La Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), respondió este sábado a la auditoría (Informe Final N° 361 de 2024) de la Contraloría General de la República (CGR) que advirtió una falta de control financiero en la entidad y que, producto de ello, anunció la apertura de un sumario.
En términos generales, la CGR expuso que se detectó el incorrecto uso de cuentas de anticipo por desembolsos no declarados en el presupuesto. Además, que se constató la existencia de pagos por parte del Centro de salud institucional no restituidos y se observaron $9 mil millones sin cobrar desde hace años.
A través de un comunicado, Capredena expuso que «la actual administración, encabezada por el vicepresidente ejecutivo, Andrés Culagovski, asumió en febrero del año 2023» y «una vez en el cargo, se tomó conocimiento de las observaciones que luego serían informadas por Contraloría en el informe N°361, con fecha 11 de diciembre de 2024».
«Cabe destacar, que en la Resolución Exenta N°3455 del 20 diciembre de ese mismo año, se instruyó una investigación sumaria destinada a indagar con mayor profundidad las razones que originaron lo observado por el organismo contralor», agregó.
Asimismo, indicó que Capredena, «dentro de los plazos estipulados, con fecha 31 de enero de 2024, remitió los antecedentes y reforzó su investigación interna y los planes de trabajo ya estipulados. Finalmente, el informe de seguimiento de la Contraloría estableció que instruirá un procedimiento disciplinario, respecto de cuatro puntos, para esclarecer y determinar la responsabilidad administrativa».
«Señalar que esta administración está trabajando fuertemente en corregir las observaciones realizadas por Contraloría, con miras a entregar el servicio que merecen nuestros usuarios y usuarias, así como la ciudadanía en general. En este sentido, este servicio prestará total colaboración en transparentar todo aquello que se requiera, así como al establecimiento de nuevos y más exigentes protocolos», finalizó.
Hay que mencionar que diputados de Renovación Nacional anunciaron la presentación de una solicitud formal de creación de una comisión investigadora en la Cámara Baja, «con el objetivo de esclarecer el uso irregular de recursos públicos en la institución». (Emol)
Una rápida efecto en las encuestas tuvo el anuncio de la exministra del Interior, Carolina Tohá, que renunció hace tres días para competir en las próximas elecciones presidenciales, según indica Panel Ciudadano-UDD.
La encuesta asevera que Tohá pasó de un 3% a un 12% de las preferencias en tan solo un mes, lo que se explicaría por el traspaso de votos de la expresidenta Michelle Bachelet hacia la precandidata del PPD, tras la negativa de la confirmación de la negativa de la exmandataria a competir en los próximos comicios.
No obstante, el estudio consideró cinco escenarios potenciales para las elecciones del Ejecutivo, donde varía el grado de dispersión de candidatos en cada coalición, bajo la pregunta: «Si hubiera una elección presidencial el próximo domingo ¿Por qué candidato votaría?».
Los resultados arrojaron que en todos los casos Evelyn Matthei (UDI), Carolina Tohá (PPD), José Antonio Kast (PRCh) y Johannes Kaiser (P. Libertario), ocupan los primeros cuatro puestos. Sin embargo, en todos ellos la candidata de la UDI y RN, mantiene el liderazgo con un amplio margen.
En el escenario actual, con una izquierda y derechas divididas, donde se consideraron figuras —además de las ya mencionadas— como Tomás Vodanovic (FA), Franco Parisi (PDG), Rodolfo Carter (ind. ex UDI), Daniel Jadue (PC), Marcos Enriquez-Ominami (ind. ex PRO) y Claudio Orrego (ind. ex DC); la exalcaldesa de Providencia gana con un 25% de las preferencias, seguida por Kaiser con un 15% y Kast con un 13%. En estas circunstancias, la exministra de Interior quedaría en cuarto lugar con un 12%.
En una situación donde la izquierda fuera unida con Tohá, pero con el exalcalde de Recoleta compitiendo por fuera del bloque, los resultados dejan a la cabeza a Matthei (26%) y en segundo lugar, empatados con un 17%, a Tohá y Kaiser.
Finalmente, en el hipotético caso de que la izquierda vaya con Tohá como candidata única frente a Matthei, Kaiser y Kast; la eventual abanderada del PPD quedaría a la par con el líder del Partido Libertario, con un 18%, mientras que la exalcaldesa de Providencia se impondría con un 27%.
El estudio fue realizado a través de WhatsApp y SMS y tuvo una participación de 1.084 personas mayores de edad, de todas las regiones del país. Asimismo, tiene un margen de error de 3% al 95% de confianza. (Emol)
En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Presidente Gabriel Boric anunció que ingresará un proyecto de ley al Congreso Nacional que busca subsanar las inequidades de las que son objeto las mujeres en el sistema electoral.
En una actividad realizada en Quinta Normal, el Mandatario valoró el rol de mujeres en la actividad pública y anunció «voy a enviar al Congreso un proyecto de reforma constitucional para asegurar que las mujeres tengan igualdad de condiciones en el sistema electoral».
«Hay gente que se niega a cualquier tipo de comprensión respecto de la discriminación que sufren las mujeres que entran a la política. Preguntémonos por qué», inquirió y relevó que «16% ciento de las mujeres son alcaldesas, sólo 16%, lo que significa que los hombres son 84%». «No hay ninguna gobernadora hoy día en las 16 regiones, ninguna gobernadora», continuó.
«En la Cámara de Diputados, cuando yo fui diputado, me acuerdo que era 13% de las mujeres, hoy día va a ser un poquito más, treinta y algo. Para qué decir cuando la Presidenta de la Cámara de Diputados era Isabel Allende, cómo pelearon ustedes en ese momento por todos esos cambios», añadió.
En ese sentido, explicó que «lo que queremos hacer es cambiar las normas para que su liderazgo sea más visible y puedan acceder sin trabas a espacios de toma de decisión, en especial a nivel regional y a nivel municipal, estableciendo que las listas electorales tienen que estar compuestas de manera equilibrada por hombres y mujeres, en donde la democracia represente, por lo tanto, a todas por igual, y no hoy día donde hay una tremenda, tremenda discriminación».
«Este mecanismo va a ayudar a superar las brechas que históricamente han enfrentado las mujeres que deciden dedicarse a la política y al servicio público, porque ahí también se da otra anomalía, que algunos tienden, como se naturaliza, pero no está bien. Muchas mujeres que entran en política salen rápidamente, salen inmediatamente, porque las condiciones que tienen, la discriminación que tienen, son distintas, y eso lo estamos edificando sobre logros anteriores», indicó.
Y añadió que «por ejemplo, la reforma del sistema binominal de la Presidenta Bachelet, el voz y voto de las mujeres, queremos que lo mismo sea con los consejeros regionales también y con las concejalas».
«Esto tiene que estar presente, las mujeres tienen que estar presentes, tienen el derecho a estar presentes en los espacios de poder político, y que haya más mujeres en cargos electos contribuirá a tener organismos más representativos y una mejor toma de decisiones», aseveró.
«UNA VERGÜENZA»
En la conmemoración del Gobierno del Día Internacional de la Mujer, el Presidente Gabriel Boric anunció una reforma constitucional para garantizar igualdad de género en el sistema electoral.
«Lo que queremos hacer es cambiar las normas para que su liderazgo sea más visible y puedan acceder sin trabas a espacios de toma de decisión, en especial a nivel regional y a nivel municipal, estableciendo que las listas electorales tienen que estar compuestas de manera equilibrada por hombres y mujeres, en donde la democracia represente, por lo tanto, a todas por igual. Y no hoy día, donde hay una tremenda, tremenda discriminación», explicó.
Además, afirmó que el proyecto, «ayudará a superar las brechas que históricamente han enfrentado las mujeres que deciden dedicarse a la política y al servicio público».
El aviso del pronto mensaje del Mandatario generó reacciones en el Congreso. La diputada Camila Flores (RN), indicó que «tenemos que esperar a revisar la reforma que ha anunciado el Presidente de la República».
«En principio y en términos generales de lo que ha dicho, no me parece una mala idea que las mujeres encabecen la lista y que efectivamente haya un 60% de un género a lo menos y un 40% de otro. Tenemos que esperar a ver qué es lo que va a llegar porque muchos de estos anuncios vienen con letras chicas y conocer la reforma que ha anunciado el Presidente es fundamental para ver los detalles», formuló.
No obstante, afirmó que «yo me niego a que por ley a las mujeres se les permitan discriminaciones positivas generando distorsiones en las elecciones como fue en uno de los procesos constituyentes donde mujeres que tenían muy pocos votos reemplazaron a hombres que habían sido más votados. Yo creo que la gente tiene todo el derecho a elegir a quien mejor le parezca sea hombre o sea mujer indistintamente de su género».
«Lo importante es que sean los mejores y eso sé que no estoy disponible para meterle la mano a la urna y distorsionar la democracia representativa. Hay otra fórmula en las cuales uno podría estar de acuerdo pero la paridad de salida por ningún motivo», adujo.
Más severa fue la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann. «Lo que ha propuesto hoy día es una vergüenza. Hemos avanzado en la ley de cuotas y él debiera saber que para plegar la ley de cuotas, ese es un proyecto que está en el Senado hace mucho tiempo. Pero eso no es relevante».
«Las mujeres políticas no deben ser la prioridad de este gobierno. Deben ser las mujeres chilenas ¿Cómo avanzamos en igualdad salarial? ¿Cómo avanzamos realmente en mejorar? Y dimos un paso importante en las pensiones. Pero, lamentablemente, el presidente Boric no tiene ninguna obra relevante y está absolutamente endeudado hoy con las mujeres», añadió. (Emol)
Diputados de Renovación Nacional informaron que solicitarán una comisión investigadora, luego de que una auditoría de la Contraloría General de la República advirtiera una falta de control financiero en la Caja de Previsión Social de la Defensa Nacional (Capredena).
De acuerdo con la entidad, en términos generales, se detectó el incorrecto uso de cuentas de anticipo por desembolsos no declarados en el presupuesto.
Además, se constató la existencia de pagos por parte del centro de salud institucional no restituidos y se observaron $9 mil millones sin cobrar desde hace años.
Así, la bancada de parlamentarios RN anunció que presentará una solicitud formal de creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, «con el objetivo de esclarecer el uso irregular de recursos públicos en la institución».
El diputado Eduardo Durán, integrante de la bancada, aseguró que «es escandaloso lo que reveló la Contraloría en Capredena: más de $18 mil millones sin respaldo, deudas impagas desde hace décadas y una absoluta falta de control sobre los recursos públicos».
«No estamos ante simples errores administrativos, sino ante una gestión negligente que pone en riesgo los fondos de quienes han servido al país. Vamos a pedirle a la ministra de Defensa que explique cómo permitirá que continúe esta negligencia, exigiremos sanciones inmediatas a los responsables y, desde Renovación Nacional, impulsaremos una comisión investigadora para llegar al fondo de estas irregularidades y lograr que los responsables rindan cuentas», agregó.
La presidenta de la Comisión de Defensa, Camila Flores, señaló por su parte que «la información que ha sido posible conocer por este informe que ha elaborado la Contraloría respecto de una serie de falencias de Capredena, me parecen de la máxima gravedad. Estamos hablando de montos millonarios, que esperemos la institución pueda esclarecer lo antes posible y que no se vean afectados, sobre todo, los usuarios de este sistema de Capredena. Me parece que las resoluciones finales, las observaciones finales que ha podido encontrar la Contraloría son graves y sin duda podrían acarrear consecuencias disciplinarias de quienes tienen a cargo la gestión de esta institución».
La Contraloría detalló que, entre los principales hallazgos de la auditoría, se verificó que «el servicio no utiliza las cuentas de anticipo conforme a su finalidad y mantiene, al 31 de diciembre de 2023, pagos que no fueron justificados en el presupuesto por $18.121.571.645. Estos datos, además, no poseen análisis, lo que impide determinar porque se originan dichos anticipos».
Asimismo, el Informe Final N° 361 de 2024, reveló que «Capredena no tiene un control de los recursos que paga por diversas operaciones del Centro de Salud y Rehabilitación y que luego deben ser reintegrados al sistema, lo que, hasta el año 2023 suman $5.222.053.817. No recuperar estos pagos genera que estos se financien con recursos destinados para otros fines, lo que además implica un riesgo de no detectar irregularidades oportunamente». (Emol)
«No mantendremos las intensas relaciones comerciales. El asunto se ha acabado». Así respondió el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, con una sonrisa, a la pregunta de DW sobre el estado de las relaciones con Israel, durante una visita de Estado del presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier.
En aquel momento, hace unas dos semanas, el anuncio era que Turquía «restringiría» la exportación de 54 productos a Israel. Pocos días después de la declaración de Erdogan, el Ministerio de Comercio turco anunció que Ankara suspendería completamente sus relaciones comerciales con Israel.
En un informe publicado en 2022 por la asociación de exportadores turcos TIM, el comercio bilateral se describe como el «ámbito menos problemático» entre ambos países: «El comercio entre Turquía e Israel tiene una estructura estable e independiente de las preocupaciones políticas». Esto ya no es así.
El volumen del comercio conjunto en 2022 se cifraba en nueve mil millones de dólares estadounidenses. Israel exportó a Turquía mercancías por valor de más de dos mil millones de dólares. Turquía, por su parte, exportó a Israel mercancía calculada en unos siete mil millones de dólares.
En 2023, el volumen de comercio conjunto se redujo a unos siete mil millones de dólares estadounidenses, según la agencia de noticias Reuters.
PERSPECTIVAS NEGATIVAS PARA TURQUÍA
¿Cómo afectará la suspensión del comercio con Israel a la economía turca, que ya de por sí se encuentra en una situación difícil?
Oguz Oyan, economista emérito y expolítico del mayor partido de la oposición, el CHP (Partido Popular Republicano), predice que esta decisión afectará a las inversiones extranjeras en Turquía.
«Occidente, es decir, Estados Unidos y Europa, no ve con buenos ojos a los países que sancionan a Israel», dice Oyan. «La prohibición del comercio no sólo tendrá un impacto negativo en las relaciones con Israel, sino también en las relaciones con los mercados financieros -y, por lo tanto, también en el flujo de dinero hacia Turquía».
TURISMO EN PELIGRO
El turismo es uno de los sectores que podrían sufrir las consecuencias de la prohibición comercial.
Hasta ahora, Turquía era un destino popular para los turistas israelíes. Alrededor de 850.000 israelíes visitaron el país en 2022, el primer año después de las restricciones por la pandemia de COVID-19. En 2023, la cifra fue un 9 por ciento inferior.
CONSECUENCIAS LEGALES
Israel Katz, ministro de Exteriores de Israel, expresó su indignación tras conocer la decisión de Turquía de interrumpir por completo las relaciones comerciales: «Erdogan está violando los acuerdos internacionales al bloquear los puertos. Está ignorando los intereses del pueblo turco y de los empresarios turcos. Así es como se comporta un dictador», afirmó Katz.
¿Hay consecuencias legales? «No», opina Funda Başaran Yavaşlar, profesora de la Universidad de Marmara en Estambul especializada en derecho financiero internacional.
Hasta ahora, ninguna de las partes ha tomado medidas para rescindir los acuerdos. Y Başaran estima que esto seguirá siendo así.
Según Başaran, una posible solución podría encontrarse en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Ambos países son miembros y podrían beneficiarse de los mecanismos de la OMC. (DW)
En un comunicado la cartera denunció «la tentativa de homicidio y el posterior secuestro de 29 miembros de la Fuerza Pública» en el departamento del Cauca.
Según confirmó este viernes el ministro de Defensa, general retirado Pedro Sánchez Suárez, los hechos ocurrieron el jueves (6.03.2025) en los caseríos de El Plateado y La Hacienda, situados en los municipios de Argelia y El Tambo, zona donde se registra una de las mayores concentraciones de cultivos de coca en Colombia, según la ONU.
«La vida y seguridad de los miembros de la Fuerza Pública secuestrados es responsabilidad directa de quienes cometieron este repudiable delito», manifestó el ministro en un extenso mensaje en su cuenta de X.
Según el ministerio, «pobladores instrumentalizados» por los guerrilleros participaron en el secuestro, en represalia por una ofensiva militar que lanzó en el Gobierno para frenar el narcotráfico y la violencia en la región.
Videos publicados por las autoridades muestran una tanqueta que huye en llamas mientras un grupo de personas le tira piedras. En otros, se observa a policías antidisturbios lanzar granadas de humo y avanzar por una calle en medio de disparos.
FACCIONES ENFRENTADAS
El Gobierno asegura que el Estado Mayor Central (EMC) es responsable de las acciones «ejecutadas con sevicia y vistiéndose de civil para infiltrarse y atentar contra la integridad» de los uniformados.
En un mensaje en X, el presidente Gustavo Petro sostuvo que el EMC actúa con «desespero y por eso utiliza la población civil». El EMC llevaba a cabo negociaciones de paz con el Gobierno de Petro, pero se dividió en 2024 en dos facciones. «Su debilidad militar no le permite enfrentarse con el Ejército», añadió el mandatario de izquierda.
En esta zona opera la escisión bajo el mando de alias Iván Mordisco, que se apartó de los diálogos y aumentó su presión violenta contra las fuerzas estatales. La otra facción, dirigida por alias Calarcá, mantiene las conversaciones.
Los disidentes «no solo reclutan de manera forzada a menores de edad, sino que instrumentalizan y coaccionan a la población civil con el fin de expulsar a la Fuerza Pública y evitar que las instituciones del Estado brinden acceso a salud, educación, trabajo y oportunidades para la transformación del territorio», añadió el ministerio de Defensa.
Colombia atraviesa su más grave ola de violencia en la última década, con distintos focos en el noreste y suroeste del país. La escalada pone en jaque la apuesta del Gobierno de lograr el desarme de todos los grupos armados de Colombia, para desactivar un conflicto interno de seis décadas. (DW, efe, afp, @PedroSanchezCol)
Se anunció con bombos y platillos, pero en sólo cuestión de días la idea se desmoronó por completo y días más tarde se judicializó.
Era el martes 31 de diciembre de 2024, cuando el Ministerio de Bienes Nacionales (BB.NN.) informaba que el gobierno había logrado un anhelo que el Presidente Boric venía planteando desde 2022. A eso de las 11.57 horas de este día la cartera envió el comunicado donde confirmaba que se habían adquirido las casas de los expresidentes Patricio Aylwin y Salvador Allende.
Eso sí, los festejos en torno a esa segunda adquisición duraron poco más de 72 horas. Tras duros cuestionamientos, la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público y una serie de reproches respecto de la constitucionalidad del acto, se echó pie atrás. Y es que lo más complejo era que la adquisición involucraba a dos autoridades -la senadora Isabel Allende (PS) y la ministra de Defensa, Maya Fernández (PS)-, que -por ley- tenían restricciones en celebrar contratos con el Estado.
La tarde del 3 de enero, desde BB.NN., en ese momento encabezado por Marcela Sandoval (FA), comunicaron que La Moneda se desistía de la compra. Veintiún días después, el gobierno la haría la responsable política del hecho, pidiéndole su renuncia, y más tarde la Fiscalía la citaría en calidad de imputada, al igual que la hija y la sobrina del fallecido Presidente Allende.
Sandoval es una de los más de 10 representantes oficialistas que han sido citados a declarar en la indagatoria que dirige el fiscal regional Patricio Cooper. Su testimonio es uno de los elementos del expediente, al que tuvo acceso La Tercera, y donde se ha develado -a través de distintos interrogatorios- que hubo funcionarios de gobierno que habrían advertido de forma previa inconsistencias en el proceso, pero que no fueron considerados.
UN PLAN «PERFECTO»
A pesar de que las diligencias del Ministerio Público -que impartió orden de investigar a la Brigada Anticorrupción de la PDI- recién comienzan, hay un elemento que ya quedó meridianamente claro. Luego de concretar la venta, la familia Allende pretendía -luego de la millonaria venta al Fisco- seguir teniendo el control del inmueble, un antecedente que llamó la atención de los investigadores.
De acuerdo con la declaración que entregó José Rafael Cortés (PC), abogado asesor de la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Nélida Pozo, fue así que se presentó el proyecto de parte del abogado de la familia Allende, Felipe Vio (yerno de la senadora) y del arquitecto Genaro Cuadros, encargado de la iniciativa.
“Los representante de la familia Allende me entregaron el proyecto escrito, consistente en un documento de cinco carillas, denominado “Guardia Vieja 392, Casa Museo Presidencial Salvador Allende Gossens”, donde se propone la adquisición por parte del Fisco de esta propiedad, para ser destinada a una casa-museo, que conservara la memoria del expresidente, proponiendo un modelo de gestión que involucre a la Fundación Salvador Allende (FSA), que recibiría en comodato de parte del Fisco”, declaró el 21 de enero en dependencias de la Fiscalía Nacional.
Ese antecedentes, como él mismo planteó, habría sido la razón para que el servicio del que formaba parte no ejecutara la compra y se traspasara la misión a Bienes Nacionales, ya que así el inmueble que iba a ser comprado por el Estado podría ser administrado por una entidad pública o una privada.
Pero el “expediente del caso por la fallida compra de la casa de Allende” cuenta con más declaraciones que son hoy de interés para la Fiscalía.
Junto a las advertencias de funcionarios públicos, que fueron desatendidas, están también huellas de cómo en el proceso la propia familia Allende solicitó que la adquisición fuera por más dinero respecto de las primeras tasaciones y cómo de manera exprés estos requerimientos se cumplieron al pie de la letra.
A continuación, algunas partes de la indagatoria que hoy complica a la senadora Allende y su sobrina, ambas consideradas como imputadas en la indagatoria.
En dos semanas el gobierno elevó en casi $ 100 millones más el precio de la casa de Allende. FOTO PABLO VÁSQUEZ R
AUMENTO DEL PRECIO Y PROBLEMAS CON CHEQUES
Cuando el gobierno informó que se había firmado la compraventa de la casa del expresidente Allende, los primeros reproches, sobre todo de la oposición, fueron por lo referente al valor que se pagaría.
Pero la familia Allende no lo veía así. De hecho, como se desprende de la declaración de Pablo Maino, quien está a la cabeza de la División de Bienes Nacionales en la cartera del mismo nombre, los vendedores apostaban a que fuera más. Esto, porque inicialmente las tasaciones que había realizado el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat) -que estaba a cargo de compra en una primera etapa- habían arrojado un precio superior.
Al constatar disparidad de criterios en las evaluaciones solicitadas por Serpat, Bienes Nacionales hizo una nueva valoración. “El día 12 de septiembre del 2024, la unidad de fiscalización y tasación elabora este informe de tasación Nº 22-2024, la que determina un valor total del inmueble de 21.904,59 UF equivalentes a $ 828.920.942″, declaró Maino.
Pero la disconformidad se planteó por parte de la familia Allende y fue acogida. Como indicó a los investigadores, el 7 de octubre del 2024 se reunió con el representante legal de la familia Allende, Felipe Vio, quien le pidió “aclarar por qué hay tanta diferencia entre el valor de las tres tasaciones comerciales contratadas por el Serpat y la tasación de Bienes Nacionales”. Agregó que ahí “le informé el análisis efectuado por la Unidad de Fiscalización y Tasación que fundamentó la elaboración de la tasación del ministerio. En esta reunión, Felipe Vio manifestó su disconformidad respecto de criterios empleados y ante esto le dije que lo dejara por escrito”.
Dos días más tarde Vio respondió ratificando el interés de vender, pero insistió en que el precio era bajo y “que había dos aspectos que corregir”. En función de eso, Bienes Nacionales hizo una nueva evaluación y finalmente definió un valor a pagar por el inmueble de $ 922.152.558, esto en función de lo que planteaba Vio y producto de un nuevo informe de tasación con el N°23-2024, todo en menos de 15 días desde que los vendedores ingresaron la carta.
“El día 28 de octubre del 2024, el representante legal de la familia Allende responde aceptando el precio”, declaró Maino.
A la hora de emitir los cheques para el pago, se sumaron otros inconvenientes que tuvieron que corregir con urgencia. Como el mismo Maino planteó, se cursaron cuatro cheques a nombre de los cuatro propietarios, pero luego se indicó que debía ser sólo uno y a nombre de Vio.
“El 30 de diciembre, cerca de las 16.00 horas, Denisse Hernández, del gabinete de la ministra, me informó que se quiere cambiar la modalidad de pago, pasar de cuatro cheques para cada uno de los propietarios a un cheque extendido al representante legal, desconozco los motivos de esta solicitud”, dijo al respecto.
De igual forma, el profesional destacó que no recibió alertas sobre errores en el proceso y tampoco presiones. “No tengo recuerdos que se me hubiese informado, ya sea como una alerta o una observación de algún tipo de consecuencia jurídica que pudiese acompañar en este proceso. Sin embargo, dentro de la DBN lo habíamos conversado con Felipe Lanchares, como un efecto político y comunicacional, en el sentido de que se pudiera cuestionar que se impulsara la compra de una vivienda donde había una senadora y una ministra de por medio”, aseguró.
La senadora Isabel Allende, el fiscal Patricio Copper y la ministra Maya Fernández.
TODAS LAS ADVERTENCIAS FUERON DESOÍDAS
Si bien el asesor del Segundo Piso de La Moneda que estaba a cargo de seguir la compra de la casa del expresidente, el abogado Leonardo Moreno, indicó en su declaración judicial que nadie le hizo advertencia alguna respecto de las inconsistencias de la operación, en la carpeta investigativa hay al menos cuatro declaraciones de funcionarios que mencionaron que sí se encendieron alertas.
En primer lugar, la otrora ministra Sandoval indicó que ella misma le manifestó ciertas complejidades a Moreno. Ante los investigadores, indicó: “Recuerdo que en algún momento, cuando se había aprobado el presupuesto, le manifesté a Leo Moreno, vía telefónica, indicando que era complejo que la ministra Maya Fernández fuera parte de los vendedores. A lo cual Moreno me indicó que esto se manejaría de forma comunicacional”.
Situaciones similares manifestaron el abogado José Rafael Cortés y la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Nélida Pozo, quienes transmitieron a la Fiscalía que en abril de 2024 el mencionado asesor y Paz Carmona, también de la misma unidad, habían elaborado una minuta donde advirtieron que un problema para la compra era la presencia de dos autoridades de Estado como dueñas del inmueble.
“Con fecha 24 de abril de 2024, Paz Carmona le escribe al jefe de gabinete de la ministra de las Culturas, Gonzalo Pinto, enviándole una minuta de la compra de casas presidenciales, en donde en el título de elementos a considerar pusimos que se debe tener presente que en la sucesión existirían dos personas miembros quienes tienen la calidad de autoridades, para efectos jurídicos y comunicacionales del proyecto”, manifestó Pozo
A su turno, Macarena Diez, quien por esos días era la jefa de la División Jurídica de Bienes Nacionales, también sinceró a los investigadores que, en septiembre de 2024, le comunicó reparos a la jefa de gabinete de la exministra Sandoval, Denisse Hernández.
“Le manifesté mis aprensiones respecto a que faltaba mucha documentación para un correcto control (…), además no había una motivación clara para la adquisición de estos inmuebles, y adicionalmente que para el caso de la casa de Allende, que las propietarias eran una ministra y una senadora, lo que podría traer un cuestionamiento jurídico y político”, se lee en la transcripción de su declaración. Ahí también recalcó que lo anterior “ponía en riesgo la transparencia, probidad y conflicto de interés de todo el proceso y, por supuesto, de las involucradas”.
La exministra Marcela Sandoval declaró que advirtió de inconsistencias en el proceso a Leonardo Moreno.
DEFENSA DE ASESORA DE BORIC Y DE CONTRALORÍA
Uno de los nombres que se han repetido a la hora de analizar el intento de compra de este inmueble es el de la abogada Francisca Moya, jefa de la División Jurídica de la Segpres y quien tiene entre sus labores revisar todos los documentos que firma el Presidente Gabriel Boric. Por lo mismo, en este caso, se llenó de cuestionamientos.
En medio de su declaración del 20 de enero ante el Ministerio Público y en calidad de testigo defendió su labor. Aseguró que se comunicó con Felipe Vio, quien le dijo que las propietarias no habían firmado. “Desconozco quién debió haber considerado las prohibiciones que establecía la Constitución, pues desconozco quiénes son las personas a quienes se les encargó planificar, analizar y materializar esta tarea”, declaró.
En ese sentido, una de las principales asesoras de Boric sostuvo que “respecto de los cuestionamientos a mi persona, específicamente por visar el decreto que firma el Presidente, quisiera señalar que el decreto es completamente legal, como fue ratificado por la Contraloría. Ni mi equipo ni yo fuimos responsables o parte de las personas que estuvieron a cargo de planificar el diseño y materializar esta tarea”.
Junto con esto, dijo: “También me gustaría aclarar que el decreto supremo no constituye un contrato, no es un acto bilateral ni suscrito por particulares. Lo que hace es autorizar la adquisición de un inmueble por sus específicas cualidades, es decir, no implica la compraventa del inmueble, el decreto no adolece de vicios de constitucionalidad ni legalidad”. Finalmente, precisó que fueron requeridos recién el 3 de enero.
Considerando que como la misma Moya planteó, el decreto que autorizaba la compra fue visado por Contraloría, el Ministerio Público también ofició a la entidad para que aportara los antecedentes que había tenido a la vista, los que fueron remitidos el 20 de enero por Dorothy Pérez. Además, el subcontralor Víctor Hugo Merino, quien tomó razón como contralor subrogante, declaró en calidad de testigo.
“En este caso particular, Contraloría estimó que se cumplían las condiciones necesarias para tomar razón (…) El decreto señala quiénes eran los propietarios de este inmueble, sin embargo, mi análisis jurídico concluyó que no era el momento jurídico de referirse a tal aspecto, por cuanto, como se indicara, la finalidad de este acto solo es autorizar la compra, y como hay dos actos administrativos que deben sucederse en el tiempo, considero que el acto administrativo donde se deben analizar las eventuales inhabilidades o prohibiciones es aquel en que se aprueba la escritura de compraventa”, expuso el 21 de enero.
Cuando estalló el caso públicamente, planteó el subcontralor, ellos revisitaron la materia de forma interna y volvieron a concluir lo mismo, incluida la contralora.
“En más de una ocasión se discutió el tema internamente, y el consenso absoluto era que no era la oportunidad de representar el acto atendido al estado del procedimiento administrativo. Asimismo, la contralora general también estaba de acuerdo con esta misma posición, respecto de que este reproche solo se debe hacer en la segunda etapa”, remarcó. (La Tercera)
Más allá de que el Presidente Gabriel Boric (FA) dijo públicamente esta semana que “el candidato del gobierno es Chile”, en La Moneda son pocos quienes ponen en duda que, hasta ahora, la carta favorita del Mandatario para las elecciones presidenciales de este año es su exministra del Interior Carolina Tohá (PPD).
La idea la justifican con varias razones. Una de ellas es la puesta en escena que le concedió el Jefe de Estado a la exalcaldesa de Santiago para su salida del Ejecutivo y posterior lanzamiento de campaña presidencial. Eso se concretó este martes en medio de una presión que fue al alza -principalmente desde su partido, el PPD- para que Tohá anunciara su pretensión de competir por La Moneda, y se pronunciara antes que la expresidenta Michelle Bachelet (PS), quien, al día siguiente de Tohá, rechazó una tercera carrera presidencial.
Los detalles y últimos ajustes de la salida de la exministra se manejaron exclusivamente entre los más altos funcionarios de la Presidencia y del Ministerio del Interior, lo que también reflejó la complicidad que lograron construir el Mandatario y Tohá en los 910 días que estuvo a cargo de la cartera.
Ambos conversaron en varias ocasiones la opción de que ella asumiera una candidatura presidencial con miras a convertirse en la continuidad de la vigente administración, idea que ha calado hondo en el Presidente y sus colaboradores de Palacio.
Tohá, eso sí, no solo hizo esta reflexión con Boric, ya que recogió visiones y opiniones desde distintos espacios políticos, donde hubo presión para que saliera antes que Bachelet con una postura presidencial, para así no quedar expuesta como que ella es un “plan B” dentro del mundo socialdemócrata.
En lo que todos coinciden es que tanto Tohá como Boric comenzaron a tener mayor claridad sobre su renuncia durante la semana pasada, cuando se proyectó que ella tuviera su éxodo entre este jueves y viernes. Sin embargo, su salida se ejecutó el martes, tras dos reuniones en el despacho del Mandatario: la primera de 16 minutos y la segunda, de 28.
Entre las razones que se han conversado para explicar la aceleración de su salida hay al menos tres factores. El primero es que horas antes Tohá había conseguido como hito que la Contraloría tomara razón de los DFL que, en la práctica, dejaban listo el inicio del proceso de implementación del Ministerio de Seguridad, una de las iniciativas que espera que se transformen en uno de sus legados en su paso por el Ejecutivo.
La segunda es que, de postergar su salida, la expondría a una mayor presión por contestar, incluyendo sus visitas al Congreso (el lunes ya había cruzado Teatinos rodeada por la prensa). La tercera era el factor Bachelet, que públicamente Tohá ha descartado.
EVOLUCIÓN DEL VÍNCULO
Fue el Presidente quien propició el vínculo con Tohá. A mediados de 2022, el debate de la convención constitucional estaba en sus momentos álgidos cuando el Mandatario tomó nota de varias intervenciones de la dirigenta PPD.
Quienes conocen de esta etapa sostienen que el Presidente generó una fuerte admiración intelectual por la dirigenta PPD, al punto que el mismo sugirió que la hoy exministra fuera nombrada como vocera de la campaña por el Apruebo, aunque al final ella sólo desempeñó un papel público.
En julio de 2022 el escritor y periodista Patricio Fernández organizó el primer encuentro entre ambos. La cita se concretó en la casa de la exalcaldesa.
En La Moneda estaban conscientes que el Socialismo Democrático era un mundo al que les costaba llegar -previo a la debacle electoral que sufrió el sector con el triunfo del Rechazo en el proceso constitucional-, y que era necesario integrarlos.
Esto quedó plasmado tras el plebiscito constitucional, con el cambio de gabinete del 6 de septiembre de 2022, donde Tohá y Ana Lya Uriarte (PS) ingresaron al comité político en reemplazo de Izkia Siches y Giorgio Jackson (FA), respectivamente.
Previo a eso, Boric habló con Tohá el 4 de septiembre tras los resultados electorales y le pidió ser su secretaria de Estado. Al día siguiente, se volvieron a reunir sobre las expectativas que tenía Boric sobre su rol en caso de arribar al Ejecutivo.
Desde ese momento, Tohá comenzó a convertirse de manera paulatina en una figura con mayor ascendencia en el Presidente.
Atrás quedaron las críticas del Mandatario a Tohá cuando esta era alcaldesa de Santiago, las que plasmó en sus redes sociales. “Y Carolina Tohá desalojó el Instituto Nacional. El diálogo duro solo mientras fue candidata. El doble estándar progresista. Mi apoyo a estudiantes”, publicó el ahora Presidente, el 13 de junio de 2014.
Con un diseño muy cuidado por el Mandatario, Boric transformó a Tohá y la ministra de la Segegob, Camila Vallejo (PC), en su principal apoyo dentro de La Moneda.
“Gobierno con Carolina y Camila”, llegó a decir Boric en espacios privados con personeros del Frente Amplio, aludiendo a los dos secretarias de Estado. Ellas representan a dos de los tres bloques que sustentan al Ejecutivo: el SD y el PC.
Además, cuando le consultaban sobre quién es el representate del Frente Amplio con el que gobierna, Boric respondía tajante: “Yo”.
La trenza Boric-Vallejo-Tohá no fue fácil. Costó más, eso sí, entre la comunista y la PPD, pero fue una relación que terminó yendo de menos a más. En el gabinete y cercanos a la ministra vocera de gobierno reconocen que hubo diferencias relacionados con el carácter de ambas, la brecha generacional y porque representan dos sensibilidades políticas distintas.
Antes que Tohá llegara a La Moneda, la forma en que la exdiputada PC influía en las decisiones era más directa, incluso en temas de seguridad. No era extraño que marcara directrices frente a hechos de violencia y pedía vocerías al entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS).
Pero con el correr del tiempo eso cambió y Tohá comenzó a estar más presente, pero ambas colaboraban. Por ejemplo, las dos definieron en distintas oportunidades bajadas comunicacionales para que Vallejo las reflejara en sus vocerías.
Además, con el vínculo más firme, Boric citaba a ambas a su despacho para tomar decisiones en momentos de crisis.
CITA CON VODANOVIC
La cercanía de Boric con Tohá es un escenario que inquieta a algunos militantes del Frente Amplio. Esto, por el rol que el Jefe de Estado podría jugar en la interna del partido y en su definición presidencial que se fijará el próximo 15 de marzo, durante el comité central.
Si bien públicamente el Jefe de Estado llamó a realizar primarias en la izquierda, lo cierto es que, hasta ahora, el partido solo tiene un liderazgo que marca bien en los sondeos de opinión: el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), quien en más de una ocasión ha dicho que no está dispuesto a competir.
Es más, Boric ha conversado con él en más de una oportunidad y le ha recomendado, según cuentan en el sector, que continúe en su rol de alcalde debido a que es un liderazgo en crecimiento.
“Hace poco leí y lo comentábamos hace poco con el alcalde Tomás Vodanovic, con quien me junté ayer (jueves), Nexus de Harari”, reveló ayer Boric, lo que encendió las alarmas de su colectividad.
Esto, porque la directiva del FA ha estado haciendo gestiones para convencer al jefe comunal, y no quieren que esas tratativas tengan un retroceso.
En Presidencia y en el entorno del alcalde evitaron entregar detalles de la cita. De todas formas, el propio Vodanovic, según cuentan en la tienda, es partidario de apoyar a la otrora ministra del Interior, lo que pone cuesta arriba la idea de persuadirlo para que sea el abanderado.
La otra carta del FA es el diputado Gonzalo Winter (FA), quien es muy cercano al Mandatario, por lo que algunos creen que podría conversar con él para que también se negara a disputar una contienda presidencial.
Por lo pronto, en la tienda fue un alivio que, al menos en lo público, el Presidente llamara a las primarias y asegurara que su candidato “es Chile”.
De todas formas, la mesa del FA mandató a su presidenta, Constanza Martínez, para que hable con el Jefe de Estado de ser necesario con miras a que esté alineado con los intereses del partido. (La Tercera)
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió en Cooperativa al paro de profesores de la comuna de Santiago y, aunque expresó su conformidad ante la llegada de un acuerdo parcial con la municipalidad, advirtió que «si el problema se extiende, será difícil recalendarizar el inicio de clases».
Los docentes se encuentran paralizados desde el miércoles debido al no pago de bonos, pues la casa comunal, presidida por Mario Desbordes, argumenta que su cancelación ya caducó y que existe un déficit en educación municipal de 26 mil millones de pesos, supuestamente heredada desde la anterior administración de Irací Hassler.
Si bien la casa comunal accedió a pagar el beneficio, no lo hará conforme al reajuste del IPC, sino que con la misma cifra de 2024 (lo que significa un gasto municipal de 6.800 millones de pesos). Por este motivo, la propuesta fue acogida parcialmente por los profesores, cuyo paro se extenderá hasta el lunes, fecha clave para el retorno a las clases.
Frente a esto, el ministro Cataldo expresó en El Diario de Cooperativa que recibieron «la noticia con tristeza y desazón. Nos hubiese encantado que el proceso se cerrara y teníamos entendido, en algún momento de anoche, que había acuerdo (total)».
«Lamentablemente, esto se extenderá el día lunes y creemos que debemos superar rápidamente la situación. (Si bien) no me preocupa la pérdida de clases todavía -porque estamos en el inicio escolar y es posible reprogramar el calendario-, conforme pase el tiempo esto será más difícil», dijo el titular de Eduación.
Pese a la advertencia, Cataldo manifestó estar «contento de que se haya llegado a un acuerdo (parcial). No estamos igual que ayer o antes de ayer, pues desacuerdo total (entre el municipio y los docentes) ya no hay».
Por último, en cuanto al supuesto déficit municipal en educación, el militante del PC señaló no tener «antecedentes de las cuentas financieras durante la gestión de la exalcaldesa Hassler, pero hasta donde entiendo, todo el período hubo déficit, al igual que en años anteriores. Es una tendencia general en el sistema: son muy pocos los municipios en Chile que tienen un equilibrio financiero».
CELEBRAR RESULTADOS SIMCE
En cuando a los «históricos» resultados obtenidos en la prueba Simce en el nivel de cuarto básico, Cataldo enfatizó que, como cosas positivas, «hay que celebrarlas. Chile, y en particular la educación, siempre está en el centro de la discusión por sus problemas yno por sus cosas buenas, que son muchas».
«Cuando digo que los resultados son históricos, no me refiero solamente a que recuperamos y superamos los resultados prepandemia, sino que logramos los máximos puntajes en el ciclo de evaluación comparativa que tenemos registrados desde el 2002. Eso es una muy buena noticia y hay que celebrarla mucho, sin relativizaciones», agregó el ministro de Educación.
Sin embargo, también reconoció que existen desafíos: «Se abrió la brecha de género en los resultados, tenemos que trabajar sobre eso; y en sexto básico tenemos otro tema, ya que se educaron en sus primeros años de forma telemática. Hay que hacerle un seguimiento a esa generación de forma focalizada». (Cooperativa)
Los errores se pagan caro. Y la oposición está en vías de cometer uno garrafal, no sólo para ella, sino que será Chile el que padecerá la irresponsabilidad, condenado a continuar su declive institucional y económico bajo una nueva administración de izquierda.
Qué lejos estamos del triunfo de la oposición en septiembre de 2022. Ese 62% insufló ánimos de victoria, como ahora. Pero se olvida que ese éxito no se transmitió a la propuesta de Constitución que hizo el Consejo Constitucional que, aunque con mayoría de derecha, fue derrotada hace poco más de un año (en diciembre de 2023) y gatilló la división de la derecha.
La última elección municipal y de gobernadores fue la mejor para este sector desde el regreso a la democracia. Ganó en votos y candidatos electos en alcaldes, concejales y cores y cosechó más preferencias que la izquierda en gobernadores, pero no eligió un mayor número de autoridades regionales porque se dio el lujo de perder un par de ellas dividiendo sus votos. Es cierto que las listas separadas de una misma vertiente ideológica pueden sumar más preferencias, pero los votos divididos pierden más representantes de los que ganan.
Es innegable que las posibilidades de la oposición son inmejorables después del mal evaluado gobierno de Boric, que entregará al país más pobre, desigual y endeudado, además de hundido en la violencia y el crimen organizado. Si el próximo domingo fueran las elecciones, gana el candidato opositor en primera vuelta sí o sí y por amplio margen.
Pero el éxito de la oposición y el fracaso del gobierno están enrocándose. El ánimo de poder es tan fuerte en la izquierda que pocos dudan que se las arreglará para enfrentar unida la próxima presidencial y parlamentaria. Además, se acercan a esta elección con una disposición de acabo de mundo, luego que Bachelet se negara a correr el riesgo de “salvarlos de la debacle”, porque era la única que aseguraba la unidad desde la DC al PC. La perspectiva del oficialismo es que en estas circunstancias o se salvan todos juntos, o se hunden por separado. Y por eso actuarán en consecuencia, aunque la candidata más nítida, Carolina Tohá, sea una mala carta, que parte la carrera marcando marginalmente en las encuestas y que no convence ni siquiera a los socialistas, menos a los del Frente Amplio y el PC, y lleva la carga de representar la continuidad de un gobierno que gran parte de la ciudadanía reprueba.
Por eso, se ve como cierto que las izquierdas tendrán primarias el 29 de junio, cuestión que no se vislumbra en las derechas, y pondrán en vitrina a sus múltiples candidatos (Tohá, Jara, Winter, Martínez, más los Gómez, Mirosevic, etc). El triunfador o triunfadora tendrá la representatividad de todo el oficialismo, aunque partidos menores realicen su propia primaria. Y es más que probable que, aunque rechinen sus dientes, presentarán una sola lista parlamentaria para no arriesgar una derrota memorable.
En contraste, mareados por las encuestas, en la oposición no consideran el bien común y en la afinidad que tienen frente a los principales problemas del país: la delincuencia, el estancamiento económico y la inmigración, sino que en asentar sus propias identidades. Chile Vamos también se olvidó de la unidad cuando negoció con el gobierno la reforma previsional, interesado en contrastar con la “derecha extrema” su postura de llegar a acuerdos. Ahora, su candidata Evelyn Matthei toca la campana para la unidad, pero José Antonio Kast y Johannes Kaiser tomaron la oportunidad que les dieron RN, la UDI y Evópoli para diferenciarse con el parte aguas en que se convirtió la reforma previsional negociada.
No sólo no se divisan primarias entre las múltiples cartas de la oposición, sino que tampoco una lista parlamentaria única. A pesar de la cercanía ideológica podrían ser 4. Puede que listas separadas de Chile Vamos, Kast, Kaiser y los socialcristianos aumenten los votos opositores, pero perjudicará el número de parlamentarios que elegirá el sector y ya se sabe, un triunfo presidencial vale cercano a cero con el actual sistema político que ha permitido que los partidos florezcan en el Congreso como callampas en un bosque húmedo.
Kast fue desafiado por Kaiser, así como antes el primero retó a la UDI. Uno no renuncia a competir por última vez en la presidencial, ha dicho, creyendo que el hastío de los chilenos con el mal llamado progresismo, le puede entregar la victoria en segunda vuelta. Y el otro, no pierde las esperanzas de un triunfo imposible, a lo Milei en Argentina, y de afianzar el surgimiento explosivo de su nuevo partido, constituido en 13 regiones en 4 meses, eligiendo un buen número de diputados. Es posible que unidos (y también con los socialcristianos, si no conforman una tercera lista) enfrenten a Chile Vamos. Si han podido crecer los republicanos y los nacional libertarios es justamente por el enojo de la población con los socialistas y los refundacionales del Frente Amplio y el PC, pero se da la paradoja que los mismos que debían darle un golpe final a la izquierda que promovió la Constitución revolucionaria, le tirarán un salvavidas.
En definitiva, aunque la candidata más transversal y puntera hasta hoy es Evelyn Matthei, la división de la oposición amenaza con convertir a la resistida Carolina Tohá en la más competitiva. El riesgo que corre la carta de Chile Vamos no es menor, y el de toda la oposición, mayor. Sobre todo, si los que pasan a segunda vuelta son Kast o Kaiser, que tienen un voto duro en contra mucho más amplio que Matthei, facilitando el “todos en contra de la ultra derecha”, que ya desplegó la izquierda en la anterior presidencial, donde Kast, aunque triunfó en primera vuelta, perdió ante Boric en el balotaje.
La oposición (que suma otros partidos, como Demócratas, Amarillos y la carcasa del PDG) hoy es mucho más que el oficialismo. ¿Duda alguien que como tal tiene asegurada La Moneda y por primera vez, desde 1990, mayoría en ambas Cámaras del Congreso? Sin embargo, por la falta de gobernabilidad con que ha revestido su éxito ante un gobierno con pocas chances de continuidad, es posible que transforme la certeza de la victoria en la probabilidad de su derrota. (El Líbero)
