Que Chile cambió sensiblemente, ya nadie debería discutirlo. Así como el estallido social y la pandemia develaron un país desconocido para una élite de nuestra sociedad, el resultado del plebiscito, el pasado 25 de octubre, terminó por sancionar rotundamente que se necesitan cambios profundos, que la gente los exige mayoritariamente y que está pidiendo -más allá de los partidos- renovación de caras y estilos.
Este evento inédito en los anales de nuestra historia emergió como respuesta a la inclaudicable demanda del movimiento social y a la profunda crisis que enfrentaba Chile, y que tenía al gobierno sin conducta frente a las permanentes manifestaciones que se habían tomado las calles del país. Vivimos un plebiscito que resultó tremendamente exitoso para la democracia, porque dejó de manifiesto que la inmensa mayoría ciudadana optó por un camino institucional para resolver la crisis y abrió una etapa que los partidos, el Parlamento y el gobierno deberían leer y evaluar adecuadamente, y actuar en concordancia para que este proceso se enriquezca aún más y devenga en un futuro de mayor estabilidad, paz social y fortaleza democrática.
Una de las herencias de la pandemia es que buena parte de la llamada clase media se ha empobrecido. Las estadísticas reflejan que el 77% del país es hoy de muy bajos ingresos, solo el 20% de clase media y que el 3% pertenece a la élite acomodada. En un escenario en que la credibilidad de la política, sus instituciones y el propio empresariado están en su punto más bajo, lo anterior significa un desafío mayor para todos los actores, para garantizar un proceso constituyente de altura y cuya legitimidad no esté puesta a prueba a cada paso.
Chile ingresó a un nuevo período de diálogos y encuentros masivos, cuyo norte estará en el difícil objetivo de buscar acuerdos que hagan posible y viable los contenidos que una nueva Carta Magna requiere. Lo que surja después de este largo camino y extensas jornadas, deberá constituir el marco regulatorio y de derechos constitucionales para el próximo medio siglo.
En una sociedad que necesita derechos claramente mejor reconocidos y un sistema político y gubernamental más representativo del país, es esperable que muchas materias procedimentales requieran largos tiempos de discusión, como ya ha acontecido en otros países. En ese caso, se necesitará tolerancia y paciencia para concordar soluciones que representen las diversas posturas y sensibilidades que concurran a la discusión. Así, por primera vez, la diversidad de nuestra nación -o casi toda- deberá estar representada en la Convención Constitucional, lo que dotará a esta experiencia de una legitimidad democrática indiscutible.
El mensaje que entregó la ciudadanía al respaldar contundentemente a la Convención Constitucional como alternativa a la Convención Mixta Constitucional, es un mensaje que deberían recoger todos los partidos políticos para represtigiarse en este proceso. Especialmente porque una democracia robusta necesita de partidos fuertes y legitimados ciudadanamente. (La Tercera)
Juan Carvajal
