Quien ocupara el cargo de secretario ejecutivo de Junta Nacional de Auxilio Escobar y Becas (Junaeb) entre 2014 y 2015, José Miguel Serrano (DC), será formalizado en los próximos días luego de que el fiscal de Alta Complejidad, Felipe Sepúlveda, ingresara hoy al 8° Juzgado de Garantía de Santiago un escrito en el que pide fijar audiencia para imputar por fraude al fisco.
Tras dos años de investigación, el Ministerio Público determinó que existió en una de las licitaciones del organismo una serie de irregularidades que terminaron por beneficiar a empresas que no tenían las propuestas más convenientes para el Estado en cuanto al servicio de alimentos que Junaeb otorga a colegios públicos.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló el 18 de febrero de 2016 contra Serrano por presunto fraude al Fisco. La investigación cuenta con varios testimonios que acusan supuestas presiones políticas para que el ex secretario ejecutivo de Junaeb contratara a la empresa Verfrutti S.A., del militante PS Pedro Moreira, por $ 16 mil millones, para distribuir raciones de alimentos en la VIII Región, pese a tener peor evaluación y ofertar con un mayor precio que varias otras compañías del rubro.
En la indagatoria se calcula un perjuicio fiscal de al menos $2 mil millones. Durante las diligencias han surgido además antecedentes de una eventual arista política, en que se busca determinar si personeros políticos ejercieron influencias para que Serrano actuara en contra de ciertas firmas que participaban en millonarias licitaciones de la Junaeb.
ARISTA POLÍTICA
La Tercera, en julio del año pasado, develó un informe de la PDI que daba cuenta del tráfico telefónico de Serrano, a quien se le pidió la renuncia en julio de 2015, luego de que se descubriera un sobrepago de $ 2 mil millones en una adjudicación por trato directo -sin licitación- a empresas proveedoras de alimentos.
Según la declaración que figura en el expediente de Sebastián Pérez, ex director jurídico de Junaeb, publicada por La Tercera, éste hace ver que el contrato a Verfrutti se adjudicó por criterios políticos y no técnicos: “Los funcionarios Cecilia Alvarado (jefa de la Unidad Técnica de Alimentación) y Paula Moncada (jefa del Departamento de Recursos) representaron a Serrano que Verfrutti no daba la suficiente garantía, debido a su historial como proveedor, por el contrario, Hendaya sí se manifestó que era una empresa con capacidad y solvencia. No obstante, Serrano nos señaló que Verfrutti había presentado una mejor oferta para las manipuladoras de alimentos y una Carta Gantt que aseguraba comida caliente desde el primer día de servicio. Estos antecedentes fueron expuestos por Serrano verbalmente, sin respaldo documental. Serrano dijo en la mesa que, en definitiva, se adjudicaba al menos una unidad territorial a Verfrutti”.
Pérez sostiene: “Una vez terminada la reunión, en privado consulté a José Miguel Serrano el por qué de la elección de Verfrutti, respondiéndome que ‘yo tenía que entender que su puesto era político y que la elección de Verfrutti era una decisión política’”. (La Tercera)
