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Cámara revisará pago de sobreprecios por parte de la Armada

En la jornada de mañana martes, la Comisión de Defensa de la Cámara revisará el caso de lossobrepagos, que llegaban a triplicar el precio normal de bienes y servicios contratados por la Armada, los que fueron detectados por la Contraloría General de la República.

Así lo informó el presidente de esa Comisión, el PPD Jorge Tarud. Los sobrepagos supuestamente eran para beneficiar a una empresa privada especializada en suministros para las instituciones de Defensa.

La investigación respecto del millonario gasto fiscal partió a raíz de una denuncia de dos proveedores de la Armada, que advirtieron de las eventuales irregularidades en los procesos de licitación del centro de abastecimiento de la Aviación Naval.

La investigación de la Contraloría indica que esa rama de las Fuerzas Armadas no veló por la idónea administración de los recursos públicos, y pagó hasta 336% por sobre el valor cotizado por la entidad en algunos productos y servicios a la empresa Internacional General Supply.

Según los registros del portal de adquisiciones públicas, un 95% de las órdenes de compra emitidas por esa empresa corresponden a negocios con la Armada, y sólo entre 2013 y 2015 la Armada desembolsó más de 1.200 millones de pesos a la empresa.

También la Contraloría logró determinar que la empresa General Supply no ejecutaba directamente las calibraciones de equipos para navegación que vendía como servicios, sino que subcontrataba a la compañía Igemin Ltda, a la cual le paga un valor hasta cinco veces menor al que pagó la Armada.

Ante esto, si bien el diputado UDI Jorge Ulloa, sostuvo que en este caso no hay un problema institucional, sino de personas, su par del PS Marcelo Schilling sostuvo que es hora de modificar la forma de financiamiento de las Fuerzas Armadas.

La Contraloría ya instruyó a la Armada para que inicie un sumario administrativo en torno al caso. (La Nación)

Alto Maipo descarta que obras del proyecto afecten el agua potable

Alto Maipo salió a enfrentar las críticas que apuntaban a la empresa de ser la responsable de la turbiedad del agua que obligó a realizar un corte masivo del agua potable y que afectó a más de un millón de clientes.

“Alto Maipo descarta categóricamente que las obras de construcción de su proyecto hidroeléctrico depasada hayan influido en la turbiedad de las aguas del río Maipo, fenómeno que tal como lo ha señalado la empresa encargada de suministrar agua potable a la Región Metropolitana, responde a un fenómeno climático que abarca desde la región de Valparaíso a la de O´Higgins”, indicó la empresa a través de un comunicado.

El documento agrega que “la isoterma 0 estuvo sobre los 3.400 metros de altura, lo que implicó que en zonas en donde habitualmente cae nieve, cayó lluvia de alta intensidad lo que provocó deslizamientos de tierra anormales para esta zona y época”.

En ese sentido enfatizaron que “es necesario señalar que los aluviones y corridas de agua se han producido en zonas altas en donde el proyecto Alto Maipo no tiene obras”. (La Nación)

    Enfrentamiento entre pescadores y carabineros en Caleta Portales

    Una protesta de pescadores en Caleta Portales obligó a interrumpir nuevamente el servicio del metro en Valparaíso, el que tuvo problemas en su operación esta mañana tras una falla técnica.

    En el lugar se registran fuertes enfrentamientos entre carabineros de Fuerzas Especiales y los manifestantes, quienes lanzan piedras al personal policial.

    “Nos estamos manifestando contra el gobierno y la autoridad, porque pareciera que no ha pasado nada. Acá lo estamos pasamos mal y el intendente no nos quiere recibir. Acá andan con ofertas maliciosas a algunas caletas, entonces nosotros salimos a defender el desarrollo pesquero en las calles”, señaló minutos antes el presidente de la federación Nuevo Amanecer, Miguel Ángel Hernández.

    El servicio de Metro Valparaíso está suspendido entre las estaciones Puerto y Miramar. (Bio Bio)

    Interpretación del desastre del Mapocho-Gonzalo Cordero

    Mientras el cauce del Mapocho se desbordaba, incapaz de contener el aumento en el flujo del río como consecuencia de las obras que se realizan en el sector del puente Lo Saldes, las primeras declaraciones de algunas autoridades tienen un tono que va más allá del reproche a las empresas por la responsabilidad específica. Lo que yo escuché se plantea en el eje: “empresas privadas indolentes perjudicando la comunidad en un extremo y Estado eficiente protegiendo a las personas en el otro”.

    No es mi intención emitir opinión de ningún tipo respecto de las empresas involucradas en este episodio catastrófico para mucha gente, sino hacer un análisis del sistema de concesión a privados en un caso como este, en que hay, o puede haber, responsabilidad por negligencia.

    Partamos por lo obvio que se omite, la negligencia es una característica esencial al ser humano que ningún sistema ha podido nunca eliminar. Desde luego hay formas de organización que disminuyen el riesgo; entre otras cosas, porque permiten cobrar las responsabilidades de manera más eficaz.  Ese es el que, en términos generales, tenemos en nuestro país.

    La alternativa a los concesionarios privados –y no estoy hablando del financiamiento de las obras- es el de la construcción y administración de la infraestructura por parte del Estado, vale decir por funcionarios públicos. Esos funcionarios serían, cómo dudarlo, militantes de un partido de gobierno, que estaría defendiéndolos “como gato de espaldas” tras bambalinas, ejerciendo toda la presión posible para que la consecuencia del desastre no sea que ese espacio de poder se vaya a otro partido.

    Por otra parte, las autoridades ante la evidencia que la indignación ciudadana termina inevitablemente golpeando políticamente al Gobierno, rápidamente alinean todo el aparato comunicacional del Ejecutivo para intentar disminuir las responsabilidades y, lo más importante, buscar a alguien a quien echarle la culpa.

    La oposición de turno, cualquiera esta sea, se aplica en disparar con toda su “artillería” a los Ministros y demás autoridades por su responsabilidad por lo que, antes que termine de llover y la gente pueda secar su ropa, el problema se transforma en una pelea política más en que no hay ningún incentivo a sancionar, corregir y mejorar el sistema.

    Rápidamente, se produce otro efecto obvio, las autoridades comienzan a evaluar el monto de eventuales demandas contra el Estado, incentivo tanto o más poderoso que todos los anteriores para negar la responsabilidad de los funcionarios. Así, las víctimas terminan en un juicio contra el Estado, en que el Gobierno usa todo su poder de influencia y en que los abogados que litigan para que no se paguen indemnizaciones son precisamente los del Consejo de Defensa del Estado.

    Toda realidad tiene lo que se llama un contra factual, es el clásico: “y que habría pasado si…”. En este caso, más allá de la evaluación particular y de cómo actuó cada involucrado, no hay que dejarse llevar por el simplismo de juzgar un sistema general por un caso particular.  ¿Qué habría pasado si todas las obras fueran responsabilidad de funcionarios públicos? ¿Habría disminuido el riesgo de error o negligencia? ¿Estarían los afectados en mejores condiciones para reclamar por los perjuicios?

    Al contrario, el análisis correcto es que precisamente porque las autoridades no son juez y parte estamos frente a la posibilidad que las responsabilidades se persigan con libertad y eficacia.  Los derechos de todos los que se sientan afectados están mucho más a salvo y si finalmente hay que hacer efectiva una responsabilidad económica no la pagan los contribuyentes, como sería si se tratara del Estado.

    Lamentablemente, en nuestro país vivimos tiempos de ideologización, se vuelven a ver puños en alto y se vuelve a analizar la realidad desde la dicotomía trasnochada de Estado o privados en la producción de bienes o servicios, en un antagonismo que pretende, además, ser falsamente ético.  No hay que dejarse confundir por los espíritus socialistas que hasta las tragedias las miran y las interpretan como expresión del abuso de los “capitalistas despiadados”.

    El mercado es cruel, pero con los que se equivocan. El Estado, en cambio sigue mucho más la lógica del viejo político latinoamericano: “para la familia y los amigos, cariño; para los demás la ley”. (El Líbero)

    Gonzalo Cordero

    Cadem: 81% aún no sabe cómo participar en "diálogos cuidadanos"

    Tras la última cadena nacional de la Presidenta Bachelet en que anunciaba el inicio del proceso de participación ciudadana para el cambio constitucional, un mayoritario 72 por ciento se mostró de acuerdo con que Chile necesita una nueva constitución.

    Asimismo, un 55 por ciento cree que la reforma constitucional es un tema muy o bastante prioritario para el país en general, cifra que se ha mantenido relativamente estable desde que el Ejecutivo anunciara el inicio del proceso constituyente en octubre del año pasado.

    Sin embargo, y a pesar del mayoritario apoyo que concita el cambio constitucional, existe un amplio desconocimiento de parte de la ciudadanía con la forma en cómo se desarrollará el proceso y cuáles son los alcances para poder participar de él, revela la última encuesta Cadem Plaza Pública.

    Así, por ejemplo, esta última cadena nacional tuvo el nivel de conocimiento más bajo entre los anuncios que ha realizado la Presidenta Bachelet, con sólo un 40 por ciento de conocimiento.

    Vinculado a lo anterior, solamente un 31 por ciento ha visto en los medios de comunicación la campaña del gobierno sobre el proceso constituyente y sólo un 36 por ciento dice que sabía que a fines de este mes comienzan a funcionar los encuentros locales.

    Esto se profundiza aún más cuando bajamos al proceso de participación de los «diálogos ciudadanos», ya que un mayoritario 81 por ciento afirma no saber cómo se puede participar en ellos, a pesar del despliegue comunicacional del gobierno.

    Finalmente, no más de un 23 por ciento declara conocer o haber oído hablar del Consejo Ciudadano de Observadores, aunque un 63 por ciento preferiría que fuese este Consejo quién redactara los acuerdos del proceso de participación ciudadana versus un 19 por ciento que cree que debiese ser la Presidenta de la República.

    APROBACIÓN A BACHELET: 27%

    En esta, la tercera semana de abril, un 27 por ciento aprueba y un 63 por ciento desaprueba la forma cómo la Presidenta Bachelet está conduciendo su gobierno, dejando atrás un negativo mes de febrero post renuncia de Cristián Riquelme a La Moneda y las críticas políticas vertidas en el Festival de Viña del Mar.

    Relacionado a lo anterior, un 72 por ciento cree la Presidenta Bachelet ha hecho un mal gobierno, independiente de si le gusta o no como persona. (El Mostrador)

    Iglesia y moral sexual-Jorge Costadoat (sj)

    La exhortación apostólica Amoris laetitia recientemente publicada por el Papa Francisco representa un giro –insinuado en algunos asuntos, y efectivo en otros– en el acento en la enseñanza de la Iglesia. Cambió el viento. Hasta ahora el énfasis de la jerarquía eclesiástica en el planteamiento de la moral sexual y familiar había sido puesto en el “ideal”. Desde ahora habrá que concentrarse en la “realidad” de los católicos, en sus esfuerzos por ser responsables en este plano de la vida y en la necesidad de volver a pararse cuando han experimentado fracasos o cometidos errores.

    Debe notarse que el giro no es del Papa. Él ha sido intérprete de dos sínodos (2014 y 2015) que reunieron a obispos de regiones culturalmente muy diversas del mundo, los que aprobaron por más de 2/3 los textos finales. Ha sido la institución eclesiástica la que ha sido tocada por la realidad de un Pueblo de Dios alejado de sus autoridades.

    ¿Podría hablarse de una “conversión” eclesiástica? En cierto sentido, sí. Si en todos los planos de la vida cristiana la distancia entre la jerarquía y los fieles es hoy muy grande, en el campo de la enseñanza sexual, matrimonial y familiar se ha declarado un abismo, un auténtico cisma (Cardenal Kasper). Cisma blanco, en los casos de católicos que no reniegan de su pertenencia eclesial, pero no se rigen por el Magisterio; cisma rojo, las veces que los católicos renunciaron a la Iglesia por habérseles vuelto inhabitable. El giro constituye nada menos que la apertura a una reconciliación de la Iglesia con sus propias autoridades.

    Desde un punto de vista teórico ha comenzado a hacer crisis un modo abstracto de ver la moral sexual católica, modo que en su peor versión no reconoce que es posible aprender algo nuevo de la experiencia y de la historia, y que tampoco las culturas tienen nada que aportar; y que, peor aún, esta visión moral abstracta resta valor a la conciencia de las personas al momento de discernir sus decisiones éticas.

    El nuevo modo de plantearse la moral sexual católica de la exhortación papal –modo que prevalece en la moral social desde hace ya muchas décadas– exige concentrar la atención en la realidad de las personas. En esta óptica, lo primero son fines trascendentes que guían efectivamente las decisiones de la gente en las circunstancias concretas e irrepetibles de sus vidas. La moral no puede consistir meramente en saber lo que está prohibido y lo que está permitido. No es cosa de blanco y negro. Curiosamente, Amoris laetitia es una vuelta al pasado, al modo de exigir respuestas éticas del mismo Jesús hace dos mil años, quien, sin desconocer el valor de la Ley, se concentró en la gente, en sus fallos, fracasos, marginaciones, sufrimientos, pecados, para alentarlas a que se pusieran de pie y salieran adelante por sí mismas.

    Dice Francisco: “Durante mucho tiempo creímos que con solo insistir en cuestiones doctrinales, bioéticas y morales, sin motivar la apertura a la gracia, ya sosteníamos suficientemente a las familias, consolidábamos el vínculo de los esposos y llenábamos de sentido sus vidas compartidas. Tenemos dificultad para presentar al matrimonio más como un camino dinámico de desarrollo y realización que como un peso a soportar toda la vida. También nos cuesta dejar espacio a la conciencia de los fieles, que muchas veces responden lo mejor posible al Evangelio en medio de sus límites y pueden desarrollar su propio discernimiento ante situaciones donde se rompen todos los esquemas. Estamos llamados a formar las conciencias, pero no a pretender sustituirlas” (AL 27).

    Una lectura atenta de Amoris laetitia y de los documentos de los sínodos que la precedieron, permite hallar nuevas ideas y un nuevo horizonte de comprensión para las convivencias, las relaciones prematrimoniales, la homosexualidad, la contracepción, las segundas familias y la participación de los cristianos divorciados y vueltos a casar en la eucaristía. La eventual readmisión de estos a la comunión –acompañada por una comunidad eclesial que se hace responsable de ellos– representa muy bien los cambios que podrían darse también en los otros asuntos. (El Mostrador)

    Amenazas a la prensa

    En Santiago aún se exhibe «Spotlight», cinta que revela el extraordinario trabajo periodístico para denunciar casos de pedofilia en la Iglesia y su sistemático encubrimiento por sacerdotes de Boston. Mientras, en Chile hemos vivido un comienzo de año con tropezones tan incomprensibles como preocupantes para la libertad de expresión y el ejercicio de la profesión.

    En enero se anunció que se restringiría -y elegiría- a los periodistas que acompañarían a la Presidenta en sus viajes. Obviamente se gatilló una fuerte ola de críticas pues un mecanismo así podría ser usado como una manera de premiar o castigar a quienes tengan un comportamiento determinado, lo que implica ciertamente una pérdida de libertad para los periodistas que están cubriendo el corazón del poder político.

    Un par de meses después ocurrió el episodio del Sename contra revista Paula, en que el Primer Juzgado de Familia de Santiago prohibió la publicación de un reportaje sobre esa institución. Más allá del contenido del artículo, el punto esencial e intransable es el rechazo de toda censura previa, coerción incompatible con la libertad periodística.

    El caso más grave, la llamada Ley Antifiltraciones o Ley Mordaza, ha completado la tríada de episodios desconcertantes de 2016. El intento de castigar penalmente a quienes filtren investigaciones judiciales es impresentable, especialmente ahora, cuando ha sido gracias al trabajo de la prensa que casos tan graves como Penta y SQM se han dado a conocer en nuestro país. Para qué hablar de los Panama Papers, que han causado impacto y rechazo mundial y que traerán, sin duda, cambios al sistema.

    Estas tres amenazas han tenido distintas evoluciones: La Moneda retrocedió de su decisión de elegir a la comitiva de prensa, y revista Paula interpuso un recurso de protección -el cual fue acogido- para revertir el fallo. La norma antifiltraciones ha perdido apoyo parlamentario, y aunque ya se clarificó que excluye a los periodistas, sí castigaría a quienes expongan esos documentos a los medios, lo cual es un revés para la prensa.

    Más allá de la potencial solución, preocupa la suma de amenazas en tan poco tiempo, así como también que hayan sido «hechos consumados» que se impusieron sin ningún debate o alerta previa. Solo se revirtieron por las críticas transversales. Un modus operandi peligroso y que despierta todo tipo de sospechas.

    Una prensa libre y de calidad, al estilo de la que muestra la premiada película, requiere de poderes del Estado que no solo toleren, sino que protejan un periodismo sin trabas ni censura de ninguna especie. (El Mercurio)

    EE.UU. incrementa sus fuerzas militares en Irak

    Estados Unidos va a desplegar un contingente adicional de militares en Irak, anunció este lunes desde Bagdad el secretario de Defensa, Ashton Carter.

    «Vamos a traer fuerzas adicionales», dijo Carter, quien agregó también que entregarán helicópteros Apache para ayudar a las fuerzas iraquíes a luchar contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI).

    Según un alto funcionario, unos 200 efectivos se sumarían al contingente actual, sumando un total de 4.000 militares.

    Estados Unidos lidera la coalición internacional que bombardea posiciones del EI y también ayuda tanto al ejército sirio y como al iraquí con entrenamiento y asistencia militar.

    Carter llegó a Bagdad desde los Emiratos Árabes Unidos, su primera parada de una gira que terminará el jueves en la cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) en Riad, en la que participará el Presidente Barack Obama.

    El grupo EI conquistó grandes extensiones de territorio en Irak, en una ofensiva fulminante a mediados de 2014, pero desde entonces las autoridades de Bagdad han logrado hacer que el grupo retroceda.

    Aunque la mayor parte de las tropas estadounidenses tiene un rol de asesoramiento, Washington también ha desplegado fuerzas especiales y marines para darle apoyo a la artillería iraquí.

    El presidente estadounidense ha repetido su compromiso de que no va a haber «botas en el terreno» para luchar contra el EI, pero ha habido combates de militares estadounidenses contra los yihadistas y entre el personal desplegado se han registrado dos muertos.

    En 2003 una coalición liderada por Estados Unidos invadió Irak y derrocó al dictador Sadam Husein, dejando un vacío de poder que generó años de caos y violencia sectaria. La ola de violencia ha logrado ser controlada y las tropas estadounidenses se retiraron a finales de 2011. (Emol AFP)

    Zalaquett pide alzar arraigo nacional para viajar a EE.UU. a graduación de sus hijos

    La defensa del ex alcalde de Santiago Pablo Zalaquett, solicitó audiencia para revisar las medidas cautelares que actualmente cumple el empresario, imputado por su presunta participación en delitos tributarios relacionados con el financiamiento irregular de campañas políticas que se persiguen en el denominado caso Penta.

    Específicamente, los abogados de la ex autoridad comunal Cristóbal Bonacic y José Miguel Barahona, buscan que su representado -sujeto a arraigo nacional- pueda viajar a Estados Unidos para participar de la graduación de sus dos hijos, quienes se encuentran estudiando las carreras de Arquitectura y Economía en la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York.

    De acuerdo a la solicitud -a la que accedió Emol- «con la finalidad de que el señor Zalaquett pueda acompañar a sus hijos en este importante momento, solicitamos que se fije en fecha próxima audiencia de revisión de medida cautelar para que que suspenda la medida de arraigo nacional a la cual se encuentra sujeto desde el 22 de junio de 2015, para el periodo comprendido entre los días 13 y 22 de mayo de 2016».

    Ello, en tanto, será discutido el próximo 25 de abril, instancia en la que el 8° Juzgado de Garantía se pronunciará respecto al requerimiento.

    Esta no es la primera vez que Zalaquett solicita salir del país desde que fue formalizado por su presunta vinculación al pago de $15 millones que proporcionó empresas Penta para pagar a la empresa Reactor SPA, para su campaña senatorial.

    En febrero pasado, pidió que se alzaran sus medidas cautelares para poder viajar a España en su calidad de director de la Fundación Amigos del Real Madrid Chile, y participar de una actividad social que incluía diversas actividades deportivas y la visita a un partido del equipo de fútbol español.

    Ello, fue autorizado por el tribunal, que además ordenó el pago de una caución económica correspondiente a $1 millón.

    El ex edil, además, es indagado por su relación con las empresas Asesorías Cristina Zúñiga EIRL y Reactor SPA, las que -según la Fiscalía- habrían emitido facturas ideológicamente falsas a SQM por un total de $67 millones y cuyos dineros también habrían ido a parar su campaña senatorial. (Emol)

    Control de identidad: Gbno. se abre a propuestas ante eventual rechazo

    El ministro Secretario General de Gobierno, Marcelo Díaz, no descartó este lunes la posibilidad de que hayan modificaciones al proyecto de control preventivo de identidad, incluido en la agenda corta antidelincuencia del Ejecutivo, ante la posibilidad cierta de que sea rechazado mañana en la Cámara de Diputados.

    Tras participar en la reunión del comité político, el vocero de La Moneda explicó que el ministro del Interior, Jorge Burgos, señaló que “de parte del Gobierno hay siempre disposición a escuchar todas las alternativas que se pongan sobre la mesa” para mejorar la iniciativa, que ya ha sido rechazada por parte de la Nueva Mayoría”.

    La idea, a su juicio, es poder “entregar herramientas eficaces para el combate a los delitos, pero asegurando que esas herramientas no puedan convertirse en fuente de vulneración de los derechos de los ciudadanos que no cometen delitos”.

    “En consecuencia, siempre como en cualquier proyecto de ley, mientras haya todavía espacio antes de la votación, el Gobierno está dispuesto a efectuar alternativas y a escuchar a todas las partes”, enfatizó.

    Consultado sobre si se conversó con los presidentes de partido del oficialismo sobre los votos que faltarían para aprobar el proyecto, Díaz dijo que “no hablamos sobre garantía de los votos, hablamos sobre que el debate continúa, de analizar las distintas propuestas que hay sobre la mesa”.

    “Sobre esa base ir evaluando en el trascurso de los días o de las horas si eso se traduce en indicaciones y modificaciones hasta antes de la votación”, añadió, junto con no desestimar l opción de que sea aprobado con el apoyo de la oposición. “Esas son situaciones que pueden ocurrir, es parte de las posibilidades del debate”, señaló.

    Finalmente, el titular de la Segegob recalcó que “vamos a hacer los esfuerzos para construir los acuerdos, sabemos que hay bancadas que han señalado que van a votar en contra, yo reitero que el ánimo del Gobierno es en este momento uno solo y nos olvidemos que la agenda corta no es solo el control preventivo de identidad”.

    “Yo diría que hasta que llegue el momento de la votación, vamos a seguir como corresponde en el debate de un proyecto de ley importante como este, conversando con los parlamentarios para poder avanzar en la mejor norma”, concluyó.

    NM ANUNCIA RECHAZO

    Tras el comité político en La Moneda, los timoneles de la Nueva Mayoría insistieron en sus críticas al control preventivo de identidad contemplado en la agenda corta antidelincuencia, que se votará mañana en la Sala de la Cámara de Diputados.

    El rechazo de los parlamentarios oficialistas se da a pesar de la última propuesta del gobierno  para destrabar el debate: incluir una norma transitoria que restrinja los alcances del control de identidad y que especifique que sólo podrá ser realizado siempre y cuando los efectivos cuenten con tecnología en línea que permita realizarlo de manera automática.

    “Lo que el gobierno tiene que tomar nota es que mayoritariamente las bancadas de la Nueva Mayoría no están por respaldar el control preventivo”, dijo el presidente del PPD, Jaime Quintana.

    Desde el Partido Radical, Ernesto Velasco manifestó que “hoy constatamos dentro del comité político que no hay unanimidad dentro de la Nueva Mayoría en el control preventivo. Somos muchos los que tenemos no solo dudas sino que creemos que esta es una mala norma que no va a resolver el problema del combate al delito, tiene mucha ambigüedad, hay poca precisión en lo que son no sólo el tema de las libertades sino que también en lo que son las restricciones en democracia”.

    “He pedido al gobierno que se haga una revisión, una adecuada redacción y que cautele por un lado el combate al delito dando facultades a las policías pero también las libertades de las personas”, añadió.

    En tanto, senadora DC, Carolina Goic, adelantó que la iniciativa deberá pasar a comisión mixta.

    “Es un proyecto que aún está en tramitación legislativo, se han generado diferencias que probablemente van a llevar a que algunos de los artículos vayan a comisión mixta, pero tal cual como lo hemos hecho en otros proyectos esto es parte de un proceso legislativo que lo que busca es tener le mejor texto”, dijo Goic.

    “Confió en que finalmente vamos a llegar a un acuerdo y a un proyecto que va a cumplir con ambos objetivos pero que sobre todo va a ser un aporte concreto para la seguridad ciudadana (…) si es texto puede ser aun perfeccionado bienvenido”, acotó.

    DIPUTADOS ENTREGAN CARTA EN RECHAZO AL CONTROL PREVENTIVO

    Por otro lado, un grupo de diputados del PS, PPD y DC llegaron temprano a La Moneda para entregar una carta en rechazo al control preventivo de identidad y a las sanciones por filtraciones.

    «Mañana no estarán los votos disponibles de los socialistas para estas dos temáticas fundamentales de la agenda antidelincuencia (…) queremos que se reconsideren estos dos temas porque esta no es la forma de combatir la delincuencia», dijo el diputado PS, Juan Luis Castro.

    Asimismo, su par Leonardo Soto manifestó que «la fórmula despachada por el Senado presenta problemas de todo tipo, básicamente desde el punto de vista de la discriminación en razón de condiciones sociales. Para hablar más claro, si se aprueba esta herramienta se va a trasformar en un control de identidad que no será por sospecha, sino por pobreza».

    «Atenta contra el objetivo de vivir en una sociedad donde todas las personas sean tratadas con igual respeto, prestándose para la discriminación y eventualmente el abuso policial. En consecuencia, pedimos al ministro de Interior que suspenda la tramitación para legislar con los estándares democráticos que corresponde», acotó el legislador.  (Emol-La Tercera)

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