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Cipolla: la estupidez humana-Sergio Melnick

La idiotez no es lo mismo que la estupidez. Einstein sostuvo que había “dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana, y del primero no estoy seguro”. El historiador y economista italiano, profesor de Berkeley Carlo Cipolla, trató de entender el curioso fenómeno de la estupidez humana. Así logró encontrar algunas reglas de la estupidez que ocurren en todas las sociedades, y fueron publicadas en su libro Las leyes fundamentales de la estupidez humana.  “Un estúpido, dice, es una persona cuyos actos tienen consecuencias negativas en la vida de otra persona o grupo de personas sin que eso le traiga algún tipo de beneficio a él mismo, pudiendo incluso dañarlo”. Día a día son quienes entorpecen las actividades de los otros.

Cipolla describe cuatro tipos de individuos: los incautos (helpless), los inteligentes, los malvados y los estúpidos.  Incluso los malvados, a pesar de ser detestables, son racionales. Perjudican a otros, pero obtienen algún beneficio. Siempre habrá algo que negociar, o formas de protegerse.

La primera regla de Cipolla es que las personas siempre subestiman la cantidad de estúpidos que los rodean. Otra regla básica es que estos se distribuyen uniformemente en todas las actividades y tipos de ser humano; no depende de sus cualidades. Los hay en todas las profesiones, clases sociales, género, en todo nivel de educación, lúcidos, normales e idiotas, incluso premios Nobel, profesores y guías espirituales. Muchas veces la persona que siempre parecía inteligente y racional termina por ser un verdadero estúpido. Los estúpidos siempre aparecen en los momentos y lugares más inesperados e inconvenientes para destruir los planes del otro. Entre otros factores, las personas no son iguales, algunas son estúpidas y otras no. Esto, señala el autor, es una característica impuesta por la naturaleza y no por factores culturales. El ser estúpido es una particularidad que se tiene o no, tal como el tipo de sangre, el color de piel o de cabello.

La sociedad humana es de relaciones, entre los cuatro tipos de individuos. En cada relación siempre hay beneficios o pérdidas. Cada uno tiene una cuenta corriente con los demás. El ideal es ganar-ganar, propio de los inteligentes. Un estúpido es aquel que siempre perjudica al otro sin beneficiarse o incluso perjudicándose a sí mismo. No hay nada que hacer, por ello la única estrategia es arrancar a perderse. No tienen arreglo, no tienen racionalidad alguna. Uno siempre saldrá perdiendo. Son enormemente peligrosos, más aun cuando tienen cualquier poder a su disposición. La gente estúpida es peligrosa porque para las personas racionales es muy difícil comprender la lógica de ese comportamiento irracional. El malvado, en cambio, es predecible y por eso es posible defenderse de él. Pronosticar las acciones de un estúpido no es posible, por lo tanto atacará y herirá sin razón, sin un objetivo y sin un plan, en el lugar menos esperado, a la hora menos apropiada. No es posible predecir cuándo el estúpido dará su próximo golpe. El ataque de un estúpido casi siempre ocurre cuando tenemos baja la guardia.

La estupidez entonces es el tipo de personalidad más peligrosa que existe. Un estúpido es más peligroso que un malvado o un corrupto. Cuando los estúpidos entran a escena el cuadro siempre cambia completamente y para peor. Ellos causan daño sin dejar ningún tipo de ganancia o beneficio. La riqueza se destruye y la sociedad empobrece.

De acuerdo a Cipolla, la historia confirma que sin importar el periodo, un país progresa siempre y cuando haya personas suficientemente inteligentes (los que construyen y generan beneficios) en el poder y que sepan mantener a los estúpidos activos al margen, sin permitirles así destruir lo que los inteligentes han logrado. En un país con economía en retroceso existe la misma cantidad de estúpidos que en otro que progresa, pero la cúpula de la sociedad cuenta con más estúpidos y malvados, mientras que el resto de la sociedad está conformada por incautos. Tal configuración fortalece las consecuencias destructivas de los estúpidos y todo el país finalmente se va al diablo.

Este grupo es más poderoso que la mafia. Es un grupo no organizado, que no se rige por ninguna ley, jefe, estatuto o presidente y consigue estar en perfecta sintonía como si fuera guiado por una mano invisible, de modo que las actividades de cada uno contribuyen a reforzar y ampliar la eficacia de la actividad de los otros miembros. Como la cantidad de estúpidos está uniformemente distribuida, dice Cipolla, las elecciones son una ocasión de perjudicar a todos los demás sin obtener beneficio alguno. La burocracia es otro gran fomentador del poder de la estupidez. El inteligente, el malvado y el incauto saben que lo son; el estúpido simplemente no se da cuenta.

Hasta aquí la teoría de Cipolla, que la he resumido como este la presenta. Los comentarios y posibles interpretaciones son ahora de su exclusiva responsabilidad, pero recuerde que la distribución es homogénea en la sociedad.

Caminar para correr

La violencia es un fenómeno propio de toda comunidad, cuyos orígenes se remontan a la historia misma de la civilización. De igual manera lo es la delincuencia, flagelo más grave todavía cuando se repasa la historia de la sociedad moderna. Los países han enfrentado este problema con distintas herramientas y recetas, teniendo algunas mejores resultados que otras, siempre dependiendo de los contextos socio culturales de cada Nación. Con todo, pretender organizar la vida en sociedad sin tener que soportar la infracción de leyes y normas, es tan utópico e iluso como suponer que la pretendida naturalización de este fenómeno hace infructuoso cualquier esfuerzo por castigar, rehabilitar y educar.

En Chile tendemos a cierta esquizofrenia sobre estos asuntos, la que deriva de un clasismo muy arraigado en nuestra elite, el que supone que los ciudadanos se dividen entre “la gente decente” y los delincuentes. Sólo eso explica que con tanto entusiasmo pidamos por la mañana endurecer las penas para algunos, acusando al sistema de excesivo garantismo y de no proteger a las víctimas; para, por la tarde, y cuando se trata de otros, escandalizarnos por lo que nos parece un sistema arbitrario, el que con la complicidad de los medios de comunicación no respeta la sagrada presunción de inocencia de las “personas como uno”. De esa forma, juzgamos de manera mucho más severa a quienes sustraen la propiedad ajena, irrumpiendo en los hogares y a veces intimidando a sus moradores, pero somos especialmente condescendientes con los empresarios que evaden impuestos, sacerdotes que abusan de sus feligreses o políticos que violan la ley para financiar sus campañas o partidos.

Pero efectuado el punto anterior, lo cierto es que resultaría absurdo negar el creciente clima de inseguridad que afecta a los ciudadanos, sumado a la sensación de mayor impunidad por parte de quienes trasgreden la ley y a la escaza capacidad del aparato estatal de poner atajo a una situación que por momentos parece desbordada. Se trata de un asunto, insisto, de la máxima gravedad, pues no sólo concierne a las personas directamente afectadas sino a la comunidad toda, donde se acrecienta el temor y la sensación de desamparo. Más allá de las frías estadísticas -las que, como decía Ronald Coase, se pueden torturar hasta hacerles confesar lo que uno quiere-, lo cierto es que en las políticas públicas en general y en la seguridad ciudadana en particular, lo más objetivo es lo subjetivo.

Tiene razón entonces el ministro del Interior cuando releva la importancia de la percepción de los ciudadanos, lo que adicionalmente debe ser acompañado con acciones que contribuyan a la mayor protección de las personas y a un justo castigo para quienes quebrantan las reglas del contrato social. El no poder cumplir con ese objetivo esencial y básico de todo Estado, también alienta la sospecha sobre como éste puede acometer otros roles que le hemos asignado y, particularmente hoy, cuestiona las adicionales funciones que le estamos entregando. Sobre ese primer cimiento entonces, es donde urge trabajar.

¿Una tormenta perfecta?

Chile atraviesa por un trance difícil. Súbitamente hemos ido perdiendo el horizonte que hace algunos años se proyectaba con cierta claridad. Los partidos políticos, la Iglesia Católica, los empresarios, las relaciones exteriores, la vida sindical, la seguridad, el modelo educacional, el respeto hacia el Estado de Derecho, etcétera, que hasta ayer constituían bastiones de la institucionalidad, parecen haber colapsado de manera inesperada. ¿Qué nos sucede? ¿Enfrentamos, acaso, una nueva crisis moral como aquella denunciada por don Enrique Mac-Iver al comenzar el siglo XX? No es fácil desnudar sus causas ni advertir su evolución en el futuro. Lo cierto e indesmentible es que debemos asumir esta nueva realidad.

Desde luego, todo indica que existe una disputa, cada vez más evidente, sobre el ordenamiento político, económico y social a que aspiran las grandes mayorías. Quienes procuran su reemplazo, no obstante ser aparentemente minoritarios, han conseguido ponerlo en tela de juicio, magnificando sus debilidades, explotando sus errores y acallando sus éxitos. De este modo, se han ido erosionando sus bases, generando una atmósfera de inseguridad y desconfianza incompatible con su buen funcionamiento y, lo que es peor, generando un ambiente de descontento que abre paso a descabelladas aventuras populistas.

Este problema se agrava, todavía más, porque la ciudadanía no está preparada para resolver el derrotero que debemos seguir con suficientes conocimientos. De allí la conveniencia de un plan de educación cívica que objetivamente, sin sesgos ideológicos ni aprovechamiento partidista, permita dotar, a quienes están llamados a decidir nuestro destino, del bagaje teórico mínimo que supone una definición de esta naturaleza. ¿Será esto posible? Me temo que nada de ello ocurrirá mientras no se conozca el rol que jugará la empresa privada y el que corresponderá al Estado; se reafirme el compromiso leal de las autoridades con el cumplimiento de la ley; y se confirmen las garantías que se brinda al ejercicio de los derechos fundamentales. Por lo mismo, subsistirá la incertidumbre y seguiremos estancados en todos los planos del quehacer nacional.

El cuadro descrito cobra mayor importancia en el proceso de desintegración territorial del Estado en que se encuentran empeñados grupúsculos perfectamente individualizados. Es un hecho que los países limítrofes, como Perú y Bolivia, se afanan en desmejorar las deterioradas relaciones diplomáticas y consulares, al extremo de llegar a la injuria y la ofensa, más allá de las contiendas judiciales. Desgraciadamente, la mesura de nuestras autoridades se confunde con tolerancia y debilidad, todo lo cual redunda en beneficio de la campaña internacional de que somos víctimas y que a largo plazo influirá fatalmente en la sensibilidad de un tribunal de La Haya, más político que jurídico.

A lo anterior debe unirse lo que sucede en la VIII y IX Región, hondamente conmovidas por una guerrilla larvada, que se incrementa día a día y que cuenta con un apoyo externo celosamente camuflado. Como si lo señalado no fuere suficiente, un movimiento separatista está siendo alentado en el territorio insular, orgullo de todos los chilenos, con los riegos que esto implica. Súmese a lo mencionado la inseguridad que gravita en todas las personas y en todos los hogares, y el panorama no puede ser más oscuro.

Chile no progresa. Confluye en ello, además de la indefinición que reclamamos, la crisis mundial que golpea preferentemente a los países emergentes. Todo nuestro esfuerzo, entonces, debería volcarse en estimular el crecimiento económico y generar un sistema tributario que hiciera posible redistribuir el ingreso, desterrando de esta forma los excesos a que arrastra un desarrollo desigual y la acumulación injusta de la riqueza. Asimismo, poner el peso del desarrollo en los hombros de la empresa privada, porque el Estado es un pésimo administrador, y porque puede controlarse la actividad de los particulares mediante el estricto cumplimiento de la ley. ¿Acaso las investigaciones que conmueven a la ciudadanía en este momento no son consecuencia del buen funcionamiento de los controles instituidos en el sistema? Lo fundamental, en esta situación, es fortalecer el Estado de Derecho y organizar la vida ciudadana al amparo de las normas legales.

No se me califique de pesimista. Tengo fe en Chile, en sus reservas morales y en su capacidad para enfrentarse a la adversidad. Pero es urgente salir al encuentro de los problemas y no «bajarles el perfil» para no alterar la tranquilidad pública, estrategia muy atractiva, predilecta entre los burócratas, pero de alto costo para el país.

Karadima reconocería respaldo de la Iglesia tras primeras denuncias de abuso

Preocupación existe en el Arzobispado de Santiago ante la declaración que debe prestar ante la justicia el cura Fernando Karadima en el caso de la demanda que interpusieron tres de sus víctimas de abusos sexuales.

Según las fuentes consultadas por Radio Bío Bío, entre los abogados del cardenal Ricardo Ezzati existe inquietud en que el sacerdote reconozca el respaldo de la iglesia cuando se hicieron las primeras denuncias en su contra.

Lo anterior sería un sustento para demanda por 450 millones de pesos de James Hamilton, José Murillo y Juan Carlos que acusan al Arzobispado de encubrir los actos delictuales de que fueron víctimas.

Tras su interrogatorio, el cardenal Ezzati descartó algún tipo de preocupación por la diligencia fijada para este miércoles en el palacio de los tribunales de justicia.

La declaración de Karadima estaba fijada para septiembre pasado, sin embargo su abogado, Cristián Muga, pidió descartar como testigo al religioso o en subsidio que se realizara en el convento donde cumple la condena del Vaticano, lo que fue rechazado por el ministro de fuero Juan Muñoz Pardo.

El abogado de las víctimas, Juan Pablo Hermosilla, se manifestó confiado en que el cura ratifique sus declaraciones ante la justicia penal en el año 2009, donde reconoció que el arzobispado le brindó protección.

El juicio civil se inició en 2012. A fines de 2013, el ministro Muñoz llamó a las partes a una conciliación, instancia que fracasó en agosto de 2014.

Engel se declara orgulloso de informe a Contraloría y aclara cuánto recibió

El economista Eduardo Engel, que encabezó el consejo asesor anticorrupción de la presidenta Bachelet, respondió los cuestionamientos por la asesoría que prestó a la Contraloría General entre 2012 y 2015.

En dicho Consejo, Engel analizó la relación del dinero con el poder e incluso abordó los contratos que se ejecutan entre el aparato público y proveedores de servicios, incluidas las consultorías, para evitar ahí casos de corrupción. El informe final señala que se deberá sancionar al funcionario público que no justifique la contratación por trato directo de acuerdo a los requisitos legales”.

Ahora, según la información a la que accedió BioBioChile, Eduardo Engel formó parte, a través de su empresa consultora “Asesorías e Inversiones Egeo”, de un contrato directo con la Contraloría General de la República entre los años 2012 al 2015, por el que se le pagaron UF 8.174, es decir cerca de 201.301.098 pesos.

Un día después de publicada esta información y a través de un comunicado, Engel confirmó la realización del estudio y que él encabezó un equipo de 9 expertos “para evaluar el impacto, desde una perspectiva económica, de la multifacética labor que realiza la Contraloría”.

“Este estudio fue entregado en forma completa y oportuna a la Contraloría, a su plena satisfacción y con diferentes propuestas para hacer un mejor uso de los recursos fiscales”, afirmó el ingeniero civil.

Sobre las circunstancias en que cerró el acuerdo para realizar este estudio, Engel explicó que “las condiciones de asignación del contrato son de exclusiva decisión del mandante”.

¿CUÁNTO DINERO RECIBIÓ?

Si bien el contrato señala que el pago ronda los 200 millones de pesos, Engel detalló que estos dineros debieron ser divididos entre el equipo y el período de tiempo que les llevó elaborar el estudio.

“Para obtener un promedio, si se realiza la simple división del monto total del contrato (cerca de 200 millones) por el período del mismo (dos años y medio), la cifra mensual total es de menos de 6 millones de pesos, monto que al ser dividido por el número de profesionales que trabajaron, se alcanza un monto de cerca de 600 mil pesos mensuales por profesional“, según explicó en el comunicado.

Al finalizar, el profesional aseguró que como equipo están “muy orgullosos del informe que entregamos y convencidos de que contiene una serie de propuestas que contribuirán a potenciar la importante labor que realiza la Contraloría General de la República”.

Sabas Chahuán: "produjimos un remezón positivo para el país"

Sabas Chahuán (50) mira la hora de forma recurrente. Cada tanto, da cuenta de que lleva 40, 50 o 55 minutos respondiendo preguntas y que pronto tiene que estar en otra parte. No sólo es un tipo ocupado por su alto cargo como fiscal nacional o por las complejas investigaciones que conduce, como los casos Penta, SQM y Corpesca, sino que desde las últimas jornadas ha estado viviendo una suerte de cuenta regresiva. En tres semanas, el segundo jefe en la breve historia del Ministerio Público tendrá que desocupar el escritorio que ha usado por los últimos ocho años para cedérselo a Jorge Abbott, su sucesor y actual director ejecutivo nacional. La torre de archivadores que tiene sobre la mesa también pasará a manos del nuevo fiscal nacional. “‘Corpesquita’ -dice Chahuán, palmoteando el lomo de uno de los archivadores-. Todo eso es sólo de Corpesca”.

La despedida de Chahuán comprende una dimensión administrativa y otra judicial. Sus visitas a diferentes fiscalías regionales en las últimas semanas representan el cierre protocolar a su período como fiscal nacional, mientras que diligencias como la declaración del ex senador UDI Jovino Novoa y la solicitud de llevar su caso a un procedimiento abreviado son algunas de sus últimas decisiones a cargo de las tres causas que han involucrado a importantes miembros de la elite empresarial y a la clase política.

En pleno cierre de su gestión, Chahuán conversó con Reportajes sobre lo que este último año ha significado para la institución. El reloj sigue corriendo.

¿Cómo ha cambiado la persecución penal en estos últimos ocho años? ¿Cree que realmente este es un mejor Ministerio Público que antes?

Yo creo que, responsablemente, se puede decir que es un mejor Ministerio Público, pero sin compararlo con el que recibí, porque no quiero que se entienda como un menosprecio a lo que se hizo antes. La percepción que tienen las personas que pasan por el sistema es bastante mejor de la que se ve en las encuestas. Ha habido una mejora significativa en la persecución de delitos sexuales, delitos de la ley de drogas y en delitos económicos hemos tenido condenas que no existían. Las causas que yo tengo a cargo, que son tres, tendrían condenas, y son un hito importante. En resumidas cuentas, creo que hay una mejora global de la que me siento tranquilo.

En su presentación ante la Corte Suprema de 2007 puso mucho énfasis en los delitos de “connotación social”. Las cifras no lo acompañan en ese ámbito.

Nos fue bien, menos en robos, porque mejoramos en violaciones, tráfico de drogas y violencia intrafamiliar. En los delitos contra la propiedad nos fue muy mal, pero ahí la fiscalía no es la única responsable. Hay que pasar de la lógica de los casos policialmente resueltos a la de los casos judicialmente resueltos. Entonces, hay muchos casos en los que es detenido un sujeto, pero que no es condenado. Eso es un fracaso. Otro fracaso rotundo fue la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, al igual que cuando no hay imputado conocido y no hay antecedentes en el parte. Ahí tenemos que hacer una capacitación. Hemos estado siete años peleando por lo mismo.

¿Es posible hacer un balance positivo cuando está instalada en la opinión pública la idea de que la delincuencia es un problema más grave que hace un par de años y que los delitos no son perseguidos con toda la eficiencia que se espera? 

Habría que ser iluso para no reconocer que hay un déficit que viene de antes, sin duda. La diferencia es que ahora está bastante más mediatizado. No quiero echarle la culpa a nadie, pero las tasas de esclarecimiento de delitos contra la propiedad en este sistema han mejorado respecto de los juzgados del crimen. Cualquier estudio que ustedes consulten les mostrará que las tasas de sentencia son muy superiores. Sin embargo, hay un fracaso del sistema. Digo del sistema porque involucra a Carabineros, PDI, por supuesto que a la fiscalía y a otros actores del sistema que pueden tener su cuota de responsabilidad. No me interesa personalizarlo, pero no es resorte de la fiscalía solamente. Hacemos una autocrítica, pero se puede decir que la fiscalía está mejor, salvo en delitos contra la propiedad.

Pero hay más de un 90% de causas archivadas por robo.

Por robo con imputado desconocido. Cuando llega un parte policial sin ningún antecedente es poco lo que un fiscal puede hacer con eso. En el sistema antiguo el sobreseimiento temporal por falta de antecedentes era comunicado a la víctima varios meses o años después.

¿Cómo evalúa usted la relación que tuvo con los distintos gobiernos y cómo se enfrentó la delincuencia en el campo de las políticas públicas?

Estuve en tres gobiernos. Tuve una excelente relación con el ministro (Edmundo) Pérez Yoma y sobre todo con el subsecretario (Felipe) Harboe, que estaba preocupado de estos temas. También tuve una muy buena relación con el subsecretario (Cristóbal) Lira. Con el ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter hubo una polémica y se produjo un quiebre. Evidentemente, se produjeron roces.

El ministro Hinzpeter incluso le dedicó en tono irónico una canción durante una actividad en La Moneda.

Sí, lo recuerdo. Salió en la TV hace poco.  Me voy a morder la lengua… Bueno, en algún momento se produjeron algunos roces. Yo creo que hice lo que tenía que hacer. Era fundamental cautelar la independencia, la autonomía y que se comprendiera el rol de la fiscalía, porque nosotros no podemos patrullar las calles.

El clima interno

Otro tema pendiente tiene que ver con el mal clima interno que trascendió durante la nominación del nuevo fiscal nacional. ¿Cómo le afecta tener que entregar la posta con esta situación?

Yo preguntaría, con el mayor respeto, por qué usted afirma que hay un mal clima interno en la fiscalía.

Ha habido acusaciones cruzadas, filtraciones, denuncias entre fiscales y disputas judiciales de algunas agrupaciones con usted, directamente…

Es verdad que hubo “imputaciones” a fiscales que estaban concursando para ser fiscal nacional. Incluso, al fiscal Abbott. Eso no fue responsabilidad de la fiscalía. Las acusaciones no fueron hechas con nombre y apellido. Yo diría que fueron un poco cobardes, porque se trató de trascendidos del estilo “dicen que” y de eso han hecho eco algunos periodistas poco serios. Si yo fuera periodista, que no lo soy, chequearía lo que me dicen, porque se ha instalado la lógica del rumor. Eso es muy molesto, porque hay gente que no se merece esos cuestionamientos.

¿Se refiere a las imputaciones publicadas contra el fiscal Abbott? 

Contra los fiscales Abbott, (José) Morales, (Raúl) Guzmán y (Luis) Toledo. A los cuatro les sacaron cosas que yo calificaría de bazofia.

Pero varias de esas afirmaciones eran reales.

De las que eran reales, al que le venga el sayo que se lo ponga. Lo que a mí me molesta es esta lógica de desconfianza extrema, de suspicacia por todo, que en algunos casos es alimentada por este periodismo irresponsable. No le voy a echar la culpa al periodismo de todos los males de la fiscalía, que existen. Ahora, no hay división en la fiscalía. Sí hay problemas y  posiciones contrapuestas.

Fue una de las variables que los senadores plantearon en su minuto: que había un clima de división interna y que se ponía en riesgo el futuro de la institución con este nombramiento.

Yo creo que no es así, que no se ponía nada en riesgo. Y les quiero decir que este clima de división es más aparente que real. Santiago no es Chile. Hay ciertos bolsones de división. Yo he tenido recibimientos emocionantes en regiones. No es de ególatra, es un reconocimiento a lo que han hecho mis equipos. Yo he sido la cara. Cuando un grupo de fiscales y funcionarios en una comida empiezan a gritar como barra de fútbol “Sabas no se va”, eso es espontáneo, yo no se los pedí. Esa división de la que hablan no recae sobre mi persona. La fiscalía es sana y esa “división” es mucho ruido y pocas nueces.

Usted dice que hay problemas. ¿Hay alguno en particular con el fiscal regional de la Metropolitana Sur, Raúl Guzmán? 

No, ninguno. Yo no lo voy a concretizar en Guzmán. No tengo problemas pendientes con él.

¿A qué atribuye, entonces, que esta haya sido la elección más polémica de fiscal nacional hasta la fecha? ¿Será porque la fiscalía se ha vuelto un organismo más poderoso y, por ende, más codiciado?

Hay más conciencia de lo que la fiscalía puede y no puede hacer. Ha quedado claro con gran esfuerzo de muchos fiscales en todo el país, y me incluyo. Es una institución que genera mucho más interés que antes respecto de quién está a la cabeza. Eso, sin duda. Y, además, está el hecho de toda la mediatización de las causas.

¿Hay una consolidación de la fiscalía como un actor político relevante, como ocurre en otros países?

No hay nada más detestable que una fiscalía que persigue a un sector, como pasa en otros países, o que solamente le interesa la farándula. Creo que ahora la gente entiende más cabalmente el rol de la fiscalía y se ha dado cuenta que de verdad hemos investigado a cualquiera: civiles, militares, eclesiásticos, poderosos económicamente, conocidos en los medios de comunicación, a cualquiera.

¿Qué le parece a usted que algunos fiscales vayan adquiriendo cierta figuración o presencia, es decir, un rol político? Eso ha sido criticado también.    

Si alguien pensara que estamos adquiriendo un rol político, estaría de acuerdo con las críticas, porque no corresponde. Puede ser peligroso.

¿Usted cree que alguno de los fiscales con los que ha trabajado ha ido adquiriendo ese rol? 

Ha habido atribuciones de intencionalidad política, incluso a mí mismo. Yo no digo que sea ofensivo, sino derechamente ajeno a la realidad. A mí me han dicho que los fiscales persiguen con un sesgo de izquierda, después con un sesgo de derecha, son todas pamplinas. Sólo hay fiscales más conocidos que otros.

Usted dijo en una entrevista reciente que le pidió al fiscal Carlos Gajardo, concretamente, que fuera “menos mediático”.

Sí, pero me quise referir a que tuviera más cuidado con los medios. Porque a veces uno, por inexperiencia o confianza, puede hacer declaraciones de las que después podría arrepentirse o tener que retractarse (…). Lo único que no me gusta, y se lo dije al fiscal Gajardo, quien comprendió el punto, son los comentarios por Twitter. Desde que hablamos eso, ha hecho comentarios que no tienen nada que ver con el trabajo.

El fiscal Gajardo no sólo ha hecho noticia por sus audiencias o diligencias, sino que por la posibilidad de que deje la investigación, con rumores que siempre se le atribuyen a la prensa…

Son rumores. Gajardo dijo que él no había amenazado con renunciar. Después dijo que había vínculos entre el caso Corpesca y SQM que eran más aparentes que reales para traer la causa para acá. Yo lo analicé y la asumí también.

¿Entonces, una eventual renuncia del fiscal Gajardo nunca fue una variable en su toma de decisiones? 

La variable fundamental fue que se estaba instalando un clima de sospecha que la fiscalía no quería investigar todo lo adecuadamente que se debía por implicancias o inhabilidades de los fiscales a cargo. Se habló de que les querían echar tierra a las investigaciones, cuando son todos fiscales de probado profesionalismo. Es cierto, Gajardo es un gran fiscal, pero nadie es irreemplazable: ni yo, ni Gajardo, ni nadie.

Una de sus últimas decisiones será la del nuevo fiscal regional Metropolitano Oriente. A su juicio, y pese a que no haya quedado en la terna, ¿el fiscal Gajardo reunía las condiciones para ese cargo?

Todos los candidatos las reunían.

REUNIONES BAJO LA LUPA

Uno de los temas que quedaron tras la elección del nuevo fiscal nacional es el de las reuniones de los candidatos con los senadores que tenían que votar. En su momento, ¿con qué senadores se reunió usted?

De verdad no me acuerdo con qué senadores me reuní, pero sí me reuní con algunos cuando estaba en la quina.

¿Qué le parece la polémica que se generó por estas reuniones?

Esto fue injusto para los candidatos, porque todos se reunieron con senadores. Lo que no es conveniente es que no se regule. Yo creo que debería haber una instancia más formal, en que los senadores escucharan a cada uno de los candidatos de la quina. Y que también se regularan las reuniones previas.

Pero varios parlamentarios han aparecido investigados. ¿No cree que eso pueda generar un conflicto de interés en este acercamiento?

Primero, se ha instalado la sensación errónea de que cualquier persona citada a declarar está condenada; segundo, el que conversa verá qué habla; tercero, cualquier conversación acerca de la investigación que yo llevo es vana. Yo no he conversado con nadie sobre qué voy a hacer con las investigaciones. Ahora tengo que conversar con Jorge Abbott por razones obvias, luego de que vuelva de sus vacaciones, pero si alguien hubiera hablado de eso, hubiera sido como un juego de cartas, porque nadie tenía la certeza de ser nombrado.

También trascendió una reunión del nuevo fiscal nacional Abbott con el senador Guido Girardi, en la que participó el abogado Ciro Colombara, defensor de Marco Enríquez-Ominami en el caso SQM y del síndico Herman Chadwick en el caso Caval. El fiscal Toledo dijo que no se vio bien.

Una precisión: salvo que Jorge Abbott tome la causa Caval no tiene nada que ver con la investigación, ni siquiera indirectamente. El no sabía quién iba a estar en esa reunión, así que no hay nada oculto. Todas estas suspicacias se evitarían con un mecanismo formal de reuniones. Todo esto es injusto para Abbott, porque todos se reunieron con Girardi, y también injusto para Girardi, porque Abbott no fue el único con quien se reunió. Están haciendo una montaña en un grano de arena.

¿Usted cree que toda esta polémica se podría haber evitado si no hubiera asumido personalmente las investigaciones? 

No quiero que suene ególatra, pero tengo el sentido de la responsabilidad bastante asentado. Creo que hice lo mejor para la institución, porque claramente no fue lo mejor para mí. Era mi último año, quería consolidar una serie de líneas de trabajo, quería instalar otras ideas y me ha significado un costo personal en cuanto a cansancio y tensiones. Hubiera sido más fácil entregársela a cualquier otro fiscal regional, pero varias personas de la fiscalía, incluso el propio Jorge Abbott en su minuto, me dijeron que era lo mejor para acabar con las suspicacias. En la designación de mi cargo participan los tres poderes del Estado, lo que le da una legitimidad muy diferente a la de otros cargos.

Que se haya tenido que hacer cargo de las investigaciones tiene que ver también con un blindaje frente a presiones que parecen obvias frente a estos casos.    

Yo creo que cualquier fiscal regional hubiera podido resistir presiones. Lo que ocurre es que en el ambiente que había, hubiera sido acusado injustamente por la forma de nombramiento. Me eché al hombro esta mochila con el apoyo de un equipo muy bueno de fiscales.

EL REMEZÓN

¿Cuánto va a marcar su gestión el hecho  de que como fiscal nacional haya asumido las indagatorias a figuras políticas?

Es inédito, porque no se había hecho nunca, pero sin duda volverá a ocurrir en el futuro. Ojalá no pase mucho.

¿Pero hay un antes y un después en el Ministerio Público con estos casos?

Me parece que es un poco presuntuoso hablar de un antes y un después. La ley estaba y se ocupó nomás. Creo que era lo adecuado. Me arrepiento en el sentido del costo, pero no por la institución.

Independientemente de los resultados, esta investigación permitió revelar el carácter irregular del financiamiento de campañas políticas. Más allá de su cargo como persecutor, ¿cuál es su opinión como actor público respecto de que se haya desentrañado este problema?

No es mi rol ni el de ningún fiscal hablar de política, pero si uno lo mira como ciudadano, creo que con esto se ha producido un remezón importante para afinar las forma de financiamiento de la política, sujetarla a mayores controles y niveles de transparencia, lo que ha sido positivo para el país. Así que ha sido una ganancia institucional. Es un triunfo del sistema y de la fiscalía. No mío. Sí me parece injusto reducir mi gestión a esto.

Usted valora como algo positivo que se develara esta situación y se provocara este “remezón”. ¿Podrían jugarles en contra las expectativas de la opinión pública y la idea de que el caso iba a terminar con penas de cárcel?

Terminó con gente tras las rejas, al menos en prisión preventiva. No hay que confundir la falta de pena de cárcel con impunidad. Un procedimiento abreviado no es impunidad. Hay que mejorar la lógica del Código Penal en cuanto a hacer efectivas las penas contra delitos de corrupción. No puede ser, y ustedes pueden consultarlo, porque es público, que reciba una mayor pena quien se roba las pezuñas y plumas de un animal que una persona que defrauda al Fisco en $ 2.000 millones. Eso no puede ser. Ahora, no todo se arregla con cárcel. Si amenaza a un sujeto y le dice “sabe qué, le vamos a quitar la mitad de su patrimonio”, le va a doler mucho más que si le dices “le vamos a dar cinco años y va a estar firmando”. El sistema alemán tiene multas proporcionales a los ingresos.

Se ha intentado reformar el Código Penal, pero no ha prosperado. ¿Sería deseable, por ejemplo, que la fiscalía pueda actuar en casos de delitos económicos sin una querella del Servicio de Impuestos Internos (SII)?

Creemos que debería haber un régimen mixto, como el que impera ahora, pero cuando haya ciertos casos en los que el SII diga que no va a ejercer acción en ciertos casos y la fiscalía pueda acusar por su lado. Es lo que dijo Abbott en el Senado.

Cuando se pedían medidas cautelares, los abogados defensores argumentaban que muchos de estos delitos eran faltas, que se estaba exagerando, y se acusó a los fiscales de populistas. Hoy día queda claro que no habrá cárcel para muchos de los implicados. ¿Eso no les da la razón a quienes criticaban?

Para nada. Si no hay pena de cárcel no es problema de la fiscalía, sino de la pena y del juego de atenuantes y agravantes. Ya ha habido penas de cárcel por el caso de fraude al FUT, que yo no llevaba, pero que tiene vínculo con estas causas, y creemos que puede haber penas de cárcel para dos o tres personas más, no voy a decir para quiénes. Para otros va a haber condena. Cuando eso ocurre, no hay impunidad.

¿Cómo se explica que se haya acordado un juicio abreviado con Jovino Novoa tras su declaración? Se asume que debe haber aceptado responsabilidad por alguno de los distintos delitos tributarios por los que fue formalizado. En términos generales, ¿qué reconoció Jovino Novoa en su declaración?

No corresponde que dé a conocer el contenido de la declaración de un imputado por el secreto de la investigación. Lo que sí puedo decirle es que para que se verifique el juicio abreviado de un imputado ante un tribunal, éste tiene que aceptar de cara a un juez la totalidad de los hechos de la acusación y los antecedentes de la investigación.

¿No teme que esto sea percibido como una concesión a uno de los principales críticos del trabajo de su equipo? Novoa dijo que se trataba de una investigación “ideológicamente falsa”.

Este es un logro para la persecución penal que encabeza la fiscalía y también para la búsqueda de la verdad que anhela la sociedad chilena. No hay impunidad desde que aspiramos a una condena, con reconocimiento de los hechos. Ahora, hay otros con los que no se ha explorado ninguna posibilidad de abreviado y les he dicho que, por ahora, tendrán juicio oral.

¿Será ese el caso para los controladores de Penta? 

Eventualmente, pero no sería justo de mi parte que yo anuncie por la prensa lo que voy a hacer antes de hablar con ellos. Se ha conversado con al menos 10 abogados por las distintas salidas de esta causa.

PENALIZAR LA COLUSIÓN

Se ha discutido mucho la publicidad del proceso y las audiencias. ¿Cree que hay algo que corregir en este tema?

La fiscalía ha actuado de forma impecable. La publicidad es un valor intransable, a las audiencias puede entrar toda la gente que quepa. Lo que puede cuestionarse en transmitir todo un juicio en vivo. El canal del Poder Judicial ha sido una herramienta poderosísima, pero entiendo el argumento académico para que no se transmita todo. Pero que se entienda bien: la publicidad no puede limitarse.

En este proceso se conocieron cosas que no se habían visto antes, como comunicaciones que uno podría interpretar como de la esfera más íntima, que los imputados podían considerar como dañinos para su honra. ¿Hay alguna autocrítica que hacerse para procesos futuros que sean similares?   

Todas las filmaciones e interceptaciones han sido aprobadas por los tribunales. Así que no hay nada que reprocharse. Que se conozca el contenido de la investigación es molesto y grave, pero a veces inevitable. Lo que no debería suceder es que se sepa cuándo una persona viene a declarar. Eso afecta la garantía de la persona, pero tampoco debería ser confundido el hecho de que alguien sea citado a declarar como imputado con que sea condenado. Sí puede haber una autocrítica en el sentido de que debemos ser más cuidadosos con los medios de cautela de reserva de la investigación.

Pero al principio también hubo filtraciones, cuando todavía era secreta la investigación del caso Penta. 

Hay que preguntarle a la Fiscalía Oriente. Hay muchas diligencias que son imprescindibles que se mantengan en secreto. Si informo que le voy a intervenir el teléfono, usted no va a hablar, o va a tirar los computadores a un río.

Ya que menciona lo de los computadores al río: ¿Debe haber mayor responsabilidad penal en casos de colusión, como los de las farmacias, pollos y ahora con el cartel del papel higiénico?

Se debe perfeccionar el sistema, estableciendo un tipo penal para modificar el Decreto con fuerza de ley 211, sin que eso termine con las actividades de la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Este tipo de delitos, la llamada colusión, tiene que tener un componente de “derecho penal administrativo” a cargo de la FNE, pero también tiene que haber una tipificación penal que no hay. Nosotros hemos colaborado, pero ellos legítimamente no están de acuerdo con “penalizar” las investigaciones. Yo creo que debiera hacerse.

¿Qué piensa hacer después de dejar su cargo? ¿Se irá al Consejo de Defensa del Estado (CDE), como ha trascendido?

No, eso del CDE lo descarto. Por ahora, lo más probable es que me dedique al ejercicio privado y a la academia. Lo que sí haré es tomarme 15 días de vacaciones. Y si a mediados de diciembre no tengo una posibilidad de trabajo, tomaré lo que me ofrezcan.

¿Considera una carrera política para después de que cumpla su inhabilidad para ocupar cargos públicos?

No. Tendría que ser para 2021 y lo descarto.

 

Ministro Pacheco califica de "impropia" y "desafortunada" reunión Gobierno-CEP

«Tuvimos una muy franca conversación”. Esas fueron las palabras que expresó el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, tras la reunión que sostuvo la Presidenta Michelle Bachelet y sus ministros hace un mes con el directorio del CEP.

Sin embargo, tras el escándalo desatado por el cartel del papel tissue dado a conocer la semana pasada el cual involucra a CMPC, empresa liderada por Eliodoro Matte, quien además fue ratificado en la presidencia del CEP, el ministro de Energía,Máximo Pacheco, calificó de “desafortunado” el encuentro y aseguró que el Ejecutivo “no sabía” de la colusión de las papeleras al momento de asistir al seminario.

“Esa invitación fue muy desafortunada, porque esta no era una fiesta de cumpleaños, este era un seminario para discutir con la concurrencia de un experto internacional cómo construir confianzas entre el mundo privado y el mundo público”, dijo Pacheco en conversación con el programa de TVN, Estado Nacional.

“Por lo tanto como es obvio que Eliodoro Matte sabía lo que estaba pasando en la papelera (…) me parece que fue impropio haber convidado a la Presidenta y creo que el debiese haber cancelado esa reunión”, añadió el titular de Energía.

En esta línea, expresó que “yo puedo garantizar que la Presidenta no sabía” ni que los ministros del gabinete sabían de la colusión del papel tissue. “Nadie del gobierno sabía que estaba sucediendo esta investigación que la estaba conduciendo la Fiscalía Nacional Económica”.

En este contexto, el secretario de Estado afirmó que, de haber sabido lo que ocurrió el Ejecutivo no habría asistido al encuentro “por ningún motivo».

Por otro lado, Pacheco aseveró que “es inevitable » que ocurran casos de colusión, «por eso necesitamos tener un Estado fuerte”.

“Pero no le demos a esto un carácter de una reunión de un club privado, lo equivocado fue que el presidente del consejo, Eliodor Matte, estando en precedente de la investigación por colusión no detuviera la reunión (…)aquí lo equivocado es que el telón de fondo de esa reunión, eso fue brutal”, añadió el ministro.

“Esto ha sido un golpe muy severo para la confianza que tiene el país a los empresarios (…) Chile tiene muchos empresarios de todo tipo, pero estos actos han dañado la imagen”, expresó.

I. Walker: "Por la misma puerta que entra el PRO, sale la DC"

El senador y ex presidente de la DC, Ignacio Walker, golpeó la mesa y dio un ultimátum a la Nueva Mayoría en su anhelo de ampliar el conglomerado oficialista, incorporando al PRO que lidera el Marco Enriquez-Ominami, dejando establecido que el ingreso de esta colectividad, motivará la salida de su partido.

En entrevista con La Tercera, Walker explica que «sería impensable, porque la Nueva Mayoría se constituyó en torno a ciertas coordenadas, y el PRO en torno a otras. No hay nadie en la DC que esté disponible para algún tipo de alianza política, de candidatura común, con el PRO. Sería incoherente».

Y en ese mismo sentido, agrega tajante «por la misma puerta por la que entra el PRO a la Nueva Mayoría, sale la DC. Conozco a mi partido y no va a haber dos voces en el tema».

«Espero que la Presidenta entienda y asuma que el gobierno no se escribe en primera persona plural, que este es un esfuerzo colectivo, que la Nueva Mayoría es una realidad diversa, y la unidad se construye sobre la diversidad, al margen de cualquier pretensión de hegemonía. Los pactos electorales no le puede ser indiferentes a la Presidenta, porque se están insinuando lógicas que pueden ser complejas para el propio gobierno», explicó.

Walker también estima que en el oficialismo aún hay intentos hegemónicos desde la izquierda, precisando que el acercamiento entre el Partidos Socialista y el PPD es una mala señal para su partido.

Mencionó que «la Nueva Mayoría sigue enfrentando la posibilidad latente de un intento de hegemonía de un sector de la izquierda. Cuando se escucha hablar de una federación PS-PPD, o de la posibilidad de un pacto electoral que agrupe las fuerzas de izquierda, surge una preocupación no solo de los dirigentes, sino también de los militantes del PDC, de ver que sectores de la Nueva Mayoría desconocen el valor de la DC».

Sobre los acercamientos entre el PS-PPD, Walker sostiene que cualquier intento de reagrupación de la izquierda en torno a un pacto electoral que pudiera marginar a la DC «es el fin de la Nueva Mayoría. Así de claro. Y espero que no tengamos que enfrentar ese escenario. Una cosa es la pretensión de hegemonía de un sector de izquierda, y otra es traducir  un bloque de izquierda en un pacto que margine a la DC».

«Un esquema de reagrupamiento de la izquierda sería de una torpeza infinita. No solo sería el fin de la Nueva Mayoría, sino que le provocaría un daño irreversible al gobierno de la Presidenta».

Además, el ex timonel de la DC indica que existe una preocupación y molestia entre la militancia y dirigencia de su colectividad sobre las relaciones con el gobierno, ya que «hay muchas cosas que ocurren en el gobierno y que no muestran una valoración de la contribución de la DC a este gobierno, y eso me preocupa, porque estos sentimientos de molestia se van acumulando en una dirección no precisamente virtuosa. Yo siento una creciente desafección de la militancia y la dirigencia DC hacia el gobierno. Creo que llegó el momento de definir de mejor forma y aclarar los términos de referencia de nuestra relación con el gobierno».

Eliodoro Matte y Jovino Novoa

Esta semana se confirmó a E. Matte en la presidencia del CEP, y la UDI, por su parte, descartó sancionar de veras a Jovino Novoa.

¿Actuaron bien el CEP y la UDI?

Un examen de las razones que esgrimieron, o insinuaron, permite saberlo.

El CEP arguyó que sus consejeros «son elegidos en razón de sus méritos y calificaciones personales y no en representación de las empresas o entidades académicas a las que pertenecen». La UDI, por su parte, a través de su Tribunal Supremo, afirmó que una cosa era el dinero ilícito con fines de enriquecimiento personal y otra, distinta, la obtención ilícita de dinero para financiar la actividad política.

Luego, ni el CEP tendría motivos para prescindir de la presidencia de Eliodoro Matte, ni la UDI razones para sancionar o reprochar severamente la actuación de Jovino Novoa.

La argumentación del CEP es obviamente falaz. Porque lo que hace complicada la situación de Eliodoro Matte no deriva de una supuesta representación de la CMPC en el Consejo del CEP (evidentemente tal representación no existe), sino del hecho que sus actos y omisiones en la empresa que preside (coludida por una década para timar a los consumidores, algo que acabó engrosando sus bolsillos) ponen en cuestión los méritos que hasta ahora él esgrimía (y se le reconocían) para presidir el CEP. Es decir, justamente porque los consejeros del CEP lo son en razón de sus méritos es que la permanencia de Matte en su presidencia no resulta aceptable para cualquier observador imparcial. ¿O acaso no es grave que las empresas del presidente del Centro de Estudios Públicos contradigan con su conducta, sostenida por diez años, los principios de la economía social de mercado que el CEP dice proteger? ¿Es razonable que una empresa presidida por E. Matte obre en contra de los principios que él, al mismo tiempo, como presidente del CEP, declara promover? ¿No hay responsabilidad alguna por tamaña y objetiva inconsistencia: presidir a una entidad que afirma un principio y, al mismo tiempo, a otra que lo niega?

Ni siquiera un Consejo como el del CEP, tan ilustrado y próspero (o mejor: integrado por algunas personas ilustradas y por otras solo prósperas) sería capaz de explicar tamaña contradicción.

La argumentación de la UDI, aunque suene sorprendente, es mejor. Es igualmente equivocada que la del Consejo del CEP, pero mejor.

Explicada sencillamente equivale a afirmar que hay ilícitos egoístas e ilícitos altruistas, y que estos últimos, cuando van en beneficio de la misma colectividad encargada de juzgarlos, pueden justificarse hasta el extremo de suspender una sanción. Esa argumentación del Tribunal Supremo podría exhibir en su favor una teoría moral tan prestigiosa como el utilitarismo: los actos en principio ilícitos pueden justificarse si van en beneficio del mayor número posible de personas. Es verdad que Jovino Novoa -podría argüirse- actuó a primera vista mal cuando torció la ley para financiar a la UDI; pero eso hizo bien a la UDI y a la política en su conjunto. El argumento es llamativo, pero falaz: si se tolerara o condonara la infracción de la ley esgrimiendo el bien de un partido o de la política, la democracia estaría perdida: ¿qué buena política es esa que para fortalecerse se cree autorizada de sacrificar la obediencia a la ley?

La argumentación del Consejo Ejecutivo del CEP conduce a sostener que usted puede dirigir una institución proclamando unos principios y ser al mismo tiempo dueño de otra que los transgrede durante una década, sin que eso desmedre sus méritos y sin que sea motivo de reproche. Y es que una cosa, dice el Comité Ejecutivo del CEP, son sus méritos, y otra, distinta, sus actuaciones u omisiones en las empresas que preside. La argumentación del Tribunal Supremo de la UDI, por su parte, enseña que usted no será objeto de reproche severo si al torcer la ley financia actividades socialmente importantes como la política. Lo que importaría son los objetivos altruistas que usted persigue, no los medios que emplee para alcanzarlos.

Basta detenerse un momento para advertir que ninguna de esas dos argumentaciones son universalizables: si se las tomara en serio las instituciones no podrían funcionar. Y por eso es seguro que ninguno de los miembros del Consejo Ejecutivo del CEP o del Tribunal Supremo de la UDI les enseñaría a sus hijos que las siguieran como regla de comportamiento futuro.

Pero si es así, ¿por qué las esgrimen para justificar las conductas de Matte y de Novoa?

Caval: Fiscalía revisa préstamo de Compagnon a hermano de ex investigador del caso

Un préstamo de 2,5 millones de pesos que Natalia Compagnon, la esposa de Sebastián Dávalos, realizó al hermano del fiscal de San Fernando, Javier Von Bischoffshausen mantendría incómoda a la fiscalía de O´Higgins.

Así lo señala hoy «El Mercurio», que reveló el vínculo entre la nuera de la Presidenta Bachelet y el hermano sicólogo del persecutor que hasta el lunes pasado era parte del grupo que indaga el caso.

De acuerdo al texto, en el año 2014 Erich Von Bischoffshausen solicitó a Compagnon un préstamo por la señalada cantidad, dado la relación de amistad que la unía a la ex esposa del profesional, la sicóloga Maribel Concuera desde el año 2012.

El sicólogo gestionó directamente el préstamo con la cuestionada empresaria, para cubrir deudas, y no lo hizo a través de su ex señora. De hecho, ella se habría enterado tiempo después de la solicitud.

Para saldar el préstamo, quienes conocen los detalles de la operación explican que Von Bischoffshausen le entregó a Compagnon cinco cheques a fecha por un monto de 500 mil pesos cada uno.

Sin embargo, con el correr de los días, el psicólogo decidió que cubriría los pagos a través de transferencias bancarias. Cercanos a ambos confirman que, dada la relación de confianza que mantenían, el hermano del fiscal le dijo a la señora de Dávalos que mantuviera los documentos bancarios en su poder, pero que los «rompiera».

Así, Von Bischoffshausen realizó la primera transferencia el 18 de marzo de 2014 por $ 500.000. A esta, le siguieron una el 17 de julio por el mismo monto y otra el 7 de agosto por un millón de pesos. El saldo lo pagó con un cheque que fue cobrado el 30 de septiembre de ese año.

En abril de este año, la defensa de Caval hizo presente la situación al fiscal regional de O’Higgins y titular de la causa, Luis Toledo, dado que éste había solicitado el detalle de las cuentas corrientes de la nuera de la Presidenta Bachelet, con la advertencia sus abogados buscaban evitar futuros problemas y que los movimientos bancarios fuesen interpretados como pagos irregulares.

INQUIETUD EN LA FISCALÍA

El lunes, luego de que el fiscal nacional, Sabas Chahúan, ratificara al fiscal regional de O’Higgins en su cargo y mientras «El Mercurio» realizaba la recopilación de antecedentes para este artículo, Luis Toledo decidió acotar el equipo de persecutores que lo apoyan en la indagatoria. En el nuevo diseño no está contemplada la participación del fiscal Javier von Bischoffshausen, quien hasta esta semana había encabezado una serie de diligencias en la investigación.

Si bien en la resolución que firma Toledo y que establece el cambio de nombres no se entregan detalles del futuro del persecutor, en el Ministerio Público aseguran que la decisión responde a que en las próximas semanas Von Bischoffshausen asumirá como jefe de la Unidad de Análisis Criminal que se creará en la fiscalía de O’Higgins.

Desde hace un tiempo, al interior de esa repartición se comenzó a generar una cierta inquietud por el nexo de Natalia Compagnon y el hermano del fiscal. Ello, por las posibles repercusiones que podría tener el episodio en la imagen de la investigación, más allá del aspecto estrictamente legal. Incluso se comentó que la defensa de Caval podría realizar una presentación formal para impugnar el rol que ha jugado el persecutor en la indagatoria.

En este escenario, ayer Javier Von Bischoffshausen declaró a este diario: «Niego categóricamente cualquier grado de amistad, contacto cercano, lejano, mediano con alguien vinculado al caso Caval, lo cual obviamente incluye tanto a Natalia Compagnon como a Sebastián Dávalos. Lo niego en términos absolutos y categóricos».

Y agregó que «en este caso el fiscal Toledo es el que toma las decisiones con su equipo y uno más de los integrantes del equipo era yo. Dentro de esa dinámica yo ejecutaba instrucciones que ordenaba el fiscal Toledo».