«Gas a precio justo»: Gbno. lo «ve con bueno ojos» pero Contraloría...

«Gas a precio justo»: Gbno. lo «ve con bueno ojos» pero Contraloría lo veta

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La semana pasada se conformó la Asociación Nacional de Municipalidades por el «Gas a Precio Justo», una iniciativa que involucra a más de 150 entidades comunales a lo largo del país que buscan convertirse en distribuidores minoristas del combustible, y así reducir los altos precios que predominan en el mercado.

La acción, que comenzó gracias a las gestiones del alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas con la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), – a las que se sumaron más ediles con el paso del tiempo -, fue analizada esta jornada por el biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, quien afirmó «nosotros vemos con buenos ojos que entren nuevos actores al mercado, la competencia en general beneficia a los clientes. Lo importante es que se cumplan todos los requisitos de seguridad, de calidad, de atención, para que, efectivamente, vaya en beneficio de las personas».

En conversación con EmolTV, el secretario de Estado fue consultado por los permisos con los que deben contar las municipalidades para participar de la cadena, y señaló que «hay una pregunta previa legal, que es más del ámbito de los municipios y es en qué ámbitos digamos, o qué tipos de actividades comerciales pueden o no desarrollar los municipios, ese es un problema de los propios municipios«.

«Pero en lo que compete al Ministerio de Energía, la ENAP va a poner infraestructura disponible a los que quieran entrar al mercado y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) le va a entregar la autorización a todos los que cumplan los requisitos. No vemos ningún problema, siempre creemos que más competencia es buena para los clientes», agregó.

Eso sí, la autoridad remarcó en la relevancia de que se cumpla con la normativa correspondiente para ser distribuidor. «Lo importante es que, tal como cualquier otra persona o compañía que quiere distribuir gas, las municipalidades, si quisieran hacerlo, tienen que cumplir con los requisitos que le impone la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)».

Y ejemplificó diciendo «tienen que tener bodegas donde guardar los balones que sean seguras, que se prevengan los riesgos de incendios, tienen que tener capacidad de respuesta si un cliente tiene una fuga, tiene que ir la compañía, en este caso la municipalidad, a retirarlo y cambiarlo, tienen que comprar los balones. Pero esas son las mismas condiciones que tiene que cumplir cualquiera que quiera entrar al mercado».

En cuanto a los precios, y si efectivamente estos pueden bajar ante el ingreso de más distribuidores a la industria del gas, Jobet explicó que «en general los mercados, cuando entran nuevos actores, y hay más competencia, los precios pueden tener espacio para bajar. Pero cada mercado es distinto, porque depende de la región, depende digamos de la competencia que hay en cada una de las regiones».

Al respecto, el biministro adelantó que el Gobierno trabaja en un proyecto de ley que «está bien encaminado ya, nos falta poco para tenerlo listo, para ir al Congreso», y que propone correcciones al funcionamiento del mercado del gas, a fin de incrementar la competencia.

En ese sentido, dijo «lo que nosotros vamos a hacer con el proyecto de ley es hacer las modificaciones que creemos van a ayudar a traer más competencia al mercado, en parte importante tomando las recomendaciones que hizo la Fiscalía Nacional Económica (FNE)». Esto tras el lapidario informe preliminar que dio a conocer en octubre la FNE y que tuvo como principal conclusión que el mercado del gas no estaría funcionando adecuadamente desde una perspectiva competitiva.

CONTRALORÍA: «MUNICIPIOS NO TIENEN FACULTADES»

La Contraloría General de la República (CGR) dictaminó que la venta de “gas popular”, impulsada por una serie de alcaldes del país para abaratar los costos de este bien para la ciudadanía, es inconstitucional.

El dictamen emitido se da luego de una presentación realizada por los municipios de Lo Prado, Conchalí y Pelarco quienes preguntaron “si, ante las particulares condiciones que se han producido por el alza de los combustibles, es posible que las entidades edilicias puedan vender gas a los vecinos de sus comunas”.

Al respecto, la entidad señaló que “las municipalidades podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo si una ley de quórum calificado las autoriza, lo que no ha tenido lugar en la especie”.

Pese a la delicada situación que plantearon los municipios en su presentación, “la venta de gas a sus vecinos solo puede ser efectuada en la medida que el legislador lo autorice expresamente”. Por ende, se necesita un cambio de norma legislativa que permita esta comercialización.

El mismo dictamen aclara la diferencia entre las farmacias populares y el gas: “Cabe manifestar que la venta de gas por la que se consulta es una situación diversa de la analizada respecto de las farmacias comunales, las que se encuentran amparadas en las funciones de atención primaria de salud que el legislador radicó expresamente en las entidades edilicias”. (Emol-Bio Bio)

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