Esta semana se confirmó a E. Matte en la presidencia del CEP, y la UDI, por su parte, descartó sancionar de veras a Jovino Novoa.
¿Actuaron bien el CEP y la UDI?
Un examen de las razones que esgrimieron, o insinuaron, permite saberlo.
El CEP arguyó que sus consejeros «son elegidos en razón de sus méritos y calificaciones personales y no en representación de las empresas o entidades académicas a las que pertenecen». La UDI, por su parte, a través de su Tribunal Supremo, afirmó que una cosa era el dinero ilícito con fines de enriquecimiento personal y otra, distinta, la obtención ilícita de dinero para financiar la actividad política.
Luego, ni el CEP tendría motivos para prescindir de la presidencia de Eliodoro Matte, ni la UDI razones para sancionar o reprochar severamente la actuación de Jovino Novoa.
La argumentación del CEP es obviamente falaz. Porque lo que hace complicada la situación de Eliodoro Matte no deriva de una supuesta representación de la CMPC en el Consejo del CEP (evidentemente tal representación no existe), sino del hecho que sus actos y omisiones en la empresa que preside (coludida por una década para timar a los consumidores, algo que acabó engrosando sus bolsillos) ponen en cuestión los méritos que hasta ahora él esgrimía (y se le reconocían) para presidir el CEP. Es decir, justamente porque los consejeros del CEP lo son en razón de sus méritos es que la permanencia de Matte en su presidencia no resulta aceptable para cualquier observador imparcial. ¿O acaso no es grave que las empresas del presidente del Centro de Estudios Públicos contradigan con su conducta, sostenida por diez años, los principios de la economía social de mercado que el CEP dice proteger? ¿Es razonable que una empresa presidida por E. Matte obre en contra de los principios que él, al mismo tiempo, como presidente del CEP, declara promover? ¿No hay responsabilidad alguna por tamaña y objetiva inconsistencia: presidir a una entidad que afirma un principio y, al mismo tiempo, a otra que lo niega?
Ni siquiera un Consejo como el del CEP, tan ilustrado y próspero (o mejor: integrado por algunas personas ilustradas y por otras solo prósperas) sería capaz de explicar tamaña contradicción.
La argumentación de la UDI, aunque suene sorprendente, es mejor. Es igualmente equivocada que la del Consejo del CEP, pero mejor.
Explicada sencillamente equivale a afirmar que hay ilícitos egoístas e ilícitos altruistas, y que estos últimos, cuando van en beneficio de la misma colectividad encargada de juzgarlos, pueden justificarse hasta el extremo de suspender una sanción. Esa argumentación del Tribunal Supremo podría exhibir en su favor una teoría moral tan prestigiosa como el utilitarismo: los actos en principio ilícitos pueden justificarse si van en beneficio del mayor número posible de personas. Es verdad que Jovino Novoa -podría argüirse- actuó a primera vista mal cuando torció la ley para financiar a la UDI; pero eso hizo bien a la UDI y a la política en su conjunto. El argumento es llamativo, pero falaz: si se tolerara o condonara la infracción de la ley esgrimiendo el bien de un partido o de la política, la democracia estaría perdida: ¿qué buena política es esa que para fortalecerse se cree autorizada de sacrificar la obediencia a la ley?
La argumentación del Consejo Ejecutivo del CEP conduce a sostener que usted puede dirigir una institución proclamando unos principios y ser al mismo tiempo dueño de otra que los transgrede durante una década, sin que eso desmedre sus méritos y sin que sea motivo de reproche. Y es que una cosa, dice el Comité Ejecutivo del CEP, son sus méritos, y otra, distinta, sus actuaciones u omisiones en las empresas que preside. La argumentación del Tribunal Supremo de la UDI, por su parte, enseña que usted no será objeto de reproche severo si al torcer la ley financia actividades socialmente importantes como la política. Lo que importaría son los objetivos altruistas que usted persigue, no los medios que emplee para alcanzarlos.
Basta detenerse un momento para advertir que ninguna de esas dos argumentaciones son universalizables: si se las tomara en serio las instituciones no podrían funcionar. Y por eso es seguro que ninguno de los miembros del Consejo Ejecutivo del CEP o del Tribunal Supremo de la UDI les enseñaría a sus hijos que las siguieran como regla de comportamiento futuro.
Pero si es así, ¿por qué las esgrimen para justificar las conductas de Matte y de Novoa?
