El Gobierno criticó la decisión de la Contraloría General de la República, quienes declararon inconstitucional el Decreto 249, que buscaba autorizar a las Fuerzas Armadas para cooperar en labores de prevención de delitos en la zona de conflicto mapuche tras el fin del estado de excepción constitucional.
Al respecto, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, afirmó que «ahora que se termina el estado de excepción constitucional lo lógico era que todas las capacidades del Estado, pero particularmente las de las Fuerzas Armadas pudieran colaborar, apoyar en logística, en transporte, en tecnología pero también en vigilancia a las Fuerzas de Orden y Seguridad en la macrozona sur. Ese era el objetivo de este decreto que enviamos a la Contraloría».
Según dijo, «no entendemos la objeción del contralor. El decreto supremo establece claramente que es un rol de colaboración, de apoyo a las Fuerzas de Orden y Seguridad muy limitado, en logística, transporte, tecnología y vigilancia, y únicamente en rol de apoyo, nunca involucrándose en operativos policiales y en control del orden público».
«Esto es muy similar a lo que hacen hoy las Fuerzas Armadas de manera legal y constitucional en la macrozona norte para enfrentar fenómenos tan complejos como el narcotráfico y el crimen organizado», complementó Galli.
Frente a esto, adelantó que «estamos evaluando todas las vías para que todas las capacidades del Estado sean puestas a disposición de los ciudadanos, de la seguridad de los ciudadanos, y poner a disposición todas las capacidades del Estado en colaboración para darle seguridad a los ciudadanos, particularmente a los ciudadanos que están en la macrozona sur».
El mismo ente regulador salió a explicar en sus redes sociales por qué está permitido que las FF.AA. colaboren en la zona norte -a través del Decreto 265- y en este caso no. Según detallaron, a diferencia del 265, que establece la colaboración en la frontera frente a amenazas exteriores, en este caso se trata de un decreto que busca que las FF.AA. colaboren en un «conflicto interno de orden público».
MULTIGREMIAL: «DECISIÓN EQUIVOCADA» DE CONTRALORÍA
Nada bien cayó en la Multigremial de La Araucanía el rechazo de la Contraloría General de la República (CGR) al Decreto 249 del Ejecutivo que buscaba la colaboración de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en la Macrozona Sur, ante los serie de hechos de violencia y tras el término del estado de excepción constitucional por la pandemia.
El órgano de control objetó el documento y no tomó razón, pues afirmó que dicha labor corresponde a Carabineros y la Policía de Investigaciones. Ante ello, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública afirmó que buscarán la fórmula para revertirlo.
En este escenario, la Multigremial emitió un comunicado donde señala que «la decisión del contralor general de la República, Jorge Bermúdez (…) nos parece equivocada y un precedente peligroso para nuestra salud democrática ante la escalada de violencia que vivimos en el sur de Chile».
Agregó que «la justificación del Decreto Nº249 es muy simple: la fuerte presencia de grupos paramilitares que circulan y actúan libremente por los caminos del sur de Chile, armados con fusiles de guerra, los cuales reiteradamente atacan directamente a personas inocentes y ejecutan acciones de sabotaje que buscan provocar el terror y la desestabilización del Estado».
A juicio de la Multigremial, el documento que fue objetado, pues existen «otras vías institucionales para dicho objetivo», de acuerdo al órgano de control, «se hace cargo, además, de la evidente realidad de que actualmente las policías no tienen las capacidades para cumplir con su mandato de protección y resguardo de la integridad física de las personas que habitan en el sur, ni de sus propiedades, sus trabajos, sus emprendimientos, ni de las libertades que caracterizan a nuestra convivencia democrática».
«Recordamos que grupos insurgentes como la CAM públicamente declaran la existencia de una guerra contra el Estado. Lo que está en juego es la seguridad nacional, no es delincuencia común», aseguró.
La Multigremial afirmó que hoy existe un «decreto similar», el 265, aprobado por Contraloría, que permite el actuar de las FF.AA. en el norte del país sin estado de excepción «para apoyo y colaboración con las policías en materias de transporte, tecnología, y logística en el combate de actividades de tráfico ilícito de migrantes, narcotráfico y crimen organizado transnacional».
Sin embargo este argumento fue desestimado ayer por la CGR que subrayó que «a diferencia del decreto 265, que establece la colaboración en frontera a amenazas exteriores, en este caso (el 249) trata de un conflicto interno de orden público».
Finalmente, la Multigremial manifestó: «Solicitamos al Poder Ejecutivo que impugne esta resolución equivocada de la Contraloría General de la República y prime, por sobre todo, la protección que necesitamos quienes vivimos presos de la violencia que ejercen organizaciones criminales como la CAM y sus Órganos de Resistencia Territorial (ORT)».
CONTRALORIA: «NO HUBO OTRO CAMINO»
La Contraloría General de la República emitió un comunicado la tarde de este viernes en el que se afirma que el organismo no tuvo “otro camino” que declarar ilegal el decreto con que el gobierno buscaba que las Fuerzas Armadas apoyaran a las policías en prevención de delitos en Macrozona Sur ante el fin del estado de excepción que regía con motivo de la pandemia.
“El último día de vigencia del Estado de excepción constitucional, que permitía la acción de las Fuerzas Armadas en sectores de La Araucanía, el Ejecutivo decidió utilizar un mecanismo que no está previsto en el ordenamiento jurídico vigente. Por lo tanto, la Contraloría al realizar el control de legalidad, no tuvo otro camino que representar dicho acto administrativo”, señaló el organismo.
El decreto había sido enviado este jueves por el Ejecutivo, con la idea de autorizar a personal de las FF.AA. a cumplir labores en las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco, para apoyar a las autoridades civiles y policiales respecto de actos “que se vinculen con la prevención del porte, la tenencia y el tráfico ilícitos de armas de fuego, la criminalidad organizada, el narcotráfico y el terrorismo”.
Al conocer la decisión del organismo fiscalizador, en el gobierno se comenzaron a analizar opciones para proceder. El delegado presidencial de la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, señaló temprano este viernes que se estaban “evaluando todas y cada una de las acciones posibles, incluidos los medios de impugnación en donde también está disponible el Tribunal Constitucional”.
En tanto, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, explicó a La Tercera PM que “se están evaluando las observaciones por la Contraloría y evaluando distintas opciones, naturalmente que si la representación se funda en una inconstitucionalidad, el camino es el Tribunal Constitucional, pero si hay ilegalidad que se pueda corregir el mismo decreto, el camino es corregir y volver a ingresar”.
El delegado Urquízar aludió un decreto similar que permite a militares operar en la frontera norte.
Frente a ello, la Contraloría acotó que “está preocupada por la situación que se vive en la Macrozona Sur del país, y por lo mismo, empatiza con las personas que viven, trabajan y transitan por dicho territorio”.
“Respecto del rol de las Fuerzas Armadas en la zona norte, el Decreto 265 -tomado razón con alcance el 6 de agosto de 2019- establece la colaboración militar única y exclusivamente en la frontera frente a amenazas externas. Por el contrario, el Decreto 249 buscaba autorizar la acción de las Fuerzas Armadas explícitamente en labores de prevención de delitos y control del orden público en provincias de las regiones del Biobío y La Araucanía”, argumentó la Contraloría en su comunicado.
El texto cierra haciendo hincapié en que “el rol de la Contraloría es verificar el apego de los órganos de la Administración del Estado a la legalidad vigente, mientras que la responsabilidad de garantizar el orden público en el país corresponde al Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en el marco legal”. (El Mostrador-Emol-La Tercera)
