Nuevamente se ha puesto en discusión eliminar las notas de primero a cuarto básico. El proyecto de ley que busca establecer la medida argumenta que una escala numérica como la de hoy produciría mayor agobio en los estudiantes y termina siendo una medida punitiva para éstos, razón por la cual se propone cambiar la forma en que se califica a uno cualitativo.
La intención de la iniciativa es positiva. La propia Agencia de la Calidad, mediante programas y recursos para los establecimientos, promueve la evaluación formativa que apoye el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera continua, donde la retroalimentación entre el profesor, el alumno y los padres es fundamental. Esto es posible independiente del tipo de calificación que use el establecimiento, por lo mismo no es adecuado que se fije por ley la manera en que los colegios deban calificar a sus estudiantes.
En la misma línea de lo anterior, actualmente la regulación detallada de nuestro sistema de promoción y evaluación es una atribución del Ejecutivo que realiza a través del Mineduc. No parece correcto que sean los legisladores -que no tienen los conocimientos técnicos- quienes determinen hasta este nivel de detalle el actuar de los establecimientos. En vez de rigidizar aún más nuestro sistema educativo, debiésemos avanzar para una mayor flexibilización, entregando autonomía a las escuelas y profesores, de manera de promover sus propios proyectos educativos y orientándolos para adoptar buenas prácticas.
Además, con esta iniciativa nuevamente se cae en una reducción de las materias educacionales. El sistema de evaluación es parte central de los sistemas educativos, así lo afirman los países como Dinamarca, Estonia o Finlandia a los que hace referencia el documento. Por ello no es posible restringir el debate a la manera de calificación dentro de un rango de cursos, pues se vuelve superficial y en la práctica intrascendente, pues a fin de cuentas no genera ningún cambio. Si de verdad se plantea como una mejora en la calidad, debe ser parte de una reflexión más profunda respecto del enfoque de la educación, los objetivos y la preparación de los profesores.
Por último, cabe señalar que el texto del proyecto de ley es poco claro al momento de hacer las modificaciones legales dejando mucho espacio a dudas e interpretaciones. Aunque los senadores que promueven la iniciativa hablan de un reemplazo en la forma de evaluar -eliminando las notas-, a la hora de leer el documento surgen dudas respecto a si se produce efectivamente algún cambio concreto con la aprobación de éste.
Por supuesto esta discusión es necesaria, pero no de la manera en que se presenta ni debe tenerse en el Congreso. Es fundamental observar si los profesores cuentan con las herramientas para hacer uso de la información que le entrega la evaluación que realizan, si son capaces de modificar sus métodos de enseñanza en función a los resultados obtenidos, si las evaluaciones que realizan son efectivas, o si la escuela es capaz de tomar decisiones a partir de ellas para mejorar su desempeño y por tanto su calidad. Son los propios establecimientos y los organismos especializados, como lo es la Agencia de la Calidad, quienes debiesen evaluar sus sistemas conforme a sus experiencias, sus estudiantes y proyecto educativo. (La Tercera)
Magdalena Vergara-Acción Educar
