Como se sabe, el gobierno de la Presidenta Bachelet viene sosteniendo la necesidad de que Chile tenga una nueva Constitución, y aunque la propuesta es tan antigua -ya que viene de la campaña electoral-, todavía la coalición de gobierno no es capaz de decirle al país por qué necesitaríamos una nueva Constitución y la forma en que se acordaría.
Sostenemos que Chile no necesita una nueva Constitución porque la que tenemos es muy buena. Y lo es porque reconoce adecuadamente los derechos fundamentales de las personas, porque establece los medios para protegerlos, porque valora como esencial la dignidad humana, porque establece un sistema democrático de gobierno, porque las autoridades deben someterse a las limitaciones propias de un Estado de Derecho, porque impone un manejo responsable de las finanzas públicas, porque protege el medio ambiente, y por muchas otras razones cuyo evidente propósito es alcanzar el bien común.
Nosotros creemos que los chilenos no necesitan una nueva Constitución, y tampoco la quieren. Basta observar cualquier estudio de opinión pública para comprobarlo, puesto que este tema es de los últimos -si no el último- que preocupa a la ciudadanía. Probablemente ello se deba en parte a lo que venimos diciendo en cuanto a la bondad del actual texto y también a que los chilenos son lo suficientemente inteligentes como para entender que los problemas de la gente no se solucionan con un cambio constitucional, sino que con políticas públicas adecuadas, bien concebidas y mejor ejecutadas.
Chile es una república democrática y así está dicho claramente en nuestra Constitución, la que dentro de los márgenes que ella establece permite que gobiernos de diferente orientación política puedan, a través de sus visiones y propuestas, desarrollar su programa de gobierno. Nada tiene que ver la Constitución con los problemas del Transantiago, con los problemas de salud, con la delincuencia y la educación.
Treinta y cinco años de vigencia de la Constitución, veintiséis de ellos en plena democracia y casi cuarenta leyes de reforma constitucional que abarcan prácticamente todos los capítulos de ella, aprobadas por gobiernos y parlamentarios de distinto color político han legitimado cualquier cuestionamiento en relación con su origen. Tampoco, a este respecto, podemos olvidar las elocuentes palabras del ex Presidente Lagos, cuando al promulgar la ley de reforma constitucional del año 2005, sin duda la más importante de las reformas hechas a nuestra Constitución en democracia, dijo: «Este es un día muy grande para Chile. Tenemos razones para celebrar. Tenemos hoy por fin una Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile, es nuestro mejor homenaje a la independencia, a las glorias patrias, a la gloria y a la fuerza de nuestro entendimiento nacional…»
Nada de lo que decimos es obstáculo, por cierto, para entender que el perfeccionamiento de la Constitución es un proceso natural en un sistema democrático y siempre estaremos disponibles para modificar aspectos específicos de nuestra Carta Fundamental, conforme a los procedimientos que ella misma establece.
