De ser inscritos y declarados ante el Servicio Electoral (Servel) de aquí al próximo 25 de julio como los candidatos por sus respectivos partidos para las elecciones municipales de octubre -además de lograr ser reelectos en esa contienda-, un grupo de autoridades comunales de todos los colores políticos podrían terminar completando más de 20 años en el poder.
Un camino que varias de estas figuras inauguraron a comienzos de los ‘90 y en el que han salido airosos de la competencia con quienes -apostando por la llamada “renovación de la política”- han osado destronarlos o, bien quitarles el cupo, incluso en la etapa de las negociaciones que llevan a cabo los partidos en la configuración de las listas. Su argumento: es la ciudadanía las que los prefiere y elige.
Por ejemplo, el actual alcalde de Macul, el democratacristiano Sergio Puyol, advierte que se mantendrá en el cargo “hasta que la gente lo elija”.
Así, junto con enfatizar que “tiene una vida dedicada al tema municipal”, destaca que lo prefieren porque los vecinos “buscan personas que tengan conocimiento del asunto municipal”.
Y mientras el mismo alcalde DC admite que esta es la última vez que acepta ir a la reelección, también reconoce que pese a que en su momento notificó al partido que no se presentaría a una nueva contienda, en la colectividad esta vez le dijeron que debía estar disponible. “Y obedecí”, expresa.
Pero Puyol, al igual que otros históricos alcaldes del oficialismo, esperan por estos días el resultado de una encuesta vinculante mediante la cual la Nueva Mayoría busca ratificar si será él la carta del bloque para las elección de octubre, o su desafiante que aduce ser tan competitivo como el edil, que tras los 24 años que lleva en el cargo correría con una ventaja adicional difícil de contrarrestar.
De hecho, el secretario nacional de la DC, Gonzalo Duarte, ha dicho no tener “ninguna duda del alto respaldo con que cuenta Puyol en la comuna.
Una situación similar, aunque con una serie de cuestionamientos y acusaciones de supuestas irregularidades, enfrenta el alcalde PPD de La Pintana, Jaime Pavez, reelecto de manera consecutiva desde 1992.
Mientras en el caso del PPD, los alcaldes de Mejillones, Paihuano y Buin se presentan a su quinta reelección, en el PS vuelven a repetirse los ediles de El Bosque (Sadi Melo) y de Pudahuel (Johnny Carrasco). En mayor medida el cuadro se duplica en otras ocho comunas mandatadas por un DC, como en Monte Patria, Quillota, Castro, Nueva Imperial y San Pedro de Atacama, entre otras. A diferencia de lo que ocurre en Antuco, donde el edil Carlos Solar da medio paso al costado después de 20 años de ser alcalde, para cederle el cupo a una figura más joven y postularse sólo como concejal.
En la vereda de la oposición el cuadro no es muy distinto. Entre la UDI y RN enteran cerca de siete comunas -Río Verde, Laguna Blanca, General Lagos, Coinco y Camiña, entre otras- donde los alcaldes van como por séptima vez a la reelección. Uno de esos casos es el de de la autoridad comunal de Vitacura, Rául Torrealba, quien hasta hace poco enfrentó la amenaza de competencia de quien se desempeña como jefe de gabinete del senador Andrés Allamand, Tomás Fuente, quien incluso renunció a RN para desafiar como independiente al también llamado “Tronco” Torrealba, pero terminó desistiéndose instado a priorizar por la unidad del partido.
LÍMITE A LA REELECCIÓN
El cuadro que se repite en estas comunas podría tener un freno, al menos para lo que sería la elección de 2020 de aprobarse el proyecto de ley que duerme el sueño de los justos desde junio del año pasado en la comisión de probidad del Senado.
Se trata de una moción que impulsó en 2012 un grupo de diputados -entre ellos el ex minsitro del Interior, Jorge Burgos cuando era parte de la Cámara Baja- que limita la reelección de senadores, diputados, alcaldes y consejeros regionales; que fue retomado y fusionado con otras iniciativas, que apuntan al mismo objetivo. Esto, en el marco de la agenda anticorrupción que presentó el gobierno en abril de 2015.
Es más, entre las propuestas que hizo la comisión que lideró Eduardo Engel, la única reelección que propuso limitar fue la de alcaldes, pero la agenda registra un avance casi nulo.
RENOVAR COMPETENCIA
El subdirector de Ciudadano Inteligente, el economista Rodrigo Echecopar, advierte que de las propuestas promovidas por el gobierno a partir del Consejo Anticorrupción uno de los atrasos más importantes lo registra la agenda de fortalecimiento y profesionalización de los municipios, en donde se plantean una serie de medidas de contrapeso para evitar la corrupción, ejercer mayor control ciudadano y permitir
mayor democracia a nivel municipal.
«Su estado de avance es de 19%, con una nota 2, de una escala de 1 al 7», explica. Enfatiza que «entre las medidas está la que limita la reelección de alcaldes por dos períodos consecutivos.
Es el único cargo de representación popular para el que se propone un límite porque tienen atribuciones muy importantes y un vínculo muy cercano con los ciudadanos-electores; puede generar lógicas de clientelismo, de cooptación de votos y, en ese sentido, la recomendación de la comisión Engel, que suscribimos, es que se límite la reelección para garantizar elecciones competitivas en los municipios».
– ¿Por qué su tramitación no avanza?
– Es un proyecto que puede generar roncha entre los partidos. Abriría la competencia y algunos candidatos dejarían de tener derechos adquiridos. Se abriría un espacio de competencia dentro de los partidos y significaría abrir la cancha a la democracia, a la incertidumbre, pero también a la participación ciudadana.
– ¿Los alcaldes más reelectos se defienden y dicen que la gente los prefiere?
– Muchas veces los alcaldes tienen una relación de clientelismo que impiden que la elección sea suficientemente competitiva. Al final, no es una elección que refleje lo que quiere la ciudadanía.
MEDIDAS PARA EVITAR RIESGOS
Al abordar las propuestas de probidad y fortalecimiento de municipios, el consejo que lideró Eduardo Engel plantea que de acuerdo a la información recopilada es posible detectar una serie de factores de riesgo de corrupción, entre ellos se cuenta «el gran margen de discrecionalidad de una autoridad política como el alcalde; la gran cantidad de recursos públicos asociados a sus múltiples y diversas funciones; la falta de estándares adecuados de cumplimiento efectivo sobre ejecución presupuestaria y administración financiera; la falta de personal profesional idóneo, así como la débil estabilidad laboral en muchos cargos, y la existencia de honorarios asociados a programas con designación del alcalde».
De ahí que plantean una serie de medidas como políticas de prevención, entre otras potenciar la profesionalización del personal exigiéndo cursos de probidad y contabilidad, que ciertos cargos sean elegidos vía ADP, estándares en materia de gestión financiera, políticas de control y fiscalización; además de limitar la reelección de los alcaldes. (DF)
