Más allá de la forma en que el Ministro Hernán Larraín se refirió al sistema de nombramiento de los jueces, su planteamiento esconde una verdad muy profunda y relevante para las políticas públicas: los nombramientos judiciales tienen una excesiva dependencia de la política. ¿O alguien pretende desconocer ese hecho?
El Ministro tocó una fibra profunda y que incomodó a muchos, porque más allá del color político de los jueces, lo que existe es una debilidad institucional en el nombramiento de las autoridades que debe ser parte de un debate en el plano de las políticas públicas.
Es claro que las formas importan, especialmente en un ministro experimentado, dialogante, ponderado y transversalmente respetado como el titular de Justicia, pero quedarse sólo en eso y olvidar lo sustantivo de la reflexión sería un error grave. El tema de los nombramientos en el Poder Judicial no se limita a los magistrados, sino que involucra también el nombramiento de los notarios, que -como recordamos- generó polémicas hasta el último día del gobierno de la Presidenta Bachelet.
El Poder Judicial es un pilar fundamental del estado de Derecho, pues a través de sus actuaciones se resguardan día a día los derechos de las personas y se ejerce un contrapeso ante posibles abusos de las autoridades. Por ello, su independencia es fundamental, y ella no solo abarca su capacidad de tomar decisiones judiciales sin verse sometida a presiones, sino que quienes ejercerán la facultad jurisdiccional lleguen a sus cargos por mérito y no por preferencias políticas. Demás está decir que actualmente la percepción ciudadana sobre el Poder Judicial es negativa, y se requiere un esfuerzo serio y riguroso para encontrar mecanismos institucionales que aseguren decisiones oportunas y personas calificadas para ejercer roles en la judicatura.
Lo relevante es tener buenos jueces, y diseñar políticas públicas que contribuyan a lograr dicho objetivo, modificando el sistema existente en la actualidad. El ministro Larraín no es el único que tiene esta mirada. En efecto, en el día de ayer, el Presidente de la Asociación de Magistrados, Alvaro Flores, si bien criticó las formas en que se expresó el ministro, compartió el fondo del planteamiento de Hernán Larraín en orden a generar un sistema más meritocrático, competitivo, y menos dependiente de la autoridad de turno.
La polémica del fin de semana invita a tomar decisiones. Un camino -equivocado y poco conducente a mi juicio- es dedicarse a debatir si los jueces son de izquierda o de derecha, y qué pasaría con el Poder Judicial del futuro si la centro derecha gobierna por 20 años más. ¿Tendríamos más jueces de derecha? Esa no es la pregunta relevante, lo importante es si tendríamos o no un mejor Poder Judicial.
Otro camino -el más acertado- es tomar el llamado que hace el Ministro Larraín para hablar con verdad y sin escandalizarse, sobre cuáles son las políticas que contribuirán a generar una institucionalidad moderna, independiente y de excelencia para el Poder Judicial y para el nombramiento de jueces y notarios.
Estamos ante un desafío verdadero, y aunque la tentación para muchos dirigentes políticos sea quedarse en las críticas al Ministro Larraín olvidando el problema de fondo, el nombramiento de jueces y notarios requiere una nueva institucionalidad y menor dependencia del ciclo político.
Las palabras de Hernán Larraín abrieron un debate. Es tarea de los líderes elegir qué camino quieren darle, y es tarea de los académicos y expertos el aportar alternativas para avanzar hacia un sistema de futuro. (La Tercera)
Ernesto Silva
