En el Salón Montt Varas de La Moneda, el Presidente Sebastián Piñera presentó el proyecto de Ley de Integridad Pública, que tiene como finalidad, entre otras cosas, regular el acceso a la administración pública de parientes de autoridades, esto luego de las acusaciones de nepotismo que pesaron en su contra tras anunciar que su hermano Pablo Piñera sería el nuevo embajador en Argentina, medida que debió ser revertida tras las críticas.
En la actividad además participaron los ministros de Interior, Andrés Chadwick, Segpres, Gonzalo Blumel, Hacienda, Felipe Larraín, y Justicia, Hernán Larraín.
El Mandatario indicó que la agenda de probidad que impulsa el Ejecutivo, tendrá tres ejes fundamentales: Una ley de Transparencia 2.0, una agenda antiabuso y anticorrupción, y una política de datos abiertos.
Así, explicó que los tres pilares apuntan a que “la integridad pública es fundamental. Por eso queremos funcionarios públicos que sean honestos, que estén comprometidos y que sean capaces. No queremos funcionarios públicos que lleguen a servirse a sí mismos en base a pitutos y que puedan ser operadores políticos en la administración del Estado”.
Sobre la ley de Transparencia 2.0, Piñera manifestó que “la regla de oro en el servicio público es que el bien común siempre tiene que prevalecer sobre cualquier bien particular”.
ANTINEPOTISMO
Previamente, «El Mercurio» había adelantado que la propuesta se estructuró en tres ejes: antinepotismo, mayor control de la «puerta giratoria» en el paso del sector público al privado y profundización en los deberes de abstención de autoridades.
En el primer pilar se establece como requisito un informe elaborado por el Servicio Civil acerca del familiar de la autoridad, con el fin de probar su idoneidad profesional. Según una minuta del Gobierno, que circuló en el Congreso, se regula el ingreso del cónyuge o conviviente civil, así como de parientes -dentro del tercer grado de consanguinidad o de afinidad dentro del segundo grado- de diversas autoridades, incluida la figura presidencial.
También se busca exigir una declaración pública de intereses y de patrimonio de las autoridades y de ciertos funcionarios públicos con mayores detalles, «ampliándose el deber de información respecto de los parientes y de las actividades que ellos realizan». Sobre ese punto se restringe que familiares puedan trabajar en un mismo ministerio.
En el segundo aspecto -mayor control de la «puerta giratoria»- se establece que, una vez que cesen las labores de parlamentarios y autoridades, tendrán prohibido -durante un año- realizar lobby o gestión de intereses.
Además, se incluyen tres nuevas inhabilidades de ingreso a la administración pública para lobistas y empresarios. Para los primeros, se establece que no podrán ingresar al Estado antes de un año de haber ejercido su rol como lobistas o «gestores de intereses particulares». El mismo período se establece para quienes se hayan desempeñado como directores o gerentes en empresas sujetas a la fiscalización de los órganos en los que se desempeñaron.
Asimismo, en la minuta del Gobierno se señala como impedimento el ingreso al sector público a «personas que han sido sancionadas por infracción a las normas sobre conflictos de intereses post empleo, dentro de los cinco años anteriores a su nombramiento».
El período de «restricción» del paso desde el sector público al privado, fue uno de los puntos con más aprensiones de parte de los parlamentarios de Chile Vamos, pues en una reunión con el ministro Blumel, los partidos afirmaron que a mayores exigencias se podría provocar una suerte de «desincentivo» para ingresar al Estado. Sin embargo, en el documento socializado en el Parlamento se explica que será durante un año la prohibición para trabajar en lobby o gestión de intereses.
Mientras, el tercer eje -profundización en los deberes de abstención de autoridades- busca excluir su participación e intervención cuando exista interés del involucrado, sobre todo en caso de los parlamentarios y su rol en la elaboración de leyes.
ORIGENES
En el programa de gobierno se hace mención a parte de la propuesta hoy presentada. En el apartado sobre «Estado transparente y abierto», se propone «aumentar las condiciones para regular el tránsito entre el sector público y el privado, avanzando hacia los estándares existentes en los países de la OCDE en materia de prevención de los conflictos de interés».
Respecto de una ley de integridad pública propiamente tal, en Palacio reconocen que no se trata de una iniciativa estructurante, pero sí se afirma que «el Ejecutivo se está haciendo cargo de un tema importante» que surgió en los primeros meses de gobierno.
Fue ahí cuando tomó fuerza la idea por los cuestionamientos al frustrado nombramiento del hermano del Presidente, Pablo Piñera, como embajador de Chile en Argentina. Antes, Evópoli ya había impulsado la iniciativa durante la elección primaria.
Ayer, el diputado Andrés Molina (Evópoli) -promotor del proyecto- dijo que las inhabilidades tendrán que ser discutidas en el Congreso, porque «no todos los diputados y senadores están de acuerdo» con el tiempo de restricción.
«Esta ley será el puntapié inicial de la agenda de probidad y transparencia», dijo el fin de semana el ministro Blumel.
OPOSICIÓN
Desde la oposición, el diputado Marcelo Díaz (PS) dijo que le parece bien que se siga avanzando en probidad o integridad pero que no le parece razonable “que empecemos a buscar mecanismos para que los parientes puedan ingresar a la administración del Estado, porque lo que se hace finalmente es favorecer ese ingreso”.
A juicio de Díaz, “esto parece una ley con nombre y apellido, que se da a propósito del caso Pablo Piñera. Yo creo que las restricciones que hoy en existe en materia de ingreso de familiares al Estado son buenas, suficientes, podemos mejorarlas y perfeccionarlas, pero no en la línea de facilitar el ingreso de parientes altas autoridades del Estado a cargos públicos, me parece que sería un retroceso”.
El parlamentario agregó que con esta ley “lo que se pretende es legislar a partir de un caso particular”.
“En la Cancillería está regulado qué ocurre cuando hay vínculos familiares y creo que esa legislación es suficiente y se aplica. También está legislado lo que ocurre cuando se designa a un jefe y sus vínculos familiares. ¿Por qué entonces vamos a legislar para que el Presidente de la República o un Ministro de Estado puedan contratar en su gabinete a su primo, a su hermano o a su mamá? Me parece que retrocederíamos en términos de estándar de calidad y probidad en el sector público”, sostuvo el diputado.
El diputado Rento Garín (RD) dijo que le parece interesante la iniciativa del Ejecutivo. “El tema de fondo es ejecutar en su totalidad el informe Engel que pasó a segundo plano, del que nadie se acuerda y la única bancada que lo ha puesto sobre la mesa es el Frente Amplio sobre la mesa. Por eso no me sorprende que el gobienro no lo tome”.
El legislador agregó que “el nepotismo en la clase política es transversal, lo que ocurre es que en este gobierno ha sido pornográfico”.
Garín también se refirió a la posibilidad de que con este proyecto se “regule” la contratación de familiares: “El caso de Pablo Piñera quedó en entredicho pero, sin embargo, no tenemos con claridad un criterio jurídico diáfano. La Contraloría no se pronunció respecto al tema, el Presidente desistió del nombramiento, por ende, no sabemos cuál es el criterio público sobre nombrar a hermanos en cargos públicos”, sostuvo.
“El caso a caso que plantea el Ejecutivo lo que quiere decir es que se relativizan los vínculos de consanguineidad. Sean con méritos o sea sin méritos, el hermano del Presidente no puede ser embajador. Y eso es claro. RD lo está empujando a través del informe Engel”, agregó.
UDI Y EVOPOLI
“Hay que ser cuidadosos en que la función pública no se vea desvirtuada como una suerte de mal antecedente curricular, por el hecho de que algunas personas puedan entrar al sector público sean tratados como si fueran a cometer algún ilícito o sobre las cuales hay que tener una cautela”, dijo el jefe de bancada de Evópoli, Luciano Cruz-Coke. Y añadió: “Es lo que creo yo que se va a pelear, no puede ser que entrar a la función pública signifique un castigo social y ahí hay que tener cuidado de cómo este proyecto se perfecciona en la discusión parlamentaria”.
En la misma línea, el diputado Andrés Molina, junto con valorar la iniciativa del proyecto, sostuvo que “vamos a revisar las inhabilidades”.
Las palabras de los legisladores aluden a que el proyecto busca que la labor parlamentaria sea exclusiva y propone que los legisladores no puedan recibir remuneraciones ni honorarios de fuentes distintas a la dieta, así como también plantea establecer por ley la exclusividad de las asignaciones parlamentarias.
De igual manera, en relación a la denominada “puerta giratoria” se prohíbe que exparlamentarios, exministros, exsubsecretarios y exjefes de servicios realicen lobby o gestión de intereses por un periodo de un año a contar del término de sus funciones. Y que, en el caso de las últimas tres autoridades tampoco puedan “prestar ningún tipo de servicio a entidades privadas que hayan sido sujetos fiscalizados por las instituciones fiscalizadoras relacionadas con el respectivo ministerio en que desempeñaron funciones respecto de las cuales hayan participado en procedimientos administrativos, por 12 meses”. Al igual que Cruz-Coke, el jefe de bancada de la UDI, Javier Macaya, indicó que “reiteramos nuestra preocupación sobre que exista este equilibrio entre una buena regulación y algo que finalmente no signifique generarle una distancia a las personas que se incorporen a lo público y los incentivos para que estos talentos permanezcan en lo público”. (El Mercurio-La Tercera)
