La defensa del jefe regional de O’Higgins, Emiliano Arias, acusó que existió un trato desigual hacia su representado en comparación con el resto de sus pares, al momento de ordenar un sumario por presuntamente haber infringido el artículo 64 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, que prohíbe a los fiscales emitir opiniones y dar a conocer antecedentes de indagatorias en curso.
«Otros fiscales regionales que tienen a cargo investigaciones de platas políticas, se han referido en términos similares a lo que ha dicho el fiscal Arias respecto al caso Corpesca», dijo a Emol la abogada Marisa Navarrete, enfatizando que «incluso el propio fiscal nacional Jorge Abbott ha dado entrevistas mencionando situaciones o haciendo comentarios de la clase política en relación a las causas de financiamiento irregular de campañas electorales». «Desde ese punto de vista, nosotros constatamos que no hay un criterio igualitario en torno al manejo que está dando la fiscalía a las declaraciones que dio Emiliano Arias», agregó, enfatizando que en la publicación del diario La Tercera -que terminó con su salida del caso y un sumario en su contra-, no se entregó ningún antecedente nuevo que no haya sido revelado en las audiencias del caso. Sobre el interrogatorio del lunes en dependencias de la oficina del fiscal regional Centro Norte, Andrés Montes, Navarrete detalló que Arias «lo que señaló fue que no había cometido ninguna infracción ni a la ley ni a los instructivos que menciona el fiscal nacional, porque se ajustó, precisamente, a los términos que están señalados en esos instructivos».
«También expuso que se había comunicado -tanto vía telefónica como por correo electrónico- con la asesora de la fiscalía nacional para informar sobre la entrevista , como establecía, precisamente, la solicitud que ha hecho Abbott a los fiscales regionales en abril de este año», aclaró. Por último, la abogada explicó que el sumario en cuestión debiera concluir el próximo 20 de septiembre, fecha en la cual Montes se comprometió a tener resultados respecto a la investigación administrativa. Paralelamente, Arias presentó un recurso de protección por estimar que la indagatoria ordenada por su superior fue una «acción ilegal y arbitraria». La admisibilidad de éste, en tanto, deberá ser resuelta por la Corte Suprema.
Emol/Agencias
