Con una propuesta bajo el brazo llegará hoy a la comisión mixta que revisa el proyecto de libertad condicional el diputado Leonardo Soto (PS).
El borrador del texto al que accedió La Tercera, que cuenta con el respaldo de los miembros de la oposición que integran la instancia, define una serie de requisitos que deben cumplir los condenados por delitos de lesa humanidad que quieran acogerse a ese beneficio.
Así, se establecen dos casos en los que la justicia podrá conceder la conmutación de pena: si en su determinación “se hubiere considerado la atenuante de confesión espontánea o la de colaboración sustancial”, y “no tener procesos pendientes ni otras condenas” vigentes por delitos en contra de los DD.HH. Dichos criterios serán “copulativos”, es decir, deberán cumplirse conjuntamente para optar al beneficio, el que en todos los casos será retroactivo.
Y pese a que la propuesta de la oposición avanza respecto de lo aprobado en la Cámara -donde se excluyó a los condenados por delitos de lesa humanidad para optar a ese beneficio-, insiste en la necesidad del arrepentimiento.
“Se exigirá que los condenados suscriban en forma previa una declaración pública que contenga una manifestación inequívoca de su arrepentimiento por los hechos cometidos que les atribuye la sentencia condenatoria, por el contexto de los mismos y por el mal causado a las víctimas y sus familiares”, se lee en el texto.
Además, la propuesta plantea que para postular al beneficio el condenado por dichos delitos debe haber cumplido al menos 5/6 del total de la pena, yendo incluso más allá que el propio Estatuto de Roma, el que exige solo 2/3.
En paralelo, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, basado en la jurisprudencia internacional en la materia, llevará hasta la mixta los principales ejes que, a juicio del gobierno, debiesen guiar el debate para construir un acuerdo en torno a una nueva redacción del proyecto. “Lo que vamos a hacer es consensuar los puntos que ya tenían acuerdo entre ambas cámaras y, en lo más complejo, establecer que esta libertad condicional pueda otorgarse siguiendo los estándares internacionales, principalmente el Estatuto de Roma”, dijo, agregando que “no vamos a ser más papistas que el Papa”.
En el Ejecutivo no están por incluir la figura de arrepentimiento que impulsa la oposición. De hecho, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, se manifestó contraria a aquello en una entrevista con este medio el fin de semana, lo que despertó una serie de críticas.
La presidenta de la comisión de DD.HH. de la Cámara, Carmen Hertz (PC), aseguró que “el Estatuto de Roma valora que el criminal desarrolle acciones en favor de las víctimas y muestre que está disociado del crimen. Eso implica haber entregado antecedentes relevantes a la justicia, ese es el arrepentimiento del que hablamos”.
En tanto, el diputado del MA Gabriel Boric, se mostró contrario a que los condenados por violaciones a los DD.HH. accedan a beneficios. “En el caso de delitos contra la humanidad no debiera proceder ningún tipo de beneficio”, dijo. (La Tercera)
