Este miércoles en la tarde, la mesa DC se reunió para afinar su nómina de candidatos al Congreso y confirmaron que ninguno de los actuales parlamentarios, u otros militantes, serán vetados para participar de las elecciones. Esto debido a que ninguno está condenado o formalizado por la Justicia, como sugiere el informe de Patricio Zapata.
“Todos son ratificados a excepción de la situación del diputado Ricardo Rincón”, afirmó anoche el vicepresidente del partido, Matías Walker.
En la Cámara de Diputados, varios de los que van a la reelección han sido investigado por distintas situaciones reñidas con la ley. Es el caso de Roberto León. El diputado no está formalizado ni cerca de serlo, pero sí su hijo del mismo nombre, por presuntos delitos tributarios relacionados al financiamiento ilegal de la política.
El hijo del parlamentario emitió 55 boletas a SQM por $123 millones. Sin embargo, eso no imposibilitaría a León de continuar con su candidatura, bajo el paraguas del “Informe Zapata”.
El diputado Marcelo Chávez fue formalizado en 2015 por conducción en estado de ebriedad, causando daños y por abandono del lugar sin dar cuenta a la autoridad. Según relatos de la época, fue socorrido por terceros quienes sacaron la patente del auto accidentado y lo ayudaron a escapar.
En el caso del diputado Jorge Sabag, si bien la Justicia lo sobreseyó por el mal uso de asignaciones parlamentarias para el pago de sus sedes distritales y que habrían ido a parar a un negocio familiar del diputado, el fondo de la causa no fue rechazado, sino que no se logró acreditar el delito.
Por otra parte, la semana pasada, la fiscalía de Aysén determinó no continuar adelante con la investigación en contra del diputado Iván Fuentes -hoy militante DC-, por no contar con pruebas suficientes para imputarlo por los aportes que recibió por parte de la Federación de Industrias Pesqueras del Sur Austral (FIPES). El mismo parlamentario reconoció que recibía financiamiento en pasajes y estadía, además de 1.500.000 pesos mensuales durante el período 2012 y 2013, en plena campaña parlamentaria.
Otras investigaciones develaron pagos del Grupo Said al diputado Fuad Chahín, por $5.561.111, en el período que realizaba su campaña parlamentaria, en 2009. Frente a estas boletas, el diputado ha dicho que son “emitidas por servicios profesionales en mi época de abogado, como muchas otras emitidas entre 2006 y 2009 en que ejercí libremente la profesión”.
En 2013, el diputado Claudio Arriagada fue querellado por presuntos abusos sexuales contra siete funcionarios de la Municipalidad de La Granja, cuando éste era alcalde de esa comuna. Un año después, la justicia lo sobreseyó argumentando que a pesar de que los hechos dan cuenta de la existencia de amenazas por parte del diputado hacia sus empleados, no eran suficientes para acreditar la existencia de actos que sean constitutivos de delito.
En el caso del Senado, sólo Jorge Pizarro vive una situación judicial compleja, aunque no competirá en las elecciones de este año, ya que solo se renuevan las regiones impares. El senador por Coquimbo es investigado en el marco del caso SQM e incluso será formalizado el próximo 16 de agosto.
Fueron al menos $11 millones pagados por SQM a la sociedad de los hijos del senador Pizarro, Ventus Consulting, y que terminaron en la cuenta corriente del parlamentario en 2012, según una investigación de Ciper. Su hijo menor fue quien se encargó de hacer el traspaso de los dineros.
Otra situación compleja vive Marcela Labraña, cuestionada por la responsabilidad política como directora del Sename en la muerte de Lissette Villa y parte de la crisis de la institución. “Murió de pena”, justificó entonces la ex jefa del organismo, descartando que se tratara de las maniobras realizadas por una de las funcionarias que estaba a su cuidado. Este miércoles, la mesa DC también ratificó su candidatura. (El Dínamo)
