La desconexión eléctrica y de comunicaciones que sufrimos muchos a fines de febrero y que esta semana nos informamos que había demorado más de la cuenta por problemas con el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), no fue sólo una excusa para juntar a la familia en torno a antiguos juegos de mesa iluminados por velas, fue la evidencia de un país altamente vulnerable debido a una gestión deficiente y una mala conceptualización de los riesgos.

Apagar al 80% del país no es el problema de fondo, hay situaciones que pasan y muchas veces superan nuestro control, pero la falta de planificación para momentos como este no es accidental.

El nombre infraestructura crítica no es antojadizo, sino que tiene que ver con la importancia de ésta para el normal desarrollo de la vida de los chilenos y del funcionamiento del Estado. ¡Y qué más crítico que la necesidad de contar con electricidad y comunicaciones!

Entonces, si es tan importante ¿por qué no es parte de nuestros planes de seguridad? La razón, aún no ocupamos bien los términos y nos referimos a la seguridad como si se tratara de la seguridad pública, pero eso es sólo una parte. Deberíamos estar hablando de seguridad nacional, de la estrategia que la guíe y que oriente las acciones sectoriales y donde, por supuesto, la infraestructura crítica tiene un lugar fundamental.

Si hoy en Chile estuviéramos hablando de seguridad nacional podríamos hacernos cargo de todas las vulnerabilidades del Estado, no sólo las relacionadas con la delincuencia más o menos organizada. Estaríamos planificando para emergencias eléctricas o cortes de carreteras o hackeos a sistemas portuarios. En otras palabras, estaríamos asegurando al Estado en todas sus dimensiones haciéndonos cargo realmente de las fortalezas y debilidades.

Si estuviéramos hablando de seguridad nacional podríamos planificar la política pública con los énfasis necesarios, identificando a los responsables de cada materia, contaríamos con una estructura clara y modelo de gestión del Estado acorde a los desafíos de hoy.

Alemania, España, Estados Unidos, Reino Unido y tantos otros lo tienen claro. La seguridad nacional es aquello que nos permite utilizar todas las herramientas del Estado según sea necesario. Planificar desde la perspectiva de ésta permite al Presidente orientar sus esfuerzos, conocer los escenarios de riesgo y potenciales conflictos, adelantarse a las vulnerabilidades y hacerse cargo de manera integral de un asunto fundamental para el desarrollo: la seguridad.

Llegó la luz, llegó marzo y también, la carrera presidencial con candidatos de ambos sectores políticos y unos cuantos más por definirse. La seguridad ya marca las agendas presidenciales, pero cuidado con llegar a los populismos fáciles. Hablar en serio de seguridad es mucho más que crimen organizado. Hablar en serio de seguridad es hablar de seguridad nacional, sólo así los chilenos podrán vivir seguros y el Estado funcionar correctamente. La probidad y transparencia no puede faltar, pero esto es un tema para otro momento. (El Líbero)

Pilar Lizana

Cada día resulta más absurdo el mito de que los docentes organizados en el Colegio de Profesores luchan por la educación. En los hechos, lo que defienden no son el derecho a aprender de los niños, sino sus propios intereses, y lo hacen del modo más bajo posible: utilizando como palanca la educación de los estudiantes, especialmente la de los más pobres.

El paro indefinido anunciado por el gremio en Santiago es solo la última demostración de una larga historia de chantajes disfrazados de justicia laboral. Apenas se va el Partido Comunista del municipio, las movilizaciones se activan, dejando sin clases a más de 25 mil estudiantes. Es imposible no notar la coincidencia: cuando la administración está en manos de la izquierda radical, la convivencia entre autoridades y gremios permite que las aguas se mantengan tranquilas. Pero cuando alguien ajeno a esta órbita asume el mando, el Colegio de Profesores no tarda en buscar el conflicto, sin importar que los perjudicados sean los niños que dicen querer educar. No sé quiénes son más nostálgicos de Irací Hassler: si el Colegio de Profesores o los empresarios chinos amigos de Karol Cariola.

El discurso gremial siempre gira en torno a la dignidad del profesor y los derechos adquiridos. Pero cuando esos reclamos se transforman en paros que afectan solo a quienes dependen de la educación pública, la narrativa se desploma. La lucha del gremio no es por la educación, sino por los beneficios económicos y políticos. Y mientras los docentes paralizan, los colegios particulares siguen funcionando con normalidad. No es casualidad que el Colegio de Profesores rara vez impulse una discusión seria sobre la calidad educativa o la mejora de los aprendizajes. Su accionar demuestra que la educación no es su prioridad, sino una herramienta para presionar y asegurar sus propios privilegios.

¿Acaso los profesores colegiados, como cualquier individuo, no tienen derecho a velar por sus intereses? Por supuesto que sí. El problema radica en que lo hacen vulnerando los derechos de los estudiantes, quienes deberían ser la verdadera prioridad del sistema educativo. No olvidemos lo bajo que han caído algunos profesores, como en Atacama, donde, tras un paro de 83 días que afectó a más de 30 mil alumnos, algunos docentes siguieron recibiendo su sueldo sin descuentos mientras ofrecían clases particulares a los mismos estudiantes que dejaron sin enseñanza en las aulas.

Lo más lamentable es que los más perjudicados no son ellos, que seguirán recibiendo sus sueldos y eventualmente lograrán lo que buscan mediante la presión. Los verdaderos afectados son los niños y adolescentes más pobres de Santiago, aquellos para quienes la escuela es la única vía para aspirar a un futuro mejor. Cada día sin clases es una oportunidad perdida, una brecha que se amplía, un paso más hacia el fracaso escolar y la marginación.

Ciertamente, la paralización de las clases no es solo responsabilidad del Colegio de Profesores, sino también de quienes permiten este abuso, en este caso, la Municipalidad de Santiago, sostenedora de los colegios sin clases. El alcalde Desbordes tiene el deber ineludible de garantizar la educación y sancionar estas prácticas. Si bien políticamente esto puede parecer un desafío, la solución es sencilla: Desbordes debe castigarlos donde más les duele, para que no repitan este tipo de atropellos contra los estudiantes.

El Colegio de Profesores ha dejado claro que su prioridad no es la educación ni el bienestar de los estudiantes, sino sus propios intereses. Mientras sigan utilizando a los alumnos más vulnerables como herramienta de presión, su discurso sobre la dignidad docente y la justicia social carecerá de todo fundamento. Es hora de que la sociedad chilena lo entienda: estos paros no buscan mejorar la educación, buscan fortalecer a un gremio que, lejos de ser un garante del derecho a aprender, se ha convertido en su mayor enemigo. (El Líbero)

Juan L. Lagos