Moya es la ciudadanía, que observa atónita el grave daño que la guerra entre el fiscal de Alta Complejidad de O’Higgins, Sergio Moya, y su superior, el fiscal regional, Emiliano Arias, está ocasionando a la reputación y credibilidad indispensables en el Ministerio Público, encargado de la persecución de los delitos.
Esta afrenta a la confianza ciudadana no se debe al hecho de denunciar actuaciones contrarias a la ley, sino a las circunstancias en que ello ocurre y a la forma en que -frente a la gravedad de los hechos- se ha manejado el tema por la autoridad superior.
La revisión de los temas que componen la trama es compleja: en el caso del Teatro de Rancagua, se denuncian presiones indebidas de Arias a Moya; en el caso de la formalización del ministro Elgueta, se imputan tardanzas excesivas en su formalización por parte de Arias; en el caso Huracán, ambos fiscales se enfrentaron, siendo Arias quien abrió un sumario contra Moya; en el caso de los incendios forestales, fue el Fiscal Nacional quien sancionó a Arias por sus declaraciones contra la empresa eléctrica; en un caso de microtráfico en Puerto Montt, el fiscal Moya denuncia que se extrajeron antecedentes del Ministerio Público y que la responsabilidad sería de Arias, quien debía enviar los antecedentes al Fiscal Nacional.
Este entramado de causas es confuso, y su desarrollo, hasta la fecha, muestra características dañinas para el Ministerio Público. Existe una mezcla de procesos que abarcan juicios en curso o reproches por actuaciones pretéritas. También muestra falta de claridad en las motivaciones de las denuncias. Ambos fiscales han reñido y parece que quedan cuentas por ajustar.
Algo que resulta contrario a la lógica -aunque la ley lo permita- es que sea un par el que juzgue a otro de su mismo rango. Esto afecta la imparcialidad, y claramente no estuvo pensado para situaciones como las que ahora se enfrentan. Excepcionalmente, debió ser el propio Fiscal Nacional, como superior jerárquico, quien asumiera la investigación de la causa penal. Pero no fue así.
La normativa del Ministerio Público no ha sido revisada en 20 años de vigencia. Nada ha cambiado respecto a la designación de fiscales ni en cuanto al empleo de la prensa para generar opinión pública, filtrando información. Lo bueno que ello ha sido para la transparencia, hoy, en la pugna entre fiscales, resulta nefasto, por el uso que se le da para revelar datos de procesos en beneficio de los fiscales en batalla.
Atendida la importancia de las acusaciones, es razonable preguntarse si procede que los fiscales continúen a cargo de las causas que tramitan como representantes del Ministerio Público. Siempre rige el principio de inocencia; nos referimos a los temas en que existen acusaciones.
Lo que se echa de menos es que este proceso sea rápido y eficiente, que resulte liderado por el Fiscal Nacional y que no se dañe la confianza de la ciudadanía en sus defensores públicos. (La Tercera)
Álvaro Ortúzar
