La justicia acusa a Lagarde de un ilícito en 2008, cuando era titular de Economía, la cual habría otorgado al empresario Bernard Tapie la suma de 404 millones de euros. La directora general se dispondrá al veredicto de la Corte de Justicia de la República, que juzga delitos cometidos por miembros del Gobierno en el ejercicio de sus funciones.

Su abogado, Patrick Maisonneuve, lamentó la decisión, pero precisó que el tribunal no se pronunció sobre la cuestión de fondo.

Por su parte, el FMI afirmó que mantiene «su confianza» en Lagarde.

El Consejo de Administración de dicha institución financiera, que representa a los 189 miembros, «mantiene la expresión de su confianza en la capacidad de la directora gerenta de mantener de forma efectiva sus funciones», anunció este viernes el portavoz Gerry Rice.