Luego de que el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, endosara parte de la responsabilidad del cuidado de sus bienes a los propios empresarios afectados por la quema de camiones en Los Ríos, los diputados Gonzalo Fuenzalida y Germán Becker (RN), pidieron que quienes se desempeñen en dichos cargos puedan ser acusados constitucionalmente.
Los parlamentarios pidieron mayores herramientas para que el Poder Legislativo fiscalice la labor del jefe del Ministerio Público y los fiscales regionales.
«Creemos firmemente que el Fiscal Nacional y los fiscales regionales también tienen que estar sujetos al control que hace la Cámara de Diputados respecto de su actuar, que sea oportuno, que no sea negligente y que de alguna manera tenga un buen comportamiento», afirmó Fuenzalida.
Según el parlamentario, «así como los jueces de Corte Suprema y Corte de Apelaciones son acusables constitucionalmente, y también los ministros, lo lógico es que el fiscal nacional y los fiscales regionales también puedan ser acusados constitucionalmente y ser removidos de sus cargos cuando no están a la altura del cargo».
Fuenzalida explicó que «eso de alguna manera implica una reforma constitucional, pero hoy se hace cada vez más necesario que los fiscales tengan algún control, porque hoy en Chile no tienen ningún control y lo hagan bien o lo hagan mal la ciudadanía tiene que observar su comportamiento sin derecho a reclamo y el Poder Legislativo siempre ha ejercido el rol de control, de fiscalizador a través de la acusación constitucional».
Por su parte, el diputado Becker reforzó la idea de que «los fiscales, al igual que los jueces, deberían ser acusables constitucionalmente. Esta es una cadena que parte por la investigación y termina en el juzgamiento de las personas y si uno de los eslabones de la cadena se cae finalmente la investigación queda en nada«.
En esa línea, y apuntando a la situación de violencia en La Araucanía, Becker afirmó que «todos son corresponsables de lo que está pasando en La Araucanía y es importante que la Cámara de Diputados tenga la facultad de acusar constitucionalmente a los fiscales». (Emol)
