En las últimas dos semanas, el fiscal regional de O’Higgins, Luis Toledo, ha tenido poco descanso a raíz de las diversas diligencias en Rancagua y Santiago que efectuó para recabar información sobre la compra de terrenos que realizó la empresa Caval, en la comuna de Machalí. Sin embargo, en la mañana de ayer, el persecutor hizo un espacio en su agenda para recibir al alcalde de ese municipio, José Miguel Urrutia (UDI), quien portaba entre sus documentos información que podría resultar clave para la investigación del caso Caval.
La firma -que pertenece en un 50% a Natalia Campagnon, nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, y esposa de Sebastián Dávalos- pidió un crédito por $ 6.500 millones al Banco de Chile para comprar tres terrenos en la VI Región, cuyo valor aumentaría con el cambio en el plan regulador de la zona. Por estos hechos, los diputados RN Nicolás Monckeberg y José Manuel Edwards presentaron una denuncia formal y pidieron que investiguen los eventuales delitos de negociación incompatible y violación de secreto.
Los documentos que el alcalde presentó a Toledo daban cuenta de los vínculos de funcionarios de la municipalidad con el negocio realizado por Caval. Así, la investigación de la fiscalía ha ido revelando los nexos que existían tras la adquisición de estos terrenos.
Los antecedentes entregados por Urrutia, y que también son relatados en un reportaje de Ciper, revelan que quien realizó el informe de tasación de terreno fue la arquitecta Cynthia Ross Wiesner, sobrina de Patricio Wiesner, dueño de los predios Santa Elena, Santa Cecilia y San Diego, en Machalí, los que fueron adquiridos por Caval para su posterior venta. Wiesner, según Ciper, quería vender los predios lo antes posibles.
Sin embargo, este no sería el único antecedente que abriría una nueva hebra investigativa en las pesquisas, sino que además, el alcalde señaló ayer que Cynthia Ross también prestó servicios desde 2007 para la Municipalidad de Machalí, donde una de sus funciones era realizar propuestas a futuras modificaciones al Plan Regulador Comunal e Intercomunal.
CORREO ELECTRÓNICO
Al despacho de Toledo, llegó ayer también otro antecedente: el ex director de Obras de Machalí, Jorge Silva Menares (actual jefe de Finanzas), tuvo contacto a través de un correo electrónico con Mauricio Valero, representante y socio de la empresa Caval, previo a la venta de los terrenos. En el email del 2 de octubre de 2013, Silva le informaba a a Valero sobre la densidad de habitantes por hectárea que tenían los terrenos. “Señor Valero, en relación a su consulta; efectivamente para estos predios la Seremi propuso una densidad de 60 hab/ha (60 habitantes por hectárea) (…) Posteriormente y según lo que estime el desarrollador, se puede optar a un proyecto DFL-2 donde la densidad aumenta un 25% más llegando finalmente a los 120 hab/ha señalados por usted”, dice el email publicado por Ciper.
A raíz de esto, el alcalde abrió un sumario para que se investigue la eventual responsabilidad en la entrega de información por parte de funcionarios o asesores que trabajan o hayan trabajado en el municipio. “Es grave porque puede haber tráfico de influencias (…) En la revisión de los equipos computacionales aparece que el director de Obras de la época efectivamente mantuvo relación de correos electrónicos con el señor Mauricio Valero, proporcionando información de la propuesta de modificación que evidentemente beneficiaría a cualquier comprador”, dijo Urrutia. Agregó que “la mencionada información podría haberse proporcionado a quien la hubiese solicitado”.
A esto se suma que Wilfredo Valdés -actual seremi de Vivienda de la VI Región- participó en la tasación de los predios adquiridos por la firma vinculada a Sebastián Dávalos. Esto ocurrió antes de ingresar al sector público. Algunos parlamentarios de la oposición pidieron la renuncia de Valdés, pero el seremi rechazó esta posibilidad, argumentando que en ese tiempo trabajaba como privado.
El fiscal Toledo dijo que “estamos en la recolección de antecedentes para recrear cómo se produjo la información que dio origen al negocio y finalmente la venta de los predios de la denuncia. Por lo tanto, no todo lo que parezca como irregular, entre comillas, puede constituir un delito”.(La Tercera)
