Un «profundo compromiso con los derechos humanos» expuso el Gobierno como razón para comprometerse a ingresar al Congreso un proyecto que denominó «Ley Humanitaria».
Se trata de un cuerpo legal destinado a conmutar la pena de enfermos terminales o de muy avanzada edad, o que padezcan alzhéimer, cuya permanencia en un recinto carcelario no contribuya a la reinserción o a los otros objetivos por los que los tribunales de justicia ordenaron su reclusión. En vez de un centro de detención, arresto domiciliario total. Es decir, según se ha explicado desde el Ejecutivo, se mantiene el castigo de privarlos de libertad, pero se respeta el derecho a tener una muerte digna.
Ese es el sentido del proyecto que visará el Presidente Sebastián Piñera, antes de que la Secretaría General de la Presidencia o el Ministerio de Justicia lo ingresen al Congreso en los próximos días.
El proyecto no hace distinción entre reos comunes y condenados por violaciones de los derechos humanos. Ello, basándose en el criterio de que aquí no se trata de remitirles la pena, sino permitir que cumplan en arresto domiciliario total, junto a su familia.
También resuelve: No serán ni el Presidente de la República ni el ministro de Justicia los encargados de decidir quiénes serán los beneficiarios, puesto que no se tratará de un indulto. El propósito es que sea un juez, bajo ciertos parámetros objetivos.
«Se trata de casos muy calificados, muy circunscritos, que en general tienen relación con enfermedades terminales debidamente acreditadas. Y que además permitan evitar toda posibilidad de reincidencia. Esa es una idea que han sustentado distintos sectores», dijeron quienes conocen el texto, quienes recalcaron que la conmutación de la pena «en ningún caso borra la responsabilidad penal».
Pero la iniciativa anticipa polémica luego que, en junio pasado, el presidente del Senado, Carlos Montes (PS), apuntara a tres requisitos para aprobarla: la colaboración, el arrepentimiento y una certificación independiente del estado de salud del postulante. Pero en términos generales no es partidario de incluir a condenados por violaciones a los derechos humanos. (El Mercurio)
