Los economista del equipo del Presidente electo, Gabriel Boric, respondieron a las declaraciones de la directora de presuesto, Cristina Torres, y reafirmaron su inquietud respecto al financiamiento del proyecto de Pensión Garantizada Universal.
La autoridad de Gobierno aseguró que el proyecto se financia con el «0,35% del PIB que se recaudará a través de las exenciones tributarias», además de un «0,1% del PIB proveniente de una modificación al aporte obligatorio que debe realizarse al Fondo de Pensiones»; junto con un «0,5% del PIB que ya está contemplado en las provisiones comprometidas del Tesoro Público del presupuesto 2022, que acaba de hacer aprobado en el Congreso».
«Para los siguientes años, en el Programa Financiamiento de Mediano Plazo 2023-2016, también en los gastos, se considera aproximadamente 0,5% del PIB para dicho fin«, agregó Torres.
En este contexto, los economistas José de Gregorio, Eduardo Engel, Andrea Repetto y Rodrigo Valdés, enviaron una carta al director de El Mercurio e indicaron que Torres «no se hace cargo de los cuestionamientos».
«Agradecemos la respuesta de la directora de Dipres, Cristina Torres, aunque ella no se hace cargo de nuestros cuestionamientos al financiamiento del proyecto de Pensión Garantizada Universal», asegura la misiva: «Lo primero es que el Gobierno ingresó al Congreso proyectos de gasto y financiamiento separados, arriesgando a que solo se apruebe el gasto«.
«Lo segundo es que no se explica por qué el país puede ahorrar menos en el Fondo de Reserva de Pensiones cuando este tiene por objeto apoyar el financiamiento futuro de las obligaciones fiscales en pensiones. Por transparencia, Dipres debiera publicar el estudio con el que funda su decisión de ahorrar la mitad. De hecho, si se aumenta los beneficios, la carga fiscal crecerá, lo que debería llevar a ahorrar más, no menos«, agregan los expertos.
FINANCIAMIENTO MÁS ALLA DEL 2026
«Tercero, la directora alude a provisiones comprometidas en el presupuesto 2022 y el programa financiero para 2023-2026. ¿Reflejan esas provisiones el proyecto previo (ley corta) del que no se aprobó el gasto y tampoco su financiamiento? ¿Qué rol tienen los ingresos fiscales extraordinarios debido al crecimiento de este año a los que se refirió el ministro Cerda en sus declaraciones? Cabe notar que las estimaciones suponen que el gasto se reduce en el período 2023-2026. Adicionalmente, ¿qué sucede con el financiamiento más allá del 2026?», cuestionaron en la carta.
«Nuestras dudas siguen siendo válidas -explicaron-. Quizás el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) tenga algo que agregar a las aprensiones sobre sostenibilidad que manifestó el Consejo Consultivo Previsional en su informe al proyecto».
«Estamos de acuerdo con la directora en que enfrentar el problema de pensiones es urgente, pero no es solución si no conlleva responsabilidad fiscal», insistieron, agregando que «un gesto mínimo del Gobierno sería que gastos e ingresos vayan en un solo proyecto, con el la ley corta, además de explicitar qué hay detrás de las estimaciones de financiamiento y pedir la opinión del CFA».
«Si ello revela que el financiamiento es incompleto, el Gobierno debiera agregar otras fuentes de ingresos«, cerraron.
EX MINISTRO EYZAGUIRRE
En El Primer Café, el ex ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre (PPD) estimó que el Ejecutivo debe complementar el proyecto de exenciones tributarias y juntarlo con el de Pensión Garantizada Universal para comprobar el financiamiento a largo plazo de la nueva medida.
A su juicio, insistir en la propuesta tal cual como está, «y poner por delante, como carne de cañón, a los pensionados, sin proveer financiamiento, es una avivada de un Gobierno que se va». (Cooperativa)
