La reforma de pensiones tendrá una larga discusión en el Congreso. El escenario base que maneja el gobierno considera todo 2019, por lo que desde ya se anticipa un debate áspero, aunque el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, espera lograr acuerdos con quienes estén dispuestos a aportar en el debate y no a aportillar. “Hay grupos de oposición que han estado dispuestos al diálogo. Por ejemplo, en la Ley de Bancos llegamos a un acuerdo amplio con la DC, PR y sectores importantes del PPD, y los regionalistas”, comenta, enviando un guiño a esos sectores de la ex Nueva Mayoría.
En lo netamente técnico, el secretario de Estado asegura que la reforma está financiada en su totalidad y que para ello recurrirán a los fondos generales del Fisco, descartando la necesidad de una nueva reforma tributaria para aumentar la carga impositiva. Asimismo, descartó el cálculo que hizo el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfonso Swett, sobre el impacto en el empleo de 60 mil puestos de trabajo.
El gobierno señaló que el costo total de la reforma previsional será de US$ 3.500 millones, sin embargo, hay dudas respecto de su financiamiento. ¿Cómo serán financiados?
-Esta es la mayor reforma que se ha hecho en términos de costo fiscal en casi cuatro décadas. Representará US$ 3.500 millones en régimen, mientras que la de 2008 -que fue importante- es de US$ 3 mil millones. Es la primera vez que se toca la tasa de cotización en 37 años. Y es lejos la de mayor costo fiscal del programa de gobierno. Para financiarla estamos reduciendo el déficit fiscal de 2019 en un 1% y reduciendo el crecimiento del gasto fiscal. La reforma está financiada. Para eso hicimos medidas de contención de gasto -incomprendidas por algunos-, pero que permitirán que esta iniciativa sea factible. El mayor uso de recursos se destinará al pilar solidario, aporte a clase media, aporte mujer, aporte de incentivo de permanencia y cotizaciones de los empleados públicos. Pero también tenemos menores ingresos fiscales por el menor pago de impuestos de las empresas.
Usted señaló que el financiamiento vendrá de las holguras fiscales, ¿cuánto son esas holguras? ¿Qué pasa si no se dan esas holguras?
-El financiamiento provendrá de fondos generales de la nación. Nosotros hicimos este proyecto mirando las holguras de las cuales disponíamos de la programación financiera que proyectamos en el informe de finanzas públicas y proyecciones responsables para más adelante. Las holguras están identificadas en el Informe de Finanzas Públicas que se envió al Congreso junto con la Ley de Presupuestos.
¿Cuántos recursos significan las holguras fiscales?
-La totalidad del costo del proyecto sale de holguras fiscales futuras. Es decir, los cerca de US$ 3.500 millones de costo en 10 años salen de ahí. Hay que mencionar que la ley considera una gradualidad en su implementación, de modo que el costo en régimen se alcanza solo 10 años después de aprobada la ley.
Considerando las perspectivas económicas, ¿se descarta que dentro de la discusión tributaria en marcha se pueda aumentar la carga tributaria?
-La modernización tributaria contribuye en régimen algo más de US$ 400 millones anuales, y sin considerar su efecto en recaudación a través del mayor crecimiento que generará. No es necesaria otra reforma tributaria para financiar esta reforma de pensiones, vamos a financiarla con los recursos de las holguras que dispone nuestro país.
¿Las holguras con que se financiará son sostenibles en el tiempo? Esto, considerando que varios economistas dicen que habrá una recesión en los próximos años.
-Esta es una forma responsable y necesaria de usar los recursos futuros para solucionar un problema del que no podemos desentendernos y que no se había atendido. No podemos usar el argumento de una eventual recesión para no hacer nada.
En cuanto a los efectos en el empleo, el presidente de la CPC, Alfonso Swett, dijo que el impacto será de 60 mil puestos de trabajo en régimen, ¿comparte esa proyección?
-Este proyecto tiene como objetivo mejorar las pensiones de las personas, pero también debemos cuidar dos cosas: efectos en el mercado laboral y la responsabilidad fiscal. Este es un delicado equilibrio entre necesidad y responsabilidad.
¿Y cómo se mitiga el efecto en el empleo?
-Una mitigación es que, al ir los cuatro puntos a las cuentas individuales, esto hace que tenga menos carácter de impuesto al trabajo, porque la gente lo ve como un beneficio. Y el segundo efecto es la gradualidad, que da la posibilidad al mercado laboral de adaptarse y de que se mitiguen los efectos en el empleo, porque el aumento de los cuatro puntos de cotización ocurre de a poco, en ocho a nueve años. No quiero decir que no va a tener efecto alguno en el empleo, pero, a través de la gradualidad, lo vamos a mitigar.
¿Y hay otros beneficios de corto plazo?
-Hay otros beneficios que son inmediatos, más allá del pilar solidario. Uno de ellos son los beneficios a la clase media (Aporte Adicional Clase Media) para gente que está cerca de la edad de jubilarse, actuales y futuros pensionados, y que tienen pensiones inferiores a 25 UF (unos $ 685 mil). Además, se establece un seguro de lagunas previsionales en beneficio de trabajadores cesantes, financiado con cargo al Fondo de Cesantía Solidario. También para quienes posterguen la edad de pensión de vejez más allá de la edad legal, podrán retirar el 50% de la diferencia entre el capital que tengan acumulado a la fecha efectiva de pensión y el capital necesario para financiar, en ese mismo momento, la pensión de vejez que habrían obtenido a la edad legal. El derecho a este retiro se generará al cumplimiento de cada año de edad (el día del cumpleaños) y se mantendrá hasta la fecha efectiva de pensión. Otros temas apuntan a equiparar las pensiones de sobrevivencia entre cónyuge y conviviente civil; perfeccionar la fórmula de cálculo del ingreso base de los trabajadores con menos de 10 años de afiliación al sistema.
En el ámbito político, ¿cuál es la sensación que tiene de cara a la discusión?
-La próxima semana el proyecto de ley ingresará al Congreso. Nuestro escenario base es que la iniciativa se tramitará durante 2019, ya que entendemos que no será una tramitación inmediata, porque es un proyecto extenso, que requiere análisis. En ese sentido estamos disponibles para las buenas ideas, para mejorar el proyecto y escuchar a quienes quieren negociar y buscar acuerdos.
¿La opción de separar el proyecto en dos estará sobre la mesa?
-No nos parece. Este es un proyecto integral. No podemos decir, por ejemplo, vamos a tramitar de manera rápida el fortalecimiento del pilar solidario y después nos dedicamos al resto, porque eso es equivalente a decir que el resto no se tramitará nunca. No podemos dejar esperando ni a los más necesitados ni a la clase media.
¿El gobierno, en la discusión legislativa, podría abrir la opción de que otras entidades distintas a las AFP (las mismas que pueden administrar el 4%) puedan entrar a competir por el 10%? Desde RN y la oposición ya están pidiendo que se estudie esa alternativa, ¿qué dice el gobierno al respecto?
-El proyecto reduce las barreras a la entrada a la administración de ahorros para pensión. Es decir, estamos facilitando la entrada al negocio de administrar la cotización del 10% bajo el esquema existente y también a la administración del 4% adicional bajo un régimen de inversiones más flexible.
El resultado esperado es que existan nuevas empresas de administración de fondos de pensiones, nuevas AFP y nuevas Administradoras de Ahorro Complementario para Pensión.
Una nueva empresa en la industria podría tener ambas: una AFP y una Administradoras de Ahorro Complementario para Pensión.
En esa nueva empresa la AFP y la Administradoras de Ahorro Complementario para Pensión tendrían que ser una filial de giro exclusivo, pero tendrían muchas facilidades para reducir costos y ser competitivas con los actores existentes.
Otro de los planteamientos que podrían surgir desde la oposición es subir al 5% la cotización, ¿lo ve negociable?
-Vamos a esperar primero lo que nos propone la oposición. Estamos recién empezando a conversar y estamos dispuestos a dialogar con todos los que quieran aportar, pero nos damos cuenta de los que solo quieren aportillar. Hay grupos de oposición que han estado dispuestos al diálogo. Por ejemplo, en La ley de Bancos llegamos a un acuerdo amplio con la DC, PR y sectores importantes del PPD, además de regionalistas e independientes.
¿Con ellos buscarán acuerdo?
-Estamos abiertos a conversar con todos. (Pulso)
