reformas del programa gubernamental. Tampoco descartaron que la distancia que ha tomado Bachelet pase por querer evitar que su administración tenga que asumir costos y responsabilidades por una eventual falta en la fiscalización, que generó durante una década –incluido su primer gobierno– el espacio que permitió a las empresas CMPC Tissue y SCA Chile saltarse intencionalmente las normas para fijar arbitrariamente los precios del mercado.
Junto con defender esta estrategia, en Palacio explicaron que no es necesario que la Presidenta Bachelet adquiera un liderazgo mayor en este tema, que para eso está el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, a través del cual se ha canalizado la voz y posición del Ejecutivo en este caso.
Cabe precisar que Céspedes es un ministro sectorial, pero no es el encargado real de llevar las riendas de las complejas relaciones de la administración bacheletista con el empresariado, tarea que recae en el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Desde su llegada a Teatinos 120 con el cambio de gabinete de mayo, una de las prioridades del jefe de la billetera fiscal ha sido precisamente reconstruir puentes y confianzas con este gremio, deterioradas con la reforma tributaria y el mal manejo político que tenía su antecesor, Alberto Arenas, por lo que no deja de ser sintomático que sea el titular de Economía y no Valdés quien ahora marque los puntos del Gobierno en este caso.
Así, desde ese mismo jueves 29, Céspedes efectivamente ha sido el más categórico, convencido –explicaron en Economía– de lo repudiable del caso. En su primera declaración dijo tajante que este caso de colusión era “extremadamente grave, indignante y completamente inaceptable” y luego, el lunes 2 de noviembre, fue mucho más allá del tono conciliador y cauto de sus pares de Interior, Jorge Burgos, y del propio Valdés, sobre las disculpas públicas que dio el presidente de la papelera, Eliodoro Matte: “Como Gobierno lo que nos corresponde es actuar en defensa de los derechos de los consumidores, en su beneficio y, por lo tanto, más allá de las expresiones de arrepentimiento o no, lo que corresponde acá es que estas empresas que han afectado a millones de consumidores, planteen o al menos le cuenten a la ciudadanía, cuáles van a ser los planes y la reparación de los daños”.
Un matiz no menor de forma y fondo, considerando que en La Moneda el tono fue distinto. “El pedir perdón siempre es positivo, los alcances en la cuestión de fondo, más allá de lo brutalmente reprochable y grave para ciudadanía que es el ponerse de acuerdo en precios, yo creo que está funcionando la institucionalidad, hay una Fiscalía que está remeciendo el árbol y eso es lo central, que las instituciones funcionen y que nadie se crea impune a afectar el funcionamiento del mercado”, sentenció Burgos. Mientras que Valdés agregó que “siempre tenemos que valorar algo como lo que hizo el señor Matte de pedir perdón. Aquí hay instituciones funcionando, por lo tanto, las investigaciones que se están desarrollando por parte de la Fiscalía y del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Sernac anunció algunas acciones, son lo que corresponde, que las instituciones se hagan cargo de esto, más allá de las declaraciones de los participantes”.
En Palacio explican que casi nadie cree realmente la versión de Matte en cuanto a que no sabía lo que sucedía en la papelera, pero tampoco apuestan por satanizarlo e, incluso, hay quienes consideran que es un empresario distinto, una suerte de ícono, que siempre marcó diferencias con el resto del gremio, que no está involucrado en los casos de financiamiento irregular de la política.
Agregan que este caso es un nuevo golpe a la elite en general del país y que la ciudadanía no distingue entre unos y otros, razón por la cual el fuego cruzado –a favor y en contra– se dará especialmente en esa trinchera.
FOTO PARA EL OLVIDO
Ese jueves 8 de octubre fue considerado un triunfo en los pasillos de La Moneda la sonriente foto de la Presidenta Bachelet junto a Eliodoro Matte, en el marco de la celebración de los 35 años del Centro de Estudios Públicos (CEP), del cual el jerarca de la papelera es su presidente, pero a la luz del escándalo del cartel del papel confort, aquella imagen ya no rinde los frutos que se esperó en su momento.
Ese día la Presidenta Bachelet fue al CEP acompañada de Valdés, Burgos y los ministros de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, y de Energía, Máximo Pacheco. Estuvo casi tres horas reunida con Matte y un centenar de empresarios, instancia que se planteó siempre como la oportunidad ideal para reconstruir confianzas entre el Gobierno y el sector privado, que ha tenido atravesada en la garganta a la administración bacheletista desde la crítica frase de ‘los poderosos de siempre’ que se usó para explicar la reforma tributaria el 2014.
A la salida, la vocería oficial por el Gobierno la hizo ese mediodía el ministro Valdés: «Tuvimos una muy franca conversación. Cuando uno dialoga, uno tiene que estar dispuesto también a entender al otro, a veces ceder y a veces estar muy claro en que hay cosas que pensamos distinto algunas personas, y es bueno explicitar aquello (…) los mismos directores del CEP hablaron de la importancia de mantener un diálogo sereno. Siempre hay diferencias, matices que son muy legítimos. Obviamente que pudimos ver que todos estamos empujando el mismo bote. Agradezco al CEP por todas las contribuciones que ha hecho al país. Varios de sus investigadores han trabajado en distintas comisiones», recordó.
Dicha reunión se preparó con mucho detalle. En La Moneda afirmaron que siempre estuvo en la agenda de la Mandataria tener que reunirse con el CEP, que lo hizo durante su primer mandato y que los 35 años de dicho centro de pensamiento se consideró el marco idóneo para cumplir con ese punto pendiente.
Diversas fuentes consultadas confirmaron que el primer contacto lo realizó el director del CEP, Harald Beyer, con el director de políticas públicas del gabinete presidencial, Pedro Guell, considerado “hemisferio izquierdo” del programa de Gobierno y la Mandataria. Luego, las gestiones se extendieron a la poderosa jefa de gabinete de la Presidenta, Ana Lya Uriarte, con ambos el Centro de Estudios Públicos –explicaron en el Gobierno– hizo lobby por varios meses, recalcando la importancia de que Bachelet encabezara el aniversario de uno de los centros de pensamiento más importantes del país. “La reunión se trabajó siempre desde el CEP con Presidencia, todo el tiempo”, agregaron en el Ejecutivo.
Ese día, Matte estaba en pleno conocimiento de la investigación que se realizaba a la papelera, pero nunca dijo nada. En el Gobierno no hay dos voces al respecto para reconocer que fue un balde de agua fría cuando estalló el escándalo el miércoles 28 en la tarde –gracias a la denuncia que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) realizó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia–, que fue una “sorpresa” para todos, porque nadie, de la Presidenta Bachelet para abajo, sabía nada de este tema.
En el Gobierno agregaron que ese silencio de Matte generó una “profunda molestia” e “indignación” de todos los ministros que ese 8 de octubre acompañaron a Bachelet a la reunión con los empresarios, especialmente porque esa suerte de cumbre en todo momento se planteó, organizó y concretó como una instancia para tratar de superar la “crisis de confianza” que marcaba las relaciones entre ambos mundos.
Este viernes, el consejo directivo del CEP debe reunirse como lo hace mensualmente, aunque en tabla el punto más candente será inevitablemente la permanencia de Matte en el centro de estudios y –según las señales de los últimos días– todo apunta a que daría un paso al costado, con el argumento de que era una decisión que venía barajando desde mucho antes que el caso colusión saliera a la luz pública.
Para el Gobierno es clave lo que el CEP resuelva sobre la permanencia de Eliodoro Matte y advierten que esa decisión marcará el tipo de relación que el Ejecutivo tendrá con este centro de pensamiento, sin descartar marginarse de sus actividades y congelar las relaciones si el jerarca de la papelera sigue a la cabeza de esa institución.
En la Nueva Mayoría y en Palacio reconocen que este caso viene a restar cualquier legitimidad al empresariado para mantener vigente, al menos por un tiempo, el discurso y argumento de que son las reformas del Gobierno las que generan incertidumbre en el país y que eso explicaría –advierten– por qué las voces más críticas con Matte provienen de sus propios pares, de diversos empresarios, que estarían conscientes de que pierden terreno e influencia al quedar públicamente en tela de juicio.
