En los tres últimos años se ha abierto decididamente la polémica sobre la gestión de los recursos hídricos en el país. Para ser riguroso, tal vez debiera fijar el inicio del debate, ya más estructurado, con la aparición de la “Política nacional para recursos hídricos” publicada por el gobierno de la Presidenta Bachelet en enero de 2015. Desde luego, hay esfuerzos anteriores por plantear el tema. Entre ellos posiblemente el más completo es el trabajo de la Comisión de Aguas del Instituto de Ingenieros de 2012 “Hacia una gestión integrada de recursos hídricos”. Cabe destacar que en 2010 el Colegio de Ingenieros en su publicación “Proyecto País Etapa III”, que revisaba los desafíos nacionales en temas que iban desde “mujer y trabajo” hasta “energía nuclear”, pasando por biotecnología y digitalización, no consideró el tema hídrico como una de las áreas estratégicas de preocupación en el horizonte a 2025.
Es decir, el tema hídrico, su distribución entre usos alternativos y la gestión del recurso pasó en engrosar la agenda de políticas públicas solo en los últimos años y, me atrevo a postular, a raíz de la sequía que aquejo al país a partir los años 2010-2011. Notablemente, durante una de las sequías más prolongadas y profundas que ha experimentado nuestro país, ninguna de las grandes aglomeraciones urbanas sufrió cortes o racionamiento de agua como había sido la práctica habitual en episodios de sequía anteriores.
Con esto no pretendo ignorar que, en varias zonas rurales, especialmente de las regiones de Coquimbo y Valparaíso, ha sido necesario abastecer de agua a muchos hogares con camiones aljibe. Pero lo que esa experiencia demuestra es que agua hay en el entorno de esos hogares y lo que no se ha resuelto es el tema de cómo abastecerlos debidamente. Por lo demás, cuando las instalaciones se construyen bien y son bien gestionadas, el costo del agua entregada por cañería directamente a las casas es muy inferior al costo de entregarla en camiones aljibe. Por lo tanto, en estos casos hay una evidente ineficiencia que nos conviene corregir.
La escasez del recurso hídrico ha pasado a ser un dato. Más aún, las proyecciones nacionales e internacionales muestran que para nuestro país el agua fresca será cada vez más escasa básicamente porque con el proceso de cambio climático que está experimentando nuestro planeta, en la zona centro sur de Chile precipitará entre 30 y un 40% menos de lo que considerábamos “normal” hasta antes de la última sequía.
Esta menor precipitación ira acompañada de una elevación de la temperatura ambiental y, en consecuencia, la isoterma cero (altura a la cual la lluvia se convierte en nieve) estará a mayor altura. Esto último es importante porque al acumular menos nieve en la cordillera, el agua fluye más rápidamente hacia el mar con lo que las nieves dejan de ser un reservorio natural de agua para el período estival. Adicionalmente, las reservas de agua, en cualquier forma, serán menores porque al aumentar la temperatura también aumenta la evaporación, efecto no despreciable sobre los cuerpos de agua y nieve. No escapará a la atención del lector que esta combinación de factores hará que los glaciares disminuyan de tamaño y con ello el agua acumulada, como ya está ocurriendo.
Por el lado de la demanda, los usos “consuntivos”, en agricultura, industria, minería y humano tenderán a aumentar junto con el aumento de la producción y el crecimiento de la población. El consumo de agua dulce se reparte entre estas actividades aproximadamente en las siguientes proporciones: agricultura 81%, industria 7%, minería 6% y consumo humano otro 6%. A pesar que sobre estas cifras hay consenso, la verdad es que son estimaciones ya que no tenemos cómo medirlo, sobre todo en el sector agrícola. Además, el consumo no se reparte uniformemente a lo largo del territorio nacional. En la zona Norte el 85% del consumo de agua fresca lo realiza la minería. En cambio, en la zona sur la minería representa un 3% del consumo de agua fresca.
Tampoco tenemos buenas estimaciones de la oferta de agua. Todo lo que hay son estimaciones y cálculos educados. Especialmente importante es el poco conocimiento de las aguas subterráneas donde hay grandes diferencias entre los expertos. La Dirección General de Aguas del MOP, acaba de publicar el primer Atlas del Agua 2016 donde no hay datos de la oferta de agua y sólo hay estimaciones de los usos. Incluso algunas mediciones de las precipitaciones tienen más de 15 años. Un importante primer paso para conocer mejor el recurso y su disponibilidad, pero indicativo también de lo mucho que queda por hacer para entender lo que tenemos y los desafíos que enfrentamos.
Por la diversidad climatológica y geográfica de nuestro país, en primer lugar, necesitamos contar con información de calidad y oportuna sobre cada una de las 101 cuencas existentes en el país. La información debe incluir la disponibilidad de agua y también su uso, el que debe ser medido por una entidad imparcial que dé garantías a todos los interesados que los usos son los apropiados. Así se podrá administrar el recurso de una manera racional y asignar los derechos de uso de agua apropiadamente. El tema de la falta de información es tan serio que en la Política Nacional de Recursos Hídricos se puso en primer lugar de importancia.
En segundo lugar, necesitamos tener un criterio acordado de distribución. Las Naciones Unidas ha incluido el acceso al agua fresca y a sistemas sanitarios adecuados como un derecho humano. Ese estándar aún no ha sido incorporado a nuestra legislación y hay mucha preocupación entre los tenedores de derechos de agua, otorgados legalmente, respecto de lo que pueda ocurrir con sus derechos si se modifica el Código de Aguas y la Constitución. La razón es obvia: el precio de una propiedad o el valor de una propiedad minera tienen directa relación con la disponibilidad de agua fresca, aunque recientemente las grandes mineras están usando agua de mar. Relacionado con la distribución, los usos priorizados deben incluir la disponibilidad de agua que permita la sostenibilidad de nuestros ecosistemas. La vida humana depende de ello.
En tercer lugar, necesitamos mejorar la institucionalidad que rige la asignación y gestión del recurso hídrico. Hoy hay decenas de instituciones que tienen poder de decisión, o de bloqueo de las mismas, en temas hídricos. Un solo ejemplo basta para ilustrar la descoordinación existente: la Política Nacional elaborada por un “zar del agua” priorizó ciertos proyectos de embalses para riego. Sólo un par de esos proyectos están considerados en los programas de inversión de la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP. Todo esto en el mismo gobierno. Los ejemplos de descoordinación son prácticamente ilimitados. Al menos es necesario avanzar hacia la creación de una Subsecretaría de Asuntos Hídricos con capacidad para ordenar las actividades y políticas del sector.
Por último, es necesario dejar al mercado lo que este hace bien. Si se acuerdan los usos prioritarios y se asegura su cumplimiento, en base a acuerdos políticos refrendados en legislación, hay que dejar que los mercados resuelvan los usos productivos del agua. Evidentemente, asegurados los usos básicos (humanos y ambientales) el mercado es el mejor mecanismo para asignar el uso del agua a fines consuntivos. El sistema de precios es un gran incentivo para realizar las inversiones necesarias para conservar y distribuir el agua existente y generar nuevas fuentes, como es desalar. Asimismo, se puede invertir en sistemas de acumulación y de reciclaje de agua, así como en la tecnificación de los sistemas de distribución que en nuestro país son bastante primitivos. Todo esto significa que el agua y su uso dejará de ser gratis para fines productivos. Como se sabe, nunca ha sido gratis para el consumo humano, al menos en las zonas urbanas y podemos argumentar que no falta agua en las ciudades precisamente porque los consumidores pagan por ella y por los sistemas de saneamiento.
Lo que en el año 2010 el Colegio de Ingenieros no incluyó en una larga lista de preocupaciones, hoy se ha convertido en una prioridad nacional. Ojalá tengamos la sabiduría para llegar a un acuerdo razonable y razonado antes de enfrentar una crisis como las que hubo en Australia o California. Sería lamentable que tuviéramos que quedarnos “sin agua” para comenzar a diseñar un sistema que se haga cargo de los desafíos que enfrentamos. No tenemos mucho tiempo. Este será un problema que el próximo gobierno no podrá postergar. (La Tercera)
Luis Eduardo Escobar
