Los chilenos sabemos de terremotos. No en vano nuestro país ha sufrido tres de los diez más grandes de la historia, liderando con el peor de todos, el de Valdivia en 1960, que alcanzó 9,5°; e incluyendo el de 2010, que afectó Chile central con una magnitud de 8,8°, y que logró desplazar el eje de la tierra en aproximadamente 8 centímetros.
Como sabemos de grandes terremotos, también sabemos de los tsunamis. Los grandes terremotos en nuestro país suelen ser seguidos por maremotos o tsunamis, que terminan generando mucho más daño y destrucción material y de vidas que el mismo terremoto. Por ello, no es raro que un chileno no le tenga temor –respeto, siempre– a un terremoto, pero sí a los tsunamis, que arrasan con todo lo que se cruce en su camino con una fuerza difícil de sobrevivir.
La economía mundial -y, con ella, la economía chilena- ha sufrido un terremoto de gran magnitud. Los efectos económicos de la pandemia del COVID19 han sido sólo algo menores a los de la gran depresión de los años 30 en el mundo y similares a la crisis de principios de los 80 en el caso de Chile. Durante los últimos 6 meses nuestro país ha debido enfrentar con medidas sanitarias que incluyen cuarentenas y distanciamiento social la llegada de un virus con alta mortalidad, generando una caída de 14,1% del PIB el segundo trimestre de este año, borrando del mapa muchas empresas, grandes, medianas y en su mayoría pymes; y destruyendo 1,8 millones de empleos, llevando el número de desempleados por sobre 2,5 millones, sin considerar los 764 mil “empleados ausentes”, como los denomina el INE, que son empleados que están congelados a través de los programas de protección al empleo y cuyo status de empleo al término de este período es, por decir lo menos, incierto.
La suma simple de la destrucción de empleo, más los desempleados, más los «empleados ausentes» lleva a que en Chile haya más de 3,2 millones de personas que no están percibiendo ingresos, o cuyos ingresos son menores a los que percibían 12 meses atrás. Lo anterior es consistente con los resultados de la Encuesta Nacional Bicentenario UC 2020, que reveló que un 52% de los encuestados indicó que sus ingresos han disminuido un 50% o más comparado con los ingresos que percibían en un mes normal antes de la pandemia. Cabe destacar que la información publicada a la fecha no indica si la comparación incluye los efectos del 18 de octubre, que también afectó los ingresos de muchas familias.
Sin embargo, este es sólo el terremoto. Las finanzas fiscales no permitirán mantener los programas de ayuda del gobierno por demasiado tiempo y la recuperación de la economía será ardua y difícil. El tsunami que viene se llama pobreza, esa pobreza de la que ya no se hablaba porque se pensaba superada, pero que no lo estaba y que ahora puede pasar como una ola arrastrando consigo a más de 90 mil nuevas familias chilenas, de acuerdo al informe “Pobreza y Pandemia: Diagnóstico y Propuestas para un Chile más Digno y Justo” de Hogar de Cristo, TECHO, Fondo Esperanza, entre otros.
No es materia de doctorado que el desempleo es un detonante directo de la pobreza. En efecto, es de las pocas materias económicas en donde no hay distintas tendencias ni opiniones. Pero aún cuando nadie desconoce la importancia del empleo sobre la pobreza, y siendo información pública que la pandemia destruyó 1,8 millones de empleos, la semana pasada escuchamos al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, diputado Daniel Nuñez, declarar orgulloso que rechazaron el reajuste a los salarios que propuso el gobierno de 0% real, por ser indigno; constituyendo una nueva derrota para el gobierno. Yo me pregunto si el diputado Daniel Nuñez, que hasta julio de 2020 recibía cómodamente cada mes una dieta bruta de más de 9 millones de pesos, equivalente a más de 30 veces el salario mínimo, entiende que su labor como legislador no es infligir o no derrotas al gobierno, sino legislar para el bien de todos los chilenos.
Porque es responsabilidad del diputado, y de todos los legisladores entender que incrementos en el salario mínimo van a impedir que muchos trabajadores de bajas calificaciones técnicas puedan acceder a un trabajo formal. Es responsabilidad de todos los legisladores informarse que la mayor parte de los salarios mínimos son pagados por pymes, que hoy son las empresas más golpeadas por la pandemia, y que, por lo tanto, subir el salario mínimo sólo hace más difícil a las empresas contratar nuevos trabajadores. Es responsabilidad de todos los legisladores darse cuenta que estamos en una crisis económica de magnitudes no vistas en los últimos 40 años. Y por último, es de sentido común que cualquier monto de salario es mejor que no recibir salario alguno, cuando no es posible encontrar empleo. (El Líbero)
Michele Labbé
